Desahucian el bloque Escalerillas de Pasaia tras dos años de conflicto vecinal

La Autoridad Portuaria de Pasaia ha completado el vaciado definitivo del bloque de viviendas Escalerillas, ubicado en el municipio de Pasaia (Gipuzkoa), cuyo plazo de evacuación obligatoria expira hoy para proceder a la demolición inmediata del edificio. En la víspera de la demolición, los residentes afectados y representantes del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han convocado una comparecencia multitudinaria en la localidad para exponer la situación de las familias damnificadas y denunciar las condiciones en las que se ha consumado un proceso que se ha extendido por más de dos años y medio. Según informaron los portavoces de la organización y los propios inquilinos, la ejecución del desalojo se ha llevado a cabo antes de que los tribunales competentes emitan una resolución definitiva sobre el recurso judicial interpuesto por la defensa de los vecinos.

Durante la rueda de prensa, un portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda destacó "el compromiso y la capacidad de organización" que la comunidad de Escalerillas ha mantenido a lo largo del conflicto para defender el derecho a la vivienda de la clase trabajadora, calificando la actuación institucional como "un reflejo de dinámicas donde los beneficios privados se anteponen a las necesidades sociales". En este sentido, uno de los vecinos afectados intervino para aclarar que el abandono del inmueble no se ha producido de manera voluntaria, sino como consecuencia directa de una campaña de presiones y amenazas que atribuyen al Puerto de Pasaia. Como prueba de esta situación, señalaron el despliegue continuado de un servicio de seguridad privada encargado de vigilar el edificio las 24 horas del día.

Los portavoces vecinales detallaron el impacto social derivado de la medida, precisando que las personas que ostentaban la titularidad oficial de los arrendamientos, en su gran mayoría mujeres de edad avanzada, han sido desposeídas de la red comunitaria y del tejido de barrio construido en la zona desde la década de los ochenta. Por otra parte, denuncian la desprotección a la que se han visto sometidos los residentes calificados como "no titulares", quienes, a pesar de ser descendientes directos de los primeros inquilinos vinculados al puerto y haber costeado el mantenimiento de los pisos durante décadas, han sido obligados a abandonar sus hogares sin recibir indemnizaciones ni alternativas habitacionales. Los afectados recordaron que los criterios económicos de compensación planteados inicialmente por la administración se calcularon en función de la esperanza de vida de los ocupantes, una fórmula que consideraron "injusta" y que solo consiguieron modificar parcialmente mediante movilizaciones y asambleas previas que forzaron la igualación de las ofertas de realojo para los titulares.

El Sindicato Socialista de Vivienda vinculó el desalojo y el posterior derribo del edificio Escalerillas con un plan de infraestructuras destinado a la implantación de una nueva vía ferroviaria de mercancías, cuyo objetivo principal es reducir los costes logísticos de transporte de la compañía privada Algeposa. La organización sindical censuró el empleo de recursos públicos, la judicialización de los desahucios y el gasto derivado de la vigilancia permanente para proteger los márgenes de ganancia empresariales a expensas de los vecinos. En el balance de responsabilidades, el Sindicato señaló directamente a la Autoridad Portuaria de Pasaia como la entidad promotora de los desahucios, a la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS) como la corporación encargada de ejecutar la obra civil ferroviaria, y a la firma comercial Algeposa como la principal beneficiaria de la reestructuración del suelo público.