El Gobierno español permite que la Audiencia Nacional examine la extradición del activista propalestino Fergie Chambers a EEUU

El Consejo de Ministros del Gobierno español ha decidido este lunes permitir que la Audiencia Nacional examine la petición de extradición de Estados Unidos contra el activista propalestino Fergie Chambers, detenido en Ibiza desde el pasado 10 de julio a petición de la administración de Donald Trump. Chambers, heredero de una de las mayores fortunas de Estados Unidos y militante comunista declarado, se enfrenta en su país a cargos de “blanqueo de capitales con la intención de apoyar a organizaciones terroristas”, “disturbios” y “conspiración para cometer disturbios”. Sus defensores sostienen que los cargos son completamente fraudulentos y que responden a una campaña de represalia por su apoyo económico y político a la causa palestina: donaciones a organizaciones humanitarias que operan en Gaza y financiación de gastos legales de activistas vinculados a Palestine Action en Reino Unido.

La decisión del Ejecutivo de coalición, formado por PSOE y Sumar, tenía una salida más sencilla que el Gobierno decidió no tomar. Según explica la periodista Irene Zugasti en la red social X, una extradición tiene tres pasos: decide el Gobierno, después los jueces y al final otra vez el Gobierno. En esa primera fase, el Ejecutivo puede decir “no” si se observa una persecución política, como sostienen los defensores de Chambers: “Es un objetivo político de EEUU e Israel”. Recuerda que el Gobierno de España ya ha frenado extradiciones en esta primera fase en otras ocasiones, por lo que no habría sido una excepción. La semana pasada, la pareja de Chambers, la actriz y activista Stella Schnabel, mantuvo reuniones con diputados de Sumar y Podemos y entregó una carta personal a Sánchez en la que le pedía que tomara “la única decisión moralmente aceptable”: rechazar la extradición . La decisión del Gobierno, sin embargo, ha sido la contraria.

Al pasar el caso a la Audiencia Nacional, el Ejecutivo alarga el proceso y, con él, la prisión provisional de Chambers, que no está condenado por nada y al que se le deniega la libertad provisional, privándole de ver a su familia. El proceso judicial abrirá una vista, una resolución, posibles recursos y, después, volverá al Gobierno, que tendrá la última palabra. Pero ese Gobierno puede no ser el actual. Como advierte Zugasti, “la última palabra puede no ser de este Gobierno, sino de un futuro Gobierno de derecha y extrema derecha. Aplazar la decisión es dejársela a otro: A LA DERECHA SIONISTA”. La salida que evita todos estos pasos es el asilo político, que España puede conceder ya: “Si lo hace, la extradición se acaba. Nadie puede ser enviado al país que le persigue”.

El Gobierno se justifica

La decisión de Moncloa supone un giro amargo para la campaña internacional #FreeFergie, que llevaba semanas movilizándose para impedir la entrega. La cuenta de la campaña en la red social X difundió un vídeo denunciando la justificación oficial del Gobierno en rueda de prensa, que ha solicitado esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, “con todas las garantías”. La ministra Elma Saiz lo ha justificado con la siguiente explicación “técnica” en la comparecencia: “El Gobierno ha hecho lo que le corresponde hacer en esta fase, que es algo puramente procedimental: se ha autorizado la continuación de la solicitud de extradición del señor Chambers”. Saiz ha explicado que el proceso tiene una “primera fase” que permite continuar con el examen de dicha petición por parte del órgano judicial. “Hay que dejar trabajar ahora a la Audiencia Nacional y también a la defensa del señor Chambers”, ha concluido.

La cuenta de la campaña solidaria, sin embargo, ha recordado en redes sociales que el caso de Chambers “no tiene nada de procedimental porque se trata de una persecución política de la administración Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina”, por lo que piden una solución igualmente política al Gobierno, que tendría la última palabra sobre la extradición, incluso si la Admitiera la Audiencia Nacional. Mientras tanto, Chambers permanece en prisión en Madrid a la espera de que la Audiencia Nacional examine la petición de extradición, un proceso que podría prolongarse durante meses.

CJS: “Sirven al imperialismo genocida”

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) ha reaccionado a la decisión del Ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Mientras se disfrazan de solidarios con Palestina, reprimen la solidaridad real y sirven al imperialismo genocida”, señala la organización, que también acusa al Gobierno de haber tenido la oportunidad de liberar a Fergie Chambers de las garras de EEUU y de haber decidido no hacerlo. En el texto, CJS sitúa el caso de Chambers en una “campaña generalizada de represión contra la solidaridad con Palestina” que incluye “organizaciones ilegalizadas, miles de detenciones y multas, militantes y periodistas despojados de derechos, jueces condenados al ostracismo, acusaciones de terrorismo y penas de cárcel”. “El mismo imperialismo occidental que permite y financia el genocidio ataca a quienes lo denuncian”, añade, y concluye que “días como el de hoy muestran hasta qué punto a la hora de la verdad las fachadas se caen y el gobierno español se muestra como lo que es: un miembro más del bloque imperialista occidental que encabeza EEUU”.

El comunicado de la CJS plantea una pregunta directa a las bases de Izquierda Unida y el PCE, socios del Gobierno a través de Sumar: “¿Hasta qué punto la militancia de IU y el PCE está dispuesta a seguir arrastrando sus principios a cambio de una serie de nóminas y sillones para una minoría de burócratas?”. La organización reitera que “la única vía de lucha consecuente contra el imperialismo es la organización independiente de los trabajadores contra el capital y sus gobiernos”.