La Unión Europea (UE) formalizó el pasado 23 de abril la entrega de un nuevo préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, destinados a sostener su estructura estatal y su capacidad bélica del país eslavo para 2026 y 2027. La transferencia, que se ejecutará a razón de 45.000 millones anuales, implica que las instituciones europeas asumirán mediante la emisión de eurobonos cerca de dos tercios de las necesidades financieras totales de Kiev. Según informan fuentes del Consejo de la UE, el acuerdo se desbloqueó tras el levantamiento del veto de Hungría, vinculado a la reanudación del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Este desembolso gigantesco se produce mientras los servicios esenciales en los Estados miembros se desmantelan con recortes y desinversión silenciosa; los 90.000 millones comprometidos equivalen a la totalidad del gasto sanitario público anual del Estado español. Esta cifra representa también el 50% de todo lo que Italia dedica a sanidad en un año o el 18% del presupuesto de salud de Alemania, la principal economía del bloque comuntario. Mientras los sistemas sanitarios europeos operan bajo presión por la falta de ingresos, la Comisión Europea ha optado por el endeudamiento común para financiar esta operación, puesto que sigue sin poder lograr un acuerdo para utilizar directamente los activos rusos "congelados".

El destino de los fondos prioriza sostener el complejo militar-industrial frente a las necesidades sociales. Del total del préstamo, dos tercios —unos 60.000 millones de euros— se dirigirán específicamente a "necesidades de defensa", lo que incluye la compra de armas y municiones con una "preferencia europea" que garantiza el retorno del capital a las empresas de armamento de la UE. El tercio restante, aproximadamente 30.000 millones, se utilizará para el "apoyo presupuestario", garantizando el pago de sueldos y pensiones del Estado ucraniano, que según el FMI enfrentaba un "riesgo de colapso financiero" sin esta inyección externa.

La arquitectura financiera del préstamo desplaza el riesgo directamente sobre la población europea con un mecanismo de reembolso condicionado. Ucrania no pagará intereses por el capital recibido y solo comenzará a devolver el principal una vez que Rusia "pague reparaciones por los daños de la guerra". Esta cláusula supedita el recobro de los fondos públicos a un más que improbable escenario de "victoria militar" y pago de indemnizaciones, convirtiendo de facto la deuda común en una inversión a fondo perdido si no se cumple dicha condición.

La maniobra financiera, que socializa riesgos y privatiza ganancias en manos de un puñado de empresas armamentísticas, profundiza la estrategia de guerra y destrucción de valor en Ucrania, coincidiendo con la aprobación del 20º paquete de sanciones contra Rusia. Al financiar la guerra vía emisión de deuda en los mercados de capitales, las instituciones europeas consolidan un modelo donde los contribuyentes de la UE pagan la continuidad de la confrontación bélica con sus bolsillos y en recortes sociales. Según diversos analistas y fuentes diplomáticas consultadas en su momento por Politico, la decisión de utilizar deuda propia en lugar de los activos rusos incautados responde a las divisiones internas del bloque y al temor de países como Bélgica a las "represalias rusas" sobre sus servicios financieros.