El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha atendido a casi 1.500 personas este curso

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha hecho público el balance correspondiente al curso 2025/2026, un informe detallado sobre la actividad desarrollada por sus organizaciones locales entre los meses de septiembre de 2025 y julio de 2026 en el ámbito de Hego Euskal Herria. A lo largo de este periodo, el Sindicato atendió a un total de 1.481 personas, una cifra que, según expone la propia organización en su documento, confirma que las dificultades para acceder y permanecer en un inmueble constituyen una realidad estructural y uno de los principales factores de proletarización para amplios sectores de la clase trabajadora en el país.

El análisis sobre la tipología de la asistencia brindada muestra que el 50% de las personas atendidas recibió asesoramiento jurídico y político para abordar su situación particular. Por su parte, en un 20% de los casos fue necesaria una intervención directa mediante negociaciones con la propiedad, firma de contratos, respaldo legal o gestiones orientadas a resolver el litigio. Otro 20% de las atenciones correspondió a consultas iniciales para la resolución de dudas u orientación previa, mientras que únicamente el 10% de los conflictos desembocó en un proceso público de lucha impulsado de manera colectiva, lo que demuestra que la mayor parte de la labor diaria de los sindicatos transcurre al margen de los focos mediáticos.

En el apartado de las problemáticas gestionadas, los procedimientos de desahucio se posicionaron como la causa principal por la que los afectados acudieron al Sindicato, representando seis de cada diez conflictos analizados durante el año. El informe destaca de forma significativa que la mayoría de estos desalojos no trajeron causa de impagos prolongados de la renta, sino de la finalización de los contratos de alquiler y de las subidas del precio de los arrendamientos planteadas para la renovación contractual, las cuales resultan inasumibles para la economía de los hogares trabajadores. La gravedad de estas situaciones se refleja en el hecho de que el 60% de los procedimientos de desahucio afectaba a viviendas con menores de edad a cargo. La inmensa mayoría de los expedientes correspondió a inmuebles en régimen de alquiler ordinario, registrándose también una presencia notable en alquileres sociales y en subarriendos de habitaciones, modalidad esta última caracterizada por una elevada inseguridad jurídica al carecer frecuentemente de contratos escritos.

El balance pone asimismo el foco en la ineficacia de los mecanismos de protección pública, constatando que en la mayoría de los casos evaluados la moratoria de desahucios no llegó a aplicarse a pesar de haber sido formalmente solicitada por las familias afectadas. Tras haber finalizado la vigencia de dicha medida protectora, la organización sindical prevé un incremento en el número de ejecuciones de desalojos de cara al próximo curso. El informe desmitifica también el perfil habitual del arrendador al revelar que una parte muy sustancial de los litigios tiene como interlocutores a pequeños propietarios particulares y no exclusivamente a grandes fondos de inversión. Desde la perspectiva del Sindicato Socialista de Vivienda, este dato evidencia que “la problemática no deriva únicamente de la actuación de grandes actores financieros, sino de un modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad privada y la búsqueda de rentabilidad económica”.

Mujer trabajadora, monoparentalidad y violencia machista

Por lo que respecta a la radiografía sociológica de los usuarios, las mujeres representaron el 61% del total de personas atendidas durante el ejercicio 2025/2026. Un 19% del conjunto de los casos correspondió a familias monoparentales, de las cuales nueve de cada diez estaban encabezadas por una madre. El documento establece además una vinculación directa entre la precariedad residencial y la violencia machista, señalando que al menos una de cada diez mujeres atendidas había sufrido violencia machista, dándose la circunstancia de que casi ocho de cada diez casos de violencia machista correspondían a familias monoparentales. Visto desde otra perspectiva, prácticamente una de cada cuatro familias monomarentales asistidas presentaba antecedentes de violencia machista. Paralelamente, el informe certifica una presencia muy superior al peso demográfico de la población migrada y racializada, grupo que soporta de forma desproporcionada la precariedad del mercado laboral y residencial.

Empresas de desocupación y violencia rentista

En lo relativo al hostigamiento e intervenciones extrajudiciales, el balance recoge doce actuaciones vinculadas a empresas de desocupación en el transcurso del año, destacando que en ninguno de los casos estas entidades lograron ejecutar la expulsión de los inquilinos gracias a la respuesta organizada. No obstante, se contabilizaron 62 casos de amenazas o coacciones graves por parte de los arrendadores y 16 cortes ilegales de suministros básicos como vía de presión. El 71% de las personas expuestas a estas prácticas de acoso eran de origen extranjero y un tercio pertenecía a familias monoparentales. Ante este contexto, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria hace un llamamiento a la población trabajadora a organizarse de forma colectiva a través de los sindicatos locales, cuyos puntos de contacto están disponibles en la dirección web “https://kontseilusozialista.eus/es/euskal-herriko-etxebizitza-sindikatu-sozialista/etxebizitzarekin-arazorik/”. La entidad recuerda que su labor es de carácter voluntario y gratuito y solicita el apoyo económico mediante donaciones a la cuenta bancaria “ES32-3035 0086 62 0860062114” para dar continuidad a la defensa del derecho a la vivienda.