La reforma no se limita al ámbito penal juvenil, sino que arrastra consigo modificaciones al Código Penal, la "Ley Especial Contra Actos de Terrorismo" y la Ley Orgánica Judicial. Estos cambios profundizan el aparato represivo de un Estado que se mantiene bajo régimen de excepción desde 2022 y que ya ha acumulado más de 90.000 detenciones. Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF han manifestado su "profunda preocupación", recordando que las normas internacionales exigen que la privación de libertad en menores sea el "último recurso" y esté orientada a la "rehabilitación", algo que el nuevo articulado constitucional ignora explícitamente.

Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha "instado" a las autoridades salvadoreñas a "revisar con prontitud" estos cambios por contradecir tratados internacionales que cada vez menos países parecen tomar en serio. El régimen de Bukele ha desestimado sistemáticamente estos llamamientos, acusando a los organismos de "defender los derechos de los delincuentes". Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que entre las decenas de miles de detenidos bajo el régimen de excepción ya se encuentran numerosos menores de edad, quienes ahora enfrentan la posibilidad de morir en prisión sin haber alcanzado la mayoría de edad.

Pese a las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos, el Ejecutivo salvadoreño justifica el endurecimiento de las penas por la "reducción de las tasas de homicidio". Esta política de encarcelamiento masivo ha sido el pilar de la propaganda oficial de Bukele, quien ha utilizado el control total de la Asamblea para suprimir garantías constitucionales y concentrar poderes extraordinarios. Mientras las instituciones internacionales advierten de la deriva autoritaria, el aparato estatal salvadoreño continúa ampliando su capacidad punitiva, dirigiendo ahora el castigo perpetuo hacia la infancia más vulnerable del país.

En este contexto de agresión externa, diversas informaciones señalan un supuesto intento del Gobierno cubano por establecer un canal de comunicación directo paralelo que sorteara la influencia del secretario de Estado, Marco Rubio. Según publica The Wall Street Journal, citando a un funcionario y a un exfuncionario de EEUU, Raúl Rodríguez Castro —nieto y asistente principal de Raúl Castro— habría enviado una carta al presidente Trump utilizando como mensajero a Roberto Carlos Chamizo González, un empresario del sector turístico. El reporte indica que la misiva, presuntamente sellada con el cuño oficial de la República de Cuba, proponía acuerdos de inversión y alivio de las sanciones, advirtiendo a su vez que el país se prepara ante una posible incursión militar estadounidense.

De acuerdo con estas versiones, el presunto intento de mediación habría fracasado cuando agentes de Aduanas y Protección de Fronteras interceptaron al mensajero en el aeropuerto de Miami, incautando el documento. Peter Kornbluh, analista consultado por el citado diario, sostiene que, de confirmarse, este movimiento sugeriría que las autoridades cubanas "ya no confían en Rubio como un interlocutor desapasionado" y buscarían apelar directamente a Trump. Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart ha mantenido la misma línea de hostilidad institucional de Miami al declarar que "este régimen debe desaparecer".

La situación de la isla se ha visto agravada por la pérdida de su aliado estratégico en Venezuela, tras la operación militar de EEUU que secuestró a Nicolás Maduro en enero, acción en la que fueron asesinados 32 militares cubanos que custodiaban al mandatario venezolano. Ante la amenaza de una operación similar y las filtraciones sobre planes del Pentágono, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con Newsweek que el país responderá a cualquier ataque: "Batallaremos, nos defenderemos y, si caemos en combate, morir por la patria es vivir", sentenció.

Expertos como Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de Florida, sugieren que la difusión de estos planes militares podría funcionar como un mecanismo de presión y "señalización". Mientras tanto, la Casa Blanca no ha confirmado haber recibido la supuesta carta y el Departamento de Estado se limita a remitir a las declaraciones de Trump y Rubio quien han tildado a Cuba de "Estado fallido", aunque el propio Rubio reconoce al mismo tiempo que la isla caribeña tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo.

Esta vez, "las necesidades ineludibles" corresponden a un Acuerdo Marco para el suministro de vehículos autobastidores de alta movilidad táctica (VAMTAC) con 1.500 kg de carga útil, estimado en 723.940.353 euros. Esta nueva adquisición masiva de medios de transporte todo terreno refuerza la capacidad operativa de las fuerzas armadas españolas en escenarios de guerra, alineando la política de gasto española con las exigencias de capacidad de la OTAN. Esta decisión confirma que, pese a la narrativa de "neutralidad activa" frente a las amenazas de la administración de Donald Trump, Moncloa continúa garantizando la financiación necesaria para sostener la maquinaria bélica del bloque imperialista.

Junto a la renovación de la flota terrestre, el Ejecutivo ha aprobado un segundo Acuerdo Marco de 15.626.860 euros destinado a prácticas en simuladores de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio. Este contrato, con una duración de dos años y posibilidad de prórroga, tiene como objetivo asegurar el adiestramiento y la instrucción técnica de tripulaciones y personal de mantenimiento. Mientras la clase trabajadora enfrenta el encarecimiento de los productos de primera necesidad, de la vivienda y listas de espera en la sanidad pública, el Gobierno considera importante priorizar el mantenimiento de la operatividad aérea, asegurando que sus fuerzas de destrucción estén listas para el combate bajo el pretexto de "mantener la instrucción exigida".

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado razón de cinco declaraciones de emergencia que suman 6.365.801 euros para reparar daños en infraestructuras militares causados por las "condiciones climáticas adversas" de finales de 2025 y principios de 2026. Esta utilización de la vía de emergencia permite al Ministerio de Defensa movilizar fondos de forma inmediata para restablecer la operatividad de sus unidades. Esta agilidad administrativa para apuntalar el aparato militar contrasta con la lentitud institucional en la respuesta a las crisis materiales que afectan a las condiciones de vida de la mayoría social.

Mientras prácticamente en cada Consejo de Ministros se firman estos discretos paquetes millonarios fuera del control parlamentario y escrutinio mediático, el territorio estatal —con las bases de Rota y Morón a la cabeza— continúa sirviendo de plataforma intermedia de lanzamiento de operaciones internacionales de bombardeo de EEUU. En la práctica, el Gobierno de coalición reafirma su papel como gestor de los intereses del complejo militar-industrial y el imperialismo, permitiendo que la recaudación pública se drene hacia la industria armamentística mientras las necesidades básicas de la mayoría social carecen de una respuesta presupuestaria de similar contundencia.

En el frente iraní, la retórica pseudodiplomática de la Casa Blanca se compagina con una política de presión militar directa. El Comando Central de EEUU (CENTCOM) confirmó el despliegue de 12 buques de guerra, 100 aviones y más de 10.000 efectivos para ejecutar un bloqueo naval contra los puertos de Irán. Según el mando militar estadounidense, al menos 14 embarcaciones habrían sido forzadas a dar marcha atrás en las últimas 72 horas para cumplir con la orden de Washington, cifras no confirmadas por Teherán. Pese a este despliegue marítimo, Trump aseguró desde Las Vegas que la guerra está yendo "a las mil maravillas" y que podría viajar a Islamabad (Pakistán) este fin de semana para firmar un acuerdo con el Gobierno iraní, tras afirmar que Teherán "ha aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares en un pacto que se extendería por más de 20 años", algo que tampoco ha sido confirmado por las autoridades persas.

Esta política de "paz bajo fuego" ha tenido un efecto inmediato en la economía internacional y la seguridad alimentaria de terceros países. Las compañías petroleras elevaron un 50% el precio del petróleo en marzo, y luego lo bajaron por debajo de los 100 dólares el barril ante la expectativa de las negociaciones, aunque el suministro mundial sigue amenazado por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha mantenido un tono hostil contra la soberanía iraní al advertir que las fuerzas estadounidenses están "listas y cargadas" para atacar infraestructuras críticas, plantas eléctricas e industria energética si no se cumplen las exigencias de Washington, calificando el actual bloqueo como un comportamiento "educado" en comparación con su capacidad destructiva.

La asfixia militar impuesta por EEUU también está drenando los recursos armamentísticos de sus propios aliados. Según fuentes de la agencia Reuters, Washington ha notificado a varios países europeos, especialmente en las regiones del Báltico y Escandinavia, que las entregas de armas previamente contratadas sufrirán retrasos porque necesitan reponer las reservas estadounidenses agotadas por la guerra contra Irán. Mientras el Congreso de EEUU rechazó una iniciativa demócrata para limitar la capacidad de Trump de hacer la guerra, Naciones Unidas ha advertido de que la prolongación de la crisis bélica en el Estrecho de Ormuz podría desencadenar una "catástrofe alimentaria mundial" al interrumpir las exportaciones de fertilizantes y energía, afectando desproporcionadamente a los países más vulnerados.

Mientras la atención primaria y las consultas de especialistas sufren demoras crónicas —con un 61,5% de pacientes esperando más de dos meses para ver a un facultativo—, el Gobierno ha ejecutado un trasvase masivo de recursos públicos hacia el Gran Rearme Europeo. Entre 2018 y 2024, el gasto militar real español, medido bajo los estándares de la OTAN, se ha duplicado, pasando de 11.172 millones de euros a más de 22.700 millones, provocando los alogios de la Alianza Atlántica, que ve cómo Madrid cumple a rajatabla sus exigencias de reforzar las fuerzas armadas y financiar la industria armamentística, contrasta con la parálisis de las especialidades médicas más críticas, como traumatología o dermatología, donde las citas se demoran hasta 132 días de media.

La prioridad presupuestaria del Ejecutivo se ha materializado mediante una ingeniería contable que elude la fiscalización del Congreso. En el ejercicio de 2025, el Gobierno modificó de forma discrecional 117.900 millones de euros de las cuentas prorrogadas, de los cuales 6.300 millones se inyectaron directamente en el Ministerio de Defensa y otros 3.500 millones en planes industriales vinculados al sector militar. En el mismo periodo, el Ministerio de Educación perdió casi 1.000 millones de euros y el de Ciencia otros 360 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado la "opacidad" de esta gestión, que altera el 31% del presupuesto inicial para priorizar el gasto bélico sobre la protección social y los servicios públicos.

Este desvío de la riqueza social hacia la industria de la muerte se produce en un escenario de desigualdad territorial agravada, donde comunidades como Andalucía registran esperas de hasta 173 días para una cirugía. Organizaciones de pacientes y el propio Ministerio de Sanidad cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, denunciando que las listas están "maquilladas" al excluir pruebas diagnósticas bloqueadas por falta de personal o especialidades enteras como la salud mental, según recoge El País. Así, mientras Sánchez se gana el aplauso de Mark Rutte por cumplir la meta del gasto militar del 2% del PIB según los objetivos de la OTAN, el derecho a la salud de la clase trabajadora empeora en el Estado español bajo un Gobierno que antepone los compromisos geoestratégicos con el imperialismo occidental a la reproducción biológica y el bienestar social.

Al parecer, algunos asistentes habrían lanzado pintura roja contra los asistentes al mitin fascista, que coreaban “Pedro Sánchez hijo de puta”. La pintura alcanzó a la diputada del Congreso María Ruiz, y ante este incidente, Santiago Abascal optó por interrumpir su discurso y elevar el tono contra las instituciones, calificando la protesta de “delito electoral” y señalando directamente al Ministerio del Interior por lo que consideró una “pasividad policial”. En una declaración que precedió a los disturbios, Abascal advirtió que no continuaría hasta que los manifestantes fueran expulsados, instando a sus propios seguidores a “recuperar el espacio” y refiriéndose a los participantes en la protesta como “los del tiro en la nuca”.

Esta incitación provocó que un grupo de fascistas que estaban en el mitin, acompañados del propio Abascal y sus escoltas, portando banderas rojigualdas, cruces de Borgoña y, según algunos testigos, objetos contundentes, se abriera paso por el cordón policial para arremeter contra los manifestantes antifascistas. Esto derivó en una reyerta de empujones, insultos y enfrentamientos físicos en las inmediaciones de la Catedral de Granada. En las imágenes se aprecia a un hombre sin uniforme intentando golpear a los antifascistas con una porra extensible. La Policía Nacional española solo intervino contra el bloque antifascista cuando los seguidores de Vox ya se encontraban frente a ellos, una actuación que se saldó con varias identificaciones y al menos una detención confirmada.

La jornada dejó una imagen de fuerte confrontación en el centro histórico. Mientras que sectores mediáticos alineados con Vox y la derecha han centrado su relato en el “boicot de radicales”, otras crónicas describen el suceso como un enfrentamiento entre grupos. Sin embargo, ningún medio local ni estatal ha publicado hasta ahora ninguna versión, comunicado, entrevista o valoración posterior de los organizadores de la protesta antifascista sobre los enfrentamientos, la intervención policial, los lanzamientos de pintura o las acusaciones de Abascal. Tras el desalojo forzoso de la protesta por parte de las Unidades de Intervención Policial (UIP), el acto pudo reanudarse.

Desde la cubierta del Atlantic Blue, Figueroa envía un mensaje de solidaridad a los tres activistas enjuiciados en Bilbo (Bizkaia) por una protesta contra la empresa CAF y su participación en el proyecto de tranvía en Jerusalén ocupada. "Estamos en contra de todos los moldes de represión que emplea el imperialismo", afirma el primer oficial tolosarra desde la cubierta, vinculando la lucha contra las corporaciones que se lucran con la ocupación —como la empresa vasca de ferrocarriles— con la resistencia marítima internacionalista que intenta perforar el bloqueo naval.

La expedición se produce en un escenario de extrema violencia, tras la ofensiva genocida iniciada por las fuerzas de ocupación en octubre de 2023, que ya ha dejado más de 72.000 palestinos asesinados confirmados. El portavoz de la flotilla, Pablo Castilla, denunciaba que la escalada bélica de Israel contra Líbano e Irán funciona como una "cortina de humo" para intensificar el asedio y acelerar la expansión de los asentamientos coloniales en territorio palestino. La iniciativa de los movimientos sociales busca confrontar la complicidad internacional de las potencias europeas, que han permitido que aguas territoriales palestinas permanezcan bajo ocupación militar de Israel, impidiendo el acceso a medicinas, alimentos y suministros básicos.

La travesía de la Flotilla Global Sumud se enfrenta a la amenaza directa de la Armada israelí, que cuenta con un historial de ataques letales contra misiones humanitarias, incluyendo la masacre del Mavi Marmara en 2010 y el ataque con drones contra el buque Conscience en mayo de 2025. A pesar de los precedentes de arrestos masivos de activistas en aguas internacionales, los organizadores subrayan que la soberanía sobre las aguas de Gaza "pertenece únicamente al pueblo palestino". Tras su paso por el archipiélago balear, la flotilla tiene previsto realizar una escala en Italia para sumar nuevas embarcaciones antes de intentar el acceso directo a la costa gazatí en las próximas semanas.

Presión de la Justicia italiana a Israel por la anterior misión

En paralelo al avance de esta nueva flotilla, la justicia italiana ha elevado la presión contra el aparato represivo de Tel Aviv. Según informa el diario italiano Contropiano, la Fiscalía de Roma, bajo la coordinación del procurador Francesco Lo Voi, ha ampliado su investigación sobre la misión de octubre de 2025 para incluir los delitos de tortura y robo. Los magistrados Stefano Opilio y Lucia Lotti investigan el trato recibido por 36 activistas y parlamentarios italianos que, tras ser interceptados en aguas internacionales, denunciaron violencia sistemática, privación de comida y agua y humillaciones bajo custodia militar israelí. La fiscalía también atribuye a las fuerzas de ocupación el robo forzado de teléfonos y efectos personales, así como el secuestro de las propias embarcaciones.

Esta investigación refuerza la denuncia de la Flotilla sobre la naturaleza criminal del bloqueo, reconstruyendo eventos donde la flota anterior fue incluso "blanco de un enjambre de drones" en aguas de competencia de la Unión Europea. Mientras la nueva expedición civil prosigue su rumbo hacia Gaza para forzar la apertura de un corredor humanitario, la Procura de Roma prepara una rogatoria internacional para identificar a los responsables de esta violencia israelí. Además, el movimiento y la misión se producen en un momento de tensiones diplomáticas crecientes entre algunos países europeos con Israel, coincidiendo con la decisión del gobierno italiano de suspender el memorando de cooperación militar ante las evidencias de crímenes contra la humanidad y una petición ciudadana europea con más de un millón de firmas que exige sanciones contra la entidad sionista.

A pesar del anuncio desde la Casa Blanca, los hechos sobre el terreno contradice la retórica de pacificación, empezando por el simple hecho de que Israel y Líbano no están oficialmente en guerra: Israel ataca y ocupa territorio libanés, pero su ofensiva se centra en la población civil y Hezbollah, no el Estado y el ejército libanés, que no responden militarmente a Israel. Además, Hezbollah no ha firmado ningún alto el fuego con Israel. Horas antes de la supuesta "tregua", Netanyahu ordenó formalmente la expansión de la invasión en el sur de Líbano, movilizando tropas hacia el este y estrechando el cerco sobre localidades estratégicas como Bint Jbeil. Por su parte, el presidente Aoun ha condicionado cualquier negociación directa al cese efectivo de la agresión israelí, que desde el pasado 2 de marzo ha provocado el desplazamiento forzado de 1,2 millones de personas y la destrucción sistemática de infraestructuras civiles en territorio libanés.

La ofensiva israelí ha mantenido su carácter de alta intensidad contra objetivos no militares. El miércoles, ataques consecutivos en la aldea de Mayfadoun asesinaron a cuatro paramédicos libaneses, elevando a 91 la cifra de trabajadores sanitarios asesinados por las fuerzas de ocupación en este ciclo de violencia. Asimismo, la aviación israelí destruyó el puente de Qasmieh, cortando la última vía de comunicación entre las regiones de Tiro y Sidón, y bombardeó las inmediaciones del hospital de Tebnine, uno de los pocos centros médicos que permanecen operativos en el sur del país tras el asedio militar sionista.

La perspectiva estratégica de la administración Trump es presionar para forzar al gobierno libanés a un proceso de desarme de la resistencia de Hezbollah, utilizando el asfixiante cerco militar como moneda de cambio. Mientras Washington presenta el alto el fuego como un éxito personal del presidente —quien afirmó que este sería el "décimo conflicto que resuelve"—, las autoridades libanesas mantienen cautela ante un acuerdo que no garantiza la retirada de las tropas invasoras, al contrario. La maniobra estadounidense busca consolidar una buffer zone (zona de amortiguamiento) en el sur de Líbano, transfiriendo el control efectivo de la soberanía nacional libanesa a un esquema tutelado por los intereses geopolíticos de Israel y EEUU.

El homenaje público ha tenido lugar en La Paz y ha culminado con un desfile simbólico en la plaza Murillo, centro del poder político del país, donde los exmilitares han marchado junto al Batallón Colorados de Bolivia, la unidad de escolta presidencial. Pablo Vera, presidente de la Confederación de Beneméritos, celebró la iniciativa señalando que, "después de mucho tiempo", reciben un reconocimiento tras años en los que las instituciones se habían "olvidado" de ellos, según recoge Europa Press. Este giro oficialista rompe con la línea de la década pasada, cuando estos mismos efectivos rechazaron frontalmente los actos de memoria organizados por el entonces gobierno de Evo Morales.

La operación militar que terminó con la vida del revolucionario argentino en la provincia de Vallegrande no fue un hecho aislado de las fuerzas locales, sino que contó con la dirección y asistencia directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El Che fue capturado herido el 8 de octubre de 1967 y fusilado al día siguiente por orden del alto mando militar y el gobierno de la época, en una acción de contrainsurgencia que buscaba frenar el foco de lucha guerrillera que pretendía impulsar una revolución socialista en América del Sur. El ejecutor material del asesinato, el soldado Mario Terán Salazar, falleció en marzo de 2022.

Este acto de exaltación de los aparatos represivos del Estado boliviano se produce en un clima de restauración de los discursos anticomunistas "preventivos" de la Guerra Fría en las instituciones bolivianas, aunque el movimiento comunista no goza de gran articulación en el país. Mientras que los restos de Guevara fueron exhumados de una fosa común en 1997 para ser repatriados a Cuba, el actual Parlamento utiliza el aparato jurídico y simbólico para legitimar la actuación de las tropas que, bajo tutela del imperialismo estadounidense, desarticularon el movimiento guerrillero con la fuerza letal. El reconocimiento a los "Beneméritos" reafirma una postura política que vincula la eliminación de la disidencia revolucionaria como cuestión de Estado.

El acuerdo, en el que también participa la estatal PDVSA, permite a Repsol esquivar el parón operativo del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó las licencias de operación de las empresas occidentales como mecanismo de presión política. Aunque el texto no incluye un compromiso firme para el abono inmediato de los 4.550 millones de dólares que Venezuela adeuda a la multinacional por suministros previos de gas y petróleo, la nueva estructura de pagos prioriza los intereses de Repsol en las futuras ventas de crudo para evitar nuevos impagos por parte de Caracas.

La reactivación de las operaciones de Repsol responde a la ofensiva imperialista de Washington para que las petroleras occidentales inyecten hasta 100.000 millones de dólares en el país, con el objetivo de compensar el alza de precios derivada de la guerra de EEUU e Israel en Oriente Medio. Para facilitar este flujo de capital, el Tesoro de EEUU emitió el pasado martes una licencia que autoriza a las instituciones financieras a operar con el Banco Central de Venezuela. Asimismo, el gobierno de Rodríguez ha implementado una reforma de hidrocarburos que debilita el control estatal y reduce la carga fiscal para las corporaciones privadas, siguiendo las directrices de los "ajustes favorables al mercado" respaldados por Trump.

Repsol, que mantiene una participación del 40% en la empresa mixta Petroquiriquire junto a PDVSA, pretende elevar la producción actual de 45.000 barriles diarios en un 50% durante el primer año. La compañía española, presente en el país desde 1993, también gestiona junto a la italiana Eni el campo de gas Perla. Este proceso de transferencia de recursos y control operativo al sector privado se suma al acuerdo alcanzado esta misma semana por la estadounidense Chevron, consolidando una tendencia de desmantelamiento de la soberanía energética venezolana en favor de los grandes capitales internacionales.

Un hito clave ha sido la llegada a Teherán del mariscal de campo Asim Munir, jefe del ejército paquistaní. Munir, acompañado por el ministro del Interior de Pakistán, fue recibido el miércoles 15 de abril por el canciller iraní Abbas Araghchi con el objetivo de transmitir un mensaje directo de Washington y coordinar una posible segunda ronda de negociaciones presenciales, probablemente en Islamabad. Fuentes diplomáticas sugieren que esta visita habría permitido desbloquear aspectos técnicos del dossier nuclear, un punto donde los mediadores (Pakistán, Egipto y Turquía) se muestran cautelosamente optimistas. El propio Donald Trump ha elogiado el rol de Munir, sugiriendo que las conversaciones de alto nivel podrían reanudarse "en los próximos dos días".

Pakistán, junto a Egipto y Turquía, actúa como el puente principal para cerrar las brechas técnicas y políticas que aún separan a las partes. En el lado estadounidense, el presidente Donald Trump ha delegado la gestión directa en un equipo de confianza que subraya la importancia estratégica del pacto: por un lado, J.D. Vance, el vicepresidente de su administración, que ya lideró las rondas preliminares en Islamabad la semana pasada, que se ha mostrado "muy positivo" en sus recientes declaraciones en Georgia, asegurando que "las partes sentadas frente a nosotros quieren un acuerdo"; por otro lado están Jared Kushner y Steve Witkoff, ambos asesores que mantienen una línea abierta de propuestas e intercambios telefónicos constantes con los mediadores y las autoridades iraníes.

Obstáculos y cautela

A pesar de los reportes de las rondas diplomáticas del martes y el miércoles, fuentes de la administración estadounidense advierten de que los resultados no están asegurados en absoluto, y un portavoz paquistaní señaló que, aunque son optimistas, "debemos esperar y ver si podemos concretar el acuerdo". Las "diferencias significativas" persisten en temas sensibles:

• Capacidad Nuclear: EEUU exige un "compromiso verificable de que Irán no buscará armas nucleares ni mantendrá herramientas para una fabricación rápida".
• Compensaciones: Teherán reclama indemnizaciones por los daños de guerra sufridos durante la invasión, mientras Washington supedita cualquier levantamiento de sanciones al cumplimiento del acuerdo.
• El Estrecho de Ormuz: Irán utiliza su control sobre esta vía como baza negociadora, pero se enfrenta a la realidad de que el bloqueo naval del CENTCOM sigue activo y es efectivo; según fuentes oficiales, ningún buque ha traspasado el cerco en las últimas 48 horas.
• El factor Líbano: Mientras EEUU negocia con Teherán, Benjamin Netanyahu ha dejado claro que la tregua "no incluye al Líbano", donde las operaciones israelíes contra la población civil y Hezbollah continúan con intensidad.

Se espera que en los próximos días se celebre una nueva ronda de negociaciones presenciales, probablemente de nuevo en Islamabad, para intentar rubricar el documento antes de la fecha límite del 21 de abril. Irán, que ha utilizado la presión sobre el Estrecho de Ormuz como una poderosa baza negociadora, parece dispuesto a ceder en algunos aspectos si se garantizan el levantamiento de sanciones y la seguridad de sus infraestructuras energéticas. Sin embargo, Israel no parece por la labor de aceptar un alto el fuego prolongado, y algunos expertos temen que los sionistas vuelvan a torpedear las negociaciones.

Preparativos militares y diplomáticos

Mientras se redactan los borradores, el Pentágono no baja la guardia. El Comando Central de EEUU mantiene y va extendiendo su despliegue militar en la región, con buques de guerra y 10.000 tropas adicionales, preparándose para una reanudación inmediata de las operaciones si no se alcanza un acuerdo o una extensión formal de la tregua antes del miércoles 22.

Washington aún no ha aceptado oficialmente prorrogar el alto el fuego, pero ha dejado entrever que, de consolidarse el "acuerdo marco", la extensión sería necesaria para pulir los detalles de un "acuerdo de paz" definitivo. La voluntad de ambas partes parece real, pero la desconfianza mutua y las demandas maximalistas de Israel siguen siendo el último gran obstáculo para cualquier acuerdo.

El episodio se desencadenó el domingo al mediodía, cuando una fuerte discusión en el domicilio de la pareja alertó a los vecinos, quienes avisaron a la Policía Local. Aunque inicialmente ambos manifestaron a los agentes que "la situación se había tranquilizado", horas después se produjo una nueva discusión que, según la denuncia, derivó en un episodio violento. Cuando la patrulla regresó a la vivienda tras un segundo aviso, el edil de Vox ya había abandonado el domicilio. Martínez permaneció ilocalizable hasta el martes, momento en que se presentó voluntariamente ante las autoridades, aunque no se ha practicado su arresto.

Este no es el primer incidente de esta naturaleza en el que se ve implicado el concejal de la formación fascista. Durante la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y Vox el pasado otoño, el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, reveló que Martínez ya había sido detenido preventivamente en una ocasión anterior tras una denuncia de su propia madre. En aquel episodio, el edil llegó a pasar una noche en el calabozo, aunque el protocolo de violencia de género no prosperó porque la mujer no formalizó la denuncia en ese momento.

Ante la gravedad de los hechos actuales, el alcalde Sergio Vilar ha condenado lo sucedido y ha declarado que Martínez "debería dimitir" de su escaño en el consistorio. El primer edil recordó que en el pasado otros cargos públicos abandonaron su acta ante situaciones similares. Por su parte, Carlos Martínez Salvador, al ser consultado por el diario Levante-EMV, se ha limitado a afirmar que "todo es falso" y ha declinado realizar más declaraciones sobre el proceso judicial en curso.

Esta medida cautelar vuelve a situar de nuevo el foco sobre las conductas de los representantes de Vox en las instituciones locales. Con este último suceso, Vox registra al menos seis casos públicamente conocidos relacionados con la violencia machista donde se han aplicado distintos tipos de medidas; como curiosidad, la inmensa mayoría corresponden al País Valencià, como en este caso.

La resolución judicial se mantiene a la espera de la calificación definitiva de los delitos conforme avance la instrucción. Mientras tanto, el concejal mantiene su acta en el Ayuntamiento de Montserrat, a pesar de la orden de alejamiento vigente y de los antecedentes por altercados domésticos que ya habían sido expuestos en sede plenaria por sus antiguos socios de gobierno.

Ante la gravedad de los hechos actuales, el alcalde Sergio Vilar ha condenado lo sucedido y ha declarado que Martínez "debería dimitir" de su escaño en el consistorio, recordando que no forma parte del equipo de gobierno actual tras las desavenencias previas. Por su parte, Carlos Martínez Salvador se ha limitado a afirmar que "todo es falso" y ha declinado realizar más declaraciones. La resolución judicial se mantiene a la espera de la instrucción definitiva, mientras el concejal mantiene su acta a pesar de la orden de alejamiento vigente. Por el momento no hay sentencia firme, sino una medida cautelar basada en la denuncia y la apreciación inicial de riesgo por parte de la jueza.

Historial reaccionario y censor

La trayectoria institucional de Carlos Martínez al frente de la concejalía de Patrimonio ha estado definida por la confrontación ideológica y la eliminación de la memoria histórica femenina. Según informó elDiario.es, Martínez lideró en 2024 la retirada de las placas de calles que homenajeaban a mujeres insignes como Margarita Xirgu, María Viñals o la escritora Mercè Rodoreda, bajo el argumento de que incluir nombres de mujeres en vías públicas era "jugar al adoctrinamiento político". Martínez llegó a referirse a estas figuras con un lenguaje con connotaciones abiertamente fascistas: "rojas". Justificó eliminar sus placas alegando que la cotitularidad de nombres en las calles "confundía a la ciudadanía".

Además de su ofensiva contra el reconocimiento de las mujeres en el espacio público, la gestión de Martínez en Montserrat ha estado caracterizada por el ejercicio de la censura. Bajo su mandato, el Ayuntamiento ha vetado la presentación de obras culturales y libros-disco en valencià, además de ordenar la retirada de la biblioteca municipal de la revista Saó, la publicación decana en lengua valenciana.

Esta semana y la siguiente continúan las presentaciones el 16 de abril en el centro social Aldabe de Gasteiz (Araba), el 17 en la escuela San Francisco de Iruñea (Nafarroa) y el 24 de abril en el Centro Socialista de Donostia (Gipuzkoa). Además, en algunas ediciones de la Herri Unibertsitatea organizada por el movimiento estudiantil también se realizarán eventos similares. Próximamente se anunciarán más fechas en otras ciudades del Estado español.

Cuando surgen los monstruos se presenta como una "herramienta política" destinada a dotar a la clase trabajadora de análisis estratégico y táctico frente al auge de la extrema derecha en Europa. El documental, que cuenta con la participación de investigadores y militantes de Madrid, París, Milán y Monza, disecciona el fenómeno fascista como un movimiento articulado multifacético que responde a los intereses del capital en un contexto de crisis estructural del capitalismo.

La producción, impulsada por DIARIO SOCIALISTA, establece una caracterización técnica del fascismo actual basada en tres pilares: el institucional, representado por los partidos con presencia en gobiernos; el paramilitar, compuesto por grupos escuadristas que ejercen la violencia física contra colectivos vulnerables y enemigos políticos; y la base social reaccionaria que legitima estos discursos. El objetivo es visibilizar que el fascismo es una herramienta de lucha que debe combatirse en todos sus frentes, priorizando la reflexión estratégica y la acción militante sobre el terreno.

Entre las voces que componen el análisis figuran los autores Mark Bray y Miquel Ramos, junto a periodistas del medio independiente francés StreetPress, especializado en la monitorización de grupos fascistas. Paralelamente, los testimonios recogidos de militantes en distintas ciudades europeas exponen experiencias directas de resistencia antifascista y analizan cómo se establecen vínculos entre las formaciones políticas de la extrema derecha institucional y los grupos que ejercen la violencia de calle. Por tanto, la obra y la ronda de presentaciones no es un producto informativo convencional, sino un recurso para la organización y la lucha.

El punto central de la controversia es la aplicación de la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El Gobierno alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz, actualmente denunciado por complicidad con el genocidio, utiliza una versión ampliada de este texto que incluye al Estado de Israel como "objetivo de ataques" cuando se le percibe como un "colectivo judío". O'Flaherty advierte de que esta definición, que no es jurídicamente vinculante, está siendo "distorsionada e instrumentalizada" por el Estado alemán para justificar la represión policial en manifestaciones pro-palestinas, la prohibir eventos universitarios y la perseguir de voces disidentes.

El informe carga también contra el concepto de Staatsräson (razón de Estado), mediante el cual Alemania vincula la seguridad de Israel a su propia identidad nacional. Según el Comisario, este "entendimiento" se está utilizando de forma problemática para criminalizar consignas como Desde el río hasta el mar o el simple apoyo al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), expresiones que incluso otros marcos académicos cercanos a Alemania, como la Declaración de Jerusalén, consideran legítimas dentro del discurso político y no inherentemente judeófobas.

O'Flaherty denuncia, además, un sesgo racista en el discurso oficial alemán. Critica que el Gobierno presente el antisemitismo como un "fenómeno importado" por la población migrante, una narrativa que el canciller Merz ha defendido repetidamente —incluso en medios ultraconservadores como Fox News—. Para el Consejo de Europa, este enfoque busca eludir la responsabilidad de la extrema derecha autóctona y oculta el grave problema del odio antimusulmán en la sociedad alemana, mientras aplica Estado una censura ideológica contra la solidaridad con palestina que vacía de contenido el derecho a libertad de protesta, pilares que, según O'Flaherty, están siendo erosionados por la actual deriva punitiva de Berlín.

La conexión entre Vox y estos grupos es orgánica. Miembros destacados del partido, como Santiago Acosta, concejal en Sentmenat, o Fernando Villalba, asesor del grupo parlamentario de Vox en Catalunya, participan activamente en los eventos de Reconquista. Villalba, graduado por el centro ISSEP fundado por Marion Maréchal Le Pen, ha sido identificado en sesiones de entrenamiento junto a sujetos como Jordà G. F., un militante detenido en 2008 por agresión y vinculado al grupo de entrenamiento marcial Prima Bellatrix, núcleo del neonazismo en el área de Barcelona.

Esta red juvenil tiene raíces internacionales que conectan con el neofascismo ruso, según elDiario.es. Prima Bellatrix surgió tras los contactos de sus impulsores con la organización Padre Invierno (PPDM), un grupo ruso ya disuelto que instruía en el manejo de armas y artes marciales a militantes fascistas europeos. Estos vínculos sitúan a la cantera de Vox en un entorno plenamente fascistizado donde la cultura de los deportes de contacto se mezcla con la formación política de cuadros que hoy ocupan puestos de asesoramiento legislativo en las instituciones catalanas.

En el plano de la acción política, Vox y Reconquista ya actúan de forma conjunta en la calle. El pasado marzo, convocaron manifestaciones en barrios populares de Tarragona y Santa Coloma de Gramenet bajo la consigna de la "remigración", eufemismo utilizado por la extrema derecha para exigir la expulsión masiva de personas migrantes. En estos actos, figuras como Jordi de la Fuente —exmiembro del neonazi Movimiento Social Republicano y actual dirigente del sindicato Solidaridad vinculado a Vox— han llevado la voz cantante bajo pancartas firmadas por el partido fascista,

La estrategia de Vox pasa por ir fagocitando las estructuras de pequeños grupos neofascistas como Hacer Nación o Plataforma per Catalunya. Esta táctica permite al partido de Santiago Abascal profesionalizar a militantes provenientes de entornos militantes marginales y abiertamente violentos, dotándolos de una plataforma institucional estable, cargos y sueldos mientras mantienen la agitación en los gimnasios y la calle.

Bajo el nuevo protocolo que entrará en vigor en el último trimestre de 2026, los ciudadanos de terceros países exentos de visado —como Estados Unidos, México o Argentina— deben obtener obligatoriamente la autorización ETIAS antes de viajar. Este permiso digital tendrá un coste de 20 euros y una validez de tres años. La responsabilidad del control se traslada en primera instancia a las compañías privadas, ya que el Gobierno impondrá sanciones de hasta 100.000 euros a las aerolíneas que permitan el embarque de pasajeros sin este documento actualizado.

Además de la nueva tasa digital, el Ejecutivo endurecerá los requisitos de entrada con la exigencia de una solvencia económica contundente. Los agentes de aduanas requieren ahora la acreditación de un mínimo de 118,40 € por persona y día. Según las nuevas directrices, ya no se aceptarán declaraciones verbales; los viajeros deberán mostrar extractos bancarios recientes o permitir la comprobación de sus cuentas in situ a través de aplicaciones de banca móvil para demostrar que disponen de recursos suficientes para permanecer en el país para la estancia declarada, marcando un claro filtro de clase.

Invocando razones de "seguridad nacional", el Gobierno también ha consolidado controles "aleatorios" en las fronteras terrestres con el Estado francés y Portugal, lo que supone una suspensión de facto de la libre circulación del Tratado de Schengen. Incluso para los ciudadanos de la Unión Europea, el sistema de puertas automáticas (ABC Gates) bloquea el paso si el DNI o pasaporte no tiene el chip en vigor. No portar el documento original o llevarlo caducado puede derivar en el traslado a comisaría para identificación y multas de hasta 600 euros.

Las instituciones afirman que este despliegue tecnológico busca erradicar lo que denominan como "turismo de estancia irregular". La digitalización extrema de la frontera y el control social reforzado no solo automatiza la vigilancia sobre las personas migrantes, sino que refuerza el filtrado económico de quienes acceden al territorio estatal. Al eliminar el margen de error de los antiguos sellos de tinta por el registro facial y dactilar, el Estado español consolida un aparato de control fronterizo aún más rígido y dependiente si cabe de la capacidad adquisitiva de los visitantes.

La movilización actual tiene su antecedente inmediato en el movimiento de los Cascos Amarillos, que entre enero y marzo de 2026 protagonizó al menos 28 grandes huelgas en sectores estratégicos como la construcción, el acero y el petróleo. Según documentos del Migrant Workers Solidarity Network, las protestas se han radicalizado tras "accidentes" mortales, como el que se registró en la refinería de Panipat, donde 30.000 trabajadores de agencias de empleo se enfrentaron a las fuerzas represivas. La crisis energética derivada la guerra en Irán ha vuelto insostenibles los salarios de subsistencia, especialmente por el encarecimiento del gas licuado (LPG) utilizado para cocinar.

El epicentro de la furia proletaria se sitúa en Noida, un suburbio de Delhi con 650.000 habitantes y uno de los mayores cinturones industriales de Asia, que alberga potentes sectores de automoción y electrónica. Tras una semana de ser ignorados por la patronal y el Estado, entre 40.000 y 45.000 trabajadores tomaron las calles el 13 de abril. Según reporta The Indian Express, los trabajadores han lanzado piedras, quemado vehículos e incendiado fábricas, llegando incluso a superar a la policía, que en ocasiones se ha visto desbordada y ha tenido que huir. El levantamiento se ha extendido rápidamente a otros sectores, sumando a trabajadoras domésticas y repartidores de plataformas digitales, los llamados gig workers.

A diferencia de conflictos anteriores, esta ola de huelgas se caracteriza por una mayor radicalidad en las formas de lucha, el uso de bloqueos de carreteras y una mayor solidaridad entre fábricas que supera los límites geográficos y sectoriales. Por ejemplo, la huelga en la empresa de confección Richa en Manesar desencadenó paros inmediatos en su planta de Noida tras la represión policial. Ante el desbordamiento por la ferocidad de la lucha proletaria, el Gobierno local ha invocado el "Artículo 163" para prohibir las concentraciones y ha intentado restringir el uso de redes sociales como Instagram para frenar la difusión de vídeos que recojan episodios de combatividad y agitación. Mientras tanto, las organizaciones sindicales y grupos de corte reformista intentan "restaurar la calma" y piden evitar la "anarquía", mientras los gestores empresariales se ven obligados a negociar bajo protección policial.

La agitación actual se suma a la indignación provocada por las nuevas formas de explotación tecnológica. En varias fábricas de confección y electrónica, la patronal ha impuesto el uso de cámaras biométricas montadas en la cabeza de los operarios para registrar cada movimiento de sus manos. Según denuncian varios usuarios en redes sociales, estas grabaciones se utilizan como datos para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial y robots mediante aprendizaje por imitación. El objetivo de las empresas es capturar la destreza humana para, en una fase posterior de sobreacumulación, reemplazar a la fuerza de trabajo manual por máquinas y humanoides.

Esta conflictividad laboral supone un desafío frontal a la estrategia de grandes multinacionales como Apple, que en los últimos años han intentado trasladar su producción desde China a la India —bajo la etiqueta Assembled in India— buscando ahorrar costes e intentando asegurarse un mayor control sobre el proceso de trabajo. Sin embargo, las huelgas salvajes también afectan en el sector de la electrónica y la energía en estados como Gujarat, demostrando que la pujante clase trabajadora india se opone radicalmente vender su fuerza de trabajo a cualquier precio ante el gran capital internacional. El levantamiento actual pone en jaque los intereses estratégicos imperialistas de EEUU y de sus socios de la India, impidiendo la "paz social" necesaria para que los beneficios puedan fluir con plena normalidad.

En su intervención, Martínez cargó contra las dos fuerzas mayoritarias, el PP y el PSOE, a quienes acusó de fomentar "la cultura de la muerte". El diputado cuestionó la estrategia del Partido Popular al dudar de que el Gobierno central "vaya a regular los cuidados paliativos a su gusto" mientras, según sus palabras, pretende "meter la cultura de la muerte en la Constitución". El discurso de Martínez ha sido recibido con rechazo en el hemiciclo regional.

Este llamamiento explícito al uso de la violencia desde sede parlamentaria, claramente contemplado como delito en la legislación española, coincide con un momento de descomposición interna de Vox en la Región de Murcia. Apenas veinticuatro horas antes de estas declaraciones, la diputada Virginia Martínez abandonó la formación para integrarse en el Grupo Mixto, citando su "profunda decepción" con el rumbo de la dirección estatal. Con esta marcha, Vox pierde su condición de "llave" para el Gobierno de Fernando López Miras (PP), agravando una crisis interna que ya supuso hace semanas la expulsión de su antiguo líder regional, José Ángel Antelo. Antelo, junto con otros líderes disidentes del partido, lidera una campaña por un congreso extraordinario en Vox.

La violencia verbal y ya casi física de Vox en las instituciones no se limita a Murcia. En el Congreso de los Diputados, el ministro Óscar López ha exigido este miércoles una "sanción contundente" para el diputado José María Sánchez, quien el pasado martes se encaró físicamente con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El ministro comparó el incidente con el asalto de Tejero, señalando que "solo ha pasado dos veces en la historia reciente". Por su parte, Gómez de Celis confesó haber temido una agresión física inminente: "Pensaba por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente". Por el momento, se desconoce si será sancionado.

Pese a la gravedad de los hechos, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha justificado las acciones de sus diputados culpando a las mesas de las cámaras de "no ejercer su función de control". Mientras la dirección de la formación mantiene su estrategia de confrontación y agitación directa en las instituciones que va desplazando la Ventana de Overton, diversos sectores políticos alertan sobre la normalización de la violencia fascista, especialmente tras detectarse recientemente más vínculos de la cantera juvenil de Vox con grupos neonazis.

En el plano internacional, Magyar ha tardado menos de 72 horas en garantizar la continuidad de la política exterior de su predecesor respecto a Israel. Tras una llamada telefónica con Benjamin Netanyahu, el líder húngaro ha invitado al mandatario israelí a Budapest para celebrar el 70º aniversario de la llamada "Revolución Húngara", un levantamiento antisoviético de 1956. Esta invitación se produce a pesar de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, confirmando que el cambio de gobierno no alterará la protección diplomática ni los intereses estratégicos que vinculan a ambos países.

La celeridad de Magyar también se ha extendido al ámbito institucional, donde ya ha exigido la dimisión inmediata del presidente de la nación, Tamás Sulyok. Durante su primera reunión este miércoles, Magyar calificó a Sulyok de "marioneta del régimen anterior" y advirtió que, si no renuncia voluntariamente, utilizará su mayoría parlamentaria para enmendar la Constitución y forzar su destitución. El presidente ha aceptado encargarle la formación de Gobierno, pero se ha limitado a señalar que "considerará" los argumentos sobre su propia dimisión.

Las prisas del nuevo Ejecutivo responden a una necesidad material muy concreta: desbloquear los 18.000 millones de euros de los fondos europeos. Magyar ha afirmado que las conversaciones con la Unión Europea comenzarán de manera informal esta misma semana, antes incluso de que el gabinete esté formado el 12 de mayo, puesto que los plazos de Bruselas para asignar estos recursos expiran en agosto. El dirigente de extrema derecha europeísta busca ahora asegurar esta transferencia de capitales para paliar la situación económica tras dieciséis años de gobierno del Viktor Orbán, recientemente enemistado con su vecina Ucrania por cuestiones energéticas y las relaciones con Rusia.

Este posicionamiento de Magyar ha provocado un giro diplomático en Estados Unidos. Donald Trump, quien financió y apoyó públicamente la campaña de Orbán a través de su vicepresidente J.D. Vance, ha cambiado su discurso este miércoles tras la llamada entre el húngaro y Netanyahu. Según filtraciones de la cadena ABC, Trump ha calificado a Magyar como un "buen hombre" que "hará un buen trabajo".

En 1903 ingresó en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), entonces el principal referente político de la clase trabajadora alemana. Rompió con el partido tras el apoyo de la dirección socialdemócrata a los créditos de guerra en 1914. En ese sentido, la Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la vida personal y militante de Thälmann: fue movilizado en 1915 y enviado al frente occidental como artillero. Su experiencia como soldado aparece mencionada en diferentes testimonios posteriores y en estudios biográficos como los de Mario Keßler. Durante la Gran Guerra, Thälmann formó parte del sector que rechazaba la guerra imperialista y, en 1918, desertó del ejército para regresar a Hamburgo, donde participó en la insurreción de marineros y obreros que encendió la chispa de la Revolución Alemana de noviembre, un capítulo decisivo en la Gran Ofensiva Revolucionaria que desencadenó la Revolución de Octubre en Rusia.

Durante los años de la Revolución alemana y la posterior guerra civil latente, Thälmann se mantuvo siempre fiel al ala revolucionaria del movimiento obrero y socialista. Vivió de primera mano la derrota de los consejos obreros, la represión sanguinaria ejercida por los Freikorps y el papel del gobierno socialdemócrata en la restauración violenta del orden capitalista. En 1920 ingresó en el KPD, el partido fundado por Rosa Luxemburgo y Karl Liebkeneckt, los dirigentes socialistas asesinados durante la Revolución. Tras la escisión del movimiento socialista precipitada por los mencionados acontecimientos, Thälmann se convirtió rápidamente en uno de los organizadores más destacados y con más proyección del KPD en el norte del país.

Pedagógico, paciente y cercano con las masas obreras pero firme en sus principios ideológicos, destacaba por su carisma y su capacidad de liderazgo en la organización del movimiento comunista y obrero alemán. Se ganó el respeto y la admiración de amplios sectores a través del KPD y sus sindicatos, gracias a sus capacidades agitativas y su valentía política frente al fascismo y la represión, que fue puesta a prueba tanto en la actividad parlamentaria como en la lucha callejera. Sus camaradas lo describían como un comunista ejemplar: mostró disciplina, constancia y lealtad a la Internacional Comunista, ejecutando líneas tácticas ingeniosas para desarrollar las directrices estratégicas, aportando decisivamente a la elaboración de la estrategia, siempre con un enfoque práctico y tenaz en la formación de cuadros y en la organización independiente de la clase trabajadora.

Escindir a la socialdemocracia

Thälmann asistió a varios congresos de la Komintern en Moscú y mantuvo contacto directo con Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. El líder revolucionario ruso se refirió a Thälmann con gran admiración como "uno de los representantes del ala proletaria del comunismo alemán". Esta relación política con Lenin reforzó la orientación del KPD hacia la ruptura sin vuelta atrás con el reformismo socialdemócrata. Sin embargo, esto no estaba reñido con la inteligencia táctica que desarrollarían Thälmann y sus camaradas. Desde mediados de la década de 1920, defendieron activamente la necesidad de separar a la clase trabajadora organizada de la influencia del SPD y de otras fuerzas reformistas. Esta línea política, plasmada en resoluciones del KPD y de la Komintern, se tradujo en una intensa actividad de agitación y organización en fábricas, barrios obreros y sindicatos. En 1925 fue elegido presidente del KPD: bajo su dirección, el partido alcanzó millones de votos y decenas de miles de militantes, convirtiéndose en una fuerza de masas decisiva del movimiento obrero alemán, como reflejan los resultados electorales oficiales, las listas de afiliados y los informes policiales de la época.

Puño de hierro contra el fascismo

El ascenso del nazismo radicalizó el enfrentamiento en las calles. Durante estos años, el KPD impulsó organizaciones de autodefensa obrera que actuarían con puño de hierro contra la violencia de las tropas de asalto fascistas Sturmabteilung (SA). Thälmann estuvo implicado especialmente en el Roter Frontkämpferbund (Frente Rojo de Combate), una milicia de masas creada en 1924 que llegó a tener más de 100.000 combatientes, impulsada por el KPD e ilegalizada por las autoridades en 1929. El combate callejero, las manifestaciones y las huelgas formaron parte de una confrontación abierta en la que el movimiento obrero organizado trató de frenar el avance fascista mediante lucha ideológica y autodefensa.

Una de las anécdotas más documentadas que ilustra aquella época y la valentía de Thälmann ocurrió en la República de Weimar, durante la campaña electoral de 1932. La fuerza de los nazis crecía mientras sus hordas escuadristas sembraban el terror en las calles. En aquella ocasión, Thälmann se trasladó personalmente a Berlín-Neukölln, uno de los barrios más conflictivos, para participar en una manifestación del KPD frente a una concentración de las SA. Los informes de policía y los archivos del Bundesarchiv sobre enfrentamientos callejeros de esa época recogen que el mitin fue atacado por miembros de las camisas pardas hitlerianas, armados con palos y pistolas, mientras la policía, como de costumbre, miraba sin intervenir. Thälmann se negó a retirarse, se colocó justo frente a los militantes para protegerlos y continuó pronunciando su discurso, incluso mientras caían piedras y se producía la reyerta. Varios testigos de la época, recogidos en Ernst Thälmann. Reden und Schriften y en estudios de Mario Keßler sobre el KPD, destacaron que su presencia física impidió que la violencia escalara a una masacre inmediata de los comunistas, mostrando un enorme valor y un compromiso directo con la seguridad de sus camaradas y la defensa de la organización comunista.

Contra la segunda guerra imperialista alemana

En el terreno electoral y propagandístico, Thälmann insistió en denunciar el carácter belicista y contrarrevolucionario del nazismo. Durante la campaña de 1932, el lema Wer Hitler wählt, wählt den Krieg! fue difundido por el KPD en carteles y octavillas. Sus discursos de ese período alertaban del peligro que suponía la toma del poder por parte Adolf Hitler para toda la clase trabajadora y cualquier forma de organización obrera independiente.

Encarcelamiento y asesinato

Tras el nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, la represión fue inmediata y se cebó primero con los comunistas. Thälmann, como cabeza visible, fue detenido por la Gestapo el 3 de marzo de 1933 en Berlín. Como preso político, pasó más de once años encarcelado sin juicio, pese a que en 1937 el Tribunal Popular nazi archivó formalmente su causa. En agosto de 1944 fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald y ejecutado el 18 de agosto por orden directa de las autoridades del Reich. Su asesinato cerró una prolífica trayectoria militante comunista y obrera en Alemania, pero creó una leyenda que inspiraría a muchos a abrazar su causa. La unidad militar de voluntarios alemanes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, el famoso Batallón Thälmann, llevaba su nombre.

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la memoria de Thälmann fue reivindicada oficalmente en la República Democrática Alemana (RDA) como héroe antifascista, mientras en la liberal República Federal Alemana occidental era sistemáticamente marginada y proscrita, al igual que su partido. Para honrar su memoria, la RDA produjo en 1954 una película biográfica sobre Thälmann, titulada Thälmann: hijo de la clase trabajadora. El final de la cinta reproduce una frase icónica del líder comunista alemán:

«Toda mi vida, todas mis fuerzas fueron entregadas a la mejor causa en todo el mundo: la lucha por la liberación de la humanidad».

La denuncia no solo apunta al actual Ejecutivo de Merz, sino que se extiende a figuras del anterior gabinete, incluyendo al excanciller Olaf Scholz y a la exministra de Exteriores Annalena Baerbock. Entre los actuales ministros señalados figuran Johann Wadephul (Exteriores) y Boris Pistorius (Defensa). Asimismo, la querella se dirige contra los consejeros delegados de los monopolios armamentísticos Rolls-Royce Solutions, Dynamit Nobel Defense y RENK Group AG, argumentando que las licencias gubernamentales no eximen a las empresas de su responsabilidad bajo el derecho penal internacional cuando el destino final es la comisión de crímenes de guerra.

Alemania se mantiene como el segundo mayor proveedor de armas a Israel, solo por detrás de Estados Unidos. Según los datos aportados por los demandantes, el Gobierno alemán emitió licencias de exportación valoradas en más de 485 millones de euros entre octubre de 2023 y mayo de 2025. Los abogados detallan que los sistemas de armas suministrados por Alemania, como los drones de combate Heron TP, las corbetas de clase Sa’ar 6 y munición de 120 mm para tanques, han sido utilizados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

El pediatra gazatí nacionalizado alemán Qassem Massri, uno de los demandantes que ha perdido a numerosos familiares en el conflicto, ha recordado que el compromiso histórico de "Nunca más" debe aplicarse "a todo el mundo". Por su parte, el abogado Benjamin Düsberg ha exigido a la Fiscalía Federal que inicie una investigación para evitar que el sistema judicial alemán aplique un "doble rasero" que socave la legalidad internacional y el cumplimiento de la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio.

En agosto de 2025 el Gobierno alemán suspendió brevemente las licencias de armas, para reanudarlas apenas tres meses después, en noviembre. Los querellantes recuerdan que los funcionarios alemanes se han jactado repetidamente de su "apoyo incondicional e ilimitado" a Israel, a pesar de las evidencias sobre las consecuencias del uso del material bélico exportado. Con esta acción, el colectivo de abogados intentará lograr una rendición de cuentas de los aparatos del Estado y del complejo militar-industrial ante el genocidio en Gaza.

El documento elaborado por el equipo de Ursula Von der Leyen busca reducir la demanda energética trasladando parte de la actividad fuera de los centros de trabajo. En paralelo, para el sector del transporte, Bruselas plantea reducir los precios del transporte público o hacerlo gratuito para colectivos específicos. El texto reconoce que la interrupción del flujo desde la instalación de Ras Laffan en Qatar, dañada por una represalia iraní, y el bloqueo de la ruta por donde transitaba el 20% del crudo mundial, han situado a los hogares trabajadores y a las pymes en una situación de exposición directa a las fluctuaciones del mercado.

Respecto al apoyo financiero, la Comisión Europea propone una transferencia de fondos públicos al sector privado con la "flexibilización" de las ayudas de Estado. El borrador permite compensar a las empresas de agricultura y distribución con hasta el 50% del precio adicional del combustible y los fertilizantes hasta final de año. Para las personas trabajadoras y los hogares con bajos ingresos, las propuestas se limitan a la emisión de "vales de energía", la aplicación de precios regulados temporales y reducciones de los impuestos especiales sobre la electricidad para evitar la desconexión por falta de pago.

El paquete de medidas también incluye directrices para que los proveedores de energía implementen "alertas tempranas" ante picos de consumo y eliminen barreras para que las empresas recompensen a los clientes que trasladen su consumo a las horas valle. Asimismo, el Ejecutivo de Von der Leyen insta a los países a incentivar la instalación de bombas de calor, paneles fotovoltaicos y "ventanas de alto rendimiento" a través de incentivos fiscales y mecanismos de "arrendamiento social" para sectores vulnerados, vinculando la descarbonización a un "imperativo de seguridad" frente a la crisis de suministros actual.

La Comisión Europea presentará formalmente esta batería de medidas la próxima semana ante los líderes de los 27 Estados miembros. El borrador insiste en que, aunque la situación es "tensa" para algunos combustibles y los precios siguen al alza por el conflicto iniciado por EEUU e Israel, "no existe por el momento una amenaza inmediata para la seguridad del suministro físico".

La llegada de Mercedes Zarzalejo a la consejería no ha desactivado los conflictos materiales que asfixian a los centros. Desde CGT Enseñanza Madrid denuncian que la administración sigue priorizando los "intereses del mercado" mediante la transferencia de recursos al sector privado, mientras las familias de los barrios trabajadores sufren la falta de plazas en la etapa 0-3 años. La situación de las infraestructuras sigue siendo crítica: el sindicato señala que el alumnado continúa dando clase en "barracones y grupos masificados", enfrentando temperaturas extremas de hasta "40ºC en junio" debido al abandono de la inversión pública en climatización y mantenimiento.

En el primer ciclo de Educación Infantil, las trabajadoras mantienen una huelga indefinida desde el 7 de abril, apoyada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). En esta lucha reclaman el fin de su consideración como un simple "servicio de conciliación" y exigen salarios dignos —actualmente anclados en el SMI— y una bajada de ratios. Para sostener el esfuerzo sindical, han organizado una caja de resistencia que busca paliar el impacto económico en unas plantillas ya precarizadas. Según las huelguistas, la "asfixia económica" es una estrategia dirigida a favorecer la externalización de servicios y la degradación de las condiciones de vida de las trabajadoras.

La crisis se extiende a la Educación Secundaria y la Formación Profesional, donde la falta de plazas para prácticas y el recorte de horas lectivas mantienen en pie de guerra a los docentes. Asimismo, el personal de administración y servicios denuncia un "ERE encubierto" tras ser convertidos en fijos discontinuos, lo que ha supuesto una pérdida efectiva de derechos laborales. En las universidades, el bloqueo de la financiación y la oposición frontal de la comunidad académica a la LESUC marcan una hoja de ruta que, según los convocantes de la marcha del 19 de abril, busca "elitizar el acceso a la educación superior" y aumentar la segregación social.

La movilización del domingo pretende aglutinar todas estas reivindicaciones bajo el lema Salvemos la Educación Pública, señalando que la degradación del sistema no es accidental sino una decisión política del Ejecutivo regional. Las organizaciones convocantes advierten de que la presión contra los nuevos responsables y la presidencia de la Comunidad de Madrid continuará "gobierne quien gobierne", vinculando la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes con el derecho de la clase trabajadora a una educación pública, gratuita y de calidad.

El principal responsable, Jean-Michel G., ha recibido una pena de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento inmediato y la prohibición de ejercer en cualquier cuerpo de cuerpo de seguridad durante cinco años. La sentencia considera probado que, tras la agresión inicial, el agente y otros dos compañeros, Marc B. y Guillaume G., arrastraron a la víctima a una sala de registro sin cámaras. Ali H. salió de dicha estancia "en llanto, con el rostro rojo y cubierto de hematomas", según detalla el sumario. Los otros dos policías han sido condenados a cuatro y seis meses de cárcel respectivamente por violencia y, en el caso de Guillaume G., por falsedad en escritura pública.

La sentencia desmonta la estrategia de defensa de los agentes torturadores, quienes sostuvieron en el atestado oficial que "el joven se había provocado las heridas él solo, lanzándose al suelo y golpeándose contra una columna de hormigón". El tribunal subraya que ninguno de los funcionarios activó su cámara personal durante el paso por la sala de registro, a pesar de ser teóricamente "obligatorio y sistemático" por normativa interna. La presidenta de la sala, Martine Timsit, recordó a los condenados que los detenidos están "bajo su protección" y calificó las omisiones en el informe policial como hechos que "interrogan" seriamente la veracidad del relato institucional.

El fiscal Etienne Debarre fue contundente durante el proceso, señalando que "todo el mundo estaba contento de que [Ali H.] recibiera un correctivo" y que el joven "comprendió que iba a ser su fiesta". El magistrado destacó que el ruido de la agresión era audible en toda la comisaría y que resulta inverosímil la tesis de la autolesión dada la gravedad de los hematomas certificados por los servicios médicos. Además, se reveló que el agente Jean-Michel G. es reincidente, habiendo sido juzgado por abofetear a otro hombre frente a su familia meses antes, hechos que también intentó ocultar omitiéndolos en su ficha de actividad.

Este caso se suma a una lista de precedentes en la misma comisaría del distrito 19, que ya fue objeto de investigaciones en 2021 por actos de tortura y brutalidad sistemática contra personas bajo custodia. A pesar de la condena, los agentes Jean-Michel G. y Marc B. han recurrido la sentencia y, al no haberse dictado ejecución provisional, podrían teóricamente reincorporarse a sus puestos de trabajo y seguir torturando.

La validez "científica" que Sánchez otorga a este ranking queda en entredicho al observar cómo la publicación británica mantiene a Israel con una de las puntuaciones más altas de su región. Mientras el Gobierno español presenta estas cifras para acallar el "ruido" de la oposición interna, el índice de The Economist demuestra un profundo sesgo liberal al centrarse en procedimientos institucionales y participación electoral, ignorando la destrucción sistemática de los derechos y la segregación racial contra la población palestina. Como ejemplo más reciente, el Estado de Israel acaba de aprobar la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para presos palestinos acusados de cometer homicidios contra israelíes, convirtiéndose el único país del mundo que impone penas de muerte selectivas según el origen étnico. Con esto y con los últimos tres años de genocidio que se suman a siete décadas de ocupación, matanzas y apartheid, Israel parece ser un país "democrático" para The Economist.

En su mensaje, Sánchez apela a la "estabilidad" y a una "España cada día mejor"- Al abrazar este ranking sin matices como "ciencia", el Gobierno español no solo busca prestigio exterior, sino que acaba validando un marco ideológico que normaliza regímenes de ocupación. Esta coincidencia de intereses entre el optimismo de Sánchez y el blanqueamiento de Israel pone de manifiesto la vacuidad de los índices de "calidad democrática" occidentales. Mientras las bombas caen en Gaza y Líbano, y se mantienen los asentamientos ilegales, The Economist celebra una "mejora global" en la salud de la democracia y Sánchez lo utiliza para su propia campaña de imagen. Al final, lo que el presidente denomina "datos de la ciencia" no es más que un mecanismo de distracción para evitar el debate sobre la complicidad internacional con el colonialismo y la erosión real de las libertades bajo el dogma del orden liberal.

Esta decisión responde a una reconfiguración de las alianzas en el Sahel, donde varias juntas militares que gobiernan algunos países de la región han firmado varios acuerdos con Marruecos. Según el comunicado de la cartera de Exteriores maliense, la medida atendería a una situación que afecta a la "paz y seguridad subregionales". Bamako ha subrayado la solidez de sus relaciones con Rabat, destacando una "solidaridad activa" que se ha materializado en diversos foros internacionales. Para la junta militar que gobierna Malí, la estabilidad regional parece ahora pasar por una alianza estrecha con Marruecos, alejándose de la influencia de Argelia, principal valedor de la causa saharaui.

El giro de Malí supone un nuevo golpe diplomático para el Frente Polisario, que ha visto cómo en los últimos años potencias como Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia y España han respaldado, en distintos grados, las pretensiones de afianzar la ocupación del Reino alauí. La RASD, que reclama la culminación del proceso de descolonización del antiguo territorio colonizado por el Estado español y celebrar un referéndum de autodeterminación con un censo que elimine los sesgos posteriores a 1975, queda cada vez más acotada en el plano internacional, mientras Marruecos consolida su estrategia de "hechos consumados" sobre el terreno y reconocimiento a cambio de acuerdos bilaterales en materia económica y acuerdos militares.

Al alinearse con las tesis de Rabat, la junta militar de Bamako busca garantizar su acceso al océano a través de la Iniciativa Atlántica y el megaproyecto del puerto Dajla Atlántico, una infraestructura que pretende conectar a los países del Sahel con una ruta de 3.500 km. Este movimiento consolida el control marroquí sobre el Sáhara Occidental mediante la "diplomacia de infraestructuras", ofreciendo a los países del Sahel sin litoral una oportunidad logística frente a la inestabilidad de otras rutas africanas, a pesar de los enormes retos de seguridad y las dudas sobre la viabilidad técnica de un corredor que atraviesa zonas de guerra.

Volviendo al Sáhara, la ocupación colonial marroquí se remonta a la ocupación a la Marcha Verde de 1975, y permanece en un punto muerto técnico desde el alto el fuego de 1991. Las diferencias insalvables sobre el censo de votantes han impedido durante décadas la convocatoria del referéndum auspiciado por la ONU. Con el cambio de bando de Malí, Marruecos sale reforzado en la Unión Africana y debilita el frente de apoyo saharaui en el África Occidental, transformando la correlación de fuerzas en una zona marcada por la inestabilidad y el avance de las milicias mercenarias.

El memorándum, firmado originalmente en París en 2003 bajo el mandato de Silvio Berlusconi y en vigor desde el 13 de abril de 2016, constituye la arquitectura legal para el intercambio de materiales bélicos, investigación tecnológica y formación de personal militar entre ambos Estados. El tratado, compuesto por 11 artículos, preveía una prórroga automática cada cinco años por simple omisión de las partes. Sin embargo, la escalada de violencia israelí en la región ha quebrado el consenso institucional; el embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, fue convocado recientemente por el Ministerio de Exteriores israelí tras las críticas del vicepresidente Antonio Tajani a los bombardeos de la IDF en Líbano, que han asesinado a más de 2.000 personas y herido a más de 6.700 desde principios de marzo.

La guerra alcanzó a las propias tropas italianas el pasado 8 de abril, cuando soldados de la IDF dispararon proyectiles de advertencia contra posiciones de los "cascos azules" de la misión UNIFIL en el sur de Líbano, impactando a escasos metros de los militares italianos. Este incidente, unido al asesinato de soldados indonesios y la detención de un militar español, provocó que Tajani convocara al embajador israelí en Roma, precipitando el aparente "fin" de un acuerdo que hasta ahora facilitaba la exportación e importación de armamento, así como la cooperación industrial en licencias y cánones militares. El sindicato de investigadores y más de 350 profesores de la Universidad Sapienza de Roma, al igual que muchos otros movimientos sociales y sindicales italianos, ya habían presionado semanas atrás para la ruptura de estos vínculos académicos y militares, denunciando la implicación del complejo industrial-militar italiano en la agresión a territorio libanés, palestino e iraní.

Aunque el acuerdo marco cesará su vigencia tras un periodo de seis meses para liquidar las operaciones en curso, el diario Il Manifesto recuerda que Italia mantiene compromisos financieros de gran envergadura con Israel. Recientemente, el Ejecutivo aprobó el decreto SMD 19/2024 para adquirir aviones de inteligencia electrónica y misiles Spike por un precio total de 1.600 millones de euros, de los cuales 638 millones ya han sido desembolsados. La suspensión del memorándum supone, por tanto, un gesto de distanciamiento político frente a la estrategia de Benjamín Netanyahu, pero no detiene de forma inmediata los flujos de capital y armamento ya comprometidos en la compra de hardware militar avanzado, cuya tecnología es utilizada activamente por las fuerzas israelíes para la identificación sus operaciones en Gaza y Líbano, donde cientos de personas están siendo asesinadas.

Este giro de 180 grados en la política exterior de Meloni, quien inicialmente se alineó abiertamente con las posiciones de Tel Aviv, muestra el desgaste de los gobiernos de extrema derecha europeos ante la crisis en Oriente Medio. La ruptura del pacto militar se suma a la tensión creciente con el sector MAGA en Estados Unidos, tras los ataques de Donald Trump a la mandataria italiana por su defensa del Vaticano. Mientras el aparato diplomático de Roma intenta buscar un difícil equilibrio entre sus intereses estratégicos en la cuenca del Mediterráneo y la seguridad de sus tropas en el exterior, algunos analistas señalan que la suspensión formal del acuerdo militar podría desestabilizar una alianza iniciada hace dos décadas, priorizando ahora la contención de una guerra que amenaza la estabilidad de las rutas comerciales y el suministro energético en el Estrecho de Hormuz.

Se enfría la relación con Washington

Este distanciamiento de Israel coincide con la hostilidad creciente entre Meloni y Trump, otrora aliados estrechos. El presidente estadounidense ha declarado sentirse "decepcionado y conmocionado" por la actitud de la primera ministra italiana, a quien ha acusado de "falta de coraje" por defender al papa León ante sus reproches. Trump, en declaraciones recogidas por el Corriere della Sera, llegó a afirmar que a Meloni "no le importa si Irán tiene un arma nuclear" y comparó negativamente la política migratoria de Italia con la de Hungría. La respuesta del Ejecutivo italiano ha sido inusualmente firme; el ministro Crosetto subrayó que ser aliados "no significa aceptarlo todo en silencio", mientras que Antonio Tajani reivindicó "el derecho a la franqueza en la unidad de Occidente".

La maniobra de Meloni busca, según analistas internacionales, desvincular su imagen de los perfiles más agresivos de Netanyahu y Trump tras el desgaste político sufrido en recientes consultas internas. Al alejarse, al menos aparentemente, de la tutela de la facción MAGA (Make America Great Again), el Gobierno italiano intenta ganar margen de maniobra ante la Comisión Europea para renegociar las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad. Se espera que la mandataria refuerce esta nueva posición de "autonomía estratégica" durante su próximo encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reafirmando el apoyo militar a Kiev como moneda de cambio para obtener flexibilidad presupuestaria en Bruselas.

Sin embargo, esta convergencia ideológica y material no fue un hecho aislado de una "milicia radical", se enmarcaba en una política de compromiso que la Federación Sionista de Alemania mantuvo desde 1933. Según investigaciones de autores como Tom Segev y Lucy Dawidowicz citadas en el contexto de la desclasificación, la cúpula sionista estableció el conocido Acuerdo Haavara para romper el boicot internacional contra Hitler a cambio de permitir la salida de capitales hacia Palestina. Mientras la mayoría de la población judía europea combatía al fascismo en las Brigadas Internacionales, en los guetos de las redes clandestinas de la resistencia, una minoría organizada de líderes sionistas, entre ellos David Ben-Gurion y Golda Meir, gestionaba la transferencia de mercancías y activos nazis que fortalecieron el núcleo económico del futuro Estado de Israel.

Los documentos de inteligencia revelan la crudeza con la que se seleccionó a quienes debían ser "salvados". En 1938, tras el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, Ben-Gurion afirmó ante los sionistas "laboristas" que preferiría salvar solo a la mitad de los niños judíos alemanes si el destino era Palestina, antes que salvarlos a todos si eran llevados a Inglaterra. Este enfoque se ratificó en 1943 a través de un memorándum del "Comité de Salvación" de la Agencia Judía, que establecía como prioridad rescatar a los 10.000 individuos que pudieran "contribuir a la construcción de la tierra", abandonando al resto de la población judía europea por ser considerada un "peso muerto" para el proyecto nacionalista sionista.

El historial de colaboración incluyó también al fascismo italiano. Ze'ev Jabotinsky, fundador del revisionismo sionista, estableció vínculos con Benito Mussolini, llegando a crear la Academia Naval de Betar en Civitavecchia bajo supervisión fascista. Según fuentes históricas, los cadetes sionistas apoyaron activamente las guerras coloniales de Italia en África mientras se entrenaban para la futura armada israelí. Esta estrategia llevó a la milicia de Stern a asesinar incluso al mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte, quien tras rescatar a miles de prisioneros de los campos nazis, defendía en 1948 el derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados.

La estrategia de Stern, descrita en los informes de 1941 desclasificados recientemente, no era una mera hipótesis, sino un plan operativo que incluía la creación de un "ejército judío" en Europa que "lucharía para conquistar Palestina de manos de los británicos" con el apoyo de la Alemania nazi. Los documentos revelan que el líder sionista aspiraba a convertirse en un "Quisling judío" —término asociado a la traición por colaboración con el fascismo—, asumiendo que el futuro Estado sionista establecería una alianza con el régimen nazi, un plan que terminó fracasando por diferentes motivos. Stern argumentaba ante sus seguidores que "nos las arreglaremos con los alemanes una vez conquisten la tierra".

El seguimiento de la Haganá, antecesor del ejército israelí, registró el envío de emisarios como Naftali Lubenchik para negociar directamente con funcionarios alemanes. Según un documento de 1951 presente en el archivo desclasificado, Lubenchik intentó convencer a los ideólogos nazis de que el Eje no buscaba la "destrucción física", sino la expulsión, y que designar Palestina como destino les aseguraría la lealtad del movimiento sionista en la guerra contra Inglaterra. Estas gestiones fueron calificadas en foros internos por Eliyahu Golomb, comandante de la Haganá, como la creación de una "quinta columna judía" que ponía en riesgo la seguridad de la comunidad frente a la policía británica.

Incluso después de la muerte de Stern en 1942, otros dirigentes de la milicia mantuvieron esta línea ideológica. Natan Yellin-Mor, quien llegaría a ser miembro del Parlamento israelí (Knesset), escribió en 1943 que "Alemania aún no ha sido derrotada y puede convertirse en nuestro aliado". Por su parte, el ideólogo Israel Eldad defendió en 1949 que Stern "actuó correctamente" al buscar una alianza con los nazis "para no ser abandonados por Gran Bretaña". La desclasificación de estos archivos, solicitada por Haaretz hace tres años, pone de manifiesto que la cúpula de Lehi buscó activamente un pacto con los nazis para asegurarse sus planes de colonización, aunque finalmente lo hicieran con los británicos.

Aunque los contactos no fructificaron en una alianza militar formal, la documentación oficial ratifica que un sector del sionismo pre-estatal estuvo dispuesto a colaborar con el responsable del exterminio de los judíos en Europa. Los archivos muestran que el grupo Lehi planteó una asociación basada en el "interés compartido" de la segregación racial y el traslado forzoso de población. Esto confirma que la fundacion del Estado de Israel no solo se benefició de la coyuntura del nazismo, sino que utilizó a los regímenes fascistas europeos como potenciales aliados para sus fines colonialistas, como muestran diferentes patrones de colaboración que van más allá de Lehi. Otras pruebas de colusión, que incluyen el izado de banderas nazis en barcos sionistas durante los años 30 y la protección de la Gestapo a movimientos como Herzlia (Betar), demuestran que la clase dirigente sionista coincidió en muchas ocasiones con los nazis en sus aspiraciones de la "pureza racial" y la ocupación de territorios.

La gira comenzó con gestos de distensión cultural en el Palacio de Verano, pero rápidamente se trasladó al terreno estratégico. Sánchez, reconocido como "profesor honorario" por la Academia China de Ciencias (CAS) y visitante de honor en la sede de Xiaomi, buscó proyectar la imagen de una "España puntera en tecnología e innovación" ante sus anfitriones. A su paso por la Universidad de Tsingua, Sánchez afirmó: "En el pasado China y Europa supieron prosperar juntas y no hay razón para no volver a hacerlo".

19 acuerdos para “equilibrar” la balanza comercial

El hito más concreto de la cumbre es la firma de 19 convenios destinados a reducir el déficit comercial español de 40.000 millones de euros con China y elevar la interlocución política entre ambos países sobre cuatro pilares:

1. Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático: el Estado español institucionaliza encuentros regulares de alto nivel.
2. Exportaciones agroalimentarias: 5 protocolos sanitarios permitirán la entrada masiva de pistachos, higos secos y proteína animal de origen español al mercado chino.
3. Cooperación industrial: Acuerdos en energías de nueva generación, logística y digitalización para atraer inversión china hacia la llamada "transición verde" española.
4. Protección de marcas: Un convenio específico para blindar las denominaciones de origen de las empresas agricultoras españolas frente a copias en el mercado asiático.

Sánchez, en una rueda de prensa recogida por agencias chinas y occidentales, fue explícito al vincular la "paz comercial" con el acceso a los mercados: "Necesitamos que China haga lo mismo. Que se abra, para que Europa no tenga que cerrarse", señaló en clara alusión a los aranceles y las medidas de protección que la Unión Europea baraja frente al sector del vehículo eléctrico chino.

Política internacional

En el plano de la alta política, el encuentro con el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo el pasado 14 de abril dejó declaraciones de fuerte calado. Xi Jinping instó al Gobierno español a fortalecer la "confianza mutua" y a situarse "del lado correcto de la historia" frente a lo que describió como la "ley de la selva" que rige el orden internacional actual. El mandatario chino apeló al "multilateralismo" frente a un sistema internacional que, a su juicio, "se está desmoronando". Por su parte, el presidente español ratificó su oposición respecto al "principio de una sola China" en la cuestión de Taiwán y pidió a Pekín que asuma "una responsabilidad activa como mediador" en Palestina, Irán, Líbano y Ucrania, exigiendo que cualquier resolución "se ajuste estrictamente al derecho internacional".

Hacia el Plan de Acción 2025-2028

La visita no solo cierra acuerdos inmediatos, sino que pone en marcha el Plan de Acción 2025-2028, que profundizará la cooperación en la biociencia, la "economía inteligente" y los intercambios educativos. Mientras la prensa china destaca la "madurez y estabilidad" del Gobierno español como socio, Moncloa celebra haber dado "un paso más allá" en una relación pragmática. Analistas españoles, europeos y chinos coinciden en que esta cuarta visita de Sánchez en cuatro años consolida la percepción del Estado español como una "puerta de entrada" de China en Europa y como un socio puente dentro de la UE. Mientras medios chinos como Global Times celebran el "pragmatismo y la apertura" de Madrid frente a las directrices de Bruselas, diversos observadores alineados con la visión de la Comisión Europea advierten de los "riesgos de una dependencia asimétrica" y de posibles fricciones con Washington. El debate se centra ahora en si esta posición de "socio preferente" refuerza el margen de maniobra del Estado español o, por el contrario, convierte lo convierte en una vía de entrada para redes de influencia económica que podrían agudizar los problemas estructurales en sectores estratégicos como la automoción y la tecnología verde.

La grabación, difundida inicialmente por canales de denuncia política como @smile2jannah y analizada por el medio The Canary, muestra la desconexión entre la retórica "patriótica" oficial de Britain First y los objetivos reales que persigue su cúpula. Golding, quien vaticina que en diez años la sociedad británica será un lugar "horrendo y violento", admite en el audio que "no tiene interés en apelar a las masas en el contexto actual", sino que "espera el momento" en que la "degradación social" facilite la imposición de su agenda reaccionaria. La organización es conocida internacionalmente por sus tácticas de intimidación, incluyendo "patrullas cristianas" y provocaciones directas en mezquitas, acciones que incluso antiguos aliados como Jim Dowson calificaron en su día de "inaceptables y no cristianas".

El historial de Golding está estrechamente vinculado a la violencia racista y machista. El portal de investigación Hope not Hate recuerda que el líder comenzó su trayectoria en el partido fascista British National Party (BNP) bajo la tutela de Nick Griffin. Además, existen registros de 2015 en los que Golding admitía haber agredido violentamente a su entonces pareja y vicepresidenta del grupo, Jayda Fransen. Fransen declaró posteriormente a la BBC que vivió durante años bajo el miedo constante de terminar asesinada a manos del dirigente.

La filtración ha generado una fuerte reacción en la sociedad británica, especialmente entre colectivos de izquierda, antifascistas y organizaciones antirracistas, quienes señalan que figuras como Golding no buscan "salvar" al país, sino que precisamente necesitan la miseria para poder operar. Al desear activamente que el país se convierta en un entorno hostil, la extrema derecha británica confirma que su viabilidad política depende de la destrucción de la solidaridad de la clase trabajadora y el bienestar colectivo.

El presidente ucraniano respaldó la medida, señalando directamente a quienes abandonaron Ucrania "en violación de la ley" o permanecen en el extranjero de forma temporal desde hace años superando la edad de reclutamiento. "Nuestras fuerzas armadas querrían que regresaran porque la cuestión de la justicia importa; nuestra gente en el frente necesita rotación", afirmaba el mandatario ucraniano, vinculando la "responsabilidad ciudadana" con la supervivencia del Estado. Según las declaraciones recogidas por el Kyiv Post, los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de ambos países colaborarán estrechamente para identificar y administrar el retorno de estos ciudadanos ucranianos, mientras que los jóvenes que no están en edad militar mantendrán su derecho legal a permanecer en territorio alemán; de momento.

En el plano militar y económico, los ministros de Defensa de ambos países, Boris Pistorius y Mykhailo Fedorov, firmaron un acuerdo para el intercambio de datos de combate digitales y el desarrollo conjunto de sistemas de armamento, incluyendo drones y tecnología de defensa aérea. Merz destacó que este intercambio de tecnología punta —forjada en la experiencia real de combate en la guerra de Ucrania— aumenta el "nivel de independencia" y la "autonomía de defensa de Europa", palabras que tanto suelen repetir los mandatarios europeos en cada rueda de prensa mientras anuncian nuevas compras de armamento a EEUU. El canciller también anunció un nuevo paquete de ayuda militar y "medidas más estrictas contra la flota fantasma de Rusia", utilizada por el Kremlin para eludir las sanciones internacionales y financiar la guerra.

Las "conversaciones de paz" promovidas por Estados Unidos se encuentran estancadas, puesto que Kiev se niega a asumir concesiones territoriales. El endurecimiento de las condiciones para los ucranianos residentes en Alemania coincide además con la visita de la delegación ucraniana al "Unity Hub" de Berlín, donde el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, coordina los desplazamientos. Tras la cumbre en la capital alemana, la delegación de Zelensky tiene previsto viajar a Roma para seguir pasando la colecta europea para una guerra donde los ucranianos parecen cada vez menos dispuestos a combatir. Recientes vídeos difundidos en redes sociales han mostrado nuevos episodios de reclutamientos forzosos violentos en plena calle, donde varios hombres son arrastrados hacia vehículos en contra de su voluntad.

La central sindical califica de "claro despilfarro de dinero público" la inversión de 25 millones de euros destinada por Moncloa para habilitar este dispositivo paralelo. Según CCOO, el Ejecutivo está formando a contrarreloj a 150 personas de refuerzo y a 43 empleados de la empresa pública Tragsa para tareas de apoyo, mientras "mantiene a la plantilla especializada al margen del proceso de decisión". El sindicato reclama que dicha inversión "revierta directamente en las oficinas de Extranjería para dotarlas de mejores medios técnicos y una revisión estructural de la relación de puestos de trabajo que incluya la equiparación salarial con otros organismos de la Administración del Estado".

El proceso de regularización comenzará formalmente el 16 de abril por vía telemática, mientras que la atención presencial en las oficinas habilitadas de la Seguridad Social y Correos arrancará el día 20, apenas 24 horas antes del inicio del paro indefinido. El Ministerio de Migraciones, dirigido por Elma Saiz, sostiene que el refuerzo de la UTEX "es necesario para garantizar la agilidad de un procedimiento que finaliza el 30 de junio". Sin embargo, CCOO advierte que el peso real de la gestión recaería sobre las oficinas territoriales a largo plazo, ya que estas deberán resolver las previsibles reclamaciones, renovaciones de documentación y expedientes atascados, que a finales de 2025 ya sumaban 180.000 solicitudes pendientes.

El conflicto también evidencia una fractura interna en la arquitectura institucional del Estado, donde las competencias de extranjería se reparten entre los ministerios de Política Territorial, Interior y Migraciones, con una dispersión de tareas que facilita que las distintas ramas de la función pública se pasen la patata caliente entre manos, dificultando la ejecución de las políticas migratorias. Algunas voces del activismo antirracista, como el periodista Youssef M. Ouled, ya han cuestionado esta situación, señalando la falta de "perspectiva de clase y antirracista" al convocar un paro que podría entorpecer el acceso a derechos elementales de miles de personas vulnerabilizadas durante el escaso margen de tiempo que dura el proceso extraordinario.

Finalmente, CCOO ha instado al Gobierno a que Correos también refuerce su plantilla y garantice las condiciones de trabajo exigidas ante las labores administrativas que se avecinan. El sindicato insiste en que las oficinas de Madrid, Barcelona, València, Alacant y Murcia serán las más tensionadas por la afluencia de solicitantes, y advierte que la huelga se mantendrá hasta que se reconozca la productividad y se profesionalice la formación de los empleados públicos que operan en la primera línea de la administración de extranjería. Algunos expertos consideran que la parálisis de estos servicios podría resultar "fatal" tanto para la regularización extraordinaria como para los trámites ordinarios ya colapsados.

Esta acumulación de inmuebles se alimenta directamente de los dividendos que Ortega extrae de Inditex, empresa de la que posee el 60% de las acciones. Para el presente ejercicio de 2026, el empresario cobrará más de 3.200 millones de euros solo en concepto de beneficios, una cifra que supone un récord personal y que emana de los resultados de la compañía textil. Según informaba Europa Press, Inditex cerró el ejercicio fiscal 2025 con un beneficio neto de 6.220 millones de euros, un 6% más que el año anterior, tras alcanzar unas ventas de 39.864 millones de euros.

La estrategia del empresario se centra adquirir los denominados "activos trofeo", inmuebles situados en las zonas de mayor precio de grandes ciudades que garantizan rentas estables y protegen su fortuna. En Madrid, Ortega es dueño de la Torre Picasso y la Torre Moeve, mientras que a nivel internacional ha adquirido la sede de Amazon en Vancouver por 680 millones de euros o el edificio The Post en Londres por 700 millones. Recientemente, el empresario ha diversificado su patrimonio hacia el mercado logístico y de viviendas de alquiler de lujo, posicionándose como rentista de grandes multinacionales y rentas altas en Estados Unidos y Europa.

Más allá del sector inmobiliario, la dirección de Pontegadea ha intensificado la transferencia de capital hacia sectores estratégicos de servicios básicos y energía. El accionista mayoritario de Inditex posee actualmente un 5% de Enagás, un 5% de Redeia y un 13,7% del operador energético portugués REN, además de participaciones en parques eólicos de Repsol y en la firma de cable submarino Telxius. En 2026, sus movimientos se han dirigido también a infraestructuras portuarias con la entrada en el grupo australiano Qube, tras haber comprado previamente el 49% de la británica PD Ports. Estas operaciones apuntan a un gran monopolio internacional, donde un capitalista controla acciones, bienes y rentas de múltiples sectores estratégicos de las economías de diferentes países.

Mientras la propiedad se concentra en manos de Ortega, los datos de Inditex indican una política de "optimización" que ha supuesto la reducción del número de tiendas en un 6% durante los últimos tres años, a pesar de que el espacio neto de venta aumentó un 5,3% en 2025. El consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, explicado estos resultados a la "capacidad de los equipos", mientras el grupo ha logrado situar su caja neta cerca de los 11.000 millones de euros tras un control estricto de costes laborales.

En respuesta a las preguntas de la patronal sobre el posible temor de los inversores e industriales ante un gobierno de EH Bildu, Otxandiano ha asegurado que su modelo aboga por una "colaboración público-privada" bajo "reglas transparentes". El portavoz ha citado explícitamente el informe de Mario Draghi de 2024 como el "suelo común" de su propuesta, defendiendo una política industrial con "empuje direccional". Según Otxandiano, el supuesto "fracaso del neoliberalismo" obligaría a transitar hacia un "Estado emprendedor" que dirija la transformación tecnológica, citando incluso el modelo de planificación de China como una "ventaja competitiva" por su capacidad de planificar a largo plazo.

"Que nadie se asuste con EH Bildu"

Respecto a la política fiscal, tradicionalmente uno de los puntos de mayor fricción con el empresariado, Otxandiano ha insistido en que "nadie se asuste con EH Bildu" cuando hable de política industrial: ha aclarado que su postura se basa en vincular el Impuesto de Sociedades a la "contribución social de las compañías". Citando un estudio de la economista Mariana Mazzucato —actualmente en manos de la Diputación de Bizkaia—, el representante de EH Bildu ha planteado el uso de indicadores para "medir el impacto de las empresas en el desarrollo social o la generación de empleo". "En base a esa aportación, definamos qué impuesto de sociedades tienen que pagar", ha señalado, sugiriendo que la fiscalidad es "solo una herramienta más" dentro de una estrategia para favorecer a los sectores económicos que se alineen con los objetivos definidos por el sector público.

"Muy alineado con los sectores económicos y académicos progresistas"

Otxandiano ha insistido en que el planteamiento de EH Bildu está "muy alineado con los sectores económicos y académicos progresistas" y que no debe generar alarma en el sector privado. Para el portavoz, la prioridad actual es articular una política industrial que garantice la supervivencia del tejido empresarial vasco en el mercado global, una tarea que, a su juicio, solo puede realizarse mediante el "concurso y protagonismo del sector público". Con este discurso, la formación busca presentarse como una opción de gestión capaz de ofrecer estabilidad a los grandes capitales, centrando el debate en la eficiencia de la intervención estatal, lejos de la transformación de las relaciones de propiedad.

La participación de la empresa con sede en Beasain (Gipuzkoa) se remonta a 2019, cuando se integró en un consorcio junto a la firma israelí Shapir. El escrito presentado por el Centro Guernica 37, que representa a los denunciantes, detalla que CAF no realiza una colaboración puntual, sino que se encarga de ampliar la Línea Roja, construir la Línea Verde y suministrar los trenes y sistemas de señalización. Además, la compañía opera y mantiene ambas líneas mediante una empresa conjunta en la que ostenta el 50% de la participación, con contratos que se extienden entre 15 y 25 años. Para las organizaciones, este papel es "indispensable" para el funcionamiento de un sistema que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos.

La base jurídica de la denuncia se apoya en que la actividad de CAF podría encajar en preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. En concreto, los denunciantes señalan que la empresa contribuye presuntamente al "traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado" y al mantenimiento de "prácticas discriminatorias e inhumanas" contra la población palestina, vulnerando la Cuarta Convención de Ginebra. Al ser CAF una empresa con sede en el Estado español y cuyos directivos poseen nacionalidad española, las entidades subrayan que la jurisdicción estatal tiene la obligación de investigar estos posibles delitos contra el derecho internacional humanitario.

Las organizaciones advierten que la dirección de CAF ha mantenido su actividad a pesar de las reiteradas advertencias sobre los riesgos legales del proyecto. De hecho, la empresa inauguró la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025 y, en septiembre de ese mismo año, Naciones Unidas incluyó a CAF en su base de datos de empresas vinculadas a actividades en asentamientos ilegales de Israel, pero la Fiscalía no ha investigado a la empresa hasta ahora. Ante estos hechos, la coalición exige que la Fiscalía, que ha confirmado la apertura de una investigación después de la denuncia interpuesta, traslade el caso a la Audiencia Nacional para determinar la responsabilidad penal de los gestores de la compañía en la consolidación de la ocupación.

Pedro Isidoro C.G. trabajó para ATEFRISA entre 1973 y 1985 como calderero, realizando labores de aislamiento en la planta de Michelin en Valladolid (Castilla y León) y en las centrales térmicas de Sabón y Meirama. Según consta en el proceso judicial y recoge la nota de prensa de ASVIAMIE, el trabajador forraba tuberías con amianto y utilizaba aire comprimido para la limpieza, lo que liberaba fibras cancerígenas al ambiente. Durante ese periodo, la empresa no facilitó mascarillas, no informó sobre el riesgo de cáncer, no realizó reconocimientos médicos específicos ni proporcionó sistemas para el lavado de la ropa de trabajo, que el operario debía llevar a su domicilio.

La resolución judicial desestimó los argumentos de ATEFRISA, que intentó eludir su responsabilidad atribuyendo el cáncer al "consumo de tabaco y alcohol", y negando la exposición al mineral en las instalaciones de Michelin. El tribunal subraya que la empresa vulneró incluso la legislación franquista, como el Reglamento de Seguridad e Higiene de 1940, el Decreto de 1947 sobre asbestosis o la Ordenanza de 1971. El fallo recalca la obligación empresarial de proteger la integridad física de la plantilla y considera que los testimonios de los compañeros de trabajo confirmaron con rigor las condiciones de insalubridad sufridas.

La indemnización se divide en dos conceptos compatibles: 368.497,49 euros para los herederos por los daños derivados de la incapacidad absoluta que Pedro reclamó antes de morir, y el resto para la viuda y los hijos por el daño moral y material causado por el fallecimiento. Mientras que otras empresas como Termiglas o Michelin resultaron absueltas por falta de pruebas de exposición en sus periodos específicos, ATEFRISA deberá cargar con el total de la cuantía y las costas procesales. ASVIAMIE ha recordado que esta entidad ya acumula condenas previas por hechos similares, señalando que "jugar con la salud de los trabajadores no puede quedar impune ante tanta muerte".

Desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi exigen a las empresas adopten inmediatamente medidas preventivas rigurosas frente a sustancias cancerígenas en los centros de trabajo. El colectivo advierte que, de no priorizar la salud de la clase trabajadora, las indemnizaciones por daños y los recargos por falta de medidas de seguridad "serán mucho más costosas" para los intereses económicos de las compañías. La sentencia incide en que no existe enriquecimiento injusto por parte de la familia, sino una compensación necesaria ante la pérdida de una vida por negligencia patronal.

Las primeras declaraciones públicas conocidas al respecto se remontan a 2011. En esta ocasión, el parlamentario firmó, junto a reconocidas figuras proisraelíes, como la tertuliana catalana Pilar Rahola, un manifiesto en contra del boicot fomentado por el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), calificando al Estado de Israel como “Estado democrático” y “referencia para los pueblos que aspiran a su soberanía”. Por ello, según los firmantes, no cabría la equiparación con régimen de Apartheid de la antigua Sudáfrica. Iñarritu y el resto de firmantes criticaban “a quienes en nombre de la libertad de nuestros respectivos pueblos se solidaricen en exclusiva con la causa palestina y niegan a Israel el derecho a una existencia en paz como hogar nacional del pueblo judío”, llegando a calificar las acciones de boicot que cuestionan la legitimidad del Estado de Israel como “conductas racistas y delictivas que se toleran impunemente en nuestras sociedades”.

Visitas y reuniones con políticos y funcionarios israelíes junto a senadores del PP, PNV, ERC y CiU

Más allá del manifiesto, Jon Inarritu también ha mantenido cierto perfil "diplomático" con el Estado de Israel. A finales de 2014, realizó un viaje extraoficial con una delegación parlamentaria para reunirse con autoridades israelíes y funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina colaboracionista. Junto a él estaban los ex senadores del Partido Popular Dionisio García y María Dolores Pan y su asesora Patricia Guillot, los ex senadores del PNV Jokin Bildarratz, Rut Martínez y María Eugenia Iparragirre, Ester Capella de ERC, así como Mónica Almiñana de Entesa y María Teresa Rivero de CiU. La visita, según explicaba el PNV en su página web del Senado, sirvió para “profundizar en el conocimiento de la situación en la zona”, reuniéndose con representantes del parlamento israelí, asesores del primer ministro Benjamin Netanyahu y con el doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorowski. Tres años más tarde, en 2017, una publicación del propio diputado en la red social X lo situaba en una conferencia de la Universidad de Tel Aviv junto a miembros catalanes de ANC Israel, donde también participaba el profesor Spektorowski.

Visitas anuales y entrevistas en radios israelíes: “Me hace ilusión ver cientos de atobuses de Irizar en las calles de Israel"

Las visitas de Iñarritu a la Palestina ocupada no han sido hechos puntuales, sino que se incluyen en su calendario anual, donde viaja durante un mes cada verano para “ir perfeccionando” el aprendizaje del hebreo, según relató él mismo desde Jaffa/Tel Aviv en una entrevista concedida en la radio sionista Eretz Radio en 2017. En esta entrevista, el diputado de EH Bildu confesó “un gran interés” por el Estado de Israel “desde bien joven”. Además, se enorgulleció por las relaciones comerciales existentes entre la entidad sionista y empresas de Euskal Herria: “Me hace ilusión ver las calles de Israel llenas de autobuses de Irizar, fabricados en Gipuzkoa, ver una parte de mi país aquí”. A la vez, lamentaba que “la izquierda europea copió a la URSS su hostilidad hacia Israel”, y consideraba que el rechazo hacia Israel en el Estado español es producto del “desconocimiento” y de “leyendas antisemitas”.

En otra entrevista, concedida a la Radio Nacional de Israel el 22 de agosto de 2019, Iñarritu llegó a lamentar que “todo lo que tiene que ver con el pueblo judío y con el Estado de Israel en particular siempre es fruto de que se mire con una lupa por algunos colectivos, por algunos medios y por algunos sectores políticos”, insinuando que existe una supuesta “persecución” contra Israel. En ese sentido, recalcaba que “lo más curioso es que en este caso tanto corrientes de extrema derecha, como corrientes de extrema izquierda, como sectores del islamismo, sectores que están muy alejados en otras posturas, respecto a este tema, aúnan y tienen posiciones comunes”.

En la misma conversación, Iñarritu lamentaba que “la inmensa mayoría de las noticias que llegan sobre Israel al Estado español y a Europa están ligadas al conflicto árabe-israelí”, y que “son menos las noticias que llegan sobre los descubrimientos científicos, académicos o aportaciones culturales de la sociedad israelí”. El parlamentario de EH Bildu insistía en que “si no hay un interés de una persona por interesarse por lo que está ocurriendo tanto en Israel como en Oriente Medio, la inmensa mayoría de la información que llega del mass media está relacionada con el conflicto”.

Contactos con el sionismo del Estado español: recibimiento y elogios para un líder sionista que pide “agradecer lo que Israel hace por la humanidad”

En calidad de diputado de EH Bildu, Iñarritu recibió cordialmente y “hablando en hebreo” en el parlamento a Isaac Querub, entonces presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, una organización que mantiene estrechos vínculos con el Estado de Israel. En la entrevista mencionada anteriormente en la Radio Nacional de Israel, donde Iñarritu conversó sobre el proceso de aprobación de la ley de retorno de los judíos sefardíes al Estado español, el diputado pidió el reonocimiento para Querub por impulsar la ley que aprobó otorgar pasaportes a quienes lograran demostrar que son descendientes de los judíos sefardíes expulsados durante la Inquisición. El pasado 18 de junio, en pleno genocidio sobre la Franja de Gaza, el diario La Nueva España publicaba una entrevista en la que Querub declaraba: “Algún día agradecerán lo que Israel hace por la humanidad”.

Además, Querub no es la única figura del entorno sionista del Estado español con el que Iñarritu ha mantenido contactos públicos. El parlamentario también fue fotografiado hace años junto a Pedro Gómez-Valadés (AGAI/Asociación Galega de Amizade con Israel), cercano a la embajada israelí, y con el académico catalán sionista Jaume Renyer.

Donaciones a un organismo “contra el antisemitismo” encabezado por sionistas

En su Declaración de Intereses Económicos de 2020 en el Congreso de los Diputados, Iñarritu reconocía donar o haber donado fondos a LICRA (Liga Internacional Contra el Racismo y Antisemitismo). Se trata de una de las asociaciones internacionales de activistas contra el racismo y la discriminación más antiguas del mundo, fundada en 1927 por el comunista francés Bernard Lecache, bajo el nombre La Liga Contra los Pogromos.

Casi 100 años después de su fundación, los dirigentes actuales de la organización no tienen nada que ver con sus fundadores. Si bien la organización sigue fomentando acciones contra el racismo y la discriminación, no es como cualquier otra organización antirracista, ya que actualmente está apoyada por el Gobierno francés y dirigida por personas que tienen una noción peculiar del racismo y el “antisemitismo”. El presidente de LICRA en Catalunya es Isaac Levy, comisario de la Comunidad Israelita de Barcelona y un firme defensor del sionismo, con un discurso público y académico proisraelí beligerante, en la línea del Combat Antisemitism Movement, que hace pasar "la lucha contra el antisemitismo" como pretexto para silenciar las críticas al Estado de Israel.

El presidente de honor y la cara más visible de LICRA, sin embargo, es el abogado francés Alain Jakubowicz, que ha solido defender públicamente el Estado de Israel asentado sobre Palestina como “hogar de los judíos”. Jakubowicz se pronunció de la siguiente forma sobre la operación Inundación de Al Aqsa del 7 de octubre de 2023 en la televisión francesa: “Parte de mí murió el 7 de octubre”. El abogado, que evita pronunciarse sobre las innumerables matanzas israelíes contra los palestinos que han sucedido a lo largo de la historia y siguen sucediendo en la actualidad, se mostró “personalmente afectado” por la acción llevada a cabo por la resistencia palestina contra la ocupación, asegurando que los hechos dejaron “una huella imborrable” en su vida personal.

El hecho de que Iñarritu haya contribuido económicamente a esta dudosa organización “antirracista” en particular y no a otra cualquiera —cuya inmensa mayoría no tienen dirigentes sionistas y no pervierten las nociones del racismo y el antisemitismo—, podría levantar sospechas sobre la supuesta motivación “antirracista” de estas donaciones. A partir de 2020, el diputado dejó de declarar donaciones a LICRA.

Amistad con la tertuliana sionista Pilar Rahola

A nivel personal, Iñarritu mantiene una profunda relación de amistad con la tertuliana Pilar Rahola. En 2021 se difundieron en redes sociales y en los medios catalanes varias imágenes donde la tertuliana sionista catalana estaba junto al diputado vasco en la piscina de su casa en Cadaqués (Girona, Catalunya), acompañado de la canción Friends will be friends del grupo Queen. Anteriormente, en junio de 2019, la propia Rahola había compartido un vídeo en Facebook donde aparecía el parlamentario de EH Bildu junto al periodista periodista Jonathan Martínez.

La tertuliana catalana es una de las principales portavoces sionismo en Catalunya, el Estado español y el mundo de habla hispana. Además, es miembro honoraria de la Universidad de Tel Aviv desde 2006 y fue homenajeada en 2013 por el autoproclamado “Fondo Nacional Judío”, que plantó en su nombre un bosque de 2.500 árboles en la región palestina de an-Naqab, rebautizada como “Neguev” por la ocupación israelí. Rahola también tiene vínculos con la organización Keren Kayemet LeIsrael, una organización sionista creada en Basilea en 1901 para comprar y colonizar tierras palestinas. En los últimos años, la tertuliana ha generado indignación por diversas declaraciones, negando rotundamente que el Estado de Israel esté cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino o incluso haciendo “bromas” sobre el número de niños palestinos asesinados.

Como consecuencia de ello, la Organització Juvenil Socialista de Catalunya (OJS) roció a Rahola con pintura roja a en un acto público. A raíz de esta acción, dos militantes de OJS tuvieron que declarar en los juzgados de Granollers, acusados de “daños” y “antisemitismo”. Los militantes de la OJS respondieron con una contraquerella, donde acusan a Rahola de “complicidad con el genocidio”.

Rahola, señalada como agente de la Hasbará bajo la operación Honda de Solomón

Rahola no es una simple tertuliana sionista que actúa por libre, sino la voz principal de toda una operación de propaganda impulsada por el Estado de Israel en el mundo de habla hispana. El proyecto Honda de Salomón (Kela Shlomo en hebreo), también conocido como Voices of Israel, es una ambiciosa campaña de propaganda internacional impulsada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu con un presupuesto superior a 32 millones de euros. Según explica el periodista Antonio Maestre en El Muro de La Sexta, el objetivo de esta operación de propaganda es contrarrestar las críticas internacionales al Estado genocida y criminalizar cualquier discurso crítico con su política colonial, especialmente tras las acusaciones de genocidio y violaciones del derecho internacional.

Desde noviembre de 2023, el Ministerio para Asuntos de la Diáspora, dirigido por Amichai Chickli, ha coordinado la activación de esta red internacional de organizaciones y portavoces afines al Estado de Israel, con vínculos directos con Netanyahu y sectores políticos aliados internacionalmente. En el ámbito hispanohablante, Rahola ha sido elegida como principal figura mediática de la Hasbará (propaganda israelí). En 2023 y 2024, participó en conferencias y viajes organizados por la Combat Antisemitism Movement (CAM), una “ONG” de corte sionista vinculada al espionaje militar israelí y a líderes como Natán Sharansky y Sima Vaknin Gil, ambos veteranos del ejército y la inteligencia israelí. La CAM fue fundada por el magnate estadounidense Adam Beren, y forma parte de esta extensa red de influencia en “la lucha contra el antisemitismo”. Su estructura y funcionamiento ha sido señalada como un aparato de guerra informativa, más que una organización civil. Rahola también fue nombrada como su presidenta del Consejo Asesor de esta entidad en América Latina.

Silencio y declaraciones equidistantes ante el genocidio

Todas estas declaraciones y relaciones de Iñarritu han provocado que algunas voces críticas provenientes de sectores propalestinos en Euskal Herria, incluso figuras cercanas a la Izquierda Abertzale y EH Bildu, crean que tales vínculos son incompatibles con la defensa de Palestina que abandera la formación vasca. Sin embargo, el debate no ha trascendido por el momento, mientras EH Bildu y Sortu guardan silencio sobre las simpatías y compañías de su socio de coalición. La causa Palestina cuenta con una conocida simpatía abrumadora en la sociedad vasca en general y en la Izquierda Abertzale y EH Bildu en particular. Ante esto, algunos miembros de sus bases reconocen que se trata de una cuestión “delicada” e “incómoda” para la formación soberanista, mientras otros la niegan directamente.

En relación con el genocidio en curso en Palestina, el diputado de EH Bildu, que por lo general suele abordar numerosas cuestiones internacionales, mantiene un perfil bajo y equidistante. Desde octubre de 2023, ha hecho muy pocas declaraciones públicas al respecto, que en todo momento evitan calificar como genocidio la matanza que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza:

La tipología del comprador extranjero revela la magnitud del proceso de expulsión de la población local de las Islas. Durante el último semestre de 2025, el 50% de los compradores extranjeros ni siquiera residía en Canarias, lo que confirma que una parte sustancial de la vivienda se adquiere como segunda residencia o inversión especulativa. Por nacionalidades, los alemanes encabezan la compra entre los no residentes (20,6%), seguidos por los italianos, quienes a su vez dominan el mercado de los extranjeros residentes, acaparando una de cada cuatro compras en ese segmento.

Esta presión externa actúa como un motor inflacionista que expulsa a la población canaria trabajadora del mercado. El precio medio por metro cuadrado pagado por los extranjeros en 2025 se situó en 2.846 euros, un 30,7% más caro que la media regional. Esta brecha de precios arrastra al alza el coste general de la vivienda, dificultando el acceso a los residentes locales cuyos salarios no pueden competir con el poder adquisitivo de los inversores europeos. La consecuencia directa es el desplome de la emancipación juvenil: mientras los capitales alemanes e italianos se reparten el suelo, 20.000 jóvenes canarios se han visto obligados a regresar a casa de sus padres por la imposibilidad de afrontar los precios desorbitados de los alquileres.

Ante esta situación de emergencia habitacional, el Gobierno de Canarias liderado por Fernando Clavijo ha planteado ante Madrid y Bruselas una serie de supuestas medidas para "intentar limitar la compra de viviendas a no residentes". Sin embargo, no solo llega tarde, sino que choca con la normativa comunitaria de "libre circulación de capitales", lo que mantiene la propuesta en un limbo administrativo mientras el mercado sigue drenando el parque de viviendas hacia manos foráneas acomodadas.

La realidad material de las Islas muestra una contradicción evidente: Canarias es uno de los territorios más atractivos para el capital inmobiliario global, pero a la vez lidera las tasas de pobreza y exclusión social del Estado español. Mientras el 10% de todas las viviendas vendidas a extranjeros en el Estado español se concentra en el Archipiélago, el derecho constitucional a una vivienda digna para los canarios se convierte en papel mojado frente a un mercado donde se impone el poder económico del inversor inmobiliario.

"Algunas de las personas afectadas nos han confirmado que lo único que les han puesto sobre la mesa es un billete de autobús para salir de Iruñea", han informado los miembros de la dinámica Negu Gorriak. Y no solo eso: para acceder a esas supuestas "alternativas", los servicios sociales les han impuesto como condición la confiscación de sus pasaportes. Durante el desalojo, además, los policías municipales no les han dejado entrar al convento, impidiéndoles recoger sus pertenencias. Entre esos bienes se encuentran documentos necesarios para poder regularizar su situación administrativa, entre otros. La policía municipal también ha detenido a varias personas de manera arbitraria, como han denunciado varios colectivos. Por ahora no está clara la situación de los detenidos.

Como forma de protesta, algunos de los jóvenes desalojados se autolesionaron. Al mediodía, algunas de las personas afectadas se acercaron a la Plaza del Ayuntamiento con intención de protestar, y también acudieron a las oficinas municipales de la calle Zapatería del Casco Viejo para presentar sus quejas. Negu Gorriak destacó que el desalojo de ayer no era casualidad, ya que para el 18 de abril había sido convocado un gran auzolan (trabajo comunitario) en el propio Aranzadi, con el apoyo de numerosos colectivos sociales: el objetivo era acondicionar, adecentar y limpiar el espacio. "El Ayuntamiento ha actuado con premeditación y estando al tanto de ello para impedir que se llevara a cabo esa acción de solidaridad comunitaria", han denunciado desde Negu Gorriak.

Una vez más, el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha advertido sobre la grave situación de cientos de personas en situación de calle en Iruñerria. Solo en el entorno de Aranzadi, la Policía ha identificado a unas 215 personas en el último año, y además del antiguo convento, muchas personas sin hogar viven en otros edificios y en asentamientos construidos con tiendas de campaña. En 2024, el sindicato tuvo constancia de unas 250 personas en situación de calle en Iruñerria.

Los hechos se precipitaron el pasado viernes, cuando la mujer acudió a las autoridades para denunciar a su pareja. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial el sábado, momento en el que el juzgado decretó su puesta en libertad con una orden de alejamiento y una valoración de "riesgo medio" dentro del sistema VioGén. Pese a contar con esta "protección" oficial, el agresor quebrantó la medida esa misma mañana, interceptando a la víctima en el Pasaje Virgen de Luna poco antes de las 09:00 horas, justo el día en el que ambos debían comparecer en el juicio derivado de la denuncia inicial.

Fuentes de la investigación confirmaron lo evidente: que el sistema de seguimiento policial no funcionó para detectar las intenciones del asesino, quien residía en el mismo bloque de viviendas. Tras apuñalar a Tulia Ester, el agresor se refugió en la vivienda que compartían hasta el viernes, donde fue finalmente detenido. Asesinó a Tulia en el acto a consecuencia de las heridas de arma blanca antes de que los servicios de emergencia pudieran prestarle auxilio.

Este nuevo feminicidio eleva a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género confirmadas en el Estado español en lo que va de 2026, una cifra que casi duplica las 9 víctimas registradas en el mismo periodo del año anterior. El caso pone de nuevo sobre la mesa la crítica a la eficacia de los protocolos de valoración de riesgo y a la respuesta institucional, que en esta ocasión permitió que un agresor denunciado tuviera acceso directo a su víctima el mismo día del juicio.

La comunidad del barrio de La Fuensanta ha mostrado su consternación por un crimen que deja a dos hijos, de 23 y 25 años, huérfanos. Mientras las autoridades judiciales analizan los fallos en la cadena de protección, la justicia burguesa y sus mecanismos de control siguen sin abordar la raízestructural de la violencia machista estructural, limitándose a medidas administrativas que ni siquiera funcionan como parche.

Según han informado varios medios durante el fin de semana, han encarcelado a la persona que mató a una mujer llamada Amaia a principios de este mes, pero no por ese homicidio. Según EITB, el hombre de 45 años fue detenido el viernes por la noche en Bilbo (Bizkaia), acusado de un robo con violencia. Horas antes, se había presentado otra denuncia contra él por causar lesiones graves a una persona. Al ver el atestado policial, el juez ordenó el encarcelamiento del hombre en Basauri, según ha recogido EITB.

Cuando fue detenido por asesinar a Amaia, sin embargo, los tribunales no actuaron igual: la jueza de guardia decidió el 4 de abril dejarlo en libertad provisional. Le retiraron el pasaporte y le ordenaron comparecer a diario en el juzgado, pero no lo encarcelaron. Según EITB, el hombre tiene antecedentes por violencia machista y tenía una orden de alejamiento respecto a su pareja, pero la jueza consideró que todo eso no era motivo suficiente para enviarlo a prisión.

El asesinato machista se dio a conocer el 3 de abril. Dos días antes, una mujer de 44 años fue hallada "muerta" en una casa de Basauri, después de que su pareja llamara a los servicios de emergencia. Tras la autopsia, detuvieron al hombre, ya que se concluyó que la mujer había sido asesinada de forma violenta, pero lo dejaron en libertad de inmediato. En las declaraciones posteriores de las instituciones, confirmaron que se trató de un asesinato machista.

La dirección escocesa ha calificado la decisión de la cúpula londinense como un "error generacional" y una "negación sistemática de la autonomía nacional". Según el comunicado de los dimisionarios, el mando central de YP bloqueó el acceso a los fondos, retuvo los listados de miembros e impidió cualquier intento de la militancia escocesa por organizarse de cara a las próximas elecciones a Holyrood. Niall Christie denunció que el proyecto "se ha quedado sin camino" por la "falta de respeto hacia las decisiones soberanas de los miembros en Escocia", quienes habían votado a favor de presentarse a los comicios, decisión que fue posteriormente habría sido "saboteada" desde la estructura central de Londres.

El contexto previo a la fractura a nivel estatal ha sido el ataque directo al derecho de organización paralela de la militancia, una cuestión que ya venía generando controversia interna en el partido desde el inicio. El CEC de Your Party ya ha aprobado una lista de organizaciones incompatibles, una medida que el sector crítico —agrupado en torno a colectivos como Socialist Alternative, Workers Power o la Bolshevik Caucus— considera una violación flagrante de la constitución fundacional del partido, que permitía explícitamente la doble militancia. Los críticos denuncian que "un partido socialista democrático no debe temer a las ideas organizadas", y señalan que la decisión de la cúpula busca neutralizar cualquier disidencia interna con mecanismos de expulsión automática.

Desde Londres, los portavoces oficiales de Your Party han intentado minimizar la crisis atribuyendo las dimisiones a un "simple desacuerdo sobre la estrategia electoral en Escocia" y han anunciado que crearán un "grupo de trabajo" por sorteo para reconstruir la estructura en el país. Sin embargo, esta maniobra es vista por los sectores salientes como un intento de imponer "un control burocrático sobre una cáscara vacía dirigida por control remoto desde Londres", ignorando la realidad plurinacional y las aspiraciones de la clase trabajadora escocesa.

Esta fractura materializa la contradicción interna de un proyecto que nació con la promesa de "unir a la izquierda", pero que en pocos meses se ha estancado en dinámicas de exclusión y burocratismo impuestos por una camarilla de políticos socialdemócratas profesionales que han obtenido el liderazgo de la formación aprovechándose de su experiencia, su altavoz mediático y sus apoyos. Mientras tanto, Zarah Sultana —representante de la otra vertiente "movimentista" del partido— marca distancias con el desastre en Escocia, pero los líderes dimisionarios ya han anunciado su intención de trabajar en la creación de "una nueva formación política socialista que sea construida en Escocia, por Escocia y para Escocia", certificando otro fracaso del Your Party y del espacio de la socialdemocracia de izquierdas en Reino Unido.

Las operaciones militares han incluido 973 bombardeos y ataques de artillería, 750 incidentes de disparos directos contra población civil y 87 incursiones en zonas residenciales más allá de la denominada "línea amarilla". Además, las fuerzas de ocupación han demolido propiedades privadas en 263 ocasiones y han secuestrado a 50 ciudadanos palestinos. Entre las jornadas más sangrientas destaca el 29 de octubre, cuando Israel asesinó a 109 personas, incluidos 52 niños, en lo que el presidente estadounidense Donald Trump calificó públicamente como una "retribución" por la muerte de un soldado israelí.

En el ámbito de la ayuda humanitaria, Israel mantiene un bloqueo selectivo que sigue asfixiando a la población. Aunque el acuerdo estipulaba el ingreso total de suministros, solo han entrado 38.358 camiones de los 94.800 previstos; es decir, apenas un 40% del cupo asignado. La Oficina de Medios denuncia que las autoridades de ocupación bloquean deliberadamente alimentos esenciales como carne, lácteos y verduras, permitiendo únicamente el paso de productos no nutritivos como chocolate, patatas fritas y refrescos, lo que agrava la crisis alimentaria en el enclave asediado.

Mientras la resistencia palestina cumplió con la entrega de los 20 cautivos vivos restantes y los cuerpos de otros 28 el pasado diciembre, la respuesta israelí ha seguido marcada por la violencia estructural. Israel ha devuelto más de 300 cuerpos de palestinos, muchos de los cuales presentan signos de tortura y mutilaciones visibles. Desde el inicio de la agresión genocida en octubre de 2023 hasta abril de 2026, la cifra total de asesinados confirmados en Gaza asciende a 72.315 personas —entre ellas 20.179 niños—, lo que evidencia la continuidad de una política de exterminio que el actual "alto el fuego" no ha frenado en absoluto.

La violencia no se limita a la Franja de Gaza. En Cisjordania, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han intensificado sus agresiones. Desde octubre de 2023 hasta abril de 2026, más de 1.080 palestinos —entre ellos más de 230 niños— han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén Este. Solo en 2026, las autoridades de ocupación y colonos ilegales han matado a decenas de palestinos, herido a más de 260 en ataques de colonos y desplazado a casi 1.700 palestinos de sus comunidades. Esta escalada, que incluye ataques diarios, demoliciones y bloqueos, evidencia la política de expansión colonial y control que persiste en todo el territorio palestino ocupado, con el respaldo explícito de Washington y connivencia tácita de Europa.

El historial delictivo de Millán ya era conocido por las fuerzas policiales y el movimiento popular de la ciudad. En 2024, fue arrestado junto a Daniel Martín —otro militante del entorno neonazi con antecedentes violentos— por propinar una paliza a un joven por motivos ideológicos, causándole graves daños físicos y psicológicos. Aquel ataque, cometido por un grupo de diez agresores que patearon a la víctima mientras estaba en el suelo, desató una de las mayores movilizaciones antifascistas recientes en Uesca, donde un millar de personas denunció que estos ataques son fruto de un clima de impunidad para los grupúsculos fascistas.

A diferencia de los otros dos condenados en el proceso por agresión sexual, Juan Ramón G.L. y Antonio G.G., Millán fue el único que rechazó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Mientras que sus cómplices han recibido penas superiores a los cinco años, la condena de Millán se eleva a casi quince años de cárcel, a los que se suman medidas de libertad vigilada, alejamiento e inhabilitación absoluta para trabajar con menores. En total, las penas impuestas a los tres violadores superan los 26 años de prisión, reconociendo el daño causado por las agresiones reiteradas y las amenazas.

La implicación de sujetos fascistas implicados en delitos de violencia sexual refuerza las tesis de los movimientos sociales que, ya en 2024, advertían sobre el peligro que suponía la presencia de estos individuos en las calles altoaragonesas. Durante la manifestación del 20 de noviembre de aquel año, la Coordinadora Antifascista señaló la connivencia institucional y la falta de medidas contundentes por parte del Ayuntamiento, entonces dirigido por Lorena Orduna, a quien el resto de grupos políticos —excepto PP y Vox— exigieron sin éxito una "comisión de seguridad urgente".

El corteo sirvió de punto de convergencia para una amplia unidad de acción de la izquierda y el sindicalismo italiano, contando con la presencia de banderas de la CGIL, USB, Arci, ANPI, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Rette dei Comunisti, Osa, Cambiare Rotta y otras organizaciones. Marco Papacci, presidente de la asociación convocante, ha señalado ante Il Manifesto que el recrudecimiento de la crisis no es casual, sino una respuesta directa de los gobiernos reaccionarios de Washington que "no puede arriesgarse a perdonarle ser el único país que, en frente de los Estados Unidos, ha llevado a cabo una revolución".

La movilización ha puesto el foco en los efectos del bloqueo, denunciando lo que califican como un "chantaje gangsteril" de la bolsa o la vida. Roberto Forte, portavoz de la campaña Let Cuba Breathe, relataba ante los medios la situación de desabastecimiento provocada por el asedio estadounidense, citando datos alarmantes: 91.000 personas en lista de espera para operaciones, entre ellas 11.000 niños pacientes oncológicos que no pueden ser intervenidos por falta de suministro eléctrico constante, una consecuencia directa de la persecución a las importaciones energéticas de la isla por parte de Washington.

Un elemento central de la jornada ha sido la solidaridad internacionalista, encabezada por las asociaciones palestinas de Italia. Maya Issa, presidenta del Movimiento de Estudiantes Palestinos, ha trazado un paralelismo directo entre Gaza y Cuba, afirmando que en ambos casos y exigiendo tomar partido al Gobierno italiano. La marcha vivió su momento de mayor carga simbólica al pasar frente a la embajada cubana en viale Aventino, donde los manifestantes fueron saludados por el personal diplomático al grito de "Abajo el imperialismo".

Desde el sindicalismo, Christian Ferrari (CGIL) y Guido Lutrario (USB) enmarcaban el ataque a Cuba dentro de una estrategia global de los intereses estratégicos de EEUU que también golpea a países como Venezuela o Irán. Los organizadores anunciaron que el reciente corteo es solo el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones que incluirá el envío de un nuevo convoy de ayuda solidaria en diez días, reafirmando el derecho a la autodeterminazione de los pueblos frente a lo que definen como la "fuerza como único criterio de regulación del mundo". Durante la pandemia de la COVID-19, Cuba ayudó a Italia mandando una brigada de médicos; parece ser que la clase trabajadora italiana organizada no lo ha olvidado.

La jornada de presentación, que tendrá lugar en el Centro Socialista La Chispa (calle Juan de Padilla, 13), contará con una mesa redonda central titulada Deporte y política, experiencias de gimnasios populares. En este debate participarán integrantes de los proyectos de boxeo Cuatro Siete, de Valladolid, y Saltando Charcos, también de Burgos, para compartir sus trayectorias en la organización colectiva del deporte y analizando el "potencial político" que tiene la práctica deportiva cuando se desvincula del beneficio empresarial.

Desde la organización de La Castañera defienden el deporte como una herramienta de resistencia necesaria frente al capitalismo, planteándolo como un "espacio más desde el que organizarnos y plantar cara". El proyecto busca, por lo tanto, romper con el aislamiento individualista de los centros de entrenamiento convencionales, priorizando la solidaridad de clase y el acceso universal a disciplinas que, a menudo, quedan segregadas por criterios económicos o entornos elitistas.

El evento de inauguración completará su carácter con actividades lúdicas. Con esta iniciativa, Burgos suma un nuevo espacio de referencia a su tejido de autoorganización, reforzando la vinculación entre la preparación física y la conciencia de clase.

El caso se originó en marzo de 2024, cuando el médico fue detenido bajo la acusación de "falsedad documental". A pesar de que la jurisdicción ordinaria archivó la causa al no hallar indicios de delito, el brazo judicial militar reabrió el procedimiento por los mismos hechos, una maniobra que el querellante califica de prevaricadora y destinada a criminalizar su labor clínica para facilitar sanciones disciplinarias contra los guardias civiles. Finalmente, el Juzgado Togado Militar Territorial nº 51 se vio obligado a dictar el sobreseimiento definitivo en enero de 2026 ante la ausencia total de pruebas.

El relato de los hechos describe una actuación policial que el médico compara con el trato dispensado a "un terrorista". Según relata la denuncia, fue arrestado en su centro de trabajo, esposado en la vía pública y trasladado a dependencias policiales sin permitírsele acceder a medicación cardíaca urgente. El facultativo detalla haber sufrido insultos, amenazas y un trato denigrante por parte de un teniente, un sargento y otros agentes de la Policía Judicial, quienes habrían actuado bajo la aprobación de un capitán de la Guardia Civil.

La querella también documenta episodios de allanamiento y acoso continuado. El médico sostiene que agentes uniformados y armados irrumpieron en su consulta privada en varias ocasiones sin orden judicial para notificarle citaciones de la jurisdicción militar, negándose a abandonar el local pese a sus requerimientos. Estas acciones, que el querellante relaciona con un presunto hostigamiento sistematizado, derivaron incluso en expedientes administrativos contra el propio médico por llamar "delincuentes" a los agentes que invadían su espacio de trabajo.

La admisión a trámite de la querella abre ahora una investigación judicial sobre la responsabilidad de los togados militares y los mandos policiales en la prolongación injustificada de este proceso. El juzgado ha ordenado las primeras diligencias para esclarecer si existió un uso desviado de las instituciones públicas para dañar la reputación profesional del facultativo y ejercer un control represivo sobre las bajas médicas de los agentes de la Guardia Civil, vulnerando los derechos fundamentales del médico y la autonomía de los criterios clínicos.

El conflicto se agrava por la "dejación de funciones" de la Comunidad de Madrid, titular última del servicio. La nota de prensa emitida por los representantes de los trabajadores señala que el director de Emergencias ha rechazado reunirse con ellos pese a llevar tres meses solicitando interlocución. "La Comunidad de Madrid continúa actuando como si este conflicto no fuera con ella", lamenta el comité, subrayando que la falta de presión institucional sobre la empresa pública deja al servicio en una situación de extrema precariedad a las puertas de la campaña de alto riesgo de incendios.

La precariedad material del servicio se traduce en salarios que apenas alcanzan los 1.300 euros mensuales por realizar tareas de extinción, prevención y atención a emergencias climáticas como las DANA. A esta situación se suma el incumplimiento de la normativa de salud laboral: la Inspección de Trabajo ya ha requerido a Tragsa y a la Comunidad de Madrid que implementen un plan de protección frente a agentes cancerígenos, una obligación legal que el ente sigue ignorando pese a la exposición directa del personal durante los incendios.

De cara al verano, el dispositivo llega debilitado por un recorte drástico de personal. El comité de huelga cifra en 110 los efectivos perdidos, pasando de 530 a 420 trabajadores tras la reducción de dos componentes por cada brigada. Estas unidades representan casi el 50% del personal de guardia diario en la campaña de verano, por lo que la pérdida de fuerza laboral afecta directamente a la capacidad operativa de respuesta. Además, denuncian que durante el invierno se han recortado un 50% los trabajos preventivos, lo que, sumado al crecimiento de combustible vegetal por las lluvias recientes, eleva el riesgo de grandes incendios.

Los bomberos forestales exigen una "negociación inmediata" para poner fin a la temporalidad y garantizar la seguridad en los bosques. Advierte de que el conflicto continuará activo mientras las instituciones sigan priorizando el ahorro presupuestario y el beneficio empresarial de Tragsa sobre la protección del patrimonio natural y las condiciones de vida de quienes lo defienden. "La huelga sigue porque el conflicto sigue", sentencian desde el comité.

La flota movilizada para esta transferencia masiva de fuerza militar incluye los activos más pesados del Comando de Movilidad Aérea (Air Mobility Command). Entre las aeronaves identificadas destacan el C-5M Super Galaxy, capaz de transportar 122 toneladas de armamento pesado y repuestos de cazas, y el C-17A Globemaster III, que ha actuado como la columna vertebral de la operación para el traslado de sistemas de misiles. Estimaciones técnicas basadas en la capacidad de carga y el número de rotaciones indican que se han introducido en la región entre 9.000 y 11.000 toneladas de equipamiento militar, lo suficiente para rearmar completamente a varias brigadas mecanizadas.

El despliegue geográfico de estos suministros revela las prioridades estratégicas del imperialismo estadounidense en la zona. Los mapas de tráfico, registrados en webs de seguimientos de vuelo, muestran una concentración masiva de aterrizajes en Jaffa/Tel Aviv (Palestina ocupada por el Estado de Israel) y las costas del Mediterráneo oriental, empleando rutas a través de Grecia y Chipre. Asimismo, se han detectado movimientos significativos hacia Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y otras bases militares distribuidas por el Golfo Pérsico, donde se están reforzando las infraestructuras de combustible y defensa ante una eventual operación militar de gran envergadura.

La magnitud de este movimiento de recursos materiales sugiere que el actual "alto el fuego temporal" estaría siendo utilizado como una tregua técnica para la reconstruir la capacidad de combate de las fuerzas imperialistas y sus aliados. Mientras la diplomacia estadounidense habla de "paz", estos datos apuntan a un reabastecimiento importante de municiones y sistemas ofensivos contra Irán y el eje de resistencia. El flujo constante de armamento pesado hacia bases periféricas indica un cambio de postura desde la contención defensiva hacia una fase de preparación operativa para la guerra a gran escala. El ingreso de estas 10.000 toneladas de carga bélica en menos de una semana confirmaría que el aparato militar industrial estadounidense estaría asegurándose la disponibilidad de medios para una batalla prolongada, convirtiendo el periodo de cese de hostilidades en una fase de acumulación logística de fuerzas necesarias para lanzar otra oleada de ataques.

La actuación de Interior, liderado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, vulnera frontalmente el artículo 27.2 de la Ley de Memoria Democrática, que garantiza, en teoría, "el derecho a consultar íntegramente la información de las víctimas", incluyendo los datos personales de terceros "con independencia de la fecha de los mismos". Investigadores consultados por la Cadena SER, como Mario Lozano, de la Universidad de Barcelona, denuncian que "se está vulnerando la Ley de Transparencia y la Ley de Patrimonio Histórico", señalando que el Ministerio está "protegiendo a agentes políticos que ejecutaron la política represiva de la dictadura". Las pruebas aportadas por los afectados muestran documentos oficiales plagados de tachaduras que cubren nombres y firmas de directores de prisiones y funcionarios.

La gestión del archivo imposibilita además el trabajo académico y la recuperación de la memoria familiar mediante trabas burocráticas y plazos que exceden por mucho el máximo legal de un mes. Laura Bolaños, investigadora de la Universidad Complutense, relata esperas de "más de un año" para recibir copias censuradas, mientras que en otros archivos estatales la consulta es directa y sin tachaduras. En el AGMI no existe sala de consulta física y los investigadores critican que no se permite acceder a los catálogos de los fondos, lo que convierte la localización de información en una tarea imposible al estar los documentos repartidos en decenas de miles de cajas sin catalogar.

Desde el Ministerio del Interior niegan la censura y sostienen que aplican la normativa "con rigor y objetividad", afirmando que transfieren fondos al AGA según la disponibilidad de espacio. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Cultura han desmentido esta versión a la Cadena SER, asegurando que en 2024 Interior ni siquiera respondió a la comunicación de que había espacio disponible para recibir documentos. Cultura subraya que "el número de documentos que manda cada ministerio lo deciden ellos" y que existe un acuerdo firmado desde 2021 para transferir la documentación de la cárcel de Carabanchel que Interior todavía no ha ejecutado.

Esta retención de fondos supone que, tras la próxima transferencia prevista de 6.300 cajas, el Ministerio del Interior seguirá reteniendo ilegalmente más de 70.000 cajas con documentación inédita de la dictadura. Para los colectivos de víctimas, asociaciones memorialistas y académicos, este bloqueo administrativo constituye una barrera deliberada para el acceso a la verdad histórica. Así, familiares de fusilados califican de "imposible" consultar este archivo directamente, tras haber recibido expedientes tardíos y llenos de tachaduras por parte del "Gobierno más progresista de la historia", que sigue impidiendo identificar a los asesinos de sus seres queridos.