Petición en la Asamblea Nacional con más de 150.000 firmas

Ante esta situación, han impulsado una petición en la plataforma de la Asamblea Nacional (N°7231) que ya ha superado las 151.000 firmas y exige la prohibición de las armas mutilantes y las técnicas de inmovilización letales en las manifestaciones estudiantiles. La petición reclama el retiro de los LBD 40, las granadas explosivas y de desencerclamiento (como las GM2L y DMP, que provocan arrancamientos y esquirlas), y los pistolas Taser, así como la prohibición de maniobras de asfixia como el placaje ventral, las llaves de estrangulamiento y el plegado corporal. “La respuesta del gobierno es criminalizar a nuestros alumnos, a nuestros hijos”, denuncia Pradeau, quien cita al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para evidenciar la deriva represiva: “Han olvidado que son estudiantes de secundaria, (para él ) son simplemente matones, delincuentes”. El ministro ha asumido además que no da “ninguna consigna de contención y ninguna consigna de no utilizar todo el armamento intermedio a disposición”.

Institucionalización de la brutalidad policial

Mientras el primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecía a los estudiantes un paquete de medidas insuficientes para calmar los ánimos (15.000 plazas y la promesa de reformar Parcoursup en 2028), el ministro del Interior calificaba a los menores de edad de “delincuentes”. Las organizaciones estudiantiles y el propio Pradeau recuerdan que la ONU y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han exigido a Francia que revise “cuanto antes” su doctrina de uso de la violencia policial y detenga el uso de estas armas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el Gobierno continúa desplegando un dispositivo de 70.000 agentes, restringiendo el derecho a manifestación y permitiendo material que ha provocado lesiones graves, mientras las heridas de los jóvenes se multiplican.

La petición ciudadana, que necesita 500.000 firmas para ser debatida en el hemiciclo, busca poner freno a una escalada represiva que recuerda a los episodios más tensos de la historia reciente de Francia. “No podemos esperar a que se produzcan nuevas tragedias y que un joven muera como sucedió con Malik Oussekine”, advierte Pradeau, en referencia al estudiante asesinado por la policía en 1986. El movimiento estudiantil, que ya suma cinco semanas de bloqueos y manifestaciones, se prepara para un mes de noviembre de protestas continuadas, conscientes del riesgo físico de la lucha y de que las migajas ofrecidas por el Ejecutivo no resuelven el problema de fondo.

De forma paralela, la empresa de inteligencia artificial Anthropic registró pérdidas valoradas en 80.000 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, según consta en la documentación financiera entregada por la propia compañía para su salida a bolsa en EEUU y revelada por The Washington Post. La firma, creadora del modelo de lenguaje Claude, incrementó sus costes operativos de infraestructura en centros de datos hasta los 9.000 millones de dólares solo en el primer semestre, superando los 7.300 millones destinados a este fin en todo el año 2025. Pese a que la empresa aumentó sus ingresos de 1.160 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 16.300 millones en el mismo periodo de 2026, la quema acelerada de capital evidencia las dificultades de las multinacionales privadas para generar beneficios reales ante los costes de cálculo y la competencia de modelos de código abierto más baratos de operar. En el folleto de cotización, la dirección de Anthropic admitió además riesgos vinculados a su propia tecnología, como la “destrucción de empleo” o “riesgos catastróficos para la humanidad”, e informó de que sufrió una brecha de seguridad ejecutada por investigadores de una firma integrada por antiguos miembros del organismo estatal estadounidense DOGE Service. De todas formas, la pérdida de Anthropic es por ahora mayoritariamente contable.

Ante la falta de retorno financiero directo, las multinacionales privadas trasladan la presión a sus plantillas eliminando puestos de trabajo de forma masiva. La corporación estadounidense Microsoft presentó una propuesta de salidas voluntarias dirigida a unos 60.000 trabajadores y trabajadoras en EEUU, Canadá, India y el Reino Unido, según confirmó el grupo a la agencia AFP. La medida alcanza al 27 % de su fuerza de trabajo global (que ascendía a 223.000 personas a finales de junio) y afecta a divisiones del grupo hasta el rango de vicepresidente, con la única excepción de parte del personal de centros de datos, ventas y mercadotecnia. La maniobra empresarial se suma a la supresión de 4.800 puestos de trabajo ejecutada por la firma a principios de julio (el 2,1 % de su plantilla mundial) y a los más de 15.000 despidos aplicados en 2025, mientras la multinacional destina 41.000 millones de dólares a inversión de capital en un solo trimestre, principalmente para centros de datos y chips.

Mientras las empresas privadas destruyen capital, las instituciones públicas utilizan la automatización para justificar la reducción de plantillas y gasto social. El Gobierno de Países Bajos anunció este lunes un plan para eliminar 25.000 puestos de trabajo en la administración central mediante un proceso de reestructuración basado en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, según informó la agencia Bloomberg. El Ejecutivo neerlandés pretende reducir el gasto público en 900 millones de euros anuales para 2027, con el objetivo de escalar este recorte hasta los 3.500 millones de euros al año a partir de 2035. La medida afectará a una plantilla estatal que alcanzó el récord de 160.000 trabajadores a finales de 2025, tras crecer un 41 % desde 2018.

Esta reducción de puestos de trabajo en el sector público neerlandés se produce a pesar de que el país registra un déficit presupuestario del 1,8 %, una de las cifras más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, la administración justifica la eliminación de empleos en “la necesidad de reducir la estructura del Estado”. “No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Por eso vamos a tomar decisiones difíciles para un Gobierno central que realmente funcione: más simple, más inteligente y más pequeño”, declaró el secretario de Estado para el Gobierno Efectivo, Eric van den Burg. El Gabinete neerlandés tiene previsto presentar a principios del próximo año el plan detallado para implantar los sistemas de inteligencia artificial con los que pretende suplir las funciones de los empleados públicos despedidos.

Detrás de la operación están los activos de la petrolera estatal Sonatrach y el Gasoducto Transahariano (TSGP). Las tropas se desplegarán previsiblemente en Madama, al norte de Níger, una antigua base francesa de la Operación Barkhane situada a unos 85 kilómetros del campo petrolífero de Kafra, operado por Sonatrach y la estatal nigerina Sonidep, con reservas prospectivas estimadas en hasta 2.500 millones de barriles, según Anadolu. Además, el proyecto del gasoducto, de más de 4.000 kilómetros y un coste estimado de 13.000 millones de dólares, busca transportar gas desde Nigeria a Europa a través de Níger y Argelia, una infraestructura que Argelia comenzó a construir en su territorio en junio de 2026 y que se relanzó tras la crisis política de la región.

El senador Belkacem Boulghiti defendió la operación tras la votación: “No enviamos a nuestros soldados a hacer la guerra en Níger, sino para una misión de asegurar infraestructuras económicas [...] Es simplemente una adaptación de nuestra doctrina a las circunstancias evolutivas para hacer frente a los nuevos desafíos impuestos por la situación en la región del Sahel”. El presidente Tebboune ya había advertido a principios de octubre: “Protegeremos a Níger pase lo que pase [...] algunos buscan destruir todo eso de un día para otro. Estamos en condiciones de defender, primero a nuestros amigos, y luego los intereses que tenemos en común”. El despliegue supone un cambio en la doctrina de no intervención de Argelia, motivado por su intención de asegurar su “profundidad estratégica” en una región gobernada por juntas militares aliadas y asolada por grupos armados. Argelia ha invertido fuertemente en los últimos meses, incluyendo la donación de una central eléctrica de 40 MW en Niamey y el envío de aviones de combate Su-30 en agosto de 2026.

La declaración de Sánchez viene acompañada de las medidas excepcionales que ya se están aplicando. Las fuerzas policiales practicaron un total de 130 detenciones, entre ellos 54 mayores de edad y 76 menores (74 chicos y 2 chicas), un volumen de arrestos que ha colapsado los juzgados de guardia de Barcelona. La Fiscalía de Menores ya ha solicitado que internen a seis de los detenidos (tres ya decretados) y ha impuesto a otros veinte la libertad vigilada con la prohibición expresa de acudir a reuniones o manifestaciones o acercarse a menos de 1.000 metros de ellas. Para los adultos y para los menores que se salten esta medida cautelar, el Ministerio Público ha advertido de que solicitará directamente su ingreso en prisión o en un centro de internamiento si vuelven a ser arrestados. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni (PSC), confirmó además que serán los progenitores quienes asuman los 36.000 euros en daños al mobiliario urbano. “Serán sus padres quienes asuman el coste financiero”, declaró.

Censura de redes

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha apelado a WhatsApp y Telegram para que cierren los chats en los que se organizaban los encuentros y para que revelen la identidad de quienes los impulsaron, a los que calificó de “identidades camufladas”. Según la Generalitat, la convocatoria partió de la plataforma “Blocus” en TikTok, un movimiento inspirado en las protestas estudiantiles francesas de los Lycées Indignés, bajo el lema “Por la calidad del instituto”. Parlon también ha prometido “tolerancia cero” y ha insistido en que detrás de estos grupos “no hay ningún otro fin que sembrar el caos”.

Reproches cruzados en precampaña electoral

Mientras Sánchez prometía “cero tolerancia”, su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aprovechaba para apuntar hacia el PP y Vox, a quienes acusó de promover “la desinformación y la injerencia” en las redes con la intención de sacar rédito electoral. El PP, por su parte, instrumentaliza los disturbios para atacar al Gobierno: su secretario general, Miguel Tellado, acusó a Sánchez de “dejación y pasividad” ante episodios promovidos por la “extrema izquierda”, y el alcalde de Badalona y candidato del PP, Xavier García Albiol, fue más allá y calificó los altercados de “asalto militar”. Ninguno de ellos mencionó la situación socioeconómica y educativa de la juventud. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, al igual que numerosos sectores de la izquierda, difundió directamente teorías de la conspiración infundadas: “Alguien está moviendo hilos para desacreditar las reivindicaciones por la lucha de la vivienda y la huelga del 11-N”.

La comparación directa entre la tasa de condenas policiales y la de la población general pone de manifiesto un sesgo estructural que facilita la impunidad policial. Según los datos recogidos en el fanzine, anualmente 1,87 de cada 1.000 guardias civiles son condenados por procedimientos penales, una cifra tres veces inferior a la de la población española, que se sitúa en 5,78 por cada 1.000. Es decir, a pesar de que la policía es un cuerpo armado, con acceso a información sensible, con facultad de usar la fuerza, su tasa de condenas es notablemente más baja que la del resto de la ciudadanía. Pero esto no demuestra que los policías delinquen menos, al contrario, esta diferencia solo evidencia el “enorme manto de encubrimiento que ejerce la cultura corporativa, los poderes ejecutivo y judicial y el ecosistema mediático”, según denuncia la publicación.

De hecho, la gravedad de los delitos policiales que sí llegan a juicio y se condenan desmonta el mito del “cuerpo profesional y ejemplar”. Desde 1996, más de 500 funcionarios públicos han perdido su plaza por una condena firme; de ellos, 201 eran policías (sin contar autonómicos ni Guardia Civil). Las condenas incluyen 28 por detención ilegal o secuestro, 28 por tráfico de drogas, 13 por homicidio, 4 por agresión sexual, junto con 29 condenados por tortura en 2023.

En consecuencia, no es que los delitos cometidos por policías se sitúen de forma puntual y ligera por encima de otras profesiones, sino que son muy superiores en comparación: por homicidio, solo dos trabajadores de la educación y cero del resto de categorías perdieron su plaza; por agresión sexual, solo un trabajador de servicios postales fue condenado. A esto se suman las “muertes” bajo custodia, que casi nunca terminan en condenas firmes: al menos 162 personas “fallecieron” en intervenciones policiales entre 2015 y 2022, y 148 entre 2020 y 2025, la mayoría clasificadas oficialmente como “causas naturales” o “suicidios”, una categorización vaga que impide esclarecer responsabilidades.

Mafias narcopoliciales, la punta del iceberg

A esto se suma el narcotráfico como una característica estructural interna: el Ministerio del Interior contabilizó al menos 106 policías detenidos o investigados por delitos relacionados con la droga entre 2021 y 2025, marcando una media de un guardia civil y un policía nacional detenidos al mes por este tipo de delitos. Al menos cuatro de las diez mayores incautaciones de cocaína de la historia del Estado cuentan con agentes implicados. El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, vinculado a la mayor trama de narcotráfico conocida, declaró abiertamente ante la Audiencia Nacional que la UDYCO “fabrica informes falsos” de manera sistemática para ocultar a los jueces el origen de sus investigaciones y proteger a algunos narcos de forma selectiva.

Estas mafias narcopoliciales atraviesan toda la cadena de mando: desde agentes rasos, pasando por mandos intermedios y hasta altos rangos, como el teniente coronel David Oliva en el Estrecho, el jefe de Estupefacientes de Valladolid, Luis Fernández Rafael, el subteniente responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia (Castilla y León) Miguel Ángel Barbero, procesado por segunda vez por los mismos delitos de narcotráfico, o el teniente general de la Guardia Civil condenado en el “caso cuarteles”. Estos son tan solo algunos de los policías de primer nivel detenidos recientemente por proteger o distribuir la droga que decían perseguir. Cuanto más se retrotrae el historial, más larga es la lista.

Violencia machista policial: sobrerrepresentación y accesos irregulares a archivos y el sistema VioGén

La violencia machista policial e institucional, que supone una categoría específica y especialmente grave de la violencia machista, es otra de las caras de esta impunidad sistemática. Recientemente, una decena de policías locales, en Santander (Cantabria) y Granada (Andalucía), han sido procesados por usar el sistema VioGén para rebajar el nivel de riesgo de víctimas o filtrar sus datos a sus agresores. En un orden de cosas similar, el Tribunal de Estrasburgo resolvió que la Policía Nacional española manipuló pruebas de dos violaciones en Iruñea (Nafarroa) de dos mujeres que fueron violadas mediante sumisión química por dos hombres, uno de ellos, familiar de un agente de policía. Las pruebas “desaparecieron” y el TEDH ha detectado irregularidades en la investigación.

En Melilla, dos agentes de la Policía Nacional fueron condenados en una sola semana por agresiones sexuales a menores: uno a nueve años y medio por violar a una joven de 17 años y otro a cinco por abusar de la hija de su expareja desde los 7 años. La recopilación de casos de 2026 revela que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina, copando por momentos el 5,41% de los feminicidios siendo solo el 0,30% de la población. Tanto en los meses de verano de 2023 como de 2024, una sexta parte de los feminicidios en el Estado español se produjeron a manos de policías en activo o retirados. La opacidad institucional y los “fallos” en la protección de las víctimas, como el caso de Laura Cruz asesinada en el cuartel de Llanes por su expareja, también agente, demuestran que el aparato policial no solo no protege a las mujeres, sino que actúa como un poder paralelo que las expone a situaciones de violencia. El exjefe de la Policía Nacional denunciado por violación se jubiló con un sobresueldo vitalicio del 20% por sus medallas, después de que dimitiera tras la denuncia de una subordinada. Otras mujeres policía estudiaron sumarse a la misma denuncia. A todo esto se añade la impunidad a posteriori en los juicios, como ilustra el caso del policía nacional que se libró de entrar en prisión tras abusar sexualmente de una niña de 14 años. El Alto Tribunal andaluz lo condenó a año y medio de cárcel y mantuvo su placa y su condición de funcionario en activo.

Aumento del presupuesto policial bajo el “Gobierno progresista”

A pesar de este historial, el Estado sigue apostando por seguir inflando los cuerpos policiales con efectivos y presupuestos en detrimento de las sociales. El Estado español cuenta con una tasa de 500 a 520 agentes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea (341), y su gasto en policía representa el 1,2% del PIB, frente al 0,9% de la UE, duplicando la inversión de los países nórdicos. Mientras tanto, el gasto en educación se sitúa en el 4,6% del PIB (frente al 5,9% europeo) y faltan 95.000 enfermeras para alcanzar la media. Además, lo más paradójico es que esta prioridad presupuestaria policial no se traduce en menos delitos, sino en más control, represión e impunidad policial: en Vigo, al menos 300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales compartieron durante seis años datos restringidos de cientos de personas (fichas de la DGT, antecedentes y capturas) en el grupo de Telegram "Alerta Policial Pontevedra", con la connivencia de los mandos. Los datos demuestran que aumentar el número de agentes solo incrementa las detenciones, los registros de infracciones y los medios que disponen los cuerpos policiales para ejercer la represión tanto de forma legal como ilegal, no la seguridad real, que se mantiene en niveles relativamente estables.

Por otro lado, los datos también desmontan la pretensión de presentar a la policía como si fuese un cuerpo “neutral”: casi el 50% de sus efectivos vota a Vox y el 80% a la derecha o extrema derecha, una ideología que, recuerda SinPoli, coincide con su función de proteger el orden capitalista y racista, mientras sus propios delitos quedan impunes bajo el manto del uniforme.

La versión oficial en tela de juicio

El piquete se encontraba “detenido pacíficamente”, sin objetos contundentes ni armas, y los agentes “se negaban a entablar diálogo” pese a los reiterados intentos del comité de huelga. El informe hace notar que, según la “ley mordaza”, antes de intervenir se debe avisar “clara y verbalmente a los manifestantes”, algo que no ocurrió. Además, el Rectorado de la UCM ha comunicado que en ningún momento solicitó, requirió ni motivó la entrada de dotaciones policiales al campus. La Delegación del Gobierno en Madrid corroboró que la actuación no obedecía a una orden gubernativa expresa, sino “a una decisión puramente discrecional adoptada sobre el terreno por el mando operativo de la Unidad de Intervención Policial”.

Brutalidad de la intervención

Los agentes identificados con dorsales como 1U104, 1U1064 y 1U1025 golpearon con porras en zonas prohibidas por los protocolos policiales (cabeza, torso, articulaciones), arrastraron a estudiantes por el pelo y dispararon pelotas de goma. La actuación policial, definida como “desmesurada”, provocó que tres personas precisaran evacuación urgente a centros hospitalarios por contusiones severas y fracturas óseas, entre ellas la rotura y fractura de antebrazo de una estudiante. Tras las cargas, los agentes impusieron “un régimen de confinamiento y retención coactiva durante más de noventa minutos”, pese a que los manifestantes expresaron su voluntad de disolverse. Varios agentes actuaron sin su identificación visible y llegaron a “empujar físicamente” a la vicerrectora de Estudiantes, según relatan los testigos.

La represión policial, que se saldó con cinco detenidos y varios heridos graves, se produjo en la primera jornada de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública de Madrid, a la que están llamados 65.000 docentes. Un día después de las cargas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció una investigación interna, mientras la Organización Estudiantil Socialista (OES) y el Frente de Estudiantes exigieron su dimisión y la del rector de la UCM, Joaquín Goyache. El informe jurídico concluye que la comunidad universitaria actuó en todo momento de forma “estrictamente pacífica, sin incurrir en violencia física, resistencia activa ni comisión de ilícito alguno”, y exige que los agentes asuman la “responsabilidad penal” derivada de sus actos.

Sin embargo, los estudiantes calificaron las propuestas como “insuficientes”. “Es un paso, pero hay que ir más lejos. El Gobierno tiene miedo, ha demostrado que está desorientado”, declaró Louis Letoublon, vicepresidente del sindicato Les Lycéens!, tras la reunión. La intersindical juvenil, que agrupa a organizaciones como L'Union étudiante, la FAGE y la UNEF, cifró en 10.000 millones de euros la inversión necesaria y llamó a continuar las protestas en la calle.

Los estudiantes califican Parcoursup como plataforma “elitista, racista y clasista”

El punto más conflictivo sigue siendo Parcoursup, la plataforma virtual de preinscripción universitaria que los estudiantes consideran un “robot” elitista, racista y clasista. El Ejecutivo ha propuesto una reforma en dos fases: una primera serie de ajustes en 2027 para “aumentar la transparencia”, y un “reemplazo” definitivo en 2028. Para Le Monde, esta promesa queda en el aire, pues depende del resultado de las elecciones presidenciales de primavera y del presupuesto, que actualmente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Además, la medida estrella para frenar la masificación en las aulas (limitar a un máximo de 28 alumnos por clase) solo se aplicará en las clases de segundo de bachillerato (seconde), a partir de 2027 y de forma gradual. En la actualidad, el 77% de las aulas de ese nivel en la vía general y tecnológica supera los 30 alumnos.

Una oferta mínima tras cinco semanas de lucha encarnizada

La respuesta del Estado llega tras cinco semanas de bloqueos y manifestaciones, con un pico de confrontación el pasado 17 de octubre, cuando 550.000 personas se movilizaron en todo el país y 1.800 fueron detenidas. En Limoges, un grupo de manifestantes incendió el histórico edificio del Ayuntamiento del siglo XIX. El presidente Emmanuel Macron, que se desplazó a Marsella para inspeccionar los daños, defendió la actuación policial (con un despliegue reforzado de 70.000 agentes el fin de semana) y declaró que “el derecho a manifestarse ha sido preservado y el orden republicano ha sido mantenido”. Macron advirtió de que el próximo sábado “seguirá siendo una jornada de riesgo” y confirmó que el Gobierno impondrá recorridos a las manifestaciones fuera de los centros urbanos. El mandatario reconoció que “no es normal” que Francia se encuentre en este estado de efervescencia a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon parten como favoritas.

Las medidas anunciadas suponen un reconocimiento implícito del fracaso de las políticas educativas de los dos mandatos de Macron. Los propios ministros que ahora negocian la salida de la crisis fueron responsables directos en la creación de Parcoursup y en las reformas de los institutos que ahora prometen deshacer. Las organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes, como SE-UNSA, denuncian que las promesas dependen de enmiendas presupuestarias que “son papel mojado” y que el Ejecutivo trata de ganar tiempo mientras la movilización social, que ya une a estudiantes, Chalecos Amarillos, funcionarios y pensionistas, se prepara para un nuevo mes de noviembre de protestas continuadas.

Mutilaciones y heridos graves

Mientras el gobierno lamenta daños materiales, la represión policial contra el movimiento estudiantil francés ha dejado un reguero de mutilaciones y heridas graves que contradice el relato oficial sobre el uso de “armas menos letales” y un presunto “caos y destrucción unilateral”. Según el balance difundido por el activista Raphaël Pradeau, profesor y padre de un estudiante de secundaria, entre el inicio de las protestas y el pasado 24 de octubre se han registrado 8 personas ciegas de un ojo, 2 rostros destrozados, 5 amputados y 14 heridos graves. La lista de víctimas de la violencia policial, recopilada a partir de partes médicos y testigos, incluye a Maël, un joven de 16 años de Tours que perdió un ojo por un disparo de LBD el 30 de septiembre; a Evan, de 15 años, que sufrió la amputación de una mano por una granada de desencerclamiento en Lens el 5 de octubre; y a una adolescente de 16 años en Martigues que perdió un ojo por una granada lacrimógena. Otros casos documentan manos arrancadas, piernas destrozadas, testículos reventados y arterias femorales seccionadas por el impacto de estas armas.

Ante esta situación, Pradeau y otros padres han impulsado una petición en la plataforma de la Asamblea Nacional (N°7231) que ya ha superado las 151.000 firmas y exige la prohibición de las armas mutilantes y las técnicas de inmovilización letales en las manifestaciones estudiantiles. La petición reclama el retiro de los LBD 40, las granadas explosivas y de desencerclamiento (como las GM2L y DMP, que provocan arrancamientos y esquirlas), y los pistolas Taser, así como la prohibición de maniobras de asfixia como el placaje ventral, las llaves de estrangulamiento y el plegado corporal. “La respuesta del gobierno es criminalizar a nuestros alumnos, a nuestros hijos”, denuncia Pradeau, quien cita al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para evidenciar la deriva represiva: “Han olvidado que son estudiantes de secundaria, son simplemente matones, delincuentes”. El ministro ha asumido además que no da “ninguna consigna de contención y ninguna consigna de no utilizar todo el armamento intermedio a disposición”.

La respuesta política no se queda en el castigo y la reducción de libertades políticas a los jóvenes, sino que apunta directamente a la censura de las herramientas de comunicación. La consellera Parlon ha apelado a WhatsApp y Telegram para que cierren los chats en los que se organizaban los encuentros y para que revelen la identidad de quienes los impulsaron, a los que calificó de “identidades camufladas”. Según la Generalitat, la convocatoria partió de la plataforma “Blocus” en TikTok, un movimiento inspirado en las protestas estudiantiles francesas de los Lycées Indignés, y para participar se facilitaba un código QR que dirigía a grupos de mensajería. Parlon, que anteriormente ha sido acusada de infiltrar policías en asambleas de huelgas educativas en Catalunya, ha prometido “tolerancia cero” y “todo el peso de la ley” de cara a la próxima convocatoria de protestas del 31 de octubre.

El relato oficial del Gobierno central y de los medios afines se ha volcado en deslegitimar la protesta. El presidente Pedro Sánchez ha prometido “cero tolerancia” ante el “vandalismo instigado desde las redes”, asumiendo un marco que convierte la protesta combativa en sospechoso de sabotaje externo, y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha deslizado que “cuando se siembra el caos... siempre hay un ganador, que es la extrema derecha”.

Mientras las democracias liberales señalan con el dedo a otros países por tomar medidas de control similares, aquí se exige a las plataformas extranjeras que ejerzan de policía y censuren la organización ante un estallido de descontento social, sin importar que el riesgo de desestabilización estatal sea infinitamente menor que en otros contextos.

El origen del escándalo se remonta a 2017, cuando la campaña de Weidel en el distrito electoral de Bodensee recibió 132.000 euros procedentes de Suiza. La legislación alemana prohíbe expresamente las donaciones a partidos políticos procedentes de fuera de la Unión Europea, y Suiza no es un Estado miembro. Según informa elDiario.es, Weidel siempre defendió que “se enteró de la transferencia en septiembre de 2017 y que ordenó su devolución inmediata”. Sin embargo, los correos hackeados y examinados por el semanario Der Spiegel y el diario Süddeutsche Zeitung demuestran que la líder fascista ya conocía la existencia de ese dinero en julio de 2017, dos meses antes, e incluso pidió a su equipo estar atento a la entrada de “posibles donaciones” para financiar su campaña en redes sociales. Un tribunal administrativo ya condenó a AfD por estos hechos en 2023, pero la nueva evidencia documental podría reabrir el caso en el ámbito penal.

Contenido neonazi

La filtración, que abarca desde marzo de 2013 hasta septiembre de este año y consta de 284 gigabytes de información, también expone un ambiente interno de racismo y la apología abierta del nazismo. Los correos revelan a miembros del partido bromeando con convertir a refugiados en bolsos y botas, en alusión a los campos de concentración, y muestran cómo un presidente de distrito dimitió tras recibir una tarjeta de Navidad con la frase “Heil Hitler” y una esvástica. En otro mensaje de 2023, se proponía que soldados y policías armados ocuparan temporalmente el Reichstag para combatir a los políticos que, según el autor, violan la Ley Fundamental. El hacker responsable declaró al medio especializado International Cyber Digest que su motivación era exponer “la degeneración e hipocresía” y “la cantidad de mal uso financiero” del partido, y afirmó haber rechazado una oferta anónima de 100.000 euros para retirar los datos.

¿Ilegalización de la AfD?

La dirección del partido intenta minimizar la filtración. AfD ha reconocido el ataque informático a su proveedor de alojamiento, pero asegura que solo se copiaron “algunos pocos buzones” que llevaban años sin usarse y que los sistemas federales actuales no se han visto afectados. Un portavoz de Weidel ha asegurado que la líder no hará declaraciones sobre el asunto. El escándalo ha reavivado el debate sobre la ilegalización de la formación. Diputados del una facción del Partido Socialdemócrata (SPD) piden que la información filtrada sirva para impulsar un proceso de prohibición en el Tribunal Constitucional, aunque el canciller Friedrich Merz se opone por ahora. Queda por ver si la justicia alemana acepta los correos hackeados como prueba válida, un dilema que recuerda al fracaso de la ilegalización del partido neonazi NPD en 2003, cuando las pruebas fueron rechazadas por haber sido obtenidas por informantes de los servicios secretos federales.

Miles de manifestantes se han desplazado hasta el puente de Deustu entre gritos contra el fascismo. El puente estaba completamente abarrotado al paso de la movilización. Al finalizar la marcha, han tomado la palabra miembros de IAS, que han explicado que los estudiantes trabajadores estarán “en primera línea” “frente al fascismo y a los provocadores reaccionarios que vienen a azuzarlo”. Zoppellari es uno de esos ejemplos, y la organización estudiantil ha advertido del peligro que representan figuras de este tipo: “Quiles y los payasos provocadores de su calaña vienen a hacer lo siguiente: negar la violencia machista, normalizar e intensificar el racismo, atacar a los colectivos excluidos y difundir un mensaje claramente anticomunista”.

Una respuesta antifascista ejemplar en varios territorios

En las últimas semanas se ha conseguido impedir las apariciones públicas de Vito en varios lugares, como Iruñea (Nafarroa, Euskal Herria), Barcelona (Catalunya) y Zaragoza (Aragón). IAS ha recordado que esto ha sido posible gracias a una “respuesta antifascista ejemplar”. “Que reciban todo nuestro apoyo y solidaridad los antifascistas que han sido perseguidos y detenidos en los últimos días por movilizarse contra Quiles”, han declarado en voz alta los miembros de IAS desde el puente de Deustu.

Más allá de los provocadores fascistas: la función del fascismo y las elecciones

Al ampliar la mirada más allá de provocadores como Zoppellari, han recordado que, “en un contexto de crisis”, el fascismo es “imprescindible para la supervivencia del capitalismo”. “Para impedir que la clase trabajadora se levante contra el sistema, la burguesía utiliza el fascismo para aprovechar el malestar de la clase media, que está atravesando un proceso de empobrecimiento, y señalar como responsables de la miseria a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, como las personas migrantes”, ha denunciado IAS. “No confundamos al enemigo. El problema no es quien sufre la miseria, sino quien la genera. Por tanto, debemos entender la lucha contra el fascismo como parte de la lucha contra el capitalismo”.

Asimismo, la organización ha recordado que pronto se celebrarán elecciones generales en el Estado español y ha señalado que “los partidos parlamentarios de izquierda están difundiendo el miedo a que llegue el fascismo” para “conseguir votos”. Frente a ello, los estudiantes se han expresado con claridad: “El PSOE y los partidos que sostienen su Gobierno le han tendido la alfombra roja al fascismo. Han permitido que los fascistas campen por las calles con total impunidad; el propio Vito Quiles, Núcleo Nacional, las empresas de desokupación o Ceuta son ejemplos de ello. Además, el PSOE ha sido el partido que durante los últimos ocho años ha implantado una agenda autoritaria mediante reformas”.

Y han añadido: “Los partidos que reivindicarán el antifascismo durante la campaña electoral han hecho muy poco contra el fascismo y han criminalizado y perseguido la respuesta antifascista en las calles”.

Un movimiento estudiantil antifascista basado en la unidad de la clase trabajadora

IAS ha reivindicado así que es “prioritario” “construir un movimiento estudiantil antifascista, al margen de las instituciones capitalistas y basado en la unidad de la clase trabajadora”. “Ya somos muchos los estudiantes que hemos empezado a organizarnos contra el fascismo, centro educativo por centro educativo y facultad por facultad. Como dejamos claro a principios de mes miles de jóvenes en Elizondo, toda una nueva generación está dispuesta a darlo todo contra el fascismo”, ha declarado con firmeza.

En este sentido, tras la manifestación de la mañana, han convocado a acudir a las 16:00 a la Universidad de Deustu para sumarse a la movilización organizada bajo las consignas “contra los provocadores fascistas” y “unidad de clase”.

Se ha tratado de una operación conjunta de la Audiencia Nacional, la Policía Foral y la Ertzaintza, con resultados cuestionables: el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra ha reconocido que no se ha producido ningún hallazgo. Según fuentes policiales consultadas por Noticias de Navarra, “no había nada” en el lugar.

La Ertzaintza interceptó a los dos ciudadanos vascos en un control a mediados de septiembre y, supuestamente, les encontró “material delicado”, entre el que figuraba información sobre un presunto escondite de “armas y explosivos” (presumiblemente, sus coordenadas), así como información relativa a varios agentes de policía.

Tres semanas después, ambas personas se presentaron en la comisaría de la Ertzaintza de Irun (Gipuzkoa), donde fueron detenidas. Tras ser trasladadas a Madrid, un juez de la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión, acusándolas, entre otros cargos, de “depósito de armas” y de pertenencia a un “grupo terrorista”. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas pruebas claras que sustenten dichas acusaciones.

La defensa de las dos personas encarceladas ha reiterado en varias ocasiones que no existen pruebas contra ellas. “Los únicos indicios o supuestas pruebas que pretenden utilizar son las actividades legítimas propias de las dinámicas públicas y políticas de desobediencia y de las dinámicas de lucha política que existen en Euskal Herria. Y eso es precisamente lo que están utilizando”, declaró el abogado Aratz Estonba en una rueda de prensa.

Añadió que una de las personas detenidas estaba investigando posibles infiltraciones policiales, y que esa era la razón por la que disponía de toda esa información y de ese material “delicado”.

El exagente y actual comisionado para la policía del Bundestag, Uli Grötsch, ha sido el encargado de poner cifras a una realidad que las autoridades alemanas llevan años tratando de contener. En declaraciones a TVE, Grötsch ha sido tajante sobre la supuesta incompatibilidad entre el uniforme y la ideología fascista: “Los grupos de ultraderecha no tienen derecho a formar parte de la policía”. Sin embargo, tras 19 años en el cuerpo, Grötsch reconoce que la cifra de más de 400 investigados podría ser solo “la punta del iceberg” de un problema mucho mayor. “Ya es una cifra extremadamente alta. Lo que necesitamos hacer es hablar de ello y tomar medidas, para que semejante cifra de policías fascistas no sea posible en Alemania”, ha señalado, recordando que en todo el país hay 230.000 agentes que “cumplen con su juramento de defender la Constitución”.

Los datos oficiales confirman una tendencia al alza que el Gobierno alemán ya no puede ignorar. El Ministerio del Interior ya publicó en 2022 un informe en el que reconocía que se habían detectado posiciones “extremistas” en 327 policías durante los tres años anteriores. A esta presencia normalizada en los aparatos del Estado se le suma el auge electoral de Alternativa por Alemania (AfD), que el pasado verano logró su primera alcaldía a tiempo completo en Raguhn-Jessnitz, un municipio de unos 9.000 habitantes en Sajonia-Anhalt. Además, en enero, un portal de investigación destapó una reunión secreta de la ultraderecha en la que se presentó un plan para expulsar a millones de inmigrantes del país y en la que participaron destacados cargos de AfD, hecho que evidencia la connivencia entre el proyecto reaccionario y las estructuras del poder de la República Federal.

Mientras tanto, miles de personas han salido a las calles de ciudades como Berlín, Múnich o Colonia en protesta contra el avance de la reacción y la complicidad de las instituciones.

La OES denuncia que la institución ha colaborado con el fascismo en múltiples formas. Primero, “solicitando y permitiendo la entrada de los cuerpos policiales en el recinto universitario para impedir que la concentración antifascista expulsase del mismo a los seguidores del provocador Vito Zoppellari Quiles”. La OES señala a la rectora de la universidad Rosa María Bolea, junto a la delegada del gobierno Noelia Herrero Arenas, como la “principal responsable de la brutalidad policial” (porrazos en la cabeza, gases lacrimógenos, pelotas de goma, etc.) sufrida por las antifascistas.

Después, señalan el “blanqueando del nuevo movimiento fascista del que Vito forma parte” en las comunicaciones públicas de la universidad, donde a su vez “criminalizan la organización antifascista”. Según la OES, el comunicado publicado el viernes por la universidad para valorar los hechos acontecidos el pasado jueves refleja una equidistancia que, a la hora de la verdad, “termina por normalizar el fascismo, ante el que solamente se puede actuar de dos maneras: defendiéndolo o combatiéndolo”. Para la organización no cabe “convivencia” ni “respeto” hacia una ideología basada en la opresión de las mujeres, los migrantes, las personas LGTBIQ+ y el conjunto de la clase trabajadora.

Además, señalan que el rechazo abstracto a la “violencia” y el “enfrentamiento” enunciado por la Universidad de Zaragoza ofrece una “pátina de legitimidad” a la detención de cinco antifascistas por parte de la policía, que se ha resuelto con su imputación por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Desde la organización estudiantil del Movimiento Socialista recuerdan que se trata de los mismos cargos que fueron empleados contra los 6 de Zaragoza y la PAH de Zaragoza, dos casos de montaje policial que han tenido lugar en la ciudad en los últimos años.

En último lugar, recriminan que la universidad acompañaría a los fascistas impidiendo a las organizaciones estudiantiles que secundaron la concentración antifascista realizar su actividad con normalidad desde entonces, negándoles todos los permisos que han solicitado. Desde la OES, entienden que “se trata de una denegación arbitraria, propia de una institución antidemocrática como la universidad, con la que se trata de criminalizar y reprimir la respuesta antifascista de las estudiantes”, pero aseguran que no van a detener su actividad. Sentencian que este comportamiento no les sorprende, pues el propio vicerrector de estudiantes “coaccionó individualmente a militantes de la organización por haber difundido la convocatoria”. Según apuntan, todo lo sucedido “no hace más que reafirmarles en su lucha por un modelo educativo en el que el control de la universidad deje de estar en manos de burócratas y empresarios y pase a recaer en sus trabajadoras y estudiantes, algo que sólo será posible bajo un Estado Socialista”.

Para protestar contra todo ello, las estudiantes socialistas han convocado una concentración de urgencia que tendrá lugar este lunes a las 19:00 en la entrada de la facultad de Filosofía y Letras en la que también exigirán tres medidas. En primer lugar, la dimisión de la rectora Rosa María Bolea, principal responsable (junto a la delegada del Gobierno Noelia Herrero Arenas, del PSOE) de la brutal intervención policial. En segundo lugar, el archivo de los cargos imputados a los 5 detenidos. En tercer lugar, el fin de la presencia policial en los campus universitarios y de las trabas burocráticas a la actividad política.

Para facilitar la participación, el sindicato ha puesto en marcha una página web en la que quienes quieran sumarse a las asambleas pueden consultar información sobre las reuniones que se celebran en cada localidad. Además, ha publicado materiales de agitación para trabajar de cara a la huelga. De este modo, cualquier persona que lo necesite podrá descargar carteles y otros materiales para colocarlos tanto en los centros de trabajo como en las calles de su localidad.

La página web está disponible en el siguiente enlace.

La mayoría sindical y los sindicatos de vivienda de Euskal Herria han convocado conjuntamente la huelga del 11 de noviembre, sobre la base de tres reivindicaciones principales: la expropiación de los especuladores, la prohibición de la especulación y la planificación de la vivienda en función de las necesidades sociales.

Gallardo: “¿Cuánto dinero pagáis a ‘medios de comunicación’ satélites de determinados partidos políticos?”

El primer choque lo protagonizó García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, que devolvió la pregunta al lobby: “¿Por qué no ponéis un tuit contando qué candidatos habéis colocado en listas en estas elecciones? ¿Cuánto dinero pagáis a ‘medios de comunicación’ satélites de determinados partidos políticos?”. ACOM respondió con un insulto (“Relax. Seguro que sales por Falange. Pringao”) y el exdirigente remachó: “Prefiero mil veces no estar en listas que ser el felpudo de un lobby extranjero”. Carla Toscano, exdiputada y exconcejal, fue más lejos y señaló el fondo del conflicto: “No voy en las listas porque yo tomé la decisión de dejar mis cargos y de dejar la política. Y no voy en las listas porque nunca he necesitado lamerle las botas a nadie, y menos a un partido irreconocible con el que no me identifico, ni a un lobby sionista, ni a agentes de un gobierno extranjero”.

Antelo: “No estoy ni quiero estar en ninguna lista de Netanyahu”

José Ángel Antelo, expresidente provincial de Vox en Murcia y exvicepresidente del Gobierno autonómico tras el pacto con el PP en 2023, se sumó al rechazo: “No estoy ni quiero estar en ninguna lista de Netanyahu. No recibo órdenes de ninguna potencia extranjera. Mis únicos jefes son los españoles. Mi lealtad es con España”. Su salida se precipitó el pasado febrero, cuando los cinco integrantes del Comité Ejecutivo Provincial dimitieron en bloque por una grave crisis de cohesión interna, y Antelo se negó a entregar su acta de diputado autonómico.

Ortega Smith: “Donde seguro que no estaré nunca es en las listas que decidan los Netanyahu”

Javier Ortega Smith, fundador de Vox, secretario general entre 2016 y 2022 y vicepresidente entre 2022 y 2024, resumió su postura con una frase: “Donde seguro que no estaré nunca es en las listas que decidan los Netanyahu”. Fue suspendido de militancia en febrero de 2026 y posteriormente expulsado.

Los cambios en las candidaturas muestran una transformación interna de Vox. Según EFE, la nueva lista madrileña sitúa a Abascal al frente, seguido de Montserrat Lluís, Juan Sergio Redondo y Pepa Millán. Los puestos tercero y cuarto que en 2023 ocuparon Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith pasan así a otras figuras de la organización. ACOM, fundada por David Hatchwell (financiador de las campañas de Benjamin Netanyahu y cofundador del grupo), ha operado históricamente como una correa de transmisión de las tesis del Estado de Israel en la política española, tejiendo alianzas con cargos de Vox y el PP, presionando para alinear el discurso de ambos partido con los intereses de Tel Aviv.

Injerencia de Israel en la política Europea

El choque en la red social evidencia que Vox está siendo señalado con cada vez mayor ferocidad como un apéndice de las estrategias políticas de potencias extranjeras, incluso por parte de sus dirigentes históricos. La pretensión de presentar la defensa de la “mano dura” y el cierre de fronteras como una presunta rebelión contra el poder establecido queda así en entredicho, como muestran la implantación empresarial israelí en la frontera sur española y la reciente injerencia de Netanyahu en la política interna francesa contra la inmigración y en apoyo discursivo indirecto a Marine Le Pen. El pasado agosto, un ministro del Gobierno israelí dijo abiertamente que Santiago Abascal y Jordan Bardella (RN) son los “portavoces” del sionismo.

“Es una vergüenza, un insulto a la idea misma de huelga general y al movimiento obrero”

El eje central de la intervención fue la denuncia de que la huelga convocada por los líderes de CCOO y UGT es “una huelga en favor del gobierno y básicamente un acto electoral para el gobierno”. “Es una vergüenza, un insulto a la idea misma de huelga general y al movimiento obrero”, afirmó uno de los portavoces. Aclaró que la lucha en la calle no “arrancó” la huelga a la cúpula de los sindicatos mayoritarios, sino que generó un contexto de reivindicaciones sociales propicio para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para convocar elecciones, y que las direcciones de CCOO y UGT aceptaron convocar la huelga para alimentar su campaña. Recordó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó la huelga como “una huelga contra la oposición” y que ningún dirigente de CCOO ni de UGT lo desmintió. Frente a eso, CJS reivindicó una “huelga de la clase trabajadora” contra el rentismo, el capital y los gobiernos que los sostienen, y rechazó caminar “de la mano” de quienes “detienen las huelgas, negocian los ERES y negocian los convenios a la baja”.

Vivienda: expropiar a los especuladores, prohibir la especulación y planificar la producción y distribución de viviendas según las necesidades sociales

En materia de vivienda, la organización propuso tres medidas: expropiar a los especuladores, prohibir la especulación y planificar la producción y distribución de viviendas de acuerdo a las necesidades sociales. Zapato celebró que varios sindicatos de vivienda de Madrid, con una larga tradición de lucha, hayan hecho suyas estas propuestas y las lleven como bandera a la huelga. Asimismo, subrayó que ninguna huelga general debe dejar de lado la lucha por los salarios directos y en el centro de trabajo, y aspiró a que la jornada impulse “una nueva ola de huelgas locales, conflictos laborales y victorias salariales”. Criticó que los líderes CCOO y UGT no pretendan “movilizar de verdad a sus bases” y busquen “una huelga farsa, un paseo de mediodía”. Para el día de la huelga, CJS propuso “plena unidad de acción en los piquetes y bloqueos” y “pleno deslinde de campos con los liderazgos de CCOO y UGT en las movilizaciones”, de modo que no compartirán plataforma con cargos del Gobierno.

“Para lo que puede valer esta huelga es para acumular fuerzas de clase y prepararse para las luchas que vienen”

Los ponentes fueron explícitos sobre las expectativas: “Nosotros no creemos que esta huelga vaya a poder imponer sus reivindicaciones, por moderadas que sean. El PSOE y sus aliados no están dispuestos ni tienen suficiente miedo, y lo más probable es que la reacción y el fascismo lleguen al gobierno”. Frente a los discursos triunfalistas, reivindicaron la honestidad: “Para lo que puede valer esta huelga es para acumular fuerzas de clase y prepararse para las luchas que vienen”. Y añadieron: “Si queremos imponer nuestras demandas, incluso las más moderadas, tenemos que generar miedo entre quienes nos gobiernan. Y una huelga general aislada, una huelga que desde el principio declara que solo durará un día, no genera suficiente miedo”. La intervención concluyó con una crítica frontal a la política reformista: “Sea cual sea el resultado electoral, la era de los Podemos, Sumar y Frente Amplios tiene que acabar. Tiene que acabar la era de la política reformista, de la política de la mentira, el personalismo y la lucha por sillones”.

Los organizadores habían hecho un llamamiento a la “respuesta popular contra los nazis que están utilizando la muerte de María Rosario para propagar su odio” y denunciaron que “desde el minuto uno se difundieron bulos acusando falsamente a personas inocentes únicamente por su origen migrante”. “No permitamos que la ciudad se llene de neonazis carroñeros que, lejos de buscar la seguridad, quieren crear conflictos y utilizar un hecho horrible para difundir su racismo”, rezaba el comunicado. “Contra su odio, un Burgos unido, consciente y combativo contra el racismo”.

La respuesta antifascista fue al menos seis veces mayor. La convocatoria, lanzada por redes sociales por colectivos antifascistas locales reunió a cientos de personas. Ambos grupos se cruzaron insultos, los neonazis se vieron rodeados en la plaza del Cid y la Policía Nacional tuvo que escoltarlos por la calle Santander y la avenida del Cid hasta su sede. El fuerte despliegue policial impidió que la confrontación fuera a más, pero dejó una imagen de medio centenar de fascistas protegidos por agentes mientras una movilización antifascista los superaba en número y en legitimidad.

El acto de Núcleo Nacional se apoyaba en la citada muerte de la anciana durante un robo. El grupo neonazi acusó falsamente a dos menores de procedencia extranjera. La concentración antifascista se organizó precisamente contra la manipulación y para rechazar que la muerte violenta de una mujer se convierta en combustible para el racismo y la criminalización de la clase trabajadora migrante.

La resolución declara probado que el acusado se aprovechó de su convivencia con la menor y de la relación que mantenía con la madre de esta para acceder a ella. La víctima explicó que tardó en denunciar porque veía a su madre “feliz” y temía “darle un disgusto”. Fue agredida de manera “reiterada” desde principios de 2018: el acusado se dirigía a ella “con ánimo libidinoso” para realizarle tocamientos en sus zonas íntimas por debajo y por encima de la ropa en distintas ocasiones, mientras le dirigía expresiones sobre su cuerpo. En una de las ocasiones, la llevó a su cortijo de Nacimiento, donde la violó tras turnarse con ella varios porros de cannabis que le ofreció. La falta de consentimiento quedó acreditada durante el juicio: el acusado actuó aprovechando el estado de aturdimiento en el que ella estaba para llevar a cabo la violación.

El TSJA sostiene que la declaración de la víctima estuvo respaldada por el testimonio de su novio, que presenció directamente uno de los episodios de tocamientos en el vehículo del acusado y que explicó cómo la chica le comunicó que había sido violada el mismo día de los hechos. A ello se sumaron varios mensajes de WhatsApp en los que la víctima comunicó a su novio la agresión, el testimonio de la madre y el informe pericial psicológico, que determinaba que la menor presentaba sintomatología ansiosa y postraumática compatible con los hechos sin que se apreciaran invenciones o intenciones espurias.

La condena impone al violador pederasta de Vox cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual continuado y cinco más por un delito de agresión sexual, además de 21 años de alejamiento e incomunicación con la víctima, 18 años de libertad vigilada y el pago de 25.000 euros de indemnización por daños morales. Durante ese tiempo tampoco podrá ostentar cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. El exconcejal formó parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería en coalición con el PP entre 2019 y febrero de 2021, cuando el alcalde, Ismael Torres (PP), puso fin a la alianza por discrepancias entre los socios. Torres Escamilla ocupó el puesto de primer teniente de alcalde con competencias en Economía, Desarrollo y Empresa, así como en Seguridad Ciudadana y Tráfico. A pesar de todo, el caso no ha atraído demasiada atención mediática a nivel estatal.

La lista de los delincuentes de Vox

El caso de Torres Escamilla no es un episodio aislado en la formación ultraderechista, que se presenta como “garante de la ley y el orden”. José Antonio Ortiz Cambray, exlíder de Vox en Lleida y fundador de la agrupación local, también fue condenado a 14 años y tres meses de prisión en 2020 por abusar sexualmente de dos hombres con discapacidad, aprovechándose de su vulnerabilidad y ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales. Ana González Martínez, exconcejal de Vox en Parla, fue condenada en febrero a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 17.500 euros tras reconocer que colaboró con su marido (militar y jefe de una red de narcotráfico) en un delito de tráfico de drogas. Manuel López-Filgueiras, excandidato de Vox a la Alcaldía de Huete (Cuenca), fue detenido el pasado julio por la Guardia Civil acusado de explotación laboral: tenía a un camarero trabajando jornadas sin descanso y sin vacaciones, pagándole apenas 40 euros semanales, y falsificó documentos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital a nombre del trabajador sin que este lo supiera. Vox ha intentado desligarse públicamente de varios de estos casos alegando que algunos “abandonaron sus cargos”, aunque su papel como líderes locales y la proximidad de cargos con historial delictivo con dirigentes estatales evidencian el protagonismo de algunos de ellos en la formación. Críticos de la formación de extrema derecha han denunciado “la hipocresía” de un partido que criminaliza a sectores marginalizados mientras algunos de sus miembros son investigados y condenados por delitos graves.

La magnitud del caso indonesio se entiende mejor por su peso demográfico: es el cuarto país más poblado del mundo, con unos 280 millones de habitantes, y la mayor economía del Sudeste Asiático. La caída de 140 a 10 millones de personas en pobreza extrema equivale a sacar de la miseria absoluta a una población superior a la de México en cuatro décadas. El análisis de Our World in Data, firmado por Hannah Ritchie y Pablo Arriagada, corrige la idea de que el descenso global de la pobreza extrema se explica únicamente por el crecimiento chino: más de cien economías tienen hoy tasas de pobreza extrema inferiores al 1%, y países como India, Brasil e Indonesia, que antes registraban tasas de dos dígitos, se sitúan ahora en el 4% o menos, según el blog de datos del Banco Mundial.

El dato indonesio, lejos de representar un caso aislado, sino la expresión de un desplazamiento más amplio del centro de gravedad económico mundial hacia Asia-Pacífico. La ASEAN, el bloque que integra a Indonesia junto a Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia, Singapur y otros socios, se ha convertido en una de las regiones de crecimiento más dinámico del mundo y en un polo de atracción de inversión industrial, materias primas críticas y cadenas de suministro que buscan diversificarse fuera de China. Indonesia, con su población joven, su gigantesco mercado interno y sus reservas de níquel, cobalto y tierras raras, ocupa una posición central en esa recomposición. El descenso de la pobreza extrema acompaña a ese ascenso, pero no lo agota: el país sigue siendo una economía de renta media con enormes desigualdades internas y una fuerte dependencia de la exportación de materias primas.

En ese sentido, la línea de 3 dólares por persona es una medida que exige una aclaración. No se trata de 3 dólares convertidos a la moneda local, sino de 3 dólares en paridad de poder adquisitivo de 2021, es decir, lo que esa cantidad permite comprar en cada país. La línea, por tanto, no mide el bienestar material: mide la subsistencia más básica, el umbral por debajo del cual una persona no cubre alimentación y refugio mínimos. El Banco Mundial la elevó en junio de 2025 desde los 2,15 dólares anteriores, un cambio que añadió 125 millones de personas al recuento global sin que ello implicara un empobrecimiento real. La institución traduce la cifra a términos comprensibles: una familia de seis personas (el tamaño típico de los hogares en pobreza extrema) dispondría de unos 675 dólares mensuales, unos 8.100 anuales, para todo su consumo.

El propio Banco Mundial reconoce que este indicador tiene limitaciones. En un análisis publicado en agosto de 2026, la institución admite que una de las críticas más frecuentes a su línea de 3 dólares es que, “por ser tan baja, carece de ambición”, y añade que otra objeción es que ignora las privaciones que suelen experimentar los países de renta media. El banco defiende su utilidad porque permite concentrar la atención en los 826 millones de personas que aún viven por debajo de ese umbral, una población superior a la de la Unión Europea y Estados Unidos juntas, y porque decenas de países siguen teniendo tasas de pobreza extrema superiores al 40%. La reducción de la pobreza extrema en Indonesia y China no equivale, por tanto, a la desaparición de la pobreza: la métrica dominante deja fuera a miles de millones de personas que, sin estar en la miseria absoluta, carecen de acceso a servicios básicos, vivienda de calidad o empleo estable. Our World in Data señala que Indonesia también ha avanzado en la medición de líneas de pobreza más altas, aunque el dato central del análisis se refiere exclusivamente al umbral de 3 dólares.

La fragmentación del mapa político sionista convierte a los llamados “partidos árabes” en piezas decisivas. La Lista Conjunta (Hadash, Balad y Ta’al) obtendría entre siete y nueve escaños, mientras que Ra’am, la formación islámica de Mansour Abbas, sumaría entre cinco y seis, lo que en conjunto les otorgaría entre 12 y 15 diputados. Ni el bloque de Netanyahu ni el de la oposición han aceptado hasta ahora gobernar con su apoyo, pero sin ellos ninguno puede reunir una mayoría estable. El líder de la Lista Conjunta ha declarado que respaldará a cualquier Gobierno que sustituya a Netanyahu, lo que abre una vía aritmética para la oposición, aunque políticamente sea la más costosa.

El resultado electoral determinará también el futuro judicial de Netanyahu. El primer ministro, que acumula casi 19 años en el cargo, afronta un juicio por corrupción y una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. Una derrota no le apartaría necesariamente de la política, pero le dejaría expuesto a una condena que podría llevarle a prisión y a una comisión de investigación sobre los fallos del 7 de octubre de 2023. La campaña ha estado dominada por la “seguridad” y la economía: el 21% del electorado señala el coste de la vida como el principal factor de su voto, mientras que entre los partidarios del Gobierno la guerra contra Irán encabeza las preocupaciones, también con un 21%. El reclutamiento obligatorio de los judíos ultraortodoxos y la rendición de cuentas por la operación de la resistencia palestina de 2023 completan la lista de prioridades.

El escenario más probable es un prolongado bloqueo en las negociaciones de coalición. El presidente Isaac Herzog deberá consultar a los partidos y encargar la formación de Gobierno al candidato con más apoyos, en un proceso que puede durar semanas o abrir la puerta a unas terceras elecciones en pocos años. El estado sionista llega a las urnas dividido, con un electorado árabe y palestino cuya participación podría alcanzar el 60% (frente al 65% que algunos sondeos consideran decisivo para inclinar la balanza) y con la sombra del genocidio en Gaza y el aislamiento internacional planeando sobre una votación que, más que nunca, es un plebiscito sobre Netanyahu y el rumbo de su Ejecutivo.

“Nos quedan dos años de Trump para completar el trabajo en Irán”

Netanyahu ha centrado su campaña en la supuesta “amenaza iraní”. Este domingo, el primer ministro compartió en su cuenta de X un mensaje que atribuyó al periodista Yuval Blumberg en el que se afirma que “el Estado de Israel se encuentra en un peligro existencial real y tangible” y que “si los iraníes logran obtener armas nucleares, nada volverá a ser igual”. El texto sostiene que “las tormentas simuladas e inventadas que surgen de vez en cuando están diseñadas para desviar la atención de la única cosa que es lo más importante: terminar el trabajo en Irán” y advierte de que “nos quedan dos años de Trump para completar el trabajo en Irán, y no sabemos qué pasará después, si será Kamala Harris o algún sucesor mediocre”. El mensaje califica de “cortina de humo” asuntos como Qatar, las protestas de los ultraortodoxos o el reclutamiento, y concluye que “esto no sucederá con un primer ministro que está siendo estrangulado por los Hermanos Musulmanes y los colaboradores del terrorismo” ni con alguien “que no es capaz de levantar el teléfono y mantener una conversación íntima y continua con Trump”. La publicación, que Netanyahu hizo suya, convierte la cita en un argumento de campaña, acompañado de la imagen de una explosión nuclear.

Francia se ha convertido en el epicentro del malestar y la combatividad. Las protestas estudiantiles por la falta de profesores al inicio del curso derivaron en una movilización general contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La jornada del 17 de octubre reunió a 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y terminó con más de 2.000 detenidos y casi 1.000 agentes heridos. El sábado 24 de octubre, el despliegue policial superior a 70.000 agentes y la prohibición de manifestaciones no sindicales derivaron en cerca de 1.000 detenciones, según las autoridades francesas.

En el Estado español, la crisis de la vivienda ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general para el 11 de noviembre tras el desahucio de Maricarmen y la acampada por la vivienda, registrada formalmente por CGT y respaldada por UGT y CCOO, contra la especulación inmobiliaria, el aumento de los salarios y el coste de la vida. La acampada se mantiene de momento, aunque reducida y con una hoja de ruta de desescalada. Paralelamente, miles de personas se manifestaron en Madrid el sábado en defensa de las pensiones públicas, mientras que en Barcelona una concentración de jóvenes contra el coste de la vida y la vivienda derivó en disturbios. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 128 personas, más de la mitad menores de edad, según la policía autonómica. Los participantes, convocados a través de redes sociales e inspirados en las protestas francesas, quemaron contenedores y rompieron escaparates para sustraer productos. La alcaldía de Barcelona, encabezada por Jaume Collboni, anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular.

En Portugal, la policía desalojó los campamentos por la vivienda en Lisboa y Oporto, con 55 detenidos y dos heridos leves, y los manifestantes volvieron a acampar pese a las amenazas.

En Italia, miles de jóvenes salieron a la calle en Roma, Milán, Turín y Nápoles contra el coste de la vida y el rearme. La policía arrestó a 9 personas y detuvo temporalmente a 371, 110 de ellas menores.

En Grecia, más de 10.000 personas secundaron en Atenas la huelga de maestros y estudiantes, con acampadas frente al Parlamento para exigir alquileres asequibles y más financiación educativa.

En Bélgica, los estudiantes de la región francófona protestan contra los recortes presupuestarios y la subida de tasas, con enfrentamientos y detenciones en Lieja.

Albania vive su particular revolución de los flamencos: las protestas estudiantiles contra la corrupción y la cesión de una reserva natural derivaron en disturbios, con el Ministerio de Educación incendiado y más de 300 heridos, según las autoridades.

El caso más significativo de todos es el de Serbia. Tras casi dos años de protestas lideradas por estudiantes contra la corrupción y el gobierno, originadas por el derrumbe de la estación de Novi Sad en 2024, que mató a 16 personas, la lista estudiantil se impuso en las elecciones parlamentarias del 25 de octubre. Aleksandar Vučić reconoció la derrota y admitió que la coalición opositora obtendría entre 135 y 140 escaños frente a los 105 de su formación, según las proyecciones de CeSID/Ipsos y CRTA. El movimiento, sin líderes formales y con decisiones asamblearias, ha logrado llevar a un gobierno a una protesta social, un hecho inédito en los últimos años en Europa.

La participación, cercana al 70% (69,7% según CeSID/Ipsos, frente al 64,9% registrado por la Comisión Electoral Republicana a las 18:00 y al 52% de 2023 a esa misma hora), es la más alta desde la disolución de Yugoslavia en 1992. Las colas en los colegios electorales fueron largas en todo el país y, tras el anuncio de Vučić, se produjeron celebraciones masivas en Belgrado, Novi Sad, Niš y otras ciudades. Hubo varias denuncias de irregularidades, como presión a votantes y fotografías de papeletas, especialmente en Belgrado, aunque la comisión electoral las calificó en su mayoría de menores. La OSCE/ODIHR desplegó una misión de observación cuyo informe preliminar está previsto para el 26 de octubre, y el conteo oficial definitivo sigue en curso.

El resultado pone fin a doce años de dominio de Vučić y el SNS, que gobernaban desde 2012. El 28 de septiembre de 2026, Vučić renunció a la presidencia y convocó elecciones anticipadas con la intención de regresar como primer ministro. Sin embargo, la oposición ha impulsado un ciclo de protestas tras colapso de la marquesina de la estación de ferrocarril de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, que mató a 16 personas y se atribuyó a la corrupción en las obras públicas. El movimiento estudiantil lideró las protestas y bloqueos de facultades con demandas de transparencia, rendición de cuentas, liberación de detenidos y aumento de la financiación universitaria. El movimiento, sin líderes formales y con decisiones tomadas en plenos asamblearios, se extendió durante casi dos años y culminó en una manifestación de unas 150.000 personas en Belgrado. La Studentska lista no incluye estudiantes como candidatos, sino a 250 académicos, profesionales, actores, músicos y agricultores seleccionados y aprobados por los plenos estudiantiles, con figuras como el cardiólogo Ilija Srdanović o el profesor Radomir Saičić, y un programa centrado en el “Estado de derecho”, la lucha contra la corrupción y la “libertad de prensa”. “Esta noche no se trata solo de resultados… es la victoria de la esperanza y la fe… gran victoria trae gran responsabilidad”, declaró Saičić, que pidió celebrar “con calma y dignidad”.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y en prisión domiciliaria), no reconoció el resultado. “Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que estas cosas sucedieron. Vamos a pedir la anulación”, declaró en Brasilia, y criticó la extensión del horario de votación hasta las 19 horas decidida por el ministro del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, a petición de ambas campañas. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, afirmó que hay “absoluta seguridad de todo el proceso electoral”. Analistas citados por la prensa brasileña consideran improbable que se apruebe la anulación dada la amplitud de la ventaja y el hecho de que ambas campañas solicitaron la prórroga.

Lula amplió su ventaja en el Nordeste, dio la vuelta en Minas Gerais y avanzó en São Paulo y Río de Janeiro, mientras Flávio mantuvo su fuerza en el Sur, el Centro-Oeste y partes del Norte y el Sudeste. En las capitales, Lula venció en 12, incluidas São Paulo y Río de Janeiro, y Flávio en 14, como Brasilia, Belo Horizonte y Curitiba. El voto presidencial se define por el total nacional y el exterior, no por municipios. Lula sumó entre 10,3 y 10,4 millones de votos más que en la primera vuelta, y Flávio unos 3,7 millones más, impulsados por la caída de la abstención y del voto en blanco y nulo.

En su discurso de victoria en São Paulo, Lula prometió “cambiar la forma de gobernar este país” y “hacer que el pueblo participe más en nuestras decisiones”, y anticipó que “la comunicación digital va a ganar un espacio muy grande”. Se comprometió a regular las plataformas digitales, criticó la interferencia de las grandes empresas tecnológicas, y situó entre sus prioridades a las personas mayores, las mujeres, la educación, el Sistema Único de Salud, la economía digital y los centros de datos con energía renovable y la inteligencia artificial brasileña. “Democracia siempre, fascismo nunca más”, concluyó. Flávio Bolsonaro, por su parte, afirmó que el bolsonarismo mantiene una base relevante con casi 60 millones de votos y cuestionó la “irregularidad” del proceso, lo que anticipa una oposición judicial y movilizaciones en los próximos meses.

Entre octubre de 1934 y octubre de 1936, las fuerzas comunistas, bajo el liderazgo de Mao Zedong y Zhou Enlai, emprendieron una serie de desplazamientos a través de varias columnas. La principal partió de Yudu, en Jiangxi, con más de 86.000 efectivos y, tras atravesar bloqueos, ríos, montañas y zonas de gran altitud, llegó al noroeste de China dos años después con poco más de 30.000 supervivientes. El recorrido total se estima en unos 12.500 kilómetros. Durante la retirada, la Conferencia de Zunyi (enero de 1935) permitió reorganizar la dirección política y militar del PCCh, donde se vio reforzada la influencia de Mao. Aunque la marcha supuso enormes pérdidas humanas y materiales, fue un paso decisivo para asegurar la supervivencia del movimiento comunista chino y condicionó su posterior desarrollo tanto en la Guerra Civil como en la lucha contra la invasión japonesa.

La escala y crudeza de la operación

Durante dos años, las columnas del Ejército Rojo recorrieron aproximadamente once provincias, cruzaron grandes ríos como el Xiangjiang, el Wujiang, el Jinsha y el Dadu, y atravesaron cadenas montañosas, zonas de gran altitud, praderas y pantanos. Se enfrentaron a bloqueos militares sucesivos, combates, marchas forzadas, escasez de alimentos, frío, enfermedad, fatiga extrema y el reto de mantener la cohesión de unidades numerosas en terreno desconocido; las cuantiosas pérdidas en la columna central son testigo de ello. La superación de esas dificultades se explica en parte por la resistencia física, pero sobre todo por la reorganización política y militar llevada a cabo en Zunyi, la capacidad de adaptación de las distintas columnas y la convergencia final de las tres principales fuerzas del Ejército Rojo en el noroeste en octubre de 1936, que supuso el final de la campaña.

Nuevas investigaciones historiográficas: 5.000 documentos desclasificados y el papel de la mujer

La novedad documental más relevante en el contexto del aniversario es la apertura de más de 5.000 documentos del periodo de la Larga Marcha por parte del Archivo Central de China, según informó Xinhua. Telegramas, informes operativos, publicaciones del Partido, registros de comunicaciones y testimonios sobre la relación entre el Ejército Rojo y la población civil componen el archivo, desconocido en su mayoría hasta ahora. Entre los documentos ahora accesibles figura un relato detallado de la toma del puente de Luding, el 29 de mayo de 1935, uno de los episodios más citados de la campaña, que describe el asalto de 22 voluntarios sobre las cadenas del puente.

Las investigaciones recientes también han ampliado el estudio y el reconocimiento de la participación femenina en la Larga Marcha. El pasado julio falleció a los 105 años Wang Quanying, la última veterana de la expedición. Se estima que unas 3.000 mujeres como ella formaron parte de las distintas columnas, desempeñando importantes tareas de propaganda, enfermería, transporte de heridos, abastecimiento, reconocimiento e incluso combate directo en algunos casos, según documentan los trabajos recogidos por las publicaciones del aniversario.

Exposición inédita

A raíz del aniversario, el Museo Militar de la Revolución Popular China ha inaugurado una exposición conmemorativa en Pekín que reúne 1.061 piezas (875 objetos y 186 documentos), de las cuales más de 300 se muestran por primera vez. Según el propio museo, muchas proceden de recopilaciones de relatos orales de quienes participaron en la marcha. La muestra forma parte de un programa conmemorativo más amplio que incluye otra exposición en el Museo de Historia del PCCh, con 230 documentos, varios de ellos inéditos.

La exposición del Museo Militar reúne objetos que reconstruyen la memoria de la marcha en su dimensión cotidiana y material del Ejército Rojo, como la mitad de un cinturón de cuero cuya otra parte fue consumida por un soldado durante la travesía. También se exhibe el periódico Jiebao (“Boletín de la victoria”), editado por la oficina central del Partido en Shanghái, del que se conservan 40 números publicados entre 1933 y 1935.

La Larga Marcha en la memoria colectiva

El episodio histórico ocupa un lugar central en la memoria colectiva china, que a partir de la experiencia de la Larga Marcha ha ido componiendo un relato de resistencia, sacrificio, organización, superación colectiva y renacimiento tras el denominado Siglo de Humillación.

En cuanto a la divulgación internacional de la Larga Marcha, se debe en gran medida al reportaje del periodista estadounidense Edgar Snow, publicado en Red Star Over China en 1937. Snow fue el primer reportero occidental en realizar una crónica completa de la historia del PCCh y la Guerra Civil sobre el terreno. También fue el primer periodista occidental en entrevistar al presidente Mao.

La conversación discurrió entre bromas (muchas bromas), anécdotas personales y preguntas sobre temas incómodos para el presidente: la crisis de la vivienda, la gestión de Ceuta, los casos de corrupción que afectan al PSOE y los procedimientos judiciales abiertos contra el entorno familiar de Sánchez. Broncano introdujo algunos reproches, como la tardanza del Gobierno en abordar el problema de la vivienda, y Sánchez “reconoció errores”, para contraatacar defendiendo su gestión, responsabilizando a la oposición de los bloqueos parlamentarios e incumplimientos autonómicos y reivindicando “la necesidad de una mayoría progresista más amplia”. El tono desenfadado y la complicidad inherente del formato se conjugaron así con cuestiones de indudable calado político, pero encuadradas siempre en una conversación cuyo ritmo, humor y dimensión personal contribuyeron a construir un artefacto mediático determinado: “La cara más humana de Sánchez”.

La recepción de la entrevista no fue unánime. Algunos celebraron que se abordaran cuestiones incómodas en un programa de entretenimiento, pero también aparecieron críticas por la frivolidad con la que podían quedar despachados problemas serios y por las evasivas de Sánchez sobre sus compromisos pendientes, entre ellos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

En el ámbito de la vivienda, además, Sánchez defendió las medidas adoptadas y atribuyó los obstáculos a las derechas parlamentarias. Sin embargo, sigue encontrándose de frente con un malestar social que no se lo termina de creer. La entrevista volvió a poner sobre la mesa esa tensión que va más allá de Broncano y a RTVE: la contradicción entre la imagen de un Gobierno que reivindica su “agenda social” y las demandas pendientes.

Buena parte de la pesoizada busca llenar ese hueco con la promoción desenfadada del poder y su representación mediática, la construcción y amplificación del “Todo va bien”, o mejor dicho, “Todo podría ir peor sin mí”, desplazando la pregunta periodística fundamental: ¿Quién se beneficia realmente de las políticas anunciadas? ¿Qué cambia exactamente en las condiciones de vida de la mayoría social?

La orquesta de Ferraz

El periodismo tiene, según la teoría de los estados democráticos liberales de derecho, la función de fiscalizar al poder, pero vemos que en el panorama mediático español la frontera entre la comunicación institucional, la cobertura informativa y el entretenimiento se ha vuelto cada vez más difusa.

En los últimos años, la estrategia del Ejecutivo liderado por el PSOE ha descansado sobre un medido engranaje del relato público que ha servido para justificar sus legislaturas [balance general de DIARIO SOCIALISTA de las últimas legislaturas]. Cabeceras de referencia del grupo Prisa como El País o la Cadena SER, diarios digitales de amplio alcance como elDiario.es, Público o InfoLibre, y el ente público de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) o la cadena privada La Sexta han tendido a validar, en diferentes formas e intensidades, las cifras y los grandes anuncios de la Moncloa, a menudo con escaso contraste crítico. La agencia EFE, la principal agencia de noticias multimedia en español y la cuarta más grande del mundo, tiene actualmente como presidente a Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021.

El PSOE pone la partitura, marca el compás y trata de fijar el tono de la conversación pública; después, cada medio interpreta la pieza desde su propia línea editorial, con sus matices, sus ritmos y sus instrumentos particulares. No todos tocan igual ni reproducen necesariamente cada nota, pero la convergencia de sus coberturas termina componiendo una melodía reconocible: un Gobierno que presenta sus decisiones como avances, sus indicadores como éxitos y sus promesas como pruebas de una imperfecta transformación social en marcha.

Este fenómeno no se cuestiona únicamente desde las filas de la oposición derechista, sino de forma cada vez más articulada y contundente desde sectores a su izquierda, sindicatos de clase y movimientos sociales como la acampada por la vivienda y los movimientos propalestinos, que denuncian cómo los medios “progresistas” tienden a presentar como transformaciones estructurales y éxitos legislativos medidas que, en la práctica, resultan ser intervenciones tibias, campañas de imagen pública o directamente medidas regresivas enmascaradas.

La pesoizada ha trascendido también las fronteras del Estado español, proyectando internacionalmente la imagen de Sánchez como “referente progresista”, como se puede apreciar en numerosas entrevistas concedidas a medios internacionales [Aquí desmentimos las declaraciones de Sánchez ante The Wall Street Journal].

El mito del “crecimiento económico”

Uno de los ejes donde más se nota el dispositivo mediático del PSOE es en el relato económico. Bajo la consigna repetida en las comparecencias del Palacio de la Moncloa de que la economía española “crece más que la de nuestros vecinos europeos” o “va como una moto”, los boletines de RTVE y las portadas de El País abren con frecuencia sus ediciones destacando el crecimiento del PIB o los datos cuantitativos del empleo suministrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, este despliegue editorial suele omitir o relegar a un segundo plano la realidad económica de la clase trabajadora. Los informes periódicos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o del INE revelan que la inflación desbocada en la cesta de la compra, la dificultad creciente de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los carburantes y otros suministros han erosionado gravemente el poder adquisitivo real. Al asumir la narrativa de la bonanza macroeconómica sin analizar la precarización laboral, el peso de los contratos parciales o la proliferación de la figura del trabajador pobre, estos medios actúan como altavoces de una “victoria gubernamental” que no se corresponde con las condiciones de vida reales de la mayoría social, lo que genera resentimiento en la clase trabajadora, resentimiento que luego capitalizan el PP y Vox.

“La legislatura de la vivienda”

El ámbito de la vivienda ofrece otro ejemplo ilustrativo de esta dinámica de propaganda compartida. Durante las sucesivas prórrogas de los “decretos sociales” desde la crisis pandémica hasta la actualidad, cadenas como RTVE o portales como InfoLibre han titulado de forma categórica anuncios gubernamentales como la “prohibición de los desahucios a personas vulnerables”. Este titular oficialista es reproducido casi como una verdad incontestable, ignorando de manera sistemática las advertencias de organizaciones del movimiento de vivienda. La realidad sobre el terreno, documentada por los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, muestra que miles de lanzamientos continúan ejecutándose cada trimestre en el Estado español. Las excepciones contenidas en la propia norma, la falta de alternativa habitacional “obligatoria” para grandes tenedores en numerosos supuestos y la lentitud administrativa hacen que la presunta “prohibición” sea una moratoria llena de agujeros legales que benefician a los rentistas y los fondos de inversión. Pese a ello, la cobertura mediática afín prefiere enfatizar la aparente “vocación protectora” del gabinete de Pedro Sánchez.

El anunciado “embargo de armas a Israel”

En materia de política exterior, el sesgo de cobertura adquiere tintes de mentira descarada a raíz de la guerra en Oriente Medio y el genocidio contra el pueblo palestino. A lo largo de 2024 y 2025, declaraciones del Presidente del Gobierno y de la cartera de Asuntos Exteriores asegurando que Moncloa había decretado un “embargo total de armas a Israel” fueron saludadas con grandes titulares en El País, RTVE y otros medios afines como si fueran una especie de “hito de la diplomacia progresista”. No obstante, investigaciones de organismos independientes como el Centre Delàs o la red Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina demostraron mediante registros del portal de comercio exterior que continuaron ejecutándose licencias de exportación e importación de material militar previamente autorizadas, además de permitirse el tránsito por puertos y espacio aéreo español de barcos y aviones con carga armamentística con destino al ejército israelí. En lugar de profundizar en estas realidades y exigir responsabilidades sobre el cumplimiento efectivo del embargo, casi todos los medios alineados con la línea gubernamental, a excepción de elDiario.es con sus investigaciones de Olga Rodríguez, han apostado por poner el foco en los discursos solemnes de Sánchez en los foros internacionales, ofreciendo una cobertura indulgente que protege el pretendido “perfil pacifista” del PSOE sin fiscalizar los hechos concretos.

La consecuencia de esta práctica periodística es que se consolida un espacio comunicativo y un sentido común donde el discurso del Gobierno se confunde con la realidad objetiva. Esta falta de distancia crítica termina desarmando el debate político y generando sumisión e idiotización, pues genera la ilusión de que los grandes problemas sociales y económicos ya estarían siendo resueltos por la vía legislativa, mientras las causas estructurales de la desigualdad, la especulación inmobiliaria y el gasto militar van de mal en peor bajo el amparo del “mal menor”, sus medias verdades y sus mentiras.

El punto álgido de esta deriva parece no haber llegado aún. Los canales oficiales del Partido Popular difundieron varios vídeos manipulados con inteligencia artificial durante estas últimas semanas de precampaña. El PP clonó la voz y la imagen de destacadas figuras del PSOE para simular falsas confesiones de delitos. Hace un par de semanas, la cuenta oficial del PP de Madrid en Instagram publicó una imagen de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. La publicación generó polémica en redes sociales al serr denunciada por diversos perfiles y analistas de haber sido supuestamente retocada con IA para alterar su anatomía y aumentarle el pecho. El episodio fue tachado por sectores de la oposición como un “síntoma de de desesperación” que recurre a la hipersexualización de sus figuras públicas femeninas con IA como reclamo visual.

En un extenso reportaje publicado en 2025, el diario El País advertía sobre la normalización de estas tácticas, bajo el título “El PP endurece la batalla en redes sociales y utiliza la IA para atacar al Gobierno con noticias desmentidas”. La tecnología ‘deepfake’ no ha sido una improvisación repentina. Ya en marzo de 2025, la formación había probado este formato con la difusión de “La isla de las corrupciones”, una simulación satírica que mezclaba hechos reales con datos falsos ya desmentidos por la justicia.

El peligro la mentira como estrategia alcanzó cotas aún más alarmantes en febrero de 2026 a propósito del debate sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. Como denunciaron el diario Público y El País, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, capitaneó una campaña que señalaba falsamente que dicho proceso buscaba “manipular el censo electoral regalando el derecho a voto a medio millón de inmigrantes”. La regularización no implica nacionalización, y por tanto, no concede derecho al voto. Pero lo que le interesaba al PP en este caso era mantener el clima de sospecha y normalizar la supresión de derechos políticos a los inmigrantes.

La explotación de la catástrofe

La instrumentalización del engaño por parte del PP ha vuelto a mostrar su cara más irresponsable durante momentos de graves crisis recientes. Tras la devastadora DANA que azotó al País Valencià en el otoño de 2024, la gestión política del gobierno autonómico popular fue blindada con una intensa ofensiva de distorsión mediática. El programa laSexta Columna, a través de una investigación firmada por el periodista Carlos Pastor bajo el título “El PP y la fábrica de bulos”, desgranó la maraña de falsedades proyectadas desde gabinetes autonómicos y perfiles afines para desviar responsabilidades hacia los organismos técnicos del Estado, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Informes de balance anual publicados por Diario Red y el portal Pandemia Digital en su recopilatorio “Los Bulos del Año 2024” situaron este episodio, junto a las falsedades difundidas sobre la crisis de los vertidos de pellets en las costas gallegas, acusando al aparato mediático del PP de actuar sin escrúpulos a la hora de blindar a sus barones territoriales a base de mentiras, incluso en situaciones de emergencia.

Durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, la cúpula popular activó un relato de fraude. Un exhaustivo trabajo de investigación publicado por infoLibre en abril de 2024, titulado “El bulo del pucherazo que adulteró el 28M”, documentó minuciosamente cómo dirigentes del PP y medios de su órbita amplificaron teorías conspirativas sobre el voto por correo y la empresa tecnológica encargada del escrutinio, Indra. Esta maniobra de desgaste, que buscaba deslegitimar una posible victoria del PSOE y sus socios de forma preventivo-defensiva, volvió a replicarse en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y se está volviendo a escuchar durante la precampaña de las generales anticipadas para este noviembre de 2026.

Cuentas falsas, dinero público y la correa de transmisión de la ultraderecha

La eficacia de esta maquinaria desinformativa no se explica sin la existencia de un ecosistema mediático y digital alimentado desde las propias estructuras del Partido Popular. En octubre de 2023, el periodista Juan Tortosa escribió en Público el artículo “El PP en el mundo de los bulos”, donde detallana cómo altos cargos como Cuca Gamarra o Borja Sémper actúan como altavoces parlamentarios de falsedades generadas en redes sociales por perfiles de extrema derecha o pseudo-medios. En una investigación paralela sobre “El ciclo de las noticias falsas y sus consecuencias”, Público puso al descubierto la vía de financiación que sostiene este entramado: millones de euros procedentes de la publicidad institucional de gobiernos autonómicos en manos del PP, con la Comunidad de Madrid y Andalucía a la cabeza, son desviados hacia portales derechas o instrumentalizados en cadenas públicas con una marcada tendencia favorable al PP como Telemadrid, garantizando que acusaciones infundadas salten de los blogs marginales a las cabeceras de los periódicos de mayor tirada.

Esta estrategia de manipulación digital hunde sus raíces en prácticas de legalidad cuestionada que cuentan con con un amplio recorrido histórico. Informes oficiales de la red social X, recopilados por la agencia de datos epdata, revelaron en el pasado la clausura de redes compuestas por cientos de cuentas falsas y bots gestionados de manera encubierta por el PP para inflar sus discursos y acosar a rivales políticos. Asimismo, la radiografía publicada por El País sobre la “guerra sucia” impulsada durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior expuso cómo la denominada “policía política” al servicio del Gobierno fabricó informes falsos sin sello ni firma judicial para alimentar portadas de periódicos contra los líderes de Podemos y otras organizaciones. El uso de algoritmos y deepfakes en la actualidad supone, por tanto, la evolución tecnológica de las herramientas del Estado burgués que el PP lleva décadas utilizando para atacar y criminalizar a sus rivales.

Una estrategia cuantificada por la ciencia

Frente a la tentación de presentar estas prácticas como ‘meras anécdotas de la refriega política’, la evidencia científica y los datos acumulados por los verificadores independientes dibujan una realidad incontestable. Un estudio cuantitativo publicado en la plataforma académica ResearchGate en 2023 sobre la desinformación en la política española situó al Partido Popular como una de las organizaciones que de manera más prominente genera o difunde piezas desmentidas, ocupando una posición central en la intoxicación del debate público junto a otras fuerzas como Vox. De forma complementaria, investigaciones recogidas en la Revista Mediterránea de Comunicación tras analizar los archivos de agencias como Newtral y Maldita.es destacan que líderes como Feijóo o Ayuso figuran de manera sistemática en el pódium por emitir mentiras y bulos en sus intervenciones públicas.

Esta conducta ha sido una constante histórica en la dirección del partido. Un renombrado análisis sobre la anatomía del bulo electoral elaborado por el centro de pensamiento internacional CIDOB y la Universidad de Málaga en relación con las elecciones generales de abril de 2019 reveló que el entonces candidato popular, Pablo Casado, fue el aspirante a la presidencia que cosechó el mayor número de desmentidos categóricos durante la campaña. La reiteración de estos comportamientos a lo largo de los mandatos de distintos liderazgos confirma que el uso deliberado de la mentira, la manipulación mediática y la difamación tecnológica constituyen la doctrina de comunicación política arraigada en el Partido Popular.

(Bertolt Brecht)

En 2015, el Banco Santander logró que los principales diarios españoles en papel amanecieran con una portada idéntica: una campaña publicitaria de becas para jóvenes había ocupado la primera plana de todos ellos. La acción provocó críticas, entre ellas la de Pedro J. Ramírez, entonces exdirector de El Mundo, que advirtió: “Si pueden comprar la portada, ¿por qué no van a comprar también lo de dentro?”. La idea de que el pluralismo y la libertad de prensa pudieran desvanecerse a golpe de talonario resultaba abominable; la verdad a veces duele.

Años después, durante la pandemia, el Gobierno español recurrió a una fórmula similar para difundir un mensaje común: “A este virus, lo paramos unidos”.

Ambos casos ilustran cómo las portadas de los periódicos, entre muchos otros formatos, son un espacio de influencia al que pueden acceder quienes disponen de recursos para pagarlo. Pero el problema va mucho más allá de la impresión que nos pueda generaer la propaganda descarada. ¿Qué ocurre cuando la dependencia económica condiciona no solo lo que aparece en primera plana, sino también qué información se publica, qué se silencia y qué credibilidad se concede a cada relato? Para responder, conviene observar quién financia los medios, qué intereses sostienen esa financiación y qué consecuencias tiene para la verdad.

La verdad no cotiza

A partir de evidencia cuantitativa del Estado español, del resto de Europa y de Estados Unidos, este reportaje sostiene que los grandes medios funcionan como un aparato político financiado según el interés de quien paga y en el que la veracidad de lo publicado apenas pesa sobre su rendimiento. Documenta, en primer lugar, cómo la publicidad institucional se concentra en cabeceras afines al gobierno que la reparte, cómo partidos, magnates y gobiernos extranjeros sostienen a pérdida aparatos mediáticos propios y cómo informes policiales sin fundamento acabaron en portadas publicadas en vísperas electorales. En segundo lugar, se reúnen las conclusiones de algunos los estudios que sitúan en la extrema derecha en la oferta sistemática de fuentes falsas, que explican la ventaja de la falsedad en la circulación digital y que muestran que la verdad por sí misma no puede vencer a la fuerza política. Finalmente, se aborda el marco jurídico que identifica veracidad con diligencia y limita la respuesta ordinaria a la rectificación completa el análisis, del que no se deduce que los bulos decidan elecciones, pero sí que degradan de forma medible el espacio común de hechos sobre el que debería deliberar una sociedad rica en libertades políticas y civiles.

El ejemplo de la DANA

Cinco días después de que la DANA causara más de doscientas muertes en la provincia de València, en la noche del 3 de noviembre de 2024, el programa Horizonte de Cuatro emitió un especial en el que se afirmó en repetidas ocasiones que el aparcamiento del centro comercial de Bonaire escondía numerosos cadáveres y que las autoridades ocultaban la cifra real de víctimas. Ni la Policía encontró víctima alguna en aquel recinto ni existía el sistema de tiques con el que el programa pretendía estimar los vehículos atrapados, y aun así el especial obtuvo, según los datos de audiencia recogidos por elDiario.es, un 13,1 % de cuota de pantalla, el mejor registro de su historia hasta el momento, tras lo cual un banco retiró su publicidad, Mediaset mantuvo el formato y su presentador, Iker Jiménez, reconoció días más tarde haber sido "un poco irresponsable".

Lo que este episodio ejemplifica, y lo que el presente reportaje trata de analizar, es que la desinformación funciona como una pieza del sistema mediático, y en esencia, como un elemento propagandístico establecido en todo tipo de canales comunicativos, puesto que resulta rentable para quien la emite, útil para quien la financia y prácticamente gratuita ante la ley o las consecuencias sociales, si se tiene poder.

Aunque el análisis se centra en el Estado español, los mecanismos de fondo descritos operan con distinta intensidad y en distintas formas en el conjunto de las democracias burguesas avanzadas, razón por la cual la evidencia europea y estadounidense se incorpora como parte del mismo fenómeno.

Financiación e influencia

Publicidad institucional

Pagar a un medio es la forma más directa de influir en él sin poseerlo, y en el Estado español esa vía pasa sobre todo por la publicidad institucional, un gasto discrecional que las administraciones reparten sin criterios objetivos publicados. Este efecto sobre la cobertura ya ha sido cuantificado por diferentes estudios, desde la Argentina estudiada por Di Tella y Franceschelli hasta la Hungría de Szeidl y Szűcs o la Austria en la que, según Balluff y sus colaboradores, la visibilidad del canciller se duplicó en el diario que recibía la publicidad oficial. En la Comunidad de Madrid, el análisis de los 4.690 pagos de su portal de transparencia que publicó el diario Público reveló que en 2023 esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, recibió 398.653 euros con menos de una sexta parte de los oyentes de la Cadena SER, a la que se destinaron 957.231, mientras varios digitales obtenían cantidades marginales o ninguna.

Con un patrón muy similar, el Ayuntamiento de la capital destinó en 2023 a medios estatales 8,36 millones de euros que, de acuerdo con los datos abiertos del consistorio analizados por El Salto, tuvieron como principales destinatarios a cabeceras de línea editorial abiertamente conservadora como La Razón, OKDiario y ABC, seguidas de esRadio. Un cálculo propio sobre los dieciocho medios con importe conocido muestra que esas tres cabeceras reunieron el 47,4 % del total y las cinco primeras el 68,2 %, con un índice de Gini de 0,55, en tanto que cinco digitales no recibieron ninguna campaña. El índice de Gini mide la desigualdad de un reparto. Va de 0, cuando todos reciben lo mismo, a 1, cuando uno se lo lleva todo. Un 0,55 indica que el dinero se concentró con claridad en pocas cabeceras.

Lejos de limitarse a Madrid, la pauta reaparece con importes menores y destinatarios coincidentes en otras administraciones. La Junta de Extremadura adjudicó en 2024, según los contratos de la Plataforma de Contratación del Sector Público revisados por El Salto, 106.053 euros a Libertad Digital, OKDiario y The Objective, los dos últimos con sentencias que les obligaron a rectificar informaciones falsas, y La Marea documentó que un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, entonces dirigida por Vox, había contratado en 2023 con EDATV, Periodista Digital, OKDiario y El Debate por 51.895 euros sin IVA. Al sumar todas las administraciones, OKDiario superó en 2025 los dos millones de euros de publicidad pública, según infoLibre, pese a acumular cinco sentencias favorables a un mismo demandante en tres procesos de rectificación.

Es imperativo subrayar que estos casos conforman únicamente una fracción del conjunto del fenómeno (analizado más en profundidad en los artículos adyacentes al presente monográfico) y que ninguna de estas cifras se ajusta por audiencia ni por coste por impacto, que es el argumento con el que las administraciones suelen defender sus repartos clientelares. Además, al contrario de lo que sucede en este campo (dado el ocultismo que hay con las cifras de dinero o las influencias en los medios) en este caso todas las cifras proceden de portales de transparencia y de contratación examinados por medios periodísticos, de modo que pueden leerse como indicios sólidos.

Financiación partidista y privada

A pesar de resultar efectivo, destinar dinero público a medios afines no es la única herramienta empleada por los partidos políticos, ya que los últimos años se observa con claridad que quienes disponen de recursos suficientes optan simplemente por construir sus propios medios y hacer propaganda desde los mismos, engordándolos a su vez con el dinero público comentado en el apartado anterior. En este aspecto, el caso de Vox resulta ilustrativo, ya que según las cuentas difundidas por El Independiente, el partido ha transferido casi 13 millones de euros en seis años a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y editora de La Gaceta de la Iberosfera, dos de ellos en 2025, el mismo ejercicio en que ingresó 12,2 millones de dinero público. Fue esa cabecera la que en julio de 2023 atribuyó a "un magrebí" el asesinato de una mujer en una tienda madrileña cuando la Policía había detenido a un ciudadano español, una información que Abascal difundió y cuyo titular la editora modificó sin rectificar cuando la Fiscalía empezó a estudiar su posible encaje como delito de odio, después de haber recibido, según La Marea, cerca de 220.000 euros en subvenciones ministeriales en 2021 y 2022.

Tampoco el origen de los fondos del partido es ajeno a esta lógica, pues Vox reconoció en 2024 haber financiado las elecciones generales y municipales del año anterior con préstamos por 9,2 millones de euros del banco húngaro MBH, próximo al entorno de Viktor Orbán, al que volvió a recurrir para las europeas de 2024, mientras que su primera campaña, en 2014, contó con unos 800.000 euros de donantes vinculados a la oposición iraní en el exilio, según informó la radiotelevisión pública catalana. En la derecha tradicional, inspectores de la UDEF declararon en el juicio de la trama Gürtel que la contabilidad paralela del PP había financiado en 2004 la ampliación de capital de Libertad Digital, un testimonio que no llegó a constituir hecho probado pero que da idea de la antigüedad del vínculo entre partidos y cabeceras.

En otro orden de magnitud, se ve cómo se reproducen los mismos esquemas en las principales potencias occidentales. En Estados Unidos, Elon Musk dedicó en 2024 al menos 277 millones de dólares a apoyar a Donald Trump y a candidatos republicanos, según sus declaraciones ante la Comisión Federal Electoral, mientras controlaba una plataforma cuyo algoritmo desplaza a sus usuarios hacia posiciones conservadoras, como se expone en el capítulo octavo. GB News, por su parte, acumula en el Reino Unido 131 millones de libras de pérdidas desde 2021, con Paul Marshall y el fondo Legatum como principales accionistas, y paga unas 400.000 libras anuales a Nigel Farage, líder de Reform UK, en tanto que en Francia el análisis de unos 700.000 rótulos realizado por Reporteros sin Fronteras en marzo de 2025 atribuyó a la extrema derecha el 40,6 % de la exposición en las horas de máxima audiencia de CNews, la cadena de Vincent Bolloré, frente al 15,4 % de la izquierda, que en cambio dominaba la madrugada.

Por una vía menos visible también interviene la empresa privada, cuyos anuncios llegan a los pseudomedios a través de la publicidad programática, como comprobaron Vianny Castellanos-Trujillo y Raúl Rodríguez-Ferrándiz al hallar en 2025 campañas de 12 de las 100 mayores marcas presentes en el Estado español en ocho de esos sitios, que sumaban más de siete millones de visitas, dentro de un mercado de servidores publicitarios en el que Google controla el 40 %. Algo parecido sugiere el caso de la ocupación de viviendas, cuya presencia mediática convive con un negocio de alarmas y seguros en fuerte crecimiento pese a que las viviendas ocupadas fueron 15.289 en 2024 según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, apenas el 0,057 % del parque, y a que el Estado español figura en el puesto 21 de Europa por incidencia y en el segundo por preocupación, una relación sugerente cuya causalidad, con todo, no se ha demostrado.

Influencia de gobiernos extranjeros

Entre los gobiernos extranjeros que intervienen en la información pública de las potencias occidentales, el de Israel destaca por el volumen documentado de su gasto y por la nitidez de su huella en la cobertura de los grandes medios.

Los documentos de contratación del propio Gobierno israelí que divulgaron los periodistas Jack Poulson y Lee Fang muestran que la Agencia de Publicidad del Gobierno, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, contrató en junio de 2025 una campaña de seis meses por unos 45 millones de dólares con Google y YouTube, a los que se sumaron alrededor de 3 millones con X y 2,1 con Outbrain y Teads, bajo una denominación, hasbara, que el propio contrato empleaba y con anuncios que llegaban a calificar de "mentira" la hambruna en Gaza. A ello se añaden, según los registros presentados en EEUU bajo la ley de agentes extranjeros, los pagos del Ministerio de Asuntos Exteriores a entre catorce y dieciocho influencers, con una tarifa estimada de 7.000 dólares por publicación, un contrato de 3,2 millones para captar a creadores evangélicos y los 2 millones con que el Ministerio de la Diáspora financió en 2024 a la consultora STOIC para desplegar una red de cuentas falsas dirigida a congresistas demócratas, que Meta desmanteló y OpenAI denunció.

En la política estadounidense, AIPAC (American Israel Public Affairs Committee, el principal grupo de presión proisraelí del país) y su comité de acción política superaron los 100 millones de dólares en el ciclo electoral de 2024, de los cuales 14,5 millones se destinaron a desacreditar a un congresista crítico con Israel. Aunque el efecto de esta presión sobre la cobertura resulta difícil de aislar, existen estudios dedicados a esta cuestión. El análisis de más de 1.100 artículos publicado por The Intercept, menciona que The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times mencionaron a los israelíes ocho veces por cada víctima israelí y a los palestinos una vez por cada dos víctimas palestinas durante las seis semanas posteriores al 7 de octubre de 2023. Por su lado, el estudio del Centre for Media Monitoring sobre 3.873 artículos y 32.092 piezas de la BBC, estimó una cobertura 33 veces mayor por cada baja israelí y un uso del término "asesinato" de 220 veces frente a una.

Junto a estos indicadores están las directrices internas como el memorando del New York Times que desaconsejaba emplear "genocidio" o "territorio ocupado", revelado por The Intercept en 2024, y compromisos corporativos tan explícitos como los principios de Axel Springer, que exigen a su plantilla apoyar el derecho de Israel a existir. En el Estado español la presión ha adoptado formas más locales, entre las que sobresalen la campaña judicial del lobby sionista ACOM contra los ayuntamientos que aprobaron resoluciones de boicot, saldada según sus propias cifras, recogidas por The Times of Israel, con catorce acuerdos anulados y al menos siete retirados ante sus advertencias, y la Friends of Israel Initiative impulsada por el expresidente José María Aznar, en cuya fundación española figuraron Pablo Casado y Rafael Bardají, este último incorporado después a la dirección de Vox.

Aparato policial y prensa

La colaboración entre determinados estamentos del aparato del Estado y determinadas cabeceras es otro eslabón de esta cadena, pues une los intereses que actúan sobre la policía con la capacidad de difusión de la prensa, ya sea en momentos electorales decisivos o en montajes policiales concretos. Así ocurrió el 27 de octubre de 2014, dos semanas antes de la consulta catalana del 9 de noviembre, cuando El Mundo abrió su portada con una supuesta cuenta de 12,9 millones de euros del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, atribuida a informaciones de fuerzas policiales. Tres días después, el banco UBS certificó que Trias nunca había sido cliente de la entidad, y dos meses más tarde la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia policial. Según la reconstrucción de elDiario.es, el esquema reproducía el de la información sobre Artur Mas que el mismo diario había publicado durante la campaña catalana de 2012.

Dos años más tarde, de nuevo en campaña, varios medios difundieron que el Gobierno venezolano había ingresado dinero en una cuenta del dirigente de Podemos Pablo Iglesias en las Granadinas. La querella presentada a partir de esas informaciones acabó archivada porque se apoyaba en "simples noticias".

Las mismas prácticas de espionaje se pusieron además al servicio de intereses empresariales, como muestra la imputación del BBVA como persona jurídica, acordada en julio de 2019 por el juez Manuel García Castellón por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. La investigación apunta a los encargos que el banco hizo al entorno del comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, entre ellos una operación para impedir la entrada de Sacyr en su consejo. Según Público, esa operación incluyó el seguimiento de más de 4.000 teléfonos de políticos, como el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, de empresarios y de periodistas.

Iberdrola, por su parte, pagó alrededor de un millón de euros entre 2004 y 2012 por trabajos que, según el escrito de acusación de Florentino Pérez recogido por The Objective, incluyeron espiar al presidente de ACS cuando esta constructora intentaba entrar en el consejo de la eléctrica. En 2024 el juez envió a juicio por estos hechos al antiguo jefe de seguridad de Iberdrola, a Villarejo y a su socio, después de que la Audiencia Nacional confirmara en 2023 el archivo de la causa para el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

Desinformación

Emisores de información falsa

Aunque la mentira atraviese todo el espectro político institucional, dado el carácter mismo que adoptan hoy en día las comunicaciones políticas o la propaganda difundida mediante terceros, esa tendencia no se reparte por igual. Los estudios que analizan todo lo publicado por los representantes, y no solo las afirmaciones que seleccionan los verificadores, coinciden en situar la mayor oferta de fuentes falsas en la ultraderecha.

Uno de los mas amplios lo publicaron Petter Törnberg y Juliana Chueri en 2025 en The International Journal of Press/Politics. Los autores analizaron 32 millones de mensajes emitidos entre 2017 y 2022 por 8.198 parlamentarios de 26 países, entre ellos el Estado español, y concluyeron que el populismo de ultraderecha es el rasgo que mejor predice el uso de fuentes de baja factualidad. Para medirlo, clasificaron más de 580.000 enlaces compartidos por los parlamentarios según la calificación que la base de datos Media Bias/Fact Check otorga a cada medio a partir de su historial de exactitud, y relacionaron la puntuación media de cada partido con características como su ideología o su grado de populismo. De todas ellas, la pertenencia a la extrema derecha era la que más se asociaba al recurso a medios que publican con frecuencia información falsa o no contrastada. El que el estudio llama "populismo de izquierda", en cambio, no se distingue en este aspecto de los partidos convencionales.

Jana Lasser y sus colaboradores llegaron a resultados parecidos tras examinar 3,4 millones de mensajes de congresistas estadounidenses y de diputados británicos y alemanes entre 2016 y 2022. Los republicanos enlazaban nueve veces más fuentes no fiables que los demócratas, y su proporción pasó del 2,4 % al 5,5 % en seis años, sin equivalente en Europa salvo en el caso del partido neonazi alemán AfD. Desde el lado de la audiencia, el estudio dirigido por Sandra González-Bailón sobre 208 millones de adultos estadounidenses en Facebook, publicado en Science, mostró que el 97 % de los enlaces políticos calificados como falsos por los verificadores circulaba entre audiencias conservadoras. Por su parte, el recuento de The Washington Post atribuyó a Donald Trump 30.573 afirmaciones falsas o engañosas durante su primer mandato, unas 21 al día.

Para el Estado español todavía no existe un estudio comparable que trabaje con la totalidad de lo publicado. La referencia disponible es la muestra aleatoria de 268 verificaciones políticas de Newtral publicadas entre 2018 y 2022 que analizaron García-Marín, Rubio-Jordán y Salvat-Martinrey. En ella, la proporción de afirmaciones calificadas como falsas es del 55,6 % en el PP, el 43,1 % en el PSOE, el 42,4 % en Vox y el 27,6 % en Podemos, y el PP es además la formación más verificada. A pesar de las diferencias existentes, tomando en cuenta la totalidad de los factores (como las afirmaciones engañosas y demás), el estudio concluye que no hay diferencias significativas entre partidos a la hora de emplear la mentira.

Un recálculo propio sobre la tabla publicada, realizado mediante una prueba de "chi cuadrado" (χ²), llega al mismo resultado. Esta prueba parte de una hipótesis de referencia, la de que todos los partidos tienen el mismo perfil de veredictos, y calcula cuántas afirmaciones falsas, engañosas, verdades a medias y verdaderas cabría esperar en cada partido si esa hipótesis fuera cierta. Después compara esas cifras esperadas con las que aparecen realmente en la muestra. El estadístico χ² resume en un solo número la distancia entre lo esperado y lo observado, de modo que cuanto mayor es, más se alejan los partidos de un perfil común, y en este caso vale 16,6. Para saber si esa distancia es grande o pequeña hay que tener en cuenta los denominados como "grados de libertad", que dependen del tamaño de la tabla. En una tabla de cinco partidos y cuatro veredictos son 12, resultado de multiplicar cuatro por tres, ya que, conocidos los totales, la última casilla de cada fila y de cada columna queda determinada por las demás. Con 12 grados de libertad, el estadístico tendría que superar aproximadamente el valor de 21 para que la diferencia se considerase significativa, y 16,6 queda por debajo de ese umbral.

La misma idea se expresa con el valor p, que indica la probabilidad de encontrar diferencias tan grandes como las observadas solo por azar, es decir, en el caso de que todos los partidos se comportaran en realidad del mismo modo. Un valor p de 0,16 significa que eso ocurriría aproximadamente en uno de cada seis casos, una frecuencia demasiado alta para descartar la casualidad. Sucede algo parecido al lanzar una moneda diez veces y obtener seis caras, un resultado que no basta para afirmar que la moneda está trucada. Por convención, una diferencia solo se considera significativa, es decir, difícil de atribuir al azar, cuando esa probabilidad es inferior al 5 %, lo que equivale a un valor p menor que 0,05. Si se agrupan las afirmaciones falsas y las engañosas y se comparan con el resto, el valor p baja a 0,04 y la diferencia pasa a ser significativa, aunque por escaso margen. Esa diferencia no separa a la derecha de la izquierda, sino que se debe a que Podemos registra un 69 % de afirmaciones falsas o engañosas, frente a valores de entre el 86 % y el 91 % en los demás partidos.

Estas proporciones describen lo que ocurre con las afirmaciones que el verificador (en este caso, Newtral) decide comprobar, que suelen ser las sospechosas, y no la tasa real de falsedad de cada partido. Por eso, que la suma de falsas y engañosas alcance el 90,9 % en Vox y en el PP y el 86,2 % en el PSOE dice más del criterio de selección que de los emisores (los partidos y dirigentes autores de esas afirmaciones). Algo parecido sucede con el cara a cara de julio de 2023, en el que las cuatro agencias de verificación detectaron seis afirmaciones falsas o engañosas de Alberto Núñez Feijóo y cuatro de Pedro Sánchez, según un estudio publicado en la revista Zer, ya que esas cifras retratan un único debate.

La percepción ciudadana, en este caso, coincide en cierta manera con lo medido, y es realmente significativa, puesto que el 91,7 % consideró que algunos partidos usan los medios para desinformar. En la encuesta del CIS de mayo de 2026, el 34,2 % de los entrevistados identificó a Vox como el partido que más bulos utiliza, por delante del PSOE (23,7 %) y del PP (7,7 %). El Digital News Report de 2025, por su parte, cifraba en el 57 % la proporción de ciudadanos del Estado español que ven a los políticos de nivel estatal como una amenaza desinformativa importante, diez puntos por encima de la media de 47 países.

Difusión y algoritmos

Ninguna oferta de falsedad tendría relevancia política sin canales dispuestos a amplificarla, y la evidencia indica que el ecosistema mediático y la composición de las redes sociales actualmente favorecen enormemente la propagación de bulos o discursos simplistas. En 2018, Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral publicaron en Science el seguimiento de unas 126.000 cascadas difundidas por tres millones de personas en Twitter entre 2006 y 2017. Según sus resultados, las informaciones falsas tenían un 70 % más de probabilidades de ser compartidas que las verdaderas, y estas tardaban unas seis veces más en alcanzar a 1.500 personas. La ventaja de lo falso era máxima en las noticias políticas.

A esa ventaja propia de lo falso se suma un sesgo algorítmico documentado. El experimento de Ferenc Huszár y sus colaboradores, publicado en PNAS con cerca de dos millones de cuentas y datos de 2020, mostró que el algoritmo de Twitter amplificaba más a la derecha convencional que a la izquierda en seis de los siete países analizados, entre ellos el Estado español, con Alemania como única excepción. Tras la compra de la plataforma por Elon Musk, Germain Gauthier, Roland Hodler, Philine Widmer y Ekaterina Zhuravskaya publicaron en Nature, en 2026, un experimento independiente con unos 5.000 usuarios estadounidenses. Siete semanas de exposición al feed algorítmico desplazaban las actitudes hacia posiciones conservadoras en torno a 0,1 desviaciones típicas y relegaban a los medios tradicionales. La desviación típica mide cuánto suelen diferir las opiniones de unas personas a otras, de modo que un desplazamiento de 0,1 equivale a una décima parte de esa variación habitual. Para hacerse una idea, una persona situada justo en el punto medio de la escala de actitudes pasaría a ser más conservadora que aproximadamente el 54 % de la población, en lugar del 50 %. Es un efecto modesto a escala individual, pero no despreciable si se tiene en cuenta que bastaron siete semanas para producirlo y que la plataforma la utilizan cientos de millones de personas. El efecto, además, persistía a través de las cuentas que los usuarios empezaban a seguir.

Global Witness observó algo similar antes de las elecciones alemanas de 2025. El 64 % del contenido partidista que X recomendaba a cuentas nuevas sin preferencias favorecía a AfD, y en TikTok la proporción llegaba al 78 %. Las muestras eran pequeñas, pero un cálculo propio indica que, si los cuatro partidos seguidos en la prueba hubieran tenido la misma visibilidad, la probabilidad de obtener esos resultados por azar sería inferior a dos entre diez mil en X y prácticamente nula en TikTok.

Corrección y percepción pública

Sin una reflexión acerca de si el formato mismo del modo en el que se recibe hoy en día la información es de alguna manera justo o imparcial, cabría esperar que el desmentido neutralizase al menos parte de esa ventaja. Sin embargo, los experimentos de Briony Swire-Thompson y sus colaboradores indican que la corrección modifica la creencia, pero no la adhesión. Los votantes a quienes se corregían afirmaciones falsas de su candidato confiaban menos en ellas, aunque mantenían la misma valoración del candidato. Brendan Nyhan y sus coautores replicaron el resultado con votantes de Trump, cuyas percepciones erróneas se corregían sin que variase su preferencia electoral. A escala agregada la persistencia es igual de visible, como muestra una encuesta de CNN según la cual en 2023 el 69 % de los republicanos seguía considerando ilegítima la victoria de Joe Biden. En el Estado español, la Audiencia Provincial de Madrid amparó como "lucha ideológica legítima" el cartel de Vox que contraponía los 4.700 euros mensuales atribuidos a un menor extranjero tutelado con una pensión de 426 euros a una anciana, pese a que sus cifras eran falsas.

El resultado es una brecha creciente entre la realidad contrastada y la percepción pública. En el barómetro del CIS de septiembre de 2024, la inmigración apareció por primera vez como principal problema del país, citada por el 30,4 % de los encuestados, aunque solo el 13,7 % decía que le afectaba personalmente. Entre 2005 y 2023 la población extranjera pasó de 3,7 a 7 millones mientras la tasa de criminalidad descendía nueve puntos, y la evidencia internacional recopilada por FEDEA (entre otros muchos) no encuentra un efecto causal de la inmigración sobre la delincuencia.

En agosto de 2024, tras el asesinato de un niño de once años en Mocejón, numerosas cuentas atribuyeron el crimen a personas migrantes, aunque el detenido era un joven nacido en el Estado español. Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía los mensajes de odio publicados, entre otros, por el eurodiputado Alvise Pérez y por un concejal de Vox. Un año más tarde, en Torre Pacheco, varias noches de disturbios estuvieron acompañadas de vídeos antiguos o grabados en otros lugares y de un cartel con las fotografías de cinco hombres que, según Maldita, también difundió Alvise Pérez, y la Fiscalía de Murcia abrió diligencias contra el presidente regional de Vox por sus declaraciones. En ninguno de los dos casos hizo falta que la información fuera cierta para que tuviera efectos sustanciales, siendo esa independencia entre veracidad y eficacia la que convierte la falsedad en un recurso político tan rentable.

Televisión y prensa parlamentaria

Aunque su audiencia envejece, la televisión conserva el mayor alcance entre el electorado de más edad, y su papel en la circulación de falsedades no se limita a espacios marginales. Horizonte, emitido por una cadena generalista del grupo Mediaset (Cuatro), ya había dedicado espacio a teorías sin base sobre el origen de la COVID antes de su especial sobre la DANA, y siguió en antena después del récord de audiencia de noviembre de 2024, lo que indica que el riesgo reputacional pesa menos que el rendimiento comercial. En Europa, CNews en Francia y GB News en el Reino Unido representan un modelo de canal informativo alineado con la extrema derecha y sostenido por grandes fortunas. En el caso británico, ese modelo le costó a GB News en 2024 una sanción de 100.000 libras del regulador Ofcom por ofrecer al entonces primer ministro una tribuna sin contraste.

En el Congreso de los Diputados, la frontera entre periodismo y agitación se difuminó hasta el punto de obligar a reformar el reglamento de la Cámara. El nuevo artículo 98 se aprobó con el voto en contra del PP, de Vox y de UPN, y en mayo de 2026 se tramitaban a su amparo ocho denuncias contra Vito Quiles y tres contra Bertrand Ndongo por interrumpir comparecencias y seguir a diputadas. Ambos estaban acreditados a través de EDATV y Periodista Digital, dos portales que reciben publicidad del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y León, lo que ilustra hasta qué punto se solapan los circuitos de financiación pública y los de agitación. Sigue sin existir, en cambio, una medición sistemática de la frecuencia de afirmaciones falsas en los telediarios y en las tertulias de los grandes canales, lo que complica su medición cuantitativa.

Marco jurídico

Regulación de la información falsa

Lejos de ser un accidente, el bajo coste de la mentira responde también a un diseño jurídico que, con el supuesto propósito de proteger la libertad de información, ha renunciado casi por completo a sancionar la falsedad en sí misma. El artículo 20.1.d de la Constitución protege la comunicación de información "veraz". Sin embargo, desde las sentencias 6/1988 y 105/1990 el Tribunal Constitucional interpreta que la veracidad no equivale a verdad material, sino a una diligencia profesional media en la comprobación de los hechos, que puede variar según la fuente y la relevancia de lo publicado. En consecuencia, la información errónea obtenida con una diligencia aparente queda protegida, y la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien la sufre.

Los remedios ordinarios refuerzan esa condición, empezando por la Ley Orgánica 2/1984, que solo obliga a publicar una rectificación cuando el afectado la solicita y no prevé sanción económica. La protección civil del honor exige procesos largos, con indemnizaciones que rara vez guardan proporción con el beneficio obtenido. La vía penal es todavía más estrecha, ya que la calumnia requiere imputar un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad, y el delito de odio del artículo 510 del Código Penal exige, según la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo, un peligro abstracto de incitación a la violencia, hecho que acaba en una cuestión meramente interpretativa del aparato judicial.

La regulación más reciente también es continuista, puesto que La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 no tipifica como infracción específica difundir información falsa, y el procedimiento contra la desinformación que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional en 2020 se limita a tareas de detección y coordinación. La nueva ley de rectificación aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 2026 extiende el derecho a las plataformas y a los usuarios con más de 100.000 seguidores, pero tampoco prevé multas ni sanciones.

Los efectos de esta arquitectura se aprecian en casos recientes como el amparo judicial al cartel de Vox ya mencionado o la decisión del Tribunal Supremo, en 2025, de no investigar a Alvise Pérez por difundir las fichas policiales de 79 detenidos sugiriendo que todos habían cometido robos violentos. El tribunal no apreció peligro abstracto para la población extranjera. Los procesos que sí avanzan contra él se refieren al acoso a una fiscal, a la financiación de su campaña y a la difusión de una PCR falsa atribuida a Salvador Illa. Este último es el único vinculado a una falsedad, y en él Alvise Pérez reconoció el delito ante el tribunal. Del mismo modo, las cinco sentencias de rectificación que un mismo demandante obtuvo frente a OKDiario no conllevaron sanción económica alguna.

En el ámbito europeo, el Reglamento de Servicios Digitales permite sancionar los fallos sistémicos de las grandes plataformas. Del mismo modo, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios exige transparencia en la publicidad estatal sin entrar en la veracidad de lo publicado. Un caso mediático, la primera multa impuesta a X de 120 millones de euros en diciembre de 2025, se impuso con el objeto de castigar su sistema engañoso de cuentas verificadas, la opacidad de su repositorio de anuncios y las trabas al acceso de los investigadores, y no la difusión de desinformación. Para corporaciones de este tamaño, en cambio, una multa de esa cuantía carece prácticamente de capacidad disuasoria. En el caso de X equivale a menos de una milésima parte de la fortuna de su propietario, Elon Musk, que se mide en cientos de miles de millones de dólares, por lo que la empresa puede asumirla como un coste más de su actividad sin modificar su conducta.

En el Estado fracés, la ley de 2018 contra la manipulación de la información solo permite a un juez retirar falsedades manifiestas, artificiales y masivas durante los tres meses previos a una elección estatal. Cuando el regulador Arcom decidió en julio de 2024 no renovar la frecuencia de C8, del grupo de Vincent Bolloré, mantuvo la de CNews, una decisión que Reporteros sin Fronteras calificó de "valiente pero insuficiente". En el Reino Unido, Ofcom puede sancionar la falta de imparcialidad debida, como hizo con GB News en 2024, aunque el Tribunal Superior anuló en febrero de 2025 otras dos de sus resoluciones contra la cadena por interpretar el código de forma demasiado amplia.

El caso de EEUU representa el punto álgido de esta práctica, puesto que allí la protección constitucional de la falsedad es todavía más amplia. Desde 1964, la doctrina New York Times contra Sullivan exige que el cargo público difamador demuestre malicia real, y en 2012 el Tribunal Supremo anuló, por seis votos contra tres, una ley que castigaba mentir sobre condecoraciones militares. La responsabilidad civil por difamación tampoco corrige el problema de fondo. Fox News pagó en 2023 787,5 millones de dólares a Dominion para evitar el juicio por las mentiras sobre el fraude electoral, y Newsmax abonó 67 millones en 2025, pero ninguna de las dos cadenas se retractó ni pidió disculpas en antena. Según Associated Press, en el segundo trimestre de 2025 Fox News tenía un 56 % más de espectadores en horario de máxima audiencia que dos años antes y reunía el 62 % de la audiencia de los tres grandes canales de noticias por cable, frente al 45 % de 2023. Estas indemnizaciones, además, solo están al alcance de empresas con recursos para litigar, y no de los colectivos o adversarios señalados por la mentira.

Al mismo tiempo, la vía judicial se ha convertido en un instrumento de presión desde el poder. ABC News aceptó pagar 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Donald Trump en diciembre de 2024, y Paramount, propietaria de CBS, otros 16 millones en julio de 2025, mientras esperaba que el Gobierno aprobara su fusión con Skydance. En el caso de CBS, sus propios abogados habían calificado la demanda de completamente infundada, y el acuerdo no incluyó ninguna disculpa. En el Estado español, donde ni siquiera existen indemnizaciones de esa escala, quien difunde una falsedad sobre un colectivo, un adversario o una catástrofe se expone, como mucho, a publicar una rectificación que llega tarde y a un público distinto.

Conclusiones

No es ningún descubrimiento que los medios de comunicación no informan desde un lugar neutral, sino desde la posición que les asigna quien los financia, conformando así un aparato propagandístico capaz de llegar a todas las casas. La publicidad institucional se concentra en las cabeceras afines a los gobiernos que la reparten, y partidos, empresas y gobiernos sostienen con dinero o influencias directas, aparatos mediáticos a su servicio. A ello se suman casos del aparato policial que han llevado a portada informaciones sin fundamento en momentos políticos decisivos o han puesto el espionaje al servicio de grandes empresas. Lo que se presenta como "libertad de prensa" funciona, en buena medida, como un mercado de influencia en el que la línea editorial se ajusta al interés político de quien la paga, que a su vez queda amparada por un paraguas legal funcionalmente ambiguo.

La verdad, por su parte, ha dejado de ser una condición necesaria (si es que lo ha sido alguna vez). En ese juego, queda cuantificado que la ultraderecha recurre a la mentira de forma sistemática, tanto a través de sus representantes como de los medios que la amplifican, porque lo falso simplemente les es necesario y, sobre todo, más efectivo que lo verdadero.

En las democracias capitalistas avanzadas, la comunicación es un recurso que se compra, se fabrica y se manipula sin un coste social para quien lo hace. Quienes pagan, poseen o regulan los medios encuentran en esa indiferencia ante la verdad una ventaja que emplean sistemáticamente.

Pero además de la intencionalidad, un contenido efímero, impactante y fácil de entender, independientemente de si es veraz o no, actúa como un producto perfecto en la actualidad. Por un lado, es capaz de despolitizar el tema en cuestión mediante la aportación inmediata de una explicación que no requiere de una reflexión profunda del receptor, pero aparenta ser cierta, encajando perfectamente en el formato inmediato que adoptan las redes sociales y, en general, los formatos hacia los que se tiende en la actualidad (buscando una hiperestimulación y evitando la necesidad de prestar atención y reflexionar). Por otro, resulta fácil de recordar y de reproducir a modo de argumento (o de "zasca"), facilitando a su vez que se propague. Por último, adopta la forma de mercancía audiovisual idónea dado que, al resultar tan fácil de digerir, tiende a ser impactante o satisfactorio, y por ende, a captar más atención; hecho que es beneficioso para la prensa o los canales de difusión mediática actuales.

De esta manera, aquellos discursos que no busquen atender a la complejidad intrínseca de la realidad, y no requieran de su comprensión para plantear una perspectiva, propuesta o idea, son automáticamente más susceptibles de ser consumidos, además de que, al cumplir una función política de desarticulación del pensamiento racional, son promocionados y empleados en la misma medida.

Consultas de interés

García-Marín, D., Rubio-Jordán, A. V., & Salvat-Martinrey, G. (2023). Chequeando al fact-checker. Prácticas de verificación política y sesgos partidistas en Newtral (España). Revista de Comunicación, 22(2), 207–223. https://doi.org/10.26441/RC22.2-2023-3184

Gauthier, G., Hodler, R., Widmer, P., & Zhuravskaya, E. (2026). The political effects of X's feed algorithm. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10098-2

Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(1), e2025334119. https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119

Törnberg, P., & Chueri, J. (2026). When do parties lie? Misinformation and radical-right populism across 26 countries. The International Journal of Press/Politics, 31(2), 367–386. https://doi.org/10.1177/19401612241311886

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

— Adolf Hitler, Mi lucha.

Vox ha construido todo un sistema propagandístico que combina medios propios y afines, fundaciones, agitadores, contratos de publicidad institucional, servicios de comunicación externalizados y colaboradores fijos en grandes medios de comunicación y múltiples vías de financiación, según han documentado diversos medios como El País, Público, El Salto, El Plural, El Mundo, y elDiario.es. Vox no lo apuesta todo a un formato o medio único donde centra toda su comunicación política, sino a una porosa red de plataformas, empresas, fundaciones, colaboraciones y perfiles influyentes que se adaptan y se activan según el momento político, el público objetivo al que el partido quiere llegar y el mensaje que quiere transmitir. Hagamos un repaso de algunos aspectos principales que han ido saliendo a la luz en los últimos años.

¿Quién paga la tinta?

Con estos resortes, Vox amplifica sus discursos y, en algunos casos, reparte dinero de origen principalmente público que atesora el propio partido o del entramado empresarial paralelo que lo sustentaría, ambos estrechamente ligados entre sí. Hasta el 65% de la financiación que declaraba Vox en 2020 y 2021 tenía origen público, sea mediante subvenciones directas o aportaciones de los salarios de sus cargos públicos; en 2025, esa proporción fue del 74,4%, con unos 12,2 millones de euros de origen público frente a 4,1 millones de ingresos privados, casi todos cuotas de afiliados, según las cuentas del partido difundidas por El Independiente y Público. Este dinero sirve para sostener una estructura oficial de 113 liberados bajo nómina de Vox, que en 2024 declaró haberle costado 5 millones de euros en sueldos, lo que da fe de cuántas personas puede llegar tener el partido ejecutando tareas bajo su disciplina directa. Además, existen indicios que apuntan a que esta estructura pública podría ser solo la punta del iceberg y estar acompañada de otra estructura paralela oculta, donde los sueldos se pagarían bajo contrataciones con empresas-pantalla, como se vio en el caso del líder de la organización juvenil Revuelta, que llegó a cobrar 262.000 euros anuales a través de una empresa vinculada al partido.

Lo que sí son visibles son las confluencias. El País describió ya en 2022 que Vox gozaba de una “galaxia mediática” en la que varios dirigentes y responsables de comunicación del partido procedían del entramado empresarial de Julio Ariza en Intereconomía, como Juanjo Aizcorbe, Juan E. Pflüger y Kiko Méndez-Monasterio, este último con un contrato confidencial firmado en 2024 que revela pagos mensuales de 26.795 euros mediante una empresa sin plantilla. Por lo tanto, no se puede saber a ciencia cierta a cuántas personas emplea Vox directa o indirectamente, incluidos en diferentes tareas de comunicación, ni de dónde provienen exactamente los fondos que emplean. Destacados coces disidentes internas denominaron “el búnker” a este opaco conglomerado económico y mediático, al que llegaron a señalar como una especie de dirección del partido en la sombra que sería responsable de, presuntamente, desviar fondos de la formación para costear sobresueldos, intereses empresariales y personales de sus dirigentes, donde el partido habría incluso publicitado algunas de estas actividades a nivel interno. Estos desencuentros ya se han saldado con disputas abiertas entre dirigentes históricos y peticiones públicas de transparencia por parte de varios líderes destacados, que terminaron siendo purgados. La nueva cúpula del partido, con Abascal a la cabeza, ha negado las acusaciones en todo momento.

Influencia en varios frentes comunicativos

El partido dice rechazar la prensa tradicional (con casos de vetos y descalificaciones como “prensa lacaya”) mientras construye un aparato bajo su influencia que interviene en redes sociales, medios digitales e impresos, televisión, radio, su propio think tank y youtubers simpatizantes. La estrategia apuesta por emplear diversas herramientas para librar la “batalla cultural”, desarrollar conceptos estratégicos como la “Iberosfera” (países de tradición hispana y portuguesa), agitar los ánimos contra sus rivales, desatar ofensivas políticas como sucedió ante las crisis de Ceuta y Torre Pacheco, reforzar su autonomía mediática y ganar protagonismo frente a cabeceras cercanas al PP, donde intervienen cuando lo consideran oportuno, pero sin desarrollar una relación de dependencia.

En consecuencia, el mapa del ecosistema mediático de Vox incluye (con diferentes grados de influencia y cercanía ideológico-política) medios audiovisuales afines donde el partido ha mantenido cierto protagonismo, como El Toro TV, Intereconomía, 7NN, Decisión Radio y EDATV; portales digitales como OkDiario, Libertad Digital, EsDiario, HerQles, El Debate, Periodista Digital y The Objective, y el medio que el partido controla directamente: La Gaceta de la Iberosfera. A ellos se suman agitadores como Javier Negre, Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que viralizan contenidos en X, TikTok, YouTube, Instagram y Telegram; fundaciones y lobbies como Disenso, DENAES, ACOM, HazteOír y CitizenGO; una red de canales de YouTube e influencers (Bipartidismo Stream, Infovlogger, Wall Street Wolverine, Jota Red Pill o Begoña Gerpe, entre otros) que suman millones de seguidores, compensando el alejamiento de los medios tradicionales y con el objetivo de llegar a públicos más jóvenes. Por último, y no por ello menos importante, está la consultora Tizona Comunicación, vinculada al mencionado complejo Ariza–Méndez-Monasterio, que facturó casi 1,3 millones de euros en un año a Vox, aparentemente por tareas de comunicación, producciones audiovisuales, web, resúmenes de prensa y formación de candidatos para el partido, según El País.

Disenso funciona como una pieza importante para realizar muchos de estos pagos que se realizan en forma de contratación de servicios externos. Vox ha transferido a la Fundación Disenso un total de 12,9 millones de euros desde su creación en 2020 hasta junio de 2026, según las cuentas del partido y de la fundación recopiladas por elDiario.es, Público, El Independiente y El Mundo. Esa cantidad supone alrededor del 95% de los ingresos documentables de Disenso en el periodo y encendió las alarmas en las Cortes, que en diciembre de 2025 acordaron pedir una fiscalización especial al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox varias sanciones por infracciones de la ley de financiación, todas recurridas por el partido: una ha sido anulada por el Supremo y otras dos siguen pendientes, una de ellas de 862.497 euros. La fundación, presidida por el propio Abascal, es precisamente la que edita el digital La Gaceta y el canal Bipartidismo Stream. Registró pérdidas de unos 373.000 euros en 2024, en parte por el coste del diario y “servicios de profesionales independientes”; el informe de 2020 ya recogía pérdidas de 78.020 euros. La Gaceta de la Iberosfera, que en 2024 ingresó unos 10.000 euros en publicidad mientras Disenso invertía en ella 800.000 euros, no funciona como un negocio editorial, sino como un gasto político del partido canalizado a través de su fundación. No se conoce el precio del traspaso de la cabecera desde Intereconomía a Disenso en 2020, aunque Intereconomía se comprometió a asumir la mitad de una deuda del diario de unos tres millones de euros. Finalmente está la dirección formal de comunicación de Vox, compuesta por Álvaro Zancajo y Manuel Mariscal, que se financia con las cuentas regulares del partido y realiza las tareas rutinarias de comunicación del mismo.

Participación y colaboración en medios tradicionales

Visto lo visto, cabe imaginar que Vox no necesita controlar directamente los grandes medios generalistas para obtener una plataforma mediática desde donde proyectar su mensaje: sus dirigentes y aliados mediáticos son entrevistados, columnistas o colaboradores habituales que ocupan asientos o columnas en Mediaset, ABC, El Mundo, El Español, EsRadio, 13TV, etc.

El reciente caso de Horizonte, en la cadena Cuatro, es especialmente relevante. El programa, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, funciona como una mesa de colaboradores y tiene fuerte presencia en redes y clips virales. En estos momentos está batiendo récords de audiencia, como se explica en otro artículo de este Dominical. La mesa de Jiménez y Porter ha integrado, entre otros, a figuras como Eduardo Inda, (director de OKDiario y tertuliano habitual en otras cadenas), participante activo en segmentos sobre querellas, escraches y conflictos políticos, acompañando a Abascal en una tribuna importante en plena precampaña.

Abascal fue entrevistado por primera vez en horario de máxima audiencia el pasado 21 de octubre, tras los disturbios de A Coruña (Galiza). Denunció una supuesta “campaña de violencia” contra Vox y señaló directamente al Gobierno de Sánchez como responsable, tesis que el programa difundió como titular principal y clip. El colaborador habitual Juan José “Juanjo” Cabrera declaró en directo que su voto del 29 de noviembre sería para Abascal, un momento que el propio programa generó como producto viralizable. Horizonte ha tratado de forma recurrente más cuestiones centrales que le vienen como anillo al dedo a la agenda de Vox: “inseguridad” e inmigración (relacionándolos casi siempre), protestas, “violencia política”, Ceuta, Soros, “quién está detrás” de las movilizaciones y casos de corrupción del PSOE.

El valor para Vox en todo esto es el empaquetado mediático completo: un titular que anuncia que Abascal entra en el programa, espectadores en directo, se convierte en vídeo corto, se difunde en X, TikTok, Instagram y YouTube, y luego es recogido por medios digitales afines como OkDiario, EDATV o Libertad Digital, o no tan afines, si las declaraciones son muy incendiarias. No está demostrado que Horizonte tenga un acuerdo editorial formal con el partido, pero Abascal ha recibido una entrevista central en horario de máxima audiencia y el programa amplificó previamente sus tesis.

En cuanto al personal, uno de los ejemplos más claros de tránsito entre medios y partido es el de Hermann Tertsch: columnista de ABC, colaborador de EsRadio y 13TV, pasó en 2019 a encabezar la candidatura de Vox al Parlamento Europeo junto a Jorge Buxadé. Ese circuito de periodistas que se convierten en cargos de Vox, o de cargos de Vox que se convierten en contertulios televisivos, no es exclusivo del partido, pero en su caso se combina con un ecosistema digital muy activo y con una estrategia de viralización ofensiva.

Las temáticas recurrentes de Vox en todos los espacios mediáticos que ocupa son conocidas: la inmigración como “invasión”, el “fraude electoral”, la “Agenda 2030”, “los vividores y las paguitas” y las teorías conspirativas como el “Gran Reemplazo”. Estas narrativas antes estaban vinculadas a entornos neonazis, supremacistas e identitarios relativamente marginales; ahora, con Vox, han sido propagadas masivamente por la tercera fuerza política parlamentaria del Estado español, una fuerza política que cuenta con todo este apoyo mediático.

Vox desinformación y sospechas de contratación de bots

El proyecto SmartVote identificó a Vox como principal difusor de contenidos falsos en el Estado español, con Chega en una posición análoga en Portugal. Una investigación sobre 235 intervenciones de Vox en el Congreso detectó estrategias de desinformación, incluidas teorías conspirativas y sensacionalistas, y un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos halló algún tipo de “desorden informativo” en el 65% de los vídeos publicados por Vox en Instagram. El CIS de mayo de 2026 recoge la percepción social: el 34,2% de los encuestados señaló a Vox como el partido que más usa la desinformación, al que le sigue el PSOE (23,7%).

El ecosistema digital de Vox incluye su canal oficial de WhatsApp, que en la práctica funciona como altavoz central del partido: está verificado y se publicita en su web y redes. Según los datos recopilados por WhaTools, una herramienta de seguimiento de canales políticos en WhatsApp, el canal pasó de 37.738 seguidores el 28 de agosto a 81.895 el 13 de septiembre, un crecimiento de unos 42.000 seguidores en tan solo doce días que lo convirtió en el canal de partido político con más seguidores de Europa, por delante del Movimento 5 Stelle italiano, Die Linke y la Lega. Sin embargo, la interacción no acompañó ese salto: mientras los seguidores se multiplicaban por 2,2, las reacciones a las publicaciones solo lo hacían por 1,6; las reacciones por cada mil seguidores cayeron de 13,8 a 9,8, y los reenvíos por cada mil pasaron de 18 a 7. “Ese patrón suele delatar una audiencia inflada”, señala el análisis. La curva de crecimiento también da algunas pistas: durante casi dos semanas el canal sumó entre 3.000 y 4.000 seguidores al día, casi en línea recta, y luego, alrededor del 10 de septiembre, se detuvo de golpe. “Cuando una noticia dispara un canal de verdad, la curva sube de golpe y después baja poco a poco, a medida que se enfría el asunto. Aquí no hay planeo. Hay una rampa constante de doce días y una caída abrupta”, explican desde WhaTools.

Este crecimiento se produjo tras la crisis de Ceuta, que a finales de julio y principios de agosto concentró la atención mediática y política. Es plausible que la crisis empujara a decenas de miles de personas a seguir el canal de Vox, pero los datos de interacción no respaldan esa lectura. “Los números no nos pueden dar un veredicto, pero se inclinan más hacia la segunda opción”, concluyen los analistas, refiriéndose a la posibilidad de que buena parte de esos seguidores nuevos no se comporten como el público que ya había. Los datos de seguidores son abiertos con licencia CC BY 4.0 y respaldados por Archive.org, lo que permite verificarlos de forma independiente.

Anteriores investigaciones académicas han documentado patrones similares en otras plataformas. Un estudio de la Universidad de Murcia sobre las elecciones del 10-N de 2019 detectó 27.000 cuentas automatizadas entre 825.000 perfiles analizados y, de las 3.000 cuentas clasificadas por afinidad partidista, el 49,84% se asoció a Vox, la mayor proporción entre los cinco grandes partidos. El País recogió que los bots favorables a Vox intensificaron su actividad la noche en que Abascal acudió a El Hormiguero. El Institute for Strategic Dialogue identificó en abril de 2019 una red de casi 3.000 cuentas de Twitter localizadas en Venezuela que difundían mensajes favorables a Vox y hostiles al islam, con una media de 152.907 tuits diarios y unas 460.000 menciones a Abascal. Otro estudio de Mediaflows (Universidad de Valencia y Valladolid) documentó que, en Telegram, la desinformación fue constante en canales y grupos de simpatizantes de Vox en la campaña de abril de 2019, con contenidos emocionales y movilizadores sobre inmigración, aborto, armas, feminismo e independentismo.Estas investigaciones demuestran que, por lo menos, existen redes automatizadas y canales estructurados de simpatizantes que amplificaron mensajes favorables a Vox, aunque no se puede probar de forma concluyente que Vox contratara, pagara o dirigiera granjas de bots, porque no hay una sentencia favorable que lo acredite.

Israel: “Tenemos a Vox y Abascal como nuestro portavoz”

Gracias a la manifiesta alianza con el partido gobernante israelí Likud y el Gobierno de Benjamin Netanyahu, una sintonía que se ha institucionalizado en parte a través de Patriots.eu, la plataforma europea presidida por Abascal, en la que el Likud participa como observador. Gracias a esto, Vox ha conseguido reconocimiento y apoyo internacional del sionismo. Abascal viajó a la Palestina ocupada por el Estado de Israel en diciembre de 2023 invitado por el partido de Netanyahu y por ministros del Ejecutivo israelí, y en mayo de 2024 se reunió con el primer ministro en Jerusalén. En agosto de 2026, el ministro israelí de Diáspora, Amichai Chikli, llegó a describir a Abascal como “la voz más sionista de España”, y The Times of Israel informó en febrero de 2025 de que el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, ordenó abrir canales con Vox, el RN francés y los Demócratas suecos.

Esta coordinación se traduce en posturas concretas que favorecen a Israel en Europa y políticas de comunicación específicas. La Coalición Europea por Israel situó a Vox como el partido europeo más favorable a las posiciones israelíes, con un 97,7% de votos afines antes del 7 de octubre de 2023 y un 99,13% después. Israel, a cambio, les ofrece sus altavoces en medios israelíes como i24NEWS, Israel Hayom, The Jerusalem Post y The Times of Israel, así como en los medios españoles del ecosistema mediático sionista. CTXT documenta que Vox y el Likud exhibieron un acuerdo con dos ejes: “acabar con el islamismo” y “defender la civilización occidental”, con marcos discursivos perfectamente alineados y acompasados sobre la cuestión Palestina y la migración, estableciendo una construcción del enemigo externo homologable que les conviene a ambos para fomentar el odio contra la población árabe-musulmana, tanto Palestina como en el Magreb. Esto se ha podido comprobar recientemente a raíz de las protestas por el coste de vida y los servicios públicos en Francia, donde Vox ha difundido bulos importados de Israel y se ha vuelto a alinear con el discurso de Tel Aviv al señalar al “islamoizquierdismo” como presunto responsable de los disturbios.

Por el momento, no hay pruebas públicas sólidas de financiación directa del Estado de Israel a Vox. Esto se debe en gran parte a que la fiscalía y los juzgados no parecen tener demasiadas intenciones de investigarlo, puesto que existen indicios y antecedentes significativos en Europa que apuntan en esa misma dirección. El partido recibió financiación extranjera documentada del entorno opositor prosionista iraní en 2014, que sirvió para nada más y nada menos que financiar su primera campaña al Parlamento Europeo, un año después de su fundación. Luego llegaron los créditos del banco húngaro MBH, reconocidos también por la propia formación verde.

La evolución de la audiencia es testigo de ese salto. En 2025, el programa cerró su mejor año histórico, con una media de 9,1% de share y 603.000 espectadores. En enero de 2026, Mediaset decidió ampliar el formato a una edición diaria de lunes a miércoles en el access prime time, además de la noche larga de los jueves. Los resultados fueron inmediatos: subió a medias de 7,6-7,8% y 946.000-953.000 espectadores en el access, y 9,6-9,7% y 665.000-671.000 en la noche de los jueves.

El programa ha consolidado un público masivo que ha ido ampliando a medida que acumulaba sus mayores récords con las polémicas: la entrevista a Isabel Díaz Ayuso el 1 de octubre de 2026 alcanzó un 15,5% de share y 1.885.000 de espectadores, el máximo histórico de Cuatro y el contenido no informativo más visto del día y líder de su franja por encima de La Revuelta y El Hormiguero. En septiembre, durante la crisis migratoria de Ceuta, el programa marcó un 14,4-14,5% y contribuyó al sorpasso puntual de la cadena Cuatro sobre Telecinco (también del grupo Mediaset). El perfil de audiencia es tanto joven como adulto (13-24 y 45-64 años), con mejores datos en Castilla-La Mancha, Balears, Asturies y Andalucía.

Horizonte aporta hoy por hoy en torno al 18-20% de la audiencia de Cuatro en algunas franjas y ha impulsado el rendimiento comercial del segundo canal del grupo. Se trata de un producto de bajo coste relativo, alta fidelidad y capacidad de generar viralidad y debate en redes, justo lo que los anunciantes buscan. Jiménez ha negado motivaciones de "dinero, fama o prestigio" y atribuye el éxito a su "lealtad con la cadena".

A río revuelto, ganancia de pescadores

Sin embargo, la ampliación horaria y la apuesta de Mediaset por el formato coinciden con el aumento de las polémicas y de la carga política del programa, por lo que la controversia se ha convertido consustancial al formato. Algunos de los últimos episodios han generado acusaciones de desinformación, bulos y sesgo de extrema derecha por parte de numerosos medios y espectadores: la acampada de Sol, las protestas estudiantiles, el desahucio de Maricarmen, la DANA de València, la entrevista a Ayuso y el fragmento de Eduardo Inda sobre las pensiones, donde llegó sugerir que Alberto Nuñez Feijóo (PP) "tiene que ser hábil" en campaña para hacerles creer a los electores de que no va a tocar las pensiones, para que el día 30, tras las elecciones, haga lo que realmente quiere hacer. Jiménez se refirió a ello como "picardía".

El programa y Jiménez rechazan las críticas y defienden esta actividad como su "independiente", presentándose como un "club de prensa" con "voces críticas al Gobierno". El grueso de las acusaciones se centra en figuras reaccionarias: el propio Inda, Beatriz Talegón, Chapu Apaolaza, José Cabrera, Ketty Garat, Carlos Cuesta, Jorge Calabrés, Miquel Giménez y Roberto Vaquero.

El desahucio de Maricarmen

La polémica a raíz del caso Maricarmen fue especialmente notoria. El 28 de septiembre, en una tertulia sobre el desahucio de la anciana, Talegón preguntó: "¿Oye, el decreto se llamará Maricarmen o ya no?", a lo que Carmen Porter respondió: "Hasta luego, Maricarmen". El fragmento se viralizó recortado tras la muerte de la mujer y generó una fuerte campaña de críticas. El programa difundió el contexto completo, donde se mostraba que los comentarios se referían a "un posible decreto de vivienda tras el acuerdo de realojo, no a la persona".

Al parecer, a Jiménez no le gustó cuando fue su programa el que se convertía en objeto de señalamiento y descontextualización; denunció "manipulación y bots". Sin embargo, aunque la burla de Talegón y Porter no viniera tras la muerte de la anciana, el programa había construido un relato que legitimaba el desahucio, acompañado de bromas. La polémica, lejos de dañar al programa, coincidió con un pico de audiencia del 13,8%.

La acampada por la vivienda

En el caso de la acampada de Sol, el equipo de reporteros de Horizonte fue expulsado y Jiménez reaccionó con dureza: "¿Esta gentuza quién es?", resumiendo el desprecio del programa hacia un movimiento social que cuestiona el rentismo y la especulación inmobiliaria. En las protestas antifascistas, por la educación y la vivienda, el programa ha desplegado relatos que vinculan a los manifestantes con "la violencia", "ETA", "Hamás" y la "okupación", al tiempo que da voz a portavoces de lobbys policiales como JUPOL y el CEP para justificar las cargas policiales y deslegitimar las reivindicaciones. Eduardo Inda llegó a afirmar que las imágenes de los disturbios en Iruñea a raíz de la aparición de Vito Zoppellari Quiles "nos retrotraen a los peores años de ETA, del terrorismo callejero de ETA". El programa construye así un enemigo interno ("el joven encapuchado", "las banderas rojas") que sirve de chivo expiatorio para desviar la atención de las causas tras las reivindicaciones de las protestas.

Monetización del escándalo

A su vez, la función ideologizante de Horizonte no puede entenderse sin su dimensión comercial. Mediaset ha convertido el programa en el eje de su programación en Cuatro y en un activo muy rentable. Las polémicas alimentan las críticas y los récords de audiencia, en circulo vicioso que beneficia tanto al grupo mediático como a la derecha y la extrema derecha política.

El programa, aunque se presenta como "un espacio de investigación independiente", funciona como un aparato de agitación que opera en el terreno de la guerra cultural: selecciona los temas, establece un marco discursivo, elige a los invitados y construye un relato que criminaliza la protesta social, estigmatiza a la inmigración y ataca al Gobierno desde posiciones reaccionarias, entre otras cuestiones. Esta transformación de Jiménez, del misterio al combate político de la derecha, resume el funcionamiento de un sistema mediático que ha encontrado en el miedo y la polarización su modelo de negocio.

Aunque la corporación no publica cifras desglosadas por espacio, las estimaciones basadas en las tarifas de Publiespaña para el cuarto trimestre de 2026 y en las audiencias reales son sugerentes: situarían los ingresos publicitarios netos anuales de Horizonte entre 28 y 35 millones de euros, con un escenario optimista que podría alcanzar los 42 millones en los picos de audiencia. Esto se debe a que se trata de un producto relativamente barato en costes de producción para la cadena, con una media ponderada de 1,1 a 1,3 millones de espectadores en el tramo principal y una ocupación publicitaria del 70-85%.

La ampliación de horario y días de emisión desde septiembre responden precisamente a esa misma lógica: a más minutos, más inventario publicitario vendible a precios premium para Cuatro. Entonces, las polémicas, lejos de ser un riesgo para el programa, se han convertido en el pulmón del negocio de Mediaset: cada récord de audiencia asociado a una controversia o una subida de tono, sube el precio de los espacios publicitarios y atrae a anunciantes interesados en un público objetivo muy movilizado.

En nómina de la familia Berlusconi

Detrás de Mediaset España y, por tanto, de programas como Horizonte, se encuentra el conglomerado paneuropeo MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., registrado en Ámsterdam (Países Bajos) y con residencia fiscal en Italia, que controla Telecinco, Cuatro y los canales temáticos del grupo en el Estado español. El accionista de control de MFE es Fininvest S.p.A., el holding familiar fundado por el político italiano Silvio Berlusconi. A pesar de no poseer la mayoría absoluta del capital total, Fininvest controla más del 50% de las acciones de clase B, que tienen un peso de voto diez veces superior a las de clase A, lo que le otorga el control efectivo de la compañía. El consejero delegado de MFE es Pier Silvio Berlusconi, hijo del fundador, y el consejo incluye a Marina Berlusconi y a Danilo Pellegrino, directivos de Fininvest. Tras la muerte de Silvio Berlusconi en 2023, el control de Fininvest quedó repartido entre sus hijos, con Marina y Pier Silvio concentrando una influencia notoria.

La infografía no representa un dato oficial consolidado del Ministerio de Educación Superior e Investigación, pero aporta cifras significativas.

Caída del 20% del presupuesto por estudiante desde 2008

En primer lugar, asegura que el gasto público en educación superior e investigación por estudiante habrá caído aproximadamente un 20% entre 2008 y el presupuesto previsto para 2026, en euros constantes, ajustado por inflación y con 2008 como base 100. La serie representada sitúa el índice en torno a 100 en 2008 y lo proyecta cerca de 80 en 2026. La caída se presenta como un proceso acumulado a lo largo de las presidencias de Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron, aunque la infografía no desglosa públicamente cuánto corresponde a cada etapa. Se trata de gasto por estudiante, no necesariamente de una reducción del gasto total, es decir, una caída del 20% por alumno puede coexistir con un aumento del gasto agregado si el número de estudiantes ha crecido más deprisa que la financiación.

Salario inicial de un profesor de secundaria, cerca del mínimo

El segundo indicador sostiene que el salario inicial de un profesor de secundaria (profesor certificado de colegio, excluidas primas) equivalía a 2,1 veces el salario mínimo en 1980, pero solo a 1,04 veces en 2026. Esto implica una reducción de aproximadamente la mitad en términos relativos al SMIC en cuatro décadas. La cifra casa con un cálculo anterior de Chancel recogido por Le Point en 2022: el salario bruto inicial de un titular del CAPES equivalía a 2,2 SMIC en 1980 y a 1,14 SMIC en 2022. El dato no afirma que un profesor gane literalmente lo mismo que cualquier otro trabajador con salario mínimo, sino que su salario inicial, excluidas primas, apenas supera el SMIC. En 2022, la diferencia era de aproximadamente un 15%; la infografía de 2026 lo sitúa todavía más cerca de la paridad. La comparación es relevante porque el SMIC ha crecido nominalmente con la inflación y con revalorizaciones legales, mientras que la retribución estatutaria docente ha evolucionado de forma mucho más lenta, lo que supone una pérdida de posición relativa frente al salario mínimo y, probablemente, frente a otros sectores. La OCDE, citada por Le Point, situaba en 2020 el salario inicial de un docente de primer ciclo de secundaria francés en 34.833 dólares, el puesto 18 entre 38 países de la organización.

Diferencias territoriales

El tercer indicador, con fuente del IPP, señala que en Seine-Saint-Denis, el departamento metropolitano más pobre, el 50% de los profesores de colegio tienen menos de 35 años; en París, el departamento más rico, la proporción es del 16%. El informe del IPP confirmaba ambos porcentajes para la vuelta al cole de 2024: la media estatal era de uno de cada cinco, el 20%; en Hauts-de-Seine era del 31% y en Val-de-Marne, del 37%. El dato mide la estructura de edad del profesorado, no directamente su nivel formativo ni su rendimiento, pero una elevada proporción de docentes jóvenes suele asociarse a menor experiencia acumulada, mayor rotación y más dificultades para consolidar equipos estables en centros con mayores necesidades educativas. El propio IPP añade que en París el 43% de los docentes de collège tenían más de 50 años, frente al 15% en Seine-Saint-Denis, reforzando la tesis de la segregación territorial en la experiencia del profesorado.

Bautista señala que desde febrero del año pasado Ceuta y Melilla cuentan con sistemas de inteligencia artificial incorporados a todo su perímetro fronterizo. Esa IA recibe la información de sensores de paso y movimiento, cámaras nocturnas y cámaras de larga distancia, y determina dónde considera probable que se produzca un salto de la valla para transmitir indicaciones a la Guardia Civil. “Un sistema cuyo algoritmo desconocemos y que no podemos auditar ni como periodistas ni como ciudadanos está participando en decisiones que deberían corresponder a seres humanos”, alerta el experto. La empresa que lo desarrolla es la española TRC, que también trabaja para la Policía y el CNI y que, de acuerdo con el investigador, está incorporando inteligencia artificial a los sistemas del Ministerio de Justicia para determinar a quién se concede la nacionalidad española.

“Estamos poniendo en manos de empresas armamentísticas información extremadamente sensible”

Bautista detalla además la presencia de empresas israelíes en procesos críticos: DARS Telecom, creada por un antiguo alto cargo del Mossad y que vendía Pegasus al Gobierno español, instala sistemas de inteligencia artificial cognitiva en aeropuertos y puertos; ETEL88 suministra visores nocturnos, cámaras y lectores biométricos a Marruecos y Mauritania en el marco de la externalización de fronteras; One Recovery está presente en la llegada de cayucos; y Excem, fundada por David Hatchwell (financiador de las campañas de Netanyahu y cofundador del lobby sionista ACOM), proporciona la tecnología que escanea los pasaportes y los equipajes en los controles fronterizos. “Estamos poniendo en manos de empresas armamentísticas información extremadamente sensible: nuestros datos biométricos faciales, nuestro rostro, nuestras huellas dactilares”, advierte.

“Las fronteras son un laboratorio”

Otro informe titulado Tecnología digital para el control migratorio en la frontera sur de España, elaborado por AlgoRace y Euromed Rights en 2024, documenta que la frontera sur combina sistemas analógicos y digitales, y que el despliegue de IA es aún limitado pese al volumen de contratos públicos. El estudio, basado en 34 entrevistas con agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Frontex, ONG, abogados y personal sanitario, constata que en Melilla el Estado adjudicó a Thales un sistema de vigilancia de 2,5 millones de euros con cámaras térmicas, iluminadores láser y el software Horus, y que la Guardia Civil ha adquirido drones DJI Matrice 300 RTK con funciones de IA para detectar embarcaciones. En Canarias, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) cuenta con 24 estaciones, tiene un alcance de entre 19 y 22 kilómetros y ha sido gestionado por empresas como Indra, Amper, Inetum, Atos, Deimos, Telefónica y Escribano Mechanical Engineering, que en 2022 se adjudicó 19 millones de euros para mantenimiento y actualizaciones. Los autores del dossier subrayan que la tecnología se orienta a la vigilancia y la contención, no al rescate: “No importa cuántas embarcaciones puedan detectar los sistemas automatizados si no hay suficientes barcos de rescate disponibles para intervenir”.

El informe señala que la frontera sur funciona como un “laboratorio” donde se prueban tecnologías que luego se integran en bases de datos estatales y europeas como EURODAC, el SIS II, el VIS y el futuro Sistema de Entradas y Salidas (EES), y que la recopilación de datos se hace a menudo de forma manual y con errores que persiguen a las personas durante años. Bautista, por su parte, subraya que ese entramado no es una excepción marginal, sino la lógica del conjunto del sistema: “Las fronteras son un laboratorio donde se vulneran derechos y se prueban tecnologías contra las personas migrantes que después pueden utilizarse contra el resto de la población, contra quienes protestan o piensan de forma diferente”. En ese sentido, el investigador recuerda que la empresa NTT Data, que gestiona datos de pasajeros en los aeropuertos con Aena y el Ministerio de Transportes, estuvo implicada en el escándalo de los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. “Si se han producido problemas tan graves en la gestión de los cribados, ¿qué podría ocurrir con los datos extremadamente sensibles de millones de personas que entran y salen de España?”, se pregunta.

Netanyahu: “Si no detenemos a Hamás aquí, los veréis en las calles de París”

La dimensión política de ese negocio quedó patente el pasado 20 de octubre, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló en una entrevista con el canal C14 una conversación privada con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que el mandatario israelí le advirtió: “Si no detenemos a Hamás aquí, los veréis en las calles de París”. Sin embargo, cabe recordar que cuando Netanyahu habla de “Hamás”, en realidad no se refiere principalmente a la organización de la resistencia palestina. A la luz del genocidio en Gaza, ha quedado claro que el concepto funciona como un significante expansivo que asimila a toda la clase trabajadora árabe y musulmana (y, por extensión, a la clase trabajadora migrante) con el enemigo, difuminando la frontera entre combatientes y civiles. Al trasladar esa lógica a las protestas en Francia, Netanyahu equipara la conflictividad social y la presencia de trabajadores migrantes con una “amenaza terrorista”, legitimando episodios de violencia racista extrema como el que acaba de suceder en la periferia parisina. Este valida a su vez a la extrema derecha europea. Netanyahu fue explícito al respecto: “un cambio político” en el país galo podría beneficiar a Israel.

La declaración coincidió además con la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social (“Los migrantes se han apoderado de Francia”) y con las palabras del vicepresidente JD Vance sobre la “asimilación”. El apoyo directo de Netanyahu a las tesis políticas de la extrema derecha y su sincronización discursiva sugieren la profundidad de esta alianza, que declara abiertamente “compartir preocupaciones comunes sobre la migración musulmana a Occidente”. El ministro israelí Amichai Chikli calificó a Jordan Bardella (Reagrupación Nacional) y a Santiago Abascal (Vox) como “una de las voces más claras en Europa contra Hamás”.

El anuncio se produjo tras una acción armada de la resistencia palestina en el cruce de Judea, cerca de Hebrón, en el que dos soldados israelíes fueron abatidos y otros tres resultaron heridos leves. Ambos jóvenes combatientes palestinos, identificados como Mohamad y Firas Yaaba, ambos de 27 años y residentes de Hebrón, cayeron bajo las balas de las fuerzas de ocupación. “Las Fuerzas de Defensa de Israel entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista”, declaró Netanyahu en un videomensaje desde Hebrón, anticipando un castigo colectivo contra el pueblo palestino. El primer ministro ordenó además el cierre “total” e indefinido de toda Cisjordania y el cerco inmediato de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia.

La operación ya ha comenzado. Según Xinhua, las fuerzas israelíes demolieron un edificio residencial de tres apartamentos en la zona de Farsh al-Hawa, al oeste de Hebrón, y cerraron las entradas principales de la ciudad, impidiendo la entrada y salida de residentes y vehículos. El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que el barrio del que procedían los combatientes de la resistencia será evacuado y que se aplicará “el modelo del campo de refugiados de Yenín”. El ministro de Finanzas, el fascista Bezalel Smotrich, ordenó demolir inmediatamente una “amplia hilera” de viviendas que calificó de “construcciones árabes ilegales” adyacentes al lugar del ataque. Netanyahu prometió además reforzar los nuevos asentamientos colonos en Cisjordania (ilegales según el derecho internacional, pero en definitiva un hecho consumado sin represalias) y regularizar más de un centenar de nuevas comunidades de colonos. El ataque se produce cuatro días antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, en las que Netanyahu compite por un escaño en una contienda muy ajustada y en las que la “seguridad” es el tema estrella de campaña, según DW.

Reacciones internacionales

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por los cierres que restringen gravemente la libertad de movimiento de los palestinos, su acceso a los servicios básicos y a sus medios de subsistencia, y lamentó las demoliciones y la posible evacuación de residentes en Hebrón, según su portavoz, Stéphane Dujarric. La Unión Europea “condena” el bloqueo y exige que se preserve la libertad de circulación en Cisjordania, ya de por sí impedida por la metástasis de asentamientos colonos en el territorio. Bruselas insiste en que los asentamientos israelíes son “ilegales a la luz del Derecho internacional”, pero no tiene intención de cortar relaciones comerciales y diplomáticas con los intereses israelíes en la zona. La ONG israelí de derechos humanos B’Tselem calificó los planes de “castigo colectivo y actos que podrían constituir crímenes de guerra” y advirtió de que las medidas podrían extender a Hebrón “los desplazamientos masivos y la destrucción que ya se han producido en el norte de Cisjordania, donde más de 33.000 palestinos fueron desplazados por operaciones militares israelíes”. B’Tselem pidió a los gobiernos e instituciones internacionales que actúen “ahora” para “prevenir el desplazamiento forzoso de civiles palestinos, el castigo colectivo y la destrucción ilícita a gran escala en Hebrón”, según Middle East Eye.

La resistencia llama a “convertir la tierra en un fuego bajo los pies de ocupantes y colonos”

Hamás, la Yihad Islámica Palestina (YIP) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) emitieron declaraciones el 23 de octubre elogiando la operación de la resistencia, sin reivindicar su autoría, según los comunicados recogidos por Al Jazeera. Hamás calificó el ataque de “operación cualitativa y heroica” y “respuesta natural y legítima” a los “crímenes y ataques brutales continuos” contra el pueblo palestino, lamentó la muerte de los dos “mártires” y llamó a la movilización total en ciudades, aldeas y campos de refugiados para “convertir la tierra en un fuego bajo los pies de ocupantes y colonos”. Su portavoz saludó la “operación heroica en Hebrón/Al-Khalil” y pidió al pueblo levantarse contra el “ocupante rapaz” y defender Al-Aqsa. La Yihad Islámica describió la operación como un mensaje “sellado con sangre pura y noble” de que la respuesta a los crímenes del “enemigo sionista” y los colonos es constante, y sus Brigadas Al-Quds llamaron a los palestinos en Cisjordania a “incrementar la confrontación y combatir de forma directa a las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos a través de todos los medios disponibles”. El FPLP elogió la operación de resistencia en el puesto de control de Farsh al-Hawa, lamentó el fallecimiento de los dos ejecutores y reiteró su llamado a formar comités de protección popular en toda Cisjordania para contrarrestar los ataques de colonos.

El anuncio de Netanyahu es otro capítulo en la escalada de violencia en Cisjordania desde octubre de 2023. Según el Ministerio de Salud palestino, más de 1.100 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes o colonos en ese periodo. La operación “Muro de Acero”, lanzada en enero de 2025 en los campos de refugiados del norte de Cisjordania y citada por Netanyahu como modelo para las nuevas operaciones, desplazó forzosamente a entre 33.000 y 40.000 palestinos, el mayor desplazamiento en Cisjordania desde 1967, según la ONU y UNRWA. Organizaciones de derechos humanos han calificado esas tácticas de crímenes de guerra. El alcalde de Hebrón, Ali Rabeh, denunció el castigo colectivo y el preso político Mustafa Barghouti habló de “limpieza étnica de barrios enteros”. La situación en Hebrón evoluciona rápidamente y las demoliciones y evacuaciones en Farsh al-Hawa ya están en marcha, mientras la operación a gran escala en toda Cisjordania sigue anunciada como “en camino”, sin fecha fija.

Entre los heridos hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala (en el hígado, el riñón, los brazos y los muslos) y que fue operada; su estado se estabilizó temporalmente pero sigue grave. También resultaron heridos un hombre de origen magrebí en estado crítico, dos trabajadores municipales de limpieza de 29 y 47 años y de origen africano a los que el atacante fascista disparó tras bajar del coche en La Verrière, y otro joven de unos 20 años. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, de Génération.s, precisó que “la persona fallecida es de origen africano y la persona que se encuentra en estado crítico es de origen magrebí” y denunció un “atentado de carácter racista, probablemente islamófobo”.

Una bomba-trampa en su casa

El sospechoso, identificado como Kévin T., nacido en 1987 y vecino de Plaisir, fue detenido menos de veinte minutos después del inicio de los hechos en la vecina localidad de Coignières por agentes de la Brigada Anticriminalidad, según el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el Ministerio del Interior. Llevaba el arma, granadas lacrimógenas y un polvo blanco que se presume cocaína. En el registro de su domicilio, la Policía halló un dispositivo trampa preparado con tres bombonas de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador, aparentemente para hacerlo explotar cuando los agentes acudieran a registrarlo. La PNAT asumió el caso y abrió una investigación por “asesinato en relación con un acto terrorista” con la circunstancia agravante de que los hechos se cometieron “por la pertenencia (real o supuesta) a una determinada raza, etnia, nación o religión”, así como por “asociación de malhechores con fines terroristas”. El sospechoso no figuraba en los ficheros de personas radicalizadas de los servicios de inteligencia; tenía antecedentes por delitos comunes, algunas condenas ya prescritas. La Fiscalía detuvo también a un familiar cercano y la investigación continúa para determinar si actuó solo.

Macron lo reconoce como “atentado terrorista racista”

Las reacciones políticas llegaron a medida que se conocía que el agresor había seleccionado a sus víctimas por su aspecto. Incluso el presidente Emmanuel Macron, que se desplazó a Trappes junto a Lecornu, calificó los hechos de “atentado terrorista racista” y de “punto de inflexión”: “Es la primera vez en nuestro país que se comete un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros niños, solo por su color de piel o por su supuesta religión”. “No vamos a ceder ante las ideas que se instalan que justifican este tipo de comportamiento o que crean la atmósfera que puede justificarlos”, añadió, y esta vez, visto el riesgo de escalada en la ira popular, se dirigió en un tono muy diferente a la población de origen inmigrante que viene siendo criminalizada durante las protestas: “Sois franceses, sois la juventud de Francia y esa es nuestra suerte. No bajéis la cabeza, el país os apoyará”. El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, escribió en redes sociales: “El racismo mata”.

Las críticas apuntaron a la extrema derecha, acusada de crear un clima racista en el país. Marine Le Pen publicó a primera hora un mensaje de condena vago, aunque luego se apresuró a matizarlo: “Los primeros elementos de la investigación sobre el asesinato y los intentos de asesinato de Trappes revelan un acto criminal de naturaleza terrorista agravado por el móvil abyecto del racismo. La justicia deberá ser implacable”. El alcalde de Trappes consideró el ataque “el primer intento de crimen masivo con connotación islamófoba” y criticó a quienes “aseguran que todos los males de la sociedad son culpa de los arabo-musulmanes”.

El atentado se produce en un momento de máxima tensión social en Francia. La semana anterior, las protestas por el coste de la vida convocadas por sindicatos y Chalecos Amarillos derivaron altísimos niveles de combatividad en las calles, con disturbios y saqueos masivos. El Gobierno mantiene toques de queda nocturnos en varias ciudades, intervención excepcional de las redes sociales y un despliegue policial reforzado que podría alcanzar una movilización policial récord ante las nuevas manifestaciones previstas para este fin de semana, según recogen AP, AFP, Reuters, Le Monde, franceinfo y BFMTV. El país se encuentra además en plena precampaña de las elecciones presidenciales de 2027. La Fiscalía Antiterrorista mantiene abierta la investigación y los cinco heridos siguen hospitalizados; al menos tres de ellos no tenían estabilizado su estado en la mañana del sábado. Si su estado empeora es muy probable que aumente la rabia entre los sectores migrantes y descendientes de migrantes de la clase trabajadora francesa. El país contiene la respiración.

Cambios en el funcionamiento de los dispositivos policiales en las calles

Según la información publicada por varios medios de comunicación y periodistas franceses, el principal cambio será que el dispositivo policial de hoy tendrá un carácter móvil y “ofensivo”. Es decir, la Prefectura de Policía preparará a los agentes para intervenir directamente en las movilizaciones desde el primer momento. Al parecer, la decisión se ha tomado porque el pasado sábado la situación desbordó al Gobierno y varios dispositivos policiales tuvieron que retirarse.

Para ello, las unidades militares especiales antiterroristas Sentinelle permanecerán desplegadas en “lugares sensibles” (como la Torre Eiffel, el hotel de Matignon, los Campos Elíseos, la sede de la Asamblea Nacional y las prefecturas, entre otros), donde permanecerán fijas. Mientras tanto, los agentes de policía que hasta ahora operaban en esos lugares serán destinados a unidades móviles.

El pasado fin de semana, el Gobierno francés desplegó alrededor de 60.000 agentes. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que este sábado y domingo movilizará todavía más efectivos: se ha hablado de entre 80.000 y 90.000 agentes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha afirmado que la Policía ocupará las calles de forma “masiva”. El jueves mismo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que el número de efectivos aumentaría un 20%, hasta alcanzar unos 75.000 agentes. Hasta ahora, el mayor despliegue policial en una sola jornada había sido de 89.000 agentes, precisamente los que se movilizaron contra las protestas de los Chalecos Amarillos en 2019.

En los últimos días, varios políticos han insistido en la gran capacidad de los manifestantes para “desplazarse rápidamente de un lugar a otro”. En consecuencia, además de aumentar el número de agentes, los dispositivos tendrán como objetivo identificar y disolver con rapidez cualquier concentración o grupo de personas. Al parecer, para lograrlo no se limitarán a reorganizar las patrullas de agentes a pie.

La militarización de las calles y de los enfrentamientos

Cada vez más medios de comunicación señalan que el Gobierno desplegará durante las movilizaciones del fin de semana tres unidades especiales: la RAID, unidad de intervención de la Policía Nacional; la GIGN, unidad táctica especial de la Gendarmería; y la BRI, unidad especial de la Policía Judicial.

Las tres unidades suelen intervenir en situaciones de “riesgo extremo”, actúan habitualmente contra el “terrorismo” y las “personas armadas”, y están especializadas en operaciones de liberación de rehenes. De confirmarse este despliegue, la militarización de las calles francesas no se limitaría a proteger “edificios y lugares importantes”, sino que las unidades especiales se utilizarían directamente para reprimir a los manifestantes.

Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que estas fuerzas policiales recurren en este tipo de operaciones a helicópteros, vehículos blindados Centaure y cañones de agua. No obstante, en las últimas horas, miembros de estas unidades se habrían mostrado “en desacuerdo” y “desconfiados” ante la posibilidad de intervenir en “disturbios urbanos”. Esta información ha sido filtrada por el lobby policial Unité. Además, varios medios han señalado que el número actual de agentes de estas unidades especiales no sería suficiente para garantizar su eficacia: en conjunto, las unidades RAID, GIGN y BRI contarían con unos 1.600 efectivos. Para justificar esta preocupación, el lobby policial ha recordado los disturbios de 2023 en Marsella (Provenza-Alpes-Costa Azul), donde se produjeron numerosas protestas tras el asesinato policial de Nahel, un joven de 17 años, durante un control policial en Nanterre. Durante aquellos enfrentamientos, Mohammed Bendriss murió después de recibir el impacto de un proyectil LBD disparado por un agente de la RAID, que le provocó una parada cardíaca. Tres policías fueron procesados y la Fiscalía determinó que el disparo había causado la muerte de Bendriss. Sin embargo, el caso continúa actualmente en fase de instrucción.

Estos hechos redujeron considerablemente la legitimidad social de la RAID. A pesar de ello, todo apunta a que sus agentes volverán a desplegarse en las calles durante las próximas horas. El pasado fin de semana, de hecho, miembros de esta unidad ya operaron por las calles de Burdeos (Nueva Aquitania)..

El sindicato ha destacado la responsabilidad del Gobierno municipal del PNV y el PSOE, al que considera “responsable de este desahucio sin alternativa habitacional”. “Aunque el PSOE se presente como un partido progresista que defiende el derecho a la vivienda, una vez más queda claro que es el partido de los rentistas, al servicio de los especuladores, y que no tiene ningún interés en la situación de las familias trabajadoras más allá de sus propios intereses electorales”.

En este sentido, el sindicato ha advertido del “engaño de los partidos institucionales”: “Cuando presentaron la Ley de Vivienda, nos dijeron que los desahucios estaban prohibidos. Nos dijeron que bajo ninguna circunstancia se podrían ejecutar desahucios sin una alternativa habitacional. Pues bien, solo en lo que va de mes ya hemos sufrido cuatro desahucios sin alternativa en Gasteiz. ¿Dónde está la moratoria? ¿Dónde están los decretos sobre vivienda? Y, sobre todo, ¿dónde están los partidos políticos que nos vendieron estas medidas como un gran avance?”.

Una campaña de difamación por parte del Ayuntamiento y los medios de comunicación

Asimismo, el sindicato ha denunciado “la campaña de criminalización y difamación puesta en marcha por el Ayuntamiento y los medios de comunicación afines”, que, “ante el escándalo del desahucio, han puesto en marcha la maquinaria de propaganda racista y clasista”. “El objetivo es siempre el mismo: responsabilizar a la clase trabajadora de su propia miseria y enfrentarnos entre nosotros para ocultar a los verdaderos culpables”.

Ante esta situación, el sindicato ha aclarado, en primer lugar, que el Ayuntamiento no ha ofrecido ninguna alternativa habitacional a la familia desahuciada. “Ayer se mencionó la posibilidad de que la familia acudiera al albergue municipal, pero ese recurso no puede utilizarse, bajo ningún concepto, para familias con menores”.

En segundo lugar, el sindicato ha recordado que desde el principio han exigido una “alternativa digna”, no “que la familia se quedara en esa vivienda”. Y ha añadido: “Son falsos los discursos que pretenden fomentar el enfrentamiento entre propietarios e inquilinos”.

El sindicato ha reivindicado nuevamente que la vivienda debe ser un “derecho garantizado”, al igual que la sanidad y la educación. “Si expulsan a un paciente de una cama de hospital para atender a otro, no nos ponemos a discutir quién merece esa cama; al contrario, nos organizamos para exigir que haya más camas. Eso es tener conciencia de clase y comprender el problema de la vivienda y quiénes son sus verdaderos responsables”, han explicado a modo de ejemplo.

Violencia policial extrema, con menores presentes

Por otra parte, el sindicato ha denunciado la “violencia extrema” empleada por la Ertzaintza y la Policía Municipal de Gasteiz durante el desahucio de ayer. “Han actuado con una brutalidad absoluta. Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que había cientos de menores en el lugar. Muchos estudiantes han acudido a la convocatoria para mostrar su solidaridad con la familia, organizada por Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS)”, ha explicado.

Los miembros del sindicato han relatado la violencia vivida ayer por la mañana en Sansomendi y han afirmado que la Ertzaintza actuó “sin piedad”: “Arremetió contra la gente sin previo aviso; disparó repetidamente pelotas de foam, apuntando directamente a los manifestantes; y cargó en una docena de ocasiones contra menores, vecinos, personas mayores y demás asistentes”.

Además, han informado de que los agentes detuvieron al menos a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, que seguían detenidas, y de que el balance total ascendía a 90 personas heridas. “Algunas de ellas presentan lesiones graves como consecuencia de los golpes de las porras y los impactos de las pelotas de foam”.

“Ante nuestros ojos quedan al descubierto la crudeza y la injusticia del sistema en el que vivimos: hay recursos suficientes para organizar un dispositivo policial que cuesta miles de euros, pero no para garantizar una vivienda a una familia”, han señalado finalmente los miembros del sindicato.

Y han concluido con la siguiente reivindicación: “Frente al engaño de los políticos al servicio de la especulación y el rentismo, la clase trabajadora debe organizarse en defensa de sus propios intereses: garantizar una vivienda digna y de calidad para todas las personas”. Ayer, a las 19:00, realizaron una manifestación que partía de la plaza de la Virgen Blanca.

El jueves por la tarde, el sindicato inició una acampada frente a la vivienda de la familia como forma de protesta. El desahucio estaba previsto para la mañana del viernes, y desde primera hora había numerosas personas en el lugar, dispuestas a impedirlo. Hacia las 09:30, cientos de estudiantes y profesores llegaron a Sansomendi: se habían convocado paros en once centros educativos de Gasteiz para protestar contra el desahucio. La concentración tuvo lugar en el número 28 de la avenida de los Huetos.

Duras cargas policiales: cuatro detenidos y numerosos heridos

Antes incluso de las 10:00, la Ertzaintza irrumpió en el lugar a porrazos y comenzó a cargar contra los manifestantes. Los agentes empezaron a golpear a las personas que se encontraban frente al portal y, mientras establecían un cordón policial y alejaban al resto de manifestantes de la zona, también realizaron cargas en el exterior. Numerosas personas resultaron heridas por los golpes de las porras. Además, los agentes dispararon proyectiles de foam: al menos una persona recibió un impacto en el pecho.

La Ertzaintza actuó con una violencia extrema y detuvo al menos a cuatro personas que participaban en la protesta. Una de ellas era menor de edad. Hacia las 11:00, los agentes empezaron a quedarse sin munición. Las cargas se prolongaron durante casi dos horas por los alrededores.

Los manifestantes mantuvieron la protesta dentro del portal

Pese a las cargas, varios manifestantes permanecían todavía en el interior del portal del número 28 cuando se acercaba el mediodía, manteniendo la protesta contra el desahucio. Varios vecinos del bloque de viviendas, en un gesto de solidaridad de clase, arrojaron agua a los agentes que se encontraban en el exterior.

Hacia las 12:00, la Ertzaintza intervino contra las personas que permanecían dentro del portal. Los agentes consiguieron acceder al portal contiguo y llegar hasta quienes protestaban contra el desahucio a través de un acceso interior del bloque de viviendas. La Policía alcanzó a los manifestantes tras derribar una puerta por la fuerza y comenzó a desalojarlos uno por uno.

La Policía Municipal ejecutó el desahucio tras las cargas en la calle

Una vez que la Ertzaintza expulsó del portal a las personas que se encontraban allí, entraron los agentes de la Policía Municipal de Gasteiz. Pasadas las 12:30, los policías municipales accedieron al interior de la vivienda familiar y, en medio de un amplio dispositivo policial, desalojaron a la familia y a los miembros del sindicato.

En el exterior había numerosas personas que mostraban su solidaridad con las afectadas y participaban en la protesta. Cuando la familia salió del portal, los manifestantes se acercaron para recibirla, pero la Ertzaintza volvió a cargar contra ellos. Las cargas continuaron en los alrededores y la Policía causó más heridos.

CMS señaló como “responsables políticos de esta vergonzosa situación” al delegado del Gobierno español en Galiza, Pedro Branco, y a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rei, y exigió su dimisión. “Las órdenes que recibieron estos agentes parecen claras si atendemos a los hechos”, afirmó. La organización criticó que “la propia alcaldesa no tardó en emitir un comunicado en el que criminalizaba a los jóvenes que salieron a la calle para protestar contra el fascismo, intentando responsabilizarlos de la violencia generada. Pero su relato no se sostiene”. Y añadió: “La violencia de ayer fue generada por el fascismo y por la brutalidad policial. No se puede pretender equiparar a los fascistas, que vienen a promover ideas antidemocráticas, atacar la lengua gallega, cuestionar los derechos de las mujeres y difundir el racismo, con las personas antifascistas que salieron a defender todos esos derechos”.

Los hechos denunciados se remontan a la jornada del 21 de octubre, cuando miles de personas se movilizaron en A Coruña contra la presencia de Vox y las cargas policiales dejaron varias personas heridas y tres detenidas. CMS denunció que “lo que pretenden hacer tanto la alcaldesa como diversos líderes políticos y mediáticos es desviar la atención de las imágenes que ayer recorrieron toda Galiza, en las que se ve cómo cientos de jóvenes son atacados brutalmente por la policía”, e incidió en que hay “imágenes en las que se ve cómo los agentes actúan del lado de VOX para garantizar que pueda celebrar su acto político”.

La organización advirtió de que “se están borrando los límites que supuestamente regulan la actuación policial, hasta el punto de que empieza a ser la propia práctica de los cuerpos policiales la que los define” y sostuvo que “si los límites de lo que puede hacer el Estado comienzan a ser definidos por la propia práctica policial, estamos ante las bases de un Estado policial: un Estado cada vez más orientado al control y a la represión de la clase trabajadora y de los sectores que luchan”.

Por ello, CMS exigió “la absolución de todas las personas detenidas a lo largo de la jornada” y llamó a “seguir organizándonos como antifascistas para frenar el avance de las ideas antidemocráticas y opresivas en nuestros barrios”. En sus redes sociales, la organización convocó a movilizarse “en los bloques socialistas en las convocatorias por todo el país en repulsa de las agresiones policiales”, bajo el lema “Contra la represión policial y el fascismo, ni un solo paso atrás”.

La organización juvenil del Movimiento Socialista en Galiza consideró que las imágenes de las heridas “evidencian que no podemos confiar en las instituciones para defender los valores antifascistas, los derechos y las libertades de las mujeres, la lucha contra el racismo, la lengua gallega y los propios derechos y libertades democráticas”, y concluyó: “La defensa de todo esto depende de la clase trabajadora y de sus organizaciones independientes”.

Los hechos probados se remontan al periodo comprendido entre septiembre de 2023 y enero de 2024, cuando el carcelero servía en el área mixta del economato del centro penitenciario. Según detalla la sentencia, aprovechaba los momentos en los que la interna desempeñaba sus labores en esas instalaciones para besarla y hacerle tocamientos, tanto por encima como por debajo de la ropa. El tribunal considera acreditado que el funcionario obligó a la mujer a masturbarle en varias ocasiones y que llegó a pedirle que le practicara una felación, a lo que ella se negó.

La resolución destaca que el acusado se valió de su condición de funcionario de prisiones y de la relación de superioridad que mantenía respecto a la interna. Según el relato de la víctima recogido en la sentencia, el hombre le recordaba que él era funcionario y ella estaba presa, y la amenazaba con posibles consecuencias para su puesto de trabajo en el economato si no accedía a sus peticiones. La mujer explicó que no denunció los hechos desde el primer momento por miedo, vergüenza y por sentirse sobrepasada por la situación, y que se decidió a dar el paso después de encontrarse mal y hablar con una persona de Cáritas que la animó a denunciar.

Uno de los elementos que el tribunal considera determinantes para respaldar la declaración de la víctima son las muestras biológicas que consiguió recoger tras uno de los episodios. La interna guardó fluidos en papel y en un trozo de ropa de cama hasta que denunció los hechos y entregó el material a los responsables penitenciarios. Los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaron restos de semen y otros materiales celulares masculinos cuyo perfil genético coincidía con el del acusado. La defensa impugnó los informes periciales, pero los facultativos que los elaboraron y la médico forense ratificaron sus conclusiones durante el juicio, y la Audiencia no aprecia fallos en la cadena de custodia ni riesgos de contaminación.

Además, el tribunal también considera consistente la declaración de la víctima, que mantuvo en lo esencial el mismo relato ante el juzgado de instrucción y durante la vista oral, respaldada por los testimonios de responsables del centro penitenciario y de la encargada del economato. La resolución descarta que existieran conflictos previos entre ambos que permitieran atribuir la denuncia a ningún “ánimo de venganza” y rechaza la versión del acusado, que llegó a afirmar que “se había masturbado él mismo”, por carecer de elementos que la corroborasen. La sentencia recoge que la víctima padecía antes de los hechos un trastorno límite de personalidad, problemas relacionados con el consumo de sustancias, un trastorno de la conducta alimentaria y un trastorno adaptativo, y que las agresiones agravaron su sintomatología previa y dejaron secuelas valoradas en dos puntos.

La Fiscalía había solicitado siete años de prisión por el delito continuado de agresión sexual y dos años y seis meses por el abuso de la función pública, mientras que la acusación particular pidió cinco años y dos meses por el primer delito y dos años y ocho meses por el segundo. La Audiencia rechaza la atenuante de arrepentimiento porque el acusado negó los hechos, pero aplica la atenuante de “reparación del daño”, ya que el funcionario había consignado 2.500 euros durante la tramitación del procedimiento, cantidad que queda fijada como indemnización para la víctima. La sentencia puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de diez días desde la última notificación. Si la sentencia se confirma, el carcelero pasará unos cuantos años en prisión, pero ahora tendrá la oportunidad de vivir la experiencia desde el otro lado de los barrotes y sin cobrar ningún sueldo por ello.

Nueva reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria: presunción de veracidad a los carceleros

El caso de Topas llega tras el blindaje legal del testimonio de los carceleros frente al de las personas presas. El Pleno del Senado aprobó el pasado 1 de octubre, con el respaldo del “progresista” del PSOE, acompañado del PP y el PNV, la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, que reconoce a los carceleros como agentes de la autoridad e incorpora la presunción de veracidad de sus testimonios, lo que en la práctica invierte la carga de la prueba en perjuicio de las personas presas ante cualquier denuncia por malos tratos o abusos como el de Topas. Los sindicatos Acaip-UGT y CSIF celebraron la norma como una “reivindicación histórica”. La reforma llega después de que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa denunciara en julio de 2026 “numerosas alegaciones de malos tratos a presos por parte del personal de custodia” en tres prisiones andaluzas (Algeciras, Huelva y Puerto III), con relatos de reclusos abofeteados, golpeados con puñetazos, patadas y porras en zonas no cubiertas por cámaras de videovigilancia, e instara a garantizar “investigaciones verdaderamente eficaces e independientes”.

La detención se produjo más de nueve años después de otra, también por narcotráfico, en la que fue investigado por tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia. Al parecer, no fue motivo suficiente para suspenderlo de sus funciones. En julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de aquellas actuaciones.

El informe del segundo caso, de más de 600 folios, recoge fotos y grabaciones que vuelven a situar al subteniente con todo lujo de detalle como intermediario entre un narcotraficante civil segoviano y un comprador, con el que negociaba precios y cantidades de cocaína. Los investigadores sostienen que Barbero “intervino de forma directa en distintas fases de las operaciones de compraventa de sustancias estupefacientes” y que “habría aprovechado tanto la utilización de vehículos oficiales camuflados como el propio desempeño de sus funciones profesionales para justificar los encuentros mantenidos con los investigados”. Junto a él fueron enviados a prisión tres presuntos narcos civiles de la provincia.

El atestado recoge imágenes grabadas el 29 de mayo de 2026 en las que se ve al jefe “antidroga” salir de casa del narco y reunirse en el camino situado en la carretera A-601, cerca de Carbonero el Mayor (Segovia), con el comprador de la droga. Según relatan sus compañeros del cuerpo, el subteniente entrega la “supuesta muestra de sustancia estupefaciente” al comprador: sale del coche, se sitúa junto al cliente y “saca las muestras de sustancia estupefaciente de uno de los bolsillos de la parte izquierda de su pantalón”. El informe concluye que el comprador “examina” las muestras de cocaína y luego “se introduce dentro de su pantalón en la zona de los genitales las muestras recibidas” del oficial de la Guardia Civil. Las grabaciones en los coches y domicilios de los implicados muestran además al subteniente ofreciendo una “muestra” a otro comprador mientras le advierte de que “están cayendo (otros traficantes) como chinches en Madrid”, lo que hace subir el precio de la cocaína.

“Me dices: oye, vente a por el jamón… Vente a por un jamón que te tengo preparado”

Las conversaciones revelan el uso de palabras clave para no nombrar la droga. Uno de los implicados tiene un negocio de venta de jamones, y el subteniente le instruye sobre cómo debe hablarle cuando le llame para adquirir cocaína: “Me dices: oye, vente a por el jamón… Vente a por un jamón que te tengo preparado”. El uso del jamón se repite cuando el guardia civil habla con el narco que le entrega la droga y para el que hace de intermediario: “Me debes… dos pelotas de jamón. ¿Me has oído?”, le recuerda el subteniente, que responde: “Sí, sí te lo debo”. El oficial antidroga concluye: “A ver cuándo te sale de la polla pagármelo”.

La investigación reveló también que Barbero dio de alta en las bases de datos de la Guardia Civil a las empresas y coches de los narcos y compradores como posibles objetivos investigados en una operación “antidroga” que él mismo dirigía. Si otra unidad del cuerpo iniciaba una investigación sobre ellos, el subteniente lo sabría al instante: tendría “conocimiento de las investigaciones externas que pudiera haber en curso sobre estas entidades y conocer así si estas personas forman parte de operaciones o investigaciones de otras unidades del Cuerpo o externas”, según los investigadores de Asuntos Internos del instituto armado.

Una de las obsesiones del subteniente era que los implicados pasaran desapercibidos y no “cantearan”, es decir, no llamaran la atención por su alto nivel de vida. Una grabación del sumario muestra su enfado cuando uno de los integrantes de la trama le anuncia que va a comprarse un Porsche Panamera valorado en casi 100.000 euros. “¿No puedes ir en un 600? ¿En un coche normal, en…? esto, te tienes que comprar un Panamera”, le reprocha el guardia civil. El narco responde: “A mí me gustan los coches, hostias, otros se lo gastan en una casa, yo en un coche”. El jefe antidroga insiste: “Es que tú te lo gastas en una casa, en un terreno, en una piscina, en un coche… y… Pasa un poco desapercibido, cabrón”. Poco después volvió a regañar al mismo comprador, David, también en prisión: “Te andas canteando. La gente no entiende… las zapatillas que llevabas el otro día valen una pasta, unas zapatillas de ochenta euros. Mira cómo voy yo”. El narco respondió: “Cague en Dios, si las lleva me cague en Dios aquí en este pueblo todo el mundo”, y el subteniente insistió: “Te estás canteando tío. No te cantees tanto. Hazme caso”. La investigación la iniciaron sus propios compañeros a partir del rastro de un narco que conseguía droga en Madrid para venderla en Segovia.

“Casos aislados”

La semana pasada se daba a conocer un caso similar de dos policías nacionales detenidos por narcotráfico en Asturies. Si se presentan todos estos casos de forma agregada, las cifras ponen en cuestión el relato oficial sobre “casos aislados”. El Ministerio del Interior tenía contabilizados al menos 106 policías detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre 2021 y 2025, con un repunte en 2025 en el que se arrestó a 12 policías nacionales y 12 guardias civiles, igualando el máximo histórico de la serie y marcando una media de un agente procesado al mes en cada uno de los dos cuerpos. Por si esto fuera poco, al menos cuatro de las diez mayores incautaciones de cocaína de la historia del Estado español cuentan con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detenidos o implicados.

“Fabricación de informes falsos” y protección de chivatos y agentes corruptos “por sistema”

Los casos documentados dibujan un patrón muy claro que atraviesa cuerpos, rangos y territorios. En Valladolid, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, Luis Fernández, fingió destruir más de 50 kilos de cocaína incautados para después distribuirla entre su propio clan. En Balears, el jefe antidrogas Faustino Nogales boicoteaba sus propias operaciones desde dentro. En el Estrecho de Gibraltar, el teniente coronel David Oliva, exjefe antidroga de la zona, será juzgado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos tras descubrirse que compartía fiestas y viajes con el clan de los Ariza mientras acumulaba propiedades de forma “inexplicable”. El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, vinculado a la mayor trama de narcotráfico destapada en la historia del Estado español, se halla en prisión preventiva desde noviembre de 2025 acusado de pertenecer a una organización de narcotraficantes. Declaró ante la Audiencia Nacional que la UDYCO “fabrica informes falsos” de manera sistemática para ocultar a los jueces el verdadero origen de sus investigaciones y que garantiza impunidad a confidentes y agentes corruptos “por sistema”. Según un oficio de Asuntos Internos, Sánchez Gil habría ayudado a introducir en el Estado español al menos 37 contenedores marítimos con 58.499 kilos de cocaína, valorados en más de 2.000 millones de euros.

Como se puede apreciar en el caso de Barbero, la actualidad vuelve a demostrar una y otra vez que la implicación de agentes en las tramas de narcotráfico no es un fenómeno marginal ni un conjunto de “casos aislados”, como los califica el Ministerio del Interior. Afecta de forma estructual a las unidades especializadas en la “persecución” del narcotráfico, a los mandos intermedios y a los altos rangos, y se extiende por todo el territorio del Estado. La posición estratégica de los agentes detenidos, algunos de ellos reincidentes que se mantienen en el cuerpo, les permite acceder a información reservada, facilitar el tránsito de droga o desviar las investigaciones, formando auténticas mafias narcopoliciales, sobre cuyo alcance real solo cabe especular.

El vídeo recoge las frases que los militares dirigen al joven. “¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”, le grita uno de ellos antes de la primera bofetada, según elDiario.es. “Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, le dice otro militar en dariya, el dialecto marroquí. El chaval responde: “¿Me está hablando a mí?”. El soldado insiste: “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”. Antes de golpearle, el militar le espeta: “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”. Tras la primera bofetada, el joven dice: “No te he hecho nada”. El militar continúa: “¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”. Y añade: “¡Venga, a tomar por culo de aquí! ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires!”. Cuando el chico ya se aleja, el soldado grita: “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, desprecio]”.

ElDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta desde hace un mes, verificando varios vídeos que confirman parte de la violencia descrita por las personas entrevistadas. Al principio publicó los testimonios de más de una veintena de jóvenes migrantes, acompañados de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas mientras realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. La semana pasada, la misma cabecera reveló otra serie de audios en los que puede escucharse cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confiesa y describe entre risas detalles de algunos de estos castigos físicos en una conversación durante una de sus misiones.

El Ministerio de Defensa del Gobierno español, que recientemente ha respaldado la actuación de las fuerzas armadas españolas en Ceuta tras las acusaciones de malos tratos, ha remitido el vídeo al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía la investigación, según elDiario.es. Las imágenes difundidas por los vecinos de la barriada del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, una zona donde los jóvenes duermen en la calle ante la falta de plazas de acogida. El Grupo de Regulares de Ceuta número 54 es la unidad a la que pertenecía la patrulla que participó en la intervención.

El candidato se sentará el año que viene en el banquillo de un juzgado de lo penal de Mataró por el asalto racista a un centro de menores de El Masnou en 2019. Según la Fiscalía, De la Fuente acudió al ataque con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”, “vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”. El Ministerio Público pide para él dos años y dos meses de cárcel por un delito de odio, 2.700 euros de multa, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro durante dos años. El juicio está señalado para julio de 2027, detalla elDiario.es. La formación fascista no ha explicado cómo compatibiliza ese procedimiento con la candidatura.

En el resto de las listas, la mayoría de los diputados repiten en los primeros puestos, según Cadena SER. Abascal premia al falangista Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda, como cabeza por Málaga, y a José María Figaredo, encargado de política económica, por Asturias. José María Sánchez, conocido por haber llamado “bruja” a una parlamentaria en el hemiciclo y por haberse encarado con la presidencia del Congreso esta legislatura, cae al tercer puesto por Alacant En Murcia, el tercer lugar será para Luis Gestoso, portavoz del ayuntamiento, con “varias quejas internas por supuesto trato vejatorio a sus excompañeros”, recoge la SER. Quedan fuera Jorge Campos en Balears y, en principio, Rocío Aguirre por Madrid, junto a bajas ya anunciadas como las del disidente Ortega Smith, Pedro Fernández y Lourdes Méndez Monasterio.

En Albacete, Vox remitió a los medios una nota con los tres primeros candidatos e incluyó una fotografía de Herbert Kickl, líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), formación neonazi fundada por antiguos miembros de las SS, en lugar de la de Rubén Herrero de Castro, el verdadero cabeza de lista, según El Plural. La “rectificación” llegó pasadas las 19:30 horas, más de una hora después del envío inicial, a través de un mensaje de WhatsApp en el que el partido pedía “disculpas por el error”, sin ofrecer más explicaciones.

El operativo fue ejecutado por agentes enviados desde Quito y confirmado posteriormente por la Policía Zonal 4 de Manabí. La Fiscalía General del Estado informó de que, junto con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención en Manabí y Pichincha para formular cargos por presunto lavado de activos. González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil para ser procesada, y la audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del jueves tras un primer intento fallido por problemas de conexión, según El Universo. En total, la Fiscalía investiga a siete personas, cuatro de ellas detenidas.

El caso “Laberinto” examina presuntas irregularidades en la financiación política y en el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por “inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, según EFE. La investigación se abrió formalmente en enero de 2026, cuando la Fiscalía irrumpió en la vivienda de González y otros inmuebles en varias provincias para recoger documentos y dispositivos electrónicos. La tesis fiscal apunta a un presunto “ingreso de dinero en efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña de Revolución Ciudadana”, en la que González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia. El caso está conectado con la investigación previa denominada “Caja Chica”, en la que González fue acusada a comienzos de 2026 por un presunto delito de “delincuencia organizada con fines de lavado de dinero”. La Fiscalía no ha publicado, en la información recogida hasta ahora en medios nacionales e internacionales, pruebas suficientes que demuestren la participación de González.

González ha negado las acusaciones y ha sostenido que Revolución Ciudadana entregó a las autoridades electorales toda la documentación sobre los gastos de su campaña de 2023. “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie”, declaró en una conferencia de prensa tras el allanamiento de enero, según CNN. La excandidata se ha desvinculado de la administración financiera de la campaña y ha señalado que ella fue candidata, no responsable del manejo del dinero. Según El País, la organización sostiene que la Fiscalía habría convertido una supuesta discrepancia administrativa de 6.100 dólares en una causa penal “exprés”. Gabriela Rivadeneira, dirigente de Revolución Ciudadana, confirmó la detención y la calificó de políticamente motivada. El partido ha admitido un comunicado en el que denunció una “detención arbitraria e inconstitucional” y “la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política”.

La detención se produce a poco más de cinco semanas de las elecciones locales previstas para finales de noviembre. González había sido inhabilitada para presentarse como candidata en esos comicios, y la Junta Electoral de Manabí negó su inscripción por Pachakutik, según EFE. Revolución Ciudadana, el partido fundado por Rafael Correa, fue suspendido en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, una decisión que el correísmo denuncia como una persecución política para excluirlo de los comicios.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El expresidente colombiano Gustavo Petro denunció que en Ecuador se desarrolla una “verdadera dictadura” tras la detención de González. El expresidente boliviano Evo Morales expresó su “solidaridad y absoluto respaldo” a la dirigente y denunció un “plan regional de persecución para eliminar a referentes de izquierda”. La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) calificó la captura de “secuestro” y exigió su liberación inmediata, según Al Mayadeen.

El contexto de la detención coincide con las advertencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que en marzo de 2026 expresó su “profunda alarma” por al menos 51 denuncias de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por fuerzas policiales entre 2024 y 2025, y advirtió sobre la militarización de la seguridad pública y el uso reiterado de estados de excepción, según Naciones Unidas.

La detención de González se suma también a la presión del Gobierno de Noboa contra determinados medios de comunicación. El diario ecuatoriano Expreso publicó el pasado 10 de octubre su última edición impresa después de 53 años. Su editora, Granasa, atribuye el cierre a “presiones tributarias, administrativas y económicas” del Gobierno, que le hicieron perder cerca del 70% de su publicidad, y a una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías a petición de una empresa pública. De forma similar al caso de González, la Fiscalía abrió además una investigación por presunto lavado de activos que Granasa rechaza. Las tensiones se intensificaron después de que el diario publicara en agosto de 2025 “Los dueños de la salud”, una serie sobre los intereses económicos detrás de la crisis del sistema sanitario. Fundamedios, la Fundación Periodistas Sin Cadenas y la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado el hostigamiento estatal, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertó en 2025 sobre el uso recurrente de procesos administrativos, tributarios y legales contra comunicadores en Ecuador.

Este viernes por la mañana han celebrado una asamblea en el lugar; el sindicato está preparado para hacer frente al desahucio, previsto para esta mañana. En los últimos días se han llevado a cabo numerosas iniciativas en Gasteiz para denunciar el desalojo. La semana pasada, varios miembros del sindicato, comunidades educativas de centros escolares del barrio y vecinos y vecinas se hicieron una fotografía de solidaridad para mostrar su apoyo y exigir al Ayuntamiento de Gasteiz una alternativa habitacional.

Asimismo, la comunidad educativa del centro Miguel de Unamuno realizó una comparecencia pública para denunciar que seis de sus alumnos están en riesgo de quedarse sin hogar. Tres de los miembros de la familia que está a punto de quedarse en la calle estudian en dicho centro. La familia tiene seis menores a su cargo.

El Brent pasó de unos 109 dólares al cierre del miércoles a superar los 111 en la apertura asiática y europea, con cotizaciones de hasta 112,27 dólares según ABC News. El WTI se situó cerca de 99,80 dólares tras un avance de hasta el 2,8%, según Reuters y ABC. Mientras tanto, el mismo jueves se conoció la orden de evacuación de “personal no esencial” de EEUU en Arabia Saudí por las advertencias del movimiento Ansar Allah de Yemen.

Datos de Kpler recogidos por The Wall Street Journal indican que los flujos totales del Golfo (incluidas rutas alternativas y transferencias en el Golfo de Omán) habrían alcanzaron más de 24 millones de barriles diarios en la semana del 18 de octubre, presuntamente por encima de la media previa a la guerra, situada en 23,3 millones. Sin embargo, el tráfico a través del propio estrecho siguió siendo menor: aproximadamente 14 millones de barriles diarios, equivalentes al 82% de los volúmenes previos a la guerra. Las tuberías saudíes y emiratíes han permitido desviar una parte creciente del crudo: en septiembre, cerca del 40% del petróleo no iraní que salía del Golfo evitó Ormuz, frente al 17% anterior a la contienda. Aramco describió la situación como una “crisis sin precedentes para los mercados del petróleo y el gas natural” y pronosticó un aumento de la demanda mundial de casi tres millones de barriles diarios incluso si la guerra terminara de inmediato, para reponer reservas.

Al encarecimiento del crudo se le sumó a la crisis de deuda europea, donde el rendimiento de la deuda francesa a diez años superó el 5% por primera vez desde 2002 y llegó a situarse en el 5,064% en la sesión. La prima de riesgo frente al bund alemán se disparó por encima de los 160 puntos básicos, la mayor brecha desde noviembre de 2011, según el mismo medio. Ya mayoría de analistas descartan un impago inmediato, aunque prevén “un lastre económico prolongado” y un efecto contagio hacia los bonos de Italia y Bélgica. Los analistas de Swissquote Bank señalan que la subida del crudo “alimenta los temores de los inversores a un aumento de la inflación”, lo que provocaría una nueva subida de los tipos de interés en la eurozona y presionaría aún más la deuda pública.

En resumen, las bolsas europeas cerraron en rojo. El Ibex 35 cayó un 2,12% hasta los 18.913,5 puntos, lastrado por el sector financiero: Bankinter lideró las caídas con un -7,56% tras publicar resultados con ingresos inferiores a lo esperado, seguido de CaixaBank (-5,72%), Solaria (-5,26%), ACS (-4,40%), ArcelorMittal (-4,09%) y Banco Santander (-4,06%), según El Mundo. El FTSE 100 británico cayó un 0,26%, el Cac 40 francés un 1,39%, el Dax alemán un 1,07%, el FTSE MIB italiano un 2,54% y el Euro Stoxx50 un 1,94%.

A la caída bursátil se sumaron las crecientes dudas sobre el sector de la inteligencia artificial: Meta anunció un nuevo aumento de sus gastos de inversión y que tendría que captar “cientos de miles de millones de dólares a lo largo de varios años”, tras publicar un flujo de caja trimestral negativo, el primero desde 2013 en el que no genera suficiente caja operativa para cubrir sus inversiones, según Banca March. Tesla presentó un beneficio a la baja y recortó su previsión de inversión. Reuters resumió la jornada como de “risk-off”, es decir, un momento en el que los inversores buscan refugio en deuda pública, dólar, yen y oro.

“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón.

La brecha se concentra en el alquiler: 1 de cada 3 inquilinos en situación de miseria tras pagar

Entre quienes alquilan a precio de mercado, la tasa de trabajadores bajo el umbral pasa del 19,35% antes de pagar la renta al 34,08% después, un incremento del 76% en términos relativos: una de cada tres personas inquilinas con empleo queda en situación de miseria tras pagar. Entre quienes tienen hipoteca, la tasa es del 10,22% después de pagar; entre quienes tienen la casa pagada, del 7,95%. El informe describe una “trampa del alquiler”: los salarios bajos impiden ahorrar para la entrada de una vivienda y la renta supera la cuota hipotecaria, de modo que los inquilinos más vulnerables quedan atrapados. “La vivienda se está convirtiendo en uno de los mayores factores generadores de desigualdad”, insiste el informe.

El crecimiento económico no revierte la pauperización

Entre 2022 y 2024, la tasa de trabajadores bajo el umbral apenas bajó del 11,64% al 11,48%, 0,16 puntos, mientras el PIB creció más de un 6%. Al ritmo actual, el Estado español tardaría 59 años en alcanzar la media europea del 8,2%, según los cálculos de Oxfam Intermón. La miseria se concentra en el empleo doméstico y de cuidados (27,48%), agricultura (26,24%) y hostelería (21,17%), y es tres veces mayor entre trabajadores procedentes de países de fuera de la Unión Europea (31,42%) que entre españoles (8,71%). Afecta al 20,62% de quienes trabajan a tiempo parcial y al 21,69% de autónomos. “Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente. La parcialidad involuntaria o el autoempleo condenan a la precariedad a una de cada diez personas trabajadoras”, afirma García-Gil. “Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda se crea un cóctel de miseria”, añade.

La composición del hogar agrava la situación

La tasa llega al 39,5% en hogares con dos adultos y tres o más menores y al 29,6% en monoparentales, ocho de cada diez encabezados por mujeres. Por comunidades autónomas, Madrid es donde más sube tras pagar la vivienda (del 7,29% al 12,73%), seguida de Catalunya (del 7,90% al 12,86%) y Murcia (del 15,37% al 20,23%). En Castilla y León, más de la mitad de los inquilinos a precio de mercado queda bajo el umbral tras pagar (del 29,65% al 50,68%).

Según el sindicato DOE, casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros netos. Irini, maestra de primaria de 35 años, dijo a EFE: “No nos alcanza el dinero para sobrevivir; los precios del supermercado han alcanzado niveles inéditos; los alquileres son demasiado altos y nuestros sueldos son lamentables”. La docente explicó que cobra menos de 1.000 euros netos y paga entre 500 y 600 euros de alquiler en Atenas. OLME sostiene que, semanas después del inicio del curso, siguen sin cubrirse al menos 15.000 plazas docentes, lo que provoca pérdida de horas lectivas, fusión de aulas y mayor masificación.

Grecia destinó el 3,3% del PIB a educación en 2023, frente al 4,7% de media de la UE, según Eurostat, y la inflación en septiembre de 2026 fue del 5,1%, por encima del 3,8% de la eurozona. Anna Karlafti, docente de primaria con 21 años de ejercicio como docente en Atenas, denunció a EFE que “la situación que vivimos a diario en nuestras escuelas ya no es simplemente distópica, sino que se ha vuelto insoportable”, y señaló que mientras el Gobierno se jacta de que la economía griega crece, las escuelas se están “desmoronando con yesos y pedazos de techo que caen sobre los niños, falta de personal y miles de vacantes”. Los mismos problemas que encendieron la chispa de las protestas estudiantiles en Francia, que han desembocado en una histórica oleada de protestas.

La clase trabajadora griega saluda las protestas en Francia

La movilización griega se produjo en paralelo a protestas en Francia y otros países europeos por el coste de la vida y la educación pública, una solidaridad internacional que los organizadores griegos reivindicaron expresamente. Los estudiantes griegos cantaron e interpretaron en las calles el himno internacional de la clase trabajadora, “La Internacional”. La noche anterior, estudiantes instalaron tiendas de campaña en la plaza Síntagma de Atenas y en Salónica, inspirados en movilizaciones por la vivienda en otras ciudades europeas como Madrid y Lisboa. Los acampados exigen alquileres más bajos, más ayudas para acceder a la vivienda, más plazas en residencias estudiantiles y mayor financiación estatal para las universidades. Panagiotis Moschonas, estudiante de ingeniería de 20 años, criticó la ayuda al alquiler de 120 euros mensuales porque, según dijo, “ni siquiera alcanza para la mitad de un alquiler” y se abona al final del curso.

Durante la marcha, los manifestantes mostraron su solidaridad con los estudiantes de Francia que llevan semanas protestando por razones similares y desplegaron una pancarta gigante frente al Parlamento con el lema en francés “la belleza está en la calle” y otra que rezaba “Desde Grecia hasta Francia luchamos por una educación pública y gratuita”. Katia Koubousidou, presidenta de estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Salónica, declaró: “En Grecia, como en Francia, reclamamos una educación pública y gratuita”. La manifestación ateniense estuvo vigilada por más de 3.000 agentes desplegados en el centro de la capital, que cerraron varias estaciones de metro en Atenas y Salónica, y transcurrió sin incidentes graves, aunque se produjeron al menos una decena de detenciones o retenciones, según Kathimerini, y 21 según el medio griego Newsit.

El Gobierno de Nueva Democracia bajo presión

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis respondió con anuncios de inversión pero sin atender la demanda central de subida salarial. La ministra de Educación, Sofía Zacharaki, reconoció la presión de los costes de vivienda sobre los hogares y afirmó que el Ejecutivo desarrolla proyectos “por más de 733 millones de euros para nuevas residencias estudiantiles y mejora de instalaciones”, según Reuters. Los sindicatos consideran insuficiente esa respuesta: no han recibido públicamente, hasta la fecha de la protesta, el aumento del 20% ni la reposición masiva de plantillas. El malestar se enmarca en salarios estancados, alquileres elevados y costes energéticos altos. Años después de la crisis de deuda griega, las marchas con tintes continentales aumentan la presión sobre el Gobierno conservador de cara a las elecciones previstas para mediados de 2027.

La cronología de la crisis muestra cómo se ha desarrollado la lucha en ambas vertientes. A principios de octubre comenzaron las protestas espontáneas de agricultores con tractores en Calabria y Puglia contra el encarecimiento del gasóleo agrícola, que ha pasado de 0,68 euros a más de 1,60. El 12 de octubre, los trabajadores de la ex-ILVA bloquearon la refinería de Taranto en defensa de su futuro industrial, frente al plan del Gobierno que contempla aplicar un ERTE, informa Il Fatto Quotidiano. El 15 de octubre, la Federación regional de logística de Calabria (Fedralog) convocó un paro con 800 camiones y 22 piquetes en nudos como Falerna, Gioia Tauro, la SS 106 y los accesos a Cosenza y Crotone, interrumpiendo la distribución de alimentos y carburante. El 21 de octubre, Fedralog decidió suspender el paro “por responsabilidad” ante el agravamiento de la situación, pero advirtió de que si el encuentro con el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, del 27 de octubre no ofrece soluciones concretas, volverán a bloquear las carreteras con una caravana de vehículos hacia Roma.

Las demandas de los huelguistas van más allá de una compensación puntual: los transportistas reclaman una fiscalidad progresiva sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, intervenir en el precio del carburante y abordar los costes de los enlaces marítimos, que en las islas menores son aún más elevados, según advierte la Gazzetta del Sud. Los agricultores exigen medidas estructurales para un sector que se endeuda para modernizarse mientras sus ingresos se desploman. Fedralog denuncia que el Gobierno de Giorgia Meloni ha convocado a las asociaciones nacionales que no participan en el paro y ha excluido a los representantes sicilianos, y que no han llegado los 400 millones de euros prometidos para el crédito fiscal ni los fondos para el Marebonus. El Ejecutivo ha respondido con un decreto de ayudas aprobado el 22 de octubre que incluye 480 millones para el crédito fiscal del gasóleo y contribuciones a fondo perdido para la agricultura de hasta 45 céntimos por litro, con un límite de 60 millones. Salvini ha advertido de que se debe “equilibrar el derecho de huelga con el derecho al trabajo”.

Contropiano precisa que no se trata de dinero nuevo: son casi 500 millones “prometidos al sector ya varios meses atrás pero nunca salidos de las arcas del Estado”, y que ahora se reciclan “quizá para el rearme”. Lo mismo ocurre con los agricultores, con compromisos que suman alrededor de 1.000 millones de euros. Hasta ahora el Gobierno no había aplicado el delito de bloqueo vial, incluido en sus propios “decretos seguridad”, a unos sectores que “representan desde siempre una componente importante del bloque social derechista”, señala Contropiano. “Si hubieran sido estudiantes u obreros, habrían sido cargados por la policía desde el primer día”, afirma el medio.

Sin embargo, parece que las contradicciones se están acelerando: el 21 de octubre, el Gobierno mandó a la policía a identificar a los manifestantes: 1.400 conductores fichados, “escoltas” para los que decidían abandonar los bloqueos e intimidaciones en general, según Contropiano. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, afirmó que “son evidentes las infiltraciones criminales” y el Gobierno ordenó registrar los ficheros judiciales de los camioneros para “probar” sus afirmaciones, recoge ANSA. Esta presión político-policial-mediática ha tenido como único efecto, por ahora, suspender la agitación y los bloqueos en Sicilia y Calabria. El secretario general de la central sindical mayoritaria CGIL, recoge Contropiano, emitió un comunicado en el que instaba a deponer la movilización e invitaba a los prefectos a “garantizar la libertad de circulación de las mercancías”, sin siquiera pedir al Gobierno que escuchara las razones de la protesta.

La crisis expone la vulnerabilidad logística del Mezzogiorno y la dependencia de unos pocos nodos estratégicos, en este caso la refinería de Taranto, controlada por Eni. Mientras el capital energético y la gran distribución acumulan beneficios, los pequeños agricultores, transportistas y trabajadores asalariados soportan el coste de una inflación descontrolada por el aumento de los costes energéticos tras la guerra de EEUU e Israel contra Irán y la guerra de Ucrania. Contropiano subraya esta dimensión, señalan que el problema de los precios de los carburantes “depende de la situación internacional, ergo de las elecciones desastrosas de este Gobierno como de los anteriores, de la estructura de los impuestos especiales sobre los que se paga luego también el IVA”, por lo que las ayudas son “paliativos que aplazan el problema (la supervivencia de empresas y personas) de algunas semanas, como mucho algunos meses, pero no resuelven nada”. RaiNews reporta que la suspensión del paro en Calabria y Sicilia representa una desescalada, pero el conflicto de la ex-ILVA sigue abierto y los agricultores mantienen varios piquetes. El 27 de octubre, en la mesa con Salvini y en la reunión de Palazzo Chigi sobre Taranto, se decidirá si se llega a un acuerdo o si el sur de Italia vuelve a paralizarse.

Los firmantes condenan que la editorial haya decidido retirar los libros de Rooney del mercado británico, una medida tomada, según la carta, en virtud de una “legislación antiterrorista draconiana”. Señalan que constituye “una afrenta a los principios básicos de libertad de expresión” y añaden su rechazo categórico a “la censura (ya sea directa o indirecta) e instamos al gobierno a cambiar de rumbo, modificando la legislación que nos ha llevado a este punto de absurdo represivo”. La retirada se produjo la semana pasada, cuando Faber comunicó que, “de común acuerdo con la autora”, dejaría de distribuir sus obras en el Reino Unido porque la legislación “antiterrorista” británica impide que la empresa le haga llegar los ingresos generados por la venta de sus libros.

Rooney explicó la situación en un comunicado enviado al diario The Guardian: “En julio de 2025, el grupo de protesta de acción directa Palestine Action fue declarado organización terrorista en el Reino Unido. Al mes siguiente, escribí un artículo de opinión expresando mi intención de seguir apoyando a Palestine Action, que no es un grupo prohibido ni ilegal en la República de Irlanda”. Añadió que, como consecuencia, “el cumplimiento de los contratos para publicar mi obra en el Reino Unido podría constituir un delito grave” y que, “tras un proceso de consulta y deliberación, y con mi pleno consentimiento, mi editorial, Faber, ha decidido que ya no puede distribuir mi obra en el Reino Unido”. La autora aseguró: “Me he esforzado por ser honesta con el público sobre mis creencias e intenciones, y estoy totalmente preparada para aceptar las consecuencias”. Faber declaró: “La legislación vigente en el Reino Unido ha generado una situación en la que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos generados en el Reino Unido por su obra. Vender la obra de una escritora y no poder transferirle los ingresos es una situación inaceptable para una editorial”.

La carta se publica dentro de una oleada represiva contra la solidaridad con Palestina. Según los datos que recoge The Guardian, más de 3.700 personas han sido arrestadas en el Reino Unido acusadas de mero apoyo a Palestine Action desde que fue prohibida en julio del año pasado, la mayoría por portar pancartas con lemas como: “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”. Se han presentado cargos contra unas 2.500 personas, aunque ninguna ha sido juzgada, ya que la impugnación legal de la prohibición continúa y será examinada por el Tribunal Supremo el próximo mes. La mayoría de los arrestos y cargos están relacionados con el artículo 13 de la “Ley Antiterrorista”, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión. El artículo 15 tipifica como delito que una persona “proporcione dinero u otros bienes, a sabiendas o con motivos razonables para sospechar que se utilizarán o podrían utilizarse con fines terroristas”, con una pena máxima de 14 años. Rooney, cuyas novelas han vendido más de un millón de ejemplares en el caso de Gente normal y más de 500.000 en los de Conversaciones entre amigos y Dónde estás, mundo bello, canceló el año pasado un viaje al Reino Unido para recoger un premio por temor a ser arrestada.

Rooney se ha definido públicamente como marxista en varias ocasiones y ha explicado que ve el mundo “principalmente a través de una especie de marco marxista”. Creció en Castlebar, en el condado de Mayo (República de Irlanda), en el seno de una familia socialista: su madre, Marie, era profesora de matemáticas y ciencias, y su padre, Kieran, técnico de la compañía telefónica estatal irlandesa. La escritora ha explicado que sus padres, como muchos irlandeses, llevaban a los hijos a la iglesia católica, pero “estaban más apasionados por transmitir valores socialistas”, educaron a Rooney y a sus dos hermanos con el lema de de Karl Marx “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Rooney reconoce que esa educación recibida en el hogar ha moldeado su forma de mirar la literatura y la política: “Mis padres eran socialistas y nos criaron con una especie de cosmovisión socialista”. En sus novelas, esa perspectiva aparece de forma explícita: en Normal People, los protagonistas leen el Manifiesto Comunista y acuden a una protesta contra Israel durante las masacres de Gaza de 2014, una obra que la escritora define directamente como “una historia de amor marxista”.

El condado de Mayo donde creció Rooney fue históricamente una de las zonas más castigadas por la Corona inglesa, que aplicó con dureza el despojo de tierras, desde las confiscaciones de los Tudor y Cromwell (que se quedaron con cerca del 80% de la propiedad del condado) hasta la Gran Hambruna de los años 1840, que redujo considerablemente su población; allí desembarcó en 1798 la expedición francesa que proclamó la efímera República de Connaught y allí se fundó en 1879 la Liga Nacional de la Tierra de Michael Davitt, hitos de una resistencia que conectan con la solidaridad de Rooney con las luchas anticoloniales de la actualidad.

El presidente justificó la medida con un “no es el momento; queremos el retorno a la calma” y afirmó que los recorridos sindicales se diseñarán para proteger “nuestros centros urbanos, en particular nuestros comercios y edificios públicos”. La medida se dirige expresamente a la jornada de movilización del sábado, convocada bajo el título “Acto II” y apoyada por Chalecos Amarillos, organizaciones estudiantiles y liceales.

Prohibiciones en cascada antes del anuncio formal

Algunas prohibiciones ya estaban en marcha antes del anuncio presidencial. La Prefectura de Policía de París autorizó la manifestación sindical entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación, con salida a las 14:00 y un recorrido de unos dos kilómetros, propuesto por la CGT y firmado, según la prefectura, por la intersindical (FO, CFDT, CGT y FSU) además de organizaciones liceales y estudiantiles, según franceinfo.

En cambio, el trayecto Bastilla–Ópera impulsado por el colectivo estudiantil Interfac IDF y varios Chalecos Amarillos ha sido prohibido por la prefectura invocando los disturbios y por “razones de orden público”. En Lyon, la prefectura del Ródano prohibió “toda manifestación” en la ciudad para el sábado 24; también se han registrado prohibiciones en Marsella, Niza, Rouen y Toulon.

En Orleans se ha anunciado una marcha antifascista convocada frente al congreso de Agrupación Nacional, donde se esperan 10.000 asistentes, por lo que podría haber más restricciones y otra capa añadida de protestas y disturbios.

París mantenía desde este 21 de octubre su tercera noche consecutiva de toque de queda, de 23:00 a 06:00, prohibiciones de concentraciones no declaradas en zonas sensibles como el Elíseo, Matignon, la Asamblea Nacional, el Senado, el Louvre y los Campos Elíseos, según RFI. El Ayuntamiento de París anunció medidas preventivas que incluyen la retirada de espacios públicos de cualquier elemento que pueda causar daños y pidió a residentes y comerciantes que retiren contenedores de basura, bicicletas o muebles de exterior. El Ejecutivo baraja también apagones parciales de redes sociales y censura selectiva de contenido publicado en internet.

A pesar de todo, la declaración presidencial plantea un problema jurídico subrayado por Franceinfo: en Francia, la libertad de reunión y manifestación está teóricamente protegida en la Constitución, y las prohibiciones corresponden en principio a los prefectos vía decretos motivados, no al presidente de la República. La fórmula de Macron introduce además un criterio de “legitimidad” que, según el medio, los juristas y organizaciones críticas consideran ajeno al régimen de declaración previa, porque el derecho francés no condiciona la manifestación a que la convoque un sindicato.

Recurso de urgencia y denuncias

La Asociación de Defensa de las Libertades Constitucionales (Adelico) y el Sindicato de la Magistratura presentaron la noche del 22 de octubre un recurso de urgencia (référé-liberté) ante el Consejo de Estado contra las declaraciones de Macron. Los Chalecos Amarillos rechazaron el recorrido autorizado Bastilla–Nación: Benjamin Ball, integrante de la coordinación del movimiento, afirmó que “no tenemos mandato de la coordinación de los Chalecos Amarillos para aceptar este recorrido y por tanto no lo firmaremos”, aunque anunció su presencia en Bastilla desde las 12:00 y una rueda de prensa, de acuerdo con Le Figaro. Azelma Sigaux, representante del movimiento, denunció que el trazado sindical no refleja la voluntad de los Chalecos Amarillos ni de las organizaciones estudiantiles y liceales, que habían pedido ir de Bastilla a la Ópera. La izquierda expresó su enfado tras la reunión en Matignon con los partidos.

Un senador de Los Republicanos pide “abatir a quienes quieren abatir al Estado”

Un día antes del anuncio de Macron, el senador de Los Republicanos por Corrèze Pascal Coste declaró lo siguiente en el Senado, durante el debate sobre las movilizaciones y la respuesta del Estado: “El Estado tiene una prerrogativa: abatir a quienes quieren abatirlo” (“L’État a une prérogative, celle d’abattre ceux qui veulent l’abattre”). Sectores de la izquierda y las redes respondieron con indignación, calificando la frase de “llamamiento al asesinato” y exigieron su condena inmediata por parte del presidente del Senado, Gérard Larcher, y del ministro del Interior, Laurent Nuñez; ninguno la condenó de inmediato. El marco jurídico francés condiciona el uso de la fuerza letal por el Estado, en teoría, a “la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad”, y no contempla ninguna “prerrogativa” general de “abatir” a quienes se enfrentan al Estado. En cambio, un senador lo ha dicho abiertamente en la cámara alta sin consecuencias visibles.

El Estado se blinda y Macron señala a “grupos de ultraizquierda”

El Gobierno anticipa un despliegue policial superior en un 20% al del sábado pasado en todo el país, ha suspendido permisos y vacaciones de agentes y añade que los militares ayudarán “donde sea necesario” para proteger edificios públicos como la Asamblea Nacional o infraestructuras críticas, según ha recogido la Cadena SER.

Macron ha convocado para el viernes 23 un Consejo de Defensa del que forman parte distintos ministerios, donde podrían adoptarse “decisiones adicionales”, según franceinfo y RFI. El presidente volvió a culpar de los disturbios a “grupos de ultraizquierda” a quienes acusa de “querer derrocar la República con actos políticos y sediciosos”, y distinguió esos supuestos hechos de los “actos de delincuencia” que, dijo, deben perseguirse con “la mayor dureza”.

Según cifras difundidas en la cobertura del 22 de octubre, tras los disturbios de los días 17 y 18 hubo unas 2.700 personas bajo custodia policial y 217 encarceladas en firme, según Gérald Darmanin, recoge La Dépêche. Los abogados de varios detenidos han denunciado tratos denigrantes y condiciones insalubres en las celdas. Macron anunció además que el lunes el Gobierno reunirá a organizaciones liceales y estudiantiles, docentes, sindicatos, patronal, colectividades territoriales y parlamentarios para “abordar las reivindicaciones legítimas”, en “especial las de la juventud”. Sin embargo, no está claro si el recorte generalizado de libertades políticas vaya a calmar el ambiente.

La Fiscalía considera que el agente es autor de un delito contra la intimidad y pide cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y 3.000 euros de indemnización por daño moral. La acusación particular que ejerce la mujer reclama tres años de prisión, 8.100 euros de multa, seis años de inhabilitación absoluta y 6.000 euros de indemnización. El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria, emplaza a la defensa a presentar su escrito y le impone una fianza de 4.000 euros, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario, por lo que el Consistorio deberá comparecer en diez días con abogado y procurador. El magistrado rechazó el sobreseimiento pedido por la defensa y sostuvo que “el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí”, y que “maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori”.

Dos “casos aislados” judicializados en dos semanas

La semana pasada un juzgado de Granada inició el proceso contra el exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, y a otros siete agentes por presuntos accesos irregulares al mismo sistema para obtener información de la expareja de un subinspector maltratador del cuerpo. La magistrada les imputa delitos de descubrimiento y revelación de secretos por hasta 35 consultas no autorizadas a la ficha de la mujer y de su hija menor entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, pese a que la protección correspondía en exclusiva a la Guardia Civil. Entre los procesados están un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores y cinco agentes más de esa unidad, con la agravante por su condición de funcionario público y prevalimiento del cargo. El auto precisa que la Policía Local de Granada “no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima”, y que las consultas generaron en ella “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja”. El subinspector maltratador, Víctor G.B., cumple condena por violencia física y psicológica sistemática desde 2017 y afronta otras diez causas, entre ellas una presunta trama de amaño de oposiciones con 43 investigados.

La Asamblea de la Juventud Trabajadora de Granada (AJT Granada) denunció, a propósito del caso granadino, que “no se trata de manzanas podridas ni de hechos aislados” y que “no podrá existir un combate efectivo contra la violencia machista mientras la presunta protección de las víctimas recaiga en el estado capitalista y burgués y la policía”.

Los dos procedimientos, el de Santander y el de Granada, muestran que agentes con acceso al sistema consultan datos de mujeres cuya “protección” no les corresponde y, en el caso santanderino, presionarían para alterar la valoración del riesgo. En ambos casos las acusaciones sostienen que los accesos fueron reiterados y que se produjeron mientras la víctima estaba bajo la “protección” de otro cuerpo policial.