Balance general del “Gobierno progresista”

La legislatura del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que concluye con el adelanto electoral del 29 de noviembre de 2026 deja un balance de medidas perjudiciales para la clase trabajadora que han sido presentadas como “progresistas” por el Ejecutivo y sus aliados. Así lo indica una extensa hemeroteca de informes, críticas entidades sociales, medios alternativos y de organizaciones políticas situadas a su izquierda.

“La legislatura de la vivienda”: ¿Para quién?

La vivienda se ha consolidado como la primera preocupación social y el detonante de la crisis política final, como ya advertían incluso algunos exasesores del propio Sánchez: el precio medio del alquiler alcanzó los 1.184 euros mensuales a finales de 2025, con una subida interanual del 5,9% tras el 11,3% de 2024; en grandes ciudades se destina hasta el 40% de los ingresos netos al alquiler. Los desahucios se mantienen en decenas de miles anuales, y entre el 74% y el 75% son por impago de alquiler, según ATTAC y los movimientos de vivienda.

La moratoria de desahucios no paralizó entre siete y ocho de cada diez desahucios que podía evitar: en la última década se ejecutaron 425.262 desahucios en el Estado, 116,6 al día, y con la moratoria en vigor fueron 187.794, 85,8 diarios. Solo las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca pagaron 1,7 millones de euros de dinero público a rentistas en compensación por la moratoria. Los Mossos d’Esquadra destinaron en cinco meses 713 dotaciones de antidisturbios para proteger 1.361 lanzamientos en Catalunya, con 14 detenidos y 338 denuncias administrativas a militantes del movimiento de vivienda; es decir, un millón de euros solo en sueldos de antidisturbios para desahucios en cinco meses. El coste estimado de un solo operativo policial de desalojo (5.257 euros en salarios) equivale a casi un año de alquiler social para una familia. Es decir, la Generalitat gobernada por el PSC invierte más en desahuciar que en evitar que la gente se quede en la calle. El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en Madrid en septiembre de 2026, ha sido la guinda del pastel que ha detonado las acampadas en curso en la Puerta del Sol y las manifestaciones masivas que han sacudido el país.

El “decreto-trampa” que presentó el Gobierno tras el estallido social por el desahucio de Maricarmen en el Congreso fue rechazado el pasado 2 de octubre. Este decreto incluía un “paraíso fiscal para rentistas”: hasta un 100% de reducción en el IRPF para los caseros que bajaran mínimamente el alquiler, frente a un 10% para los inquilinos. Según datos de Gestha, solo 121.573 inquilinos se beneficiaban de la deducción residual por alquiler (un alivio medio de 212 euros), mientras más de dos millones de rentistas disfrutaban de un regalo fiscal medio superior a 3.000 euros. De cada 100 euros que cobran los rentistas por alquiler, apenas 24 llegan a Hacienda, mientras un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF. Un rentista con 100.000 euros de alquiler paga 5.434 euros de IRPF sin trabajar; un asalariado con el mismo sueldo, 32.119. Las deducciones fiscales a los rentistas restaban cada año más de 1.200 millones de euros a las arcas públicas: el equivalente a ocho hospitales públicos de tamaño medio o al salario de más de 30.000 docentes. La AIReF ya advirtió de que la medida era regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentraba el 15% del beneficio, mientras que el 50% con menores rentas apenas percibía el 5%.

Además, el decreto tampoco prohibía a los fondos buitre: solo limitaba temporalmente (hasta el 31 de diciembre de 2028) las compras por debajo del 70% del precio de tasación, sin fijar quién debía tasar. En la práctica, quien compraba podía encargar una tasación a la baja y sortear el umbral. Poco antes, el Congreso rechazó por segunda vez la proposición para prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos, con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts y la abstención del PSOE, PNV y Coalición Canaria. Mientras tanto, BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, sitúa al mercado español como “su principal apuesta de inversión a nivel global”, con una previsión de rentabilidad superior al 10%, y ya administrando unos 104.000 millones de euros en el Estado. Solo entre enero y junio de 2026, los extranjeros no residentes han acaparado 22.610 viviendas, con el beneplácito del Gobierno.

Todo esto se construye sobre una asimetría democrática flagrante. Los inquilinos representan el 20,8% de la población (unos 9 millones de personas), mientras los rentistas son el 4,9% (unos 2,2 millones). Esto quiere decir que hay cuatro veces más inquilinos que caseros. Sin embargo, los rentistas cuentan con lobbies como Asval, carteras ministeriales (altos cargos de vivienda del PSOE, como Helena Beunza, exsecretaria general de Vivienda, han pasado a liderar Asval) y una sobrerrepresentación parlamentaria que bloquea los límites de precios. En el Congreso, el 85% de los diputados son propietarios de al menos una vivienda, frente al 73% de la población, y el 20% tienen tres o más. El mito del “pequeño casero” es utilizado recurrentemente por la derecha y el PSOE para oponerse a regulaciones más fuertes, a pesar de que los datos muestran que los multiarrendadores particulares con dos o más viviendas, las personas jurídicas y la vivienda pública suman en torno al 61% de las viviendas alquiladas. Las encuestas muestran un amplio respaldo social a los límites de precios, incluso entre votantes del PP y Vox, pero la traducción legislativa es muy limitada. La moratoria de desahucios, presentada como “escudo social”, solo se aplicó en uno de cada cuatro casos en los que era posible, según el Observatori DESCA.

Retroceso en el salario real

En el plano económico, la legislatura registró récords de afiliación y un paro en torno al 9-10%, con el SMI acumulando una subida nominal del 60-66% desde 2018 y la reforma laboral reduciendo la temporalidad. Sin embargo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha sufrido una pérdida histórica acumulada considerable: los salarios pactados crecieron un 17,8% entre 2020 y 2025, frente a unos precios que subieron en torno al 22%, lo que supone una pérdida neta de 3,5-4 puntos del salario real. El salario mediano y modal, por su parte, se concentra cerca del SMI, y los estratos medios siguen disolviéndose. Uno de cada seis hogares con hijos y empleo percibe salarios de miseria, según Save the Children, situando al Estado español como “subcampeón” en pobreza infantil en la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y superando incluso a Rumanía. España ha batido también récords en pluriempleo, con 651.200 personas con dos trabajos. La alimentación se encareció un 34% en períodos recientes. La productividad permanece estancada, con los salarios también estancados y el PIB por ocupado similar o inferior a 2018 en algunos cálculos.

Pensiones: suma cero por abajo

La revalorización de las pensiones con el IPC (Ley 21/2021) se ha presentado como uno de los principales logros del Gobierno: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026, con subidas mayores para las mínimas y no contributivas. La pensión media del sistema se sitúa en 1.374,6 euros mensuales (septiembre de 2026) y la de jubilación en 1.576,1 euros, con una nómina mensual récord de unos 14.500 millones de euros y un gasto acumulado de más de 138.000 millones en los primeros nueve meses de 2026. El gasto se sitúa en torno al 13% del PIB, con proyecciones de subida hacia el 14% o más. Sin embargo, el problema no es solo el gasto, sino cómo se financia. En lugar de ampliar la base de financiación hacia beneficios empresariales, dividendos, plusvalías, grandes patrimonios o rentas del capital, el Ejecutivo ha priorizado el incremento de cotizaciones sociales sobre la masa salarial. Estas medidas generan miles de millones de ingresos adicionales (solo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aporta varios miles de millones anuales), pero recaen directamente sobre todo en la renta disponible de los trabajadores activos. Aún así, uno de cada dos pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes y el 57% no alcanza el salario mínimo.

Además, el Gobierno también ha aplicado numerosas medidas regresivas en el sistema de pensiones: subió la edad de jubilación a 66 años y 10 meses e impulsa fórmulas como la “jubilación activa” para que los pensionistas vuelvan a trabajar. En consecuencia, las jubilaciones demoradas han incrementado un 109% en tres años, y se estima que más de un 30% alcance los 68 años antes de retirarse en un futuro cercano.

Récord histórico en gasto militar

El gasto militar ha marcado un récord histórico, consolidando al Gobierno de PSOE-Sumar como “el Gobierno más militarista de la historia”, si se atiende a los presupuestos militares y la ayuda bélica prestada a Ucrania: ha multiplicado por 6,5 el gasto militar, alcanzando los 4.750 millones de euros en 2025, un aumento del 550% respecto al periodo 2013-2024, con un 43% del presupuesto concentrado en 15 empresas, seǵun un estudio de BBVA. Entre el último martes de agosto y el primer martes de septiembre de 2026, Moncloa aprobó más de 6.800 millones más de gasto militar, medidas que adopta sin pasar por el Congreso y modificando sustancialmente los Presupuestos Generales del Estado. En diciembre de 2025, Sánchez ya llevaba 60.000 millones de euros reconducidos al rearme por “decretazo”.

Con estos métodos de cuestionable naturaleza democrática, el Estado español alcanzó el 2% del PIB en gasto militar en 2025, adelantándose al compromiso de 2029, con 33.123 millones de euros según la OTAN y el Gobierno, y 34.265 millones (2,1% del PIB) según el SIPRI. El Centre Delàs eleva el gasto real a 39.000-40.000 millones de euros (≈2,5% del PIB) al incluir partidas dispersas como I+D, Guardia Civil, intereses de deuda y misiones. Desde 2018, el crecimiento supera el 140%. La presión de Donald Trump y la OTAN para elevarlo al 3,5-5% no se ha cumplido de momento, cumpliendo con el 2% establecido previamente y con compromisos de aumentarlo hasta la nueva meta de gasto del 5% del PIB que establece la Alianza.

Gestos por Palestina, relaciones con Israel intactas bajo la mesa

En relaciones con Israel, el Gobierno español reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 junto a Irlanda y Noruega, reconoció el genocidio contra el pueblo palestino, e impuso un embargo de armas formal y sanciones formales. Sin embargo, numerosos movimientos sociales e informes del Centre Delàs y la campaña Fin al comercio de armas con Israel, RESCOP) han documentado que se trata de pura fachada: gestos simbólicos y retórica fuerte frente a la continuidad e incluso el reforzamiento de lazos comerciales, tecnológicos, universitarios y logísticos con el aparato militar y colonial israelí. Desde el 7 de octubre de 2023 , el Gobierno de Sánchez adjudicó al menos 46 contratos a la industria militar israelí (o filiales y UTEs con participación israelí) por un precio superior a 1.044 millones de euros. Diez de ellos, por unos 817 millones, aún no formalizados, podían haberse anulado, pero Moncloa optó por no hacerlo. En marzo de 2026, el Centre Delàs actualizó que los contratos en vigor sumaban 1.208 millones de euros, incluyendo misiles Spike LR2 (287 millones), el sistema lanzacohetes SILAM (697 millones) y el acuerdo marco POD Designador (207 millones). El Real Decreto-ley 10/2025 (septiembre de 2025), presentado como respuesta a la presión popular, no anuló ninguna adjudicación posterior al 7 de octubre. El Ministerio de Defensa anuló anuncios de formalización de 35 contratos , pero no los contratos en sí. De hecho, se aprobaron excepciones que permiten integrar componentes israelíes en aeronaves (A400M, A330MRTT, C295, dron SIRTAP ). Al menos 134 operaciones de compraventa de armas (exportaciones, importaciones, adjudicaciones y tránsitos) se registraron desde octubre de 2023. España lideró la UE en importación de armas y municiones israelíes en periodos de 2025, con más de 33 millones solo en bombas en un mes de abril. Además, el Gobierno justificó abiertamente saltarse el falso embargo “para proteger la industria armamentística española”. Rafael Advanced Defense Systems desmintió haber recibido notificación oficial de cancelación de contratos. Se mantuvieron nueve contratos militares tras anunciar solo una rescisión: la de balas de 9 mm para la Guardia Civil.

El tránsito de armamento y logística también continuó. Medios internacionales (The Ditch, marzo de 2026) destaparon cargueros con toneladas de bombas y munición de Elbit Systems que atravesaron aguas españolas con autorización, con destino a Haifa e IMI Systems. Durante meses, se documentaron múltiples escalas de material del código 93 (“armas y municiones”) en puertos y aeropuertos españoles (Rota, Algeciras, Estrecho) procedentes de EEUU o con destino a la Palestina ocupada por Israel. El Gobierno no impidió estos tránsitos pese al discurso de embargo. En septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) elevó a 214 el número de empresas vinculadas a la colonización israelí en territorio palestino ocupado ilegalmente. Tres del Estado español permanecen o se incorporan: CAF e Ineco (ya listadas) y Salvat Logística (nueva, clasificada como “directamente vinculada”). ACS y SEMI salieron. El Gobierno no impuso sanción alguna; al contrario, mantuvo contratos públicos con Ineco (empresa pública) y créditos FIEM de 750 millones a CAF para ventas a Marruecos. Veinte universidades del Estado español mantuvieron proyectos europeos (Horizonte Europa) con entidades israelíes vinculadas al sector militar o de uso dual, captando unos 6,6 millones de euros, pese a haber anunciado boicots o revisiones de relaciones. Ejemplos: proyectos con Mellanox (microchips usados por Israel Aerospace Industries), Weebit Nano , etc. Incluso la Comisión Europea admite que es “imposible descartar” aplicaciones militares.

Al menos 451 colonos españoles con pasaporte israelí participaron en operaciones del ejército israelí en Gaza, según datos de las propias FDI vía Declassified UK. España ocupa el puesto 21 en el ranking de ciudadanos extranjeros en las filas israelíes. No hay investigación conocida de la Audiencia Nacional ni de la Fiscalía por posibles crímenes de guerra o genocidio. En cambio, se investiga, detiene y juezga a internacionalistas propalestinos desde estas mismas instancias. El Gobierno concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a una soldado hispano-israelí muerta el 7 de octubre de 2023, sin equivalente para víctimas hispano-palestinas.

Más continuidades: un fondo israelí hizo negocio con una de las firmas españolas más subvencionadas; el Gobierno subvenciona filiales armamentísticas israelíes; la Fiscalía pidió archivar la causa contra directivos de Sidenor por venta de acero a Israel Military Industries destinado a producción de armas; y el Gobierno permitió que la Audiencia Nacional examinara la extradición a EEUU del militante propalestino Fergie Chambers. El reconocimiento de Palestina y la denuncia del genocidio sirvieron de pantalla moral mientras se mantenían —y en varios casos se profundizaban— relaciones armamentísticas, tecnológicas, universitarias y logísticas, más de 1.200 millones de euros en contratos, tránsitos de bombas y participación directa de empresas del Estado español en la colonización.

Represión y reforma autoritaria del Estado

La represión de movimientos políticos y sociales también deja cifras récord. Derogación de la Ley Mordaza, uno de los buques insignia de campañas anteriores del PSOE, no fue derogada pese a las promesas de derogarla “en cuanto llegaran al Gobierno”. Nada más lejos de la realidad: han pasado ocho años de “Gobierno progresista” y la Ley Mordaza sigue en pie como instrumento represivo eficaz contra la clase obrera. Desde su aprobación se han impuesto más de 1.380.000 sanciones por un importe superior a 1.300 millones de euros; solo en 2023 se registraron 284.512 actas (+17%). El informe Defender a Quien Defiende (2025) registra 380 casos de vulneraciones al derecho de protesta, casi 2.000 incidentes y más de 1.700 afectados vinculados directamente a esta ley, una tendencia que se ha repetido año tras año. La represión de 2025 se concentró en solidaridad con Palestina (90 casos), vivienda y ocupación (67) y antifascismo (≈61). Solo en Iruñea (Nafarroa), se han registrado cuatro operaciones policiales contra antifascistas en lo que va de 2026; ninguna, en cambio, contra los fascistas. También han aumentado los casos de brutalidad policial, detenciones, multas y se registraron hasta 13 gravísimas infiltraciones policiales en movimientos sociales, denunciadas incluso por la ONU. El Gobierno español, lejos de sancionar estas prácticas, las ha justificado públicamente, ha promocionado a los mandos policiales responsables y ha sancionado a los periodistas y sancionado y arrestado a militantes que han investigado los casos. Mientras tanto, el movimiento de vivienda también acumula cientos de miles de euros en multas por resistencia contra los desahucios.

En febrero de 2026, el Congreso aprobó de forma definitiva la proposición de ley de Junts (pactada con PSOE, PP y Vox) que reforma el Código Penal para imponer penas de prisión de 6 a 18 meses por tres hurtos leves reiterados, aunque el valor acumulado no alcance los 400 euros. Incluso los socios de investidura del PSOE (Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG) votaron en contra y denunciaron que criminaliza la pobreza y la supervivencia de migrantes y personas en exclusión. En octubre de 2026, el Senado aprobó (PSOE + PP + PNV) la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que reconoce a los carceleros como agentes de la autoridad y les otorga presunción de veracidad, invirtiendo la carga de la prueba en denuncias de malos tratos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil ampliaron el arsenal de pistolas eléctricas Taser hasta 3.400 unidades (3.000 PN + 400 GC; GC planea 800 más hasta 2028). Entre 2025 y los primeros 77 días de 2026 se usaron en 185 ocasiones (una cada 57 horas), e interior no tiene constancia de ningún expediente sancionador por uso indebido. La muerte de Haitam Mejri (Torremolinos, diciembre de 2025) tras más de diez descargas se archivó sin interrogar a los agentes. Desde enero de 2020 hasta mayo de 2025 se registraron al menos 148 “muertes” bajo custodia o en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil (43 “accidentales”, 12 “suicidios”, 93 “naturales”; casualmente, ninguna fue clasificada como homicidio). En 2023, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al menos 29 policías cumplían condena por tortura o malos tratos (además de 59 por abusos sexuales y 43 por homicidios). El “Defensor del Pueblo” se negó en 2026 a elaborar un informe extraordinario sobre tortura pese a la petición de 13 organizaciones de derechos humanos. El TEDH ha condenado al Estado español hasta en 13 ocasiones por no investigar torturas, el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska era juez instructor en seis de esos casos. En abril de 2026, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid destapó a la última agente infiltrada (“Fátima García Vázquez”), la decimotercera descubierta en movimientos sociales y políticos en las últimas dos legislaturas.

En los estadios de fútbol profesional, la Comisión Antiviolencia endureció a principio de curso las medidas sobre el acceso a los campos y las normas de las gradas de animación: controles de alcoholemia, un solo megáfono autorizado, prohibición de mensajes políticos o religiosos y multas de hasta 50.000 euros a clubes. El caso de los aficionados de Indar Gorri (Osasuna) ilustra la intensidad represiva: 351 multas (228.000 euros), 98 detenciones y 52 años de prohibición de acceso en tan solo dos temporadas, lo que se traduce en 228.000 euros en sanciones, una media de 1.000 euros de multa cada 3,3 días y una detención por semana.

Aunque el discurso oficial niegue que en el Estado español existan presos y represaliados políticos, lo cierto es que la legislatura mantuvo y prolongó el encarcelamiento de militantes independentistas, comunistas, antifascistas, sindicalistas y solidarios con causas internacionales, aplicando una política penitenciaria de excepción que exige arrepentimiento ideológico como condición para beneficios y niega la libertad anticipada incluso a enfermos graves. Pablo Hasel ha cumplido más de cinco años de prisión por canciones y tuits, con 14 meses adicionales pendientes; cerca de 200 catedráticos de más de 100 universidades de 24 países exigieron su liberación. Lucio García Blanco (PCE-r, 75 años) fue liberado el 26 de abril tras agotar íntegramente más de 30 años de condena en Villabona, con demencia senil, Alzheimer y lesiones crónicas de torturas; el Estado le negó la libertad condicional por no arrepentirse e incluso le denegó varias visitas. Realizó 23 huelgas de hambre. María José Baños Andújar (GRAPO) fue liberada el 30 de abril de 2026 tras una intensa campaña solidaria, con un “cuadro médico devastador y en inminente riesgo de muerte”. Los 6 de Zaragoza (antifascistas condenados a 4 años y 9 meses por manifestarse contra un mitin de Vox en 2019) cumplieron dos años de encarcelamiento en abril de 2026; el Gobierno concedió indultos parciales en septiembre de 2025 que liberaron a Adrián y Javitxu, pero Imad y Daniel permanecen privados de libertad, cumpliendo 900 días de condena el pasado 2 de octubre. Las 6 de La Suiza (sindicalistas de Xixón condenadas a tres años y medio por “coacciones”) lograron el tercer grado ocho días después de ingresar en julio de 2025 gracias a la presión social; el grupo de apoyo Sofitu exigió libertad plena e indulto. Los procesados de Berango (16 personas juzgadas por el recibimiento público al preso político vasco Ibai Aginaga en marzo de 2022, con peticiones que sumaban más de 36 años) fueron absueltos en julio de 2026 tras evidenciarse que los informes policiales estaban basados en “colaboradores” desconocidos y ausencia de pruebas sólidas. Asier y Youssef, militantes internacionalistas vinculados a Samidoun/Iranekin Bat, fueron detenidos en 2026 acusados de “vínculos con Hezbollah” por gestionar un canal de Telegram sobre Palestina, organizar colectas solidarias para el Líbano y organizar charlas del embajador de Irán.

Política migratoria

En materia migratoria, la legislatura ha combinado un discurso propagandístico decmigración segura, ordenada y regular” con la mayor regularización extraordinaria selectiva en dos décadas y, al mismo tiempo, el refuerzo de mecanismos de control, externalización hacia Marruecos y Mauritania (en este segundo caso, incluso con cárceles para migrantes que incluyen cunas para bebés), y la persistencia de muertes, abusos y privación de libertad. El Real Decreto 316/2026 abrió un plazo de solicitudes entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026 para quienes estuvieran en el Estado español antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de permanencia. Se presentaron más de 1,17-1,2 millones de solicitudes, muy por encima de la estimación inicial de 500.000. La autorización concedida es de un año de residencia y trabajo, tras el cual debe solicitarse una modificación a una autorización ordinaria o una prórroga excepcional. La medida excluye a quienes llegaron después del 31 de diciembre de 2025, a personas con antecedentes penales, a beneficiarios de protección temporal (principalmente ucranianos) y a quienes ya tenían autorización en vigor; en total, unas 340.000 personas excluidas de la regularización. Además, el Gobierno eliminó la vía rápida de regularización para miles de ciudadanos venezolanos tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de EEUU y el cambio de liderazgo en Caracas.

Caminando Fronteras documentó 3.090 personas fallecidas o desaparecidas en 2025 intentando llegar al Estado español (1.906 en la ruta canaria, la más letal) y 1.317 víctimas entre enero y mayo de 2026. Todas ellas fallecieron intentando acceder de forma no segura, a falta de canales para migrar de forma segura. Pese al descenso de llegadas, la letalidad relativa aumentó: en la ruta canaria se pasó de 14 muertes por cada 100 llegadas en 2025 a 21 en 2026. Amnistía Internacional documentó 22 casos de tortura o tratos crueles atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas españolas tras la entrada masiva del pasado julio en Ceuta. En 2025 se ejecutaron 3.398 expulsiones, un 12% más que en 2024 y la cifra más alta en cinco años. En 2024 ingresaron 1.863 personas en CIE, el 70% por mera estancia administrativa irregular, y casi la mitad no fueron repatriadas. La red CIEs No y el SJM denunciaron internamientos y deportaciones de personas que estaban solicitando la regularización, denunciando el “racismo de Estado”.

Cascada de casos de corrupción en lo más alto del PSOE

Múltiples tramas de corrupción han atravesado la legislatura de arriba abajo, conduciéndola al borde del precipicio. El pasado 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y 1 día por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Los hechos probados incluyen la adjudicación irregular de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama; una remuneración mensual de 10.000 euros para “gastos fijos” de Ábalos y Koldo entre octubre de 2019 y junio de 2022; la contratación irregular de dos “conocidas” del exministro y exsecretario de Organización del PSOE en empresas públicas; y contratos de arrendamiento con opción a compra de viviendas en Madrid, Marbella y La Línea vinculados a gestiones como el rescate de Air Europa o una licencia de hidrocarburos. Víctor de Aldama fue condenado a 4 años y 6 meses, pero el tribunal suspendió la ejecución de la pena por su colaboración cualificada. La sentencia destaca el “grave deterioro de la confianza ciudadana”.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, otro hombre de confianza de Sánchez, también está investigado en la pieza de obra pública del caso Koldo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, con beneficios superiores a 300.000 euros para él y su familia; ingresó en prisión provisional el 30 de junio de 2025 y fue puesto en libertad el 19 de noviembre de 2025 tras 142 días, con medidas cautelares. También está investigado en el caso Leire (“cloacas del PSOE”) por la presunta financiación de una trama de fontanería política destinada a atacar causas judiciales que afectaban al Gobierno. En consecuencia, la UCO entró en la sede federal del PSOE en Ferraz el 20 de junio de 2025 para clonar la cuenta de correo de Cerdán, y el 27 de mayo de 2026, en un operativo de 12 a 14 horas, intervino una agenda negra con la anotación “Santos Cerdán enero 2025 – mayo 2025”, una agenda roja con anagrama del PSOE, 68 folios manuscritos, un MacBook Air y dos discos duros de 5 TB, y accedió a los Libros Diario contables de 2024 y 2025. Los informes de la UCO sitúan el origen de los fondos y medios logísticos de la presunta trama en el propio PSOE, y la acusación popular ha solicitado la imputación del partido como persona jurídica por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.

Begoña Gómez, esposa del presidente, tiene juicio oral con jurado popular por tráfico de influencias y malversación, junto a su exasesora Cristina Álvarez. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en julio de 2026 a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la Diputación de Badajoz. Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, fue condenado en diciembre de 2025 a 2 años de inhabilitación, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por revelación de secretos, la primera condena de un fiscal general en tiempos constitucionales. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, fue imputado en mayo como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” por el rescate de 53 millones de euros de la SEPI a Plus Ultra, con comisiones estimadas de hasta 1,95 millones de euros y registros en su despacho con joyas tasadas en más de 1,3 millones de euros. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado por corrupción desde 1978.

Energía: “transición” a golpe de oligopolio, Gran Apagón sin explicaciones y paradas industriales por falta de respaldo

En energía, la legislatura aceleró el despliegue renovable en el discurso y en capacidad instalada, pero no desmanteló el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy) ni ha garantizado una transición justa. El Gran Apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro a toda la Península Ibérica durante horas, con entre 5 y 8 fallecidos y pérdidas estimadas entre 800 y 4.500 millones de euros. Un año después sigue sin haber dimisiones ni ceses: Beatriz Corredor sigue al frente de Redeia y Sara Aagesen en el Ministerio. La CNMC abrió decenas de expedientes sancionadores, pero el silencio institucional y la opacidad sobre los datos de las instalaciones privadas fueron denunciados como estrategia de elusión. Bruselas abrió expediente a España por no presentar a tiempo el plan actualizado de preparación ante riesgos eléctricos. Este mismo año, Red Eléctrica ha activado el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) en récord de ocasiones (la décima este mismo 6 de octubre), ordenando a la industria detener procesos por “alta tasa de indisponibilidad térmica y baja generación renovable”.

Las grandes eléctricas siguieron registrando beneficios millonarios: en 2025, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol superaron los 12.400 millones de euros de beneficio neto (+11%). Iberdrola lideró con 6.285 millones; Endesa, 2.198 millones; Naturgy, récord de ~2.023 millones. Desde El Salto y Público denuncian que el oligopolio chantajea con recortes de inversión si no se mejoran las rentabilidades, mientras bloquea o diluye gravámenes a beneficios extraordinarios y frena la democratización del sistema. La legislatura ha dejado facturas inestables, caras, riesgo de apagones y una industria sometida a paradas mientras el oligopolio consolida sus márgenes de beneficio.

Paralelamente, mientras Pedro Sánchez finge “enfrentarse a Trump” la dependencia energética española hacia EEUU se ha consolidado: en 2025, el Estado español importó 111.660 GWh de GNL estadounidense, el 30% del total, el doble que en 2024, y 9,334 millones de toneladas de crudo, el 15,2% del total, manteniendo a EEUU como principal suministrador de petróleo y alcanzando cifras récord en importación estadounidense. En consecuencia, la legislatura ha dejado facturas inestables, riesgo de apagones y una industria sometida a paradas mientras el oligopolio español y las empresas energéticas de EEUU consolidan sus márgenes.

Amnistía del procés para salvar la legislatura

La amnistía del procés catalán ha sido otra de las piezas delicadas de la investidura de Sánchez tras las elecciones de julio de 2023. La Ley Orgánica 1/2024, publicada en el BOE el 11 de junio de 2024 , se negoció como condición sine qua non con Junts per Catalunya (liderado por Carles Puigdemont ) y ERC para obtener los votos necesarios. El Gobierno la presentó como instrumento de “distensión” y “convivencia”, pero desde la izquierda extraparlamentaria y los movimientos independentistas y antirrepresivos se subrayó su carácter de moneda de cambio político para sostener la legislatura, sin abordar de raíz la judicialización del conflicto ni la represión estructural. La norma amnistiaba actos vinculados al proceso independentista entre 2011 y 2023 (referéndum del 1-O, declaración unilateral, protestas, etc.), incluyendo sedición (ya derogada), desobediencia, desórdenes públicos y, en principio, malversación de caudales públicos cuando estuviera ligada al procés. Benefició a cientos de personas (manifestantes, cargos intermedios, etc.), pero su aplicación a los máximos responsables quedó bloqueada durante más de dos años. El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), en autos de julio y septiembre de 2024, excluyó la malversación de los líderes condenados en 2019 (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva ) y de los procesados en rebeldía (Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig ). Argumentó que había existido “enriquecimiento personal” porque se usaron fondos públicos sin sacar dinero del bolsillo propio. Esta interpretación restrictiva mantuvo vigentes las penas de inhabilitación de los condenados y las órdenes estatales de detención de los exiliados, impidiendo el regreso de Puigdemont casi nueve años después de su marcha a Bélgica en 2017. La resistencia del Supremo generó un conflicto institucional abierto. Los afectados presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, hasta que este 6 de octubre el Pleno del TC (mayoría progresista de 7 votos frente a 5 del sector conservador) ha estimado el recurso de la exconsellera Dolors Bassa.

La ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido anuló los autos del Supremo, declaró que este había vulnerado derechos fundamentales al realizar una interpretación “extensiva y contraria al espíritu y finalidad” de la ley, y ordenó aplicar la amnistía a la malversación “con carácter preferente y urgente”. La doctrina se hace extensible al resto de líderes (Junqueras, Turull, Romeva, Puigdemont, Comín y Puig ). Minutos después, el juez instructor Pablo Llarena levantó “con carácter inmediato” las órdenes de busca y captura y detención contra Puigdemont, Comín y Puig. El auto aclara que no declara todavía la amnistía plena ni extingue la responsabilidad penal (pendiente de la notificación formal de la sentencia del TC y de nuevos pronunciamientos del Supremo), pero elimina el riesgo inmediato de detención. Puigdemont puede regresar al Estado español; su entorno habla de un retorno “inminente pero seguro”, posiblemente después de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. La resolución del TC llega en la recta final de la legislatura, tras el adelanto electoral convocado por Sánchez (motivado precisamente por el rechazo de Junts a los decretos de vivienda). El presidente reivindica la amnistía como “política de distensión avalada por el TC y el Tribunal de Justicia de la UE”, pero rechaza reunirse o fotografiarse con Puigdemont “en tiempo electoral”. Junts y ERC celebran el fallo como derrota de la “estrategia de los poderes públicos” que retrasaron la norma; sectores de la izquierda radical y antirrepresiva lo leen como un cierre aplazado y condicionado de una medida que nació como un peaje parlamentario para el PSOE.

Por tanto, varios sectores críticos de la izquierda critican que la amnistía no fue una conquista de la movilización popular ni una reparación integral de la represión del 1-O y posteriores, sino el precio pagado por el PSOE para gobernar con el apoyo de la burguesía catalana. Su aplicación ha quedado incompleta durante casi toda la legislatura por la resistencia del aparato judicial, generando una colisión institucional TS-TC que solo se ha resuelto a las puertas de nuevas elecciones. Mientras se negociaba y se retrasaba la medida de gracia para los líderes del procés, se mantenía la Ley Mordaza , se endurecía el Código Penal contra la pobreza y se intensificaba la represión de movimientos sociales.

Igualdad

La legislatura de PSOE-Sumar se abanderó como “la más feminista de la historia”, recuperó el Ministerio de Igualdad bajo control del PSOE y mantuvo el discurso de “avance en derechos”. Pero del dicho al hecho hay un trecho: según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (datos 2024), las mujeres percibieron de media 26.904,90 euros anuales frente a 32.057,55 euros de los hombres, una brecha del 16,1% (unos 5.150 euros de diferencia) que rompe once años de descensos leves y aumenta respecto al 15,7% de 2023. Otras metodologías (CCOO, EPA) sitúan la brecha incluso en torno al 20% , de la cual más de la mitad se explica por la sobrerrepresentación femenina en el empleo a tiempo parcial (22% de las asalariadas frente al 7% de los hombres) y en sectores de bajos salarios (cuidados, hostelería, comercio, servicios). Las mujeres trabajadoras siguen concentrando la mayoría de perceptores del SMI y de los empleos precarios.

Los feminicidios íntimos tampoco se han detenido: en 2025 se registraron 46 mujeres asesinadas (una cada 7-8 días) y tres menores asesinados por violencia vicaria; en 2026, a falta de un trimestre, ya se cuentan 40-41 víctimas de esta tipología, el peor ritmo desde 2023, con Andalucía concentrando cerca del 30% y tres agentes de la guardia civil entre los perpetradores de 2026 hasta la fecha: dos agentes en servicio asesinaron a sus parejas o exparejas con su arma reglamentaria dentro de las casas cuartel, y un tercer exagente, jubilado, estranguló a su nuera. El total acumulado de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003 supera las 1.380. En torno al 70% de los casos de 2026 no contaban con denuncia previa.

El escándalo de las pulseras “antimaltrato” ha sido uno de los últimos ejemplos más graves que evidencian la distancia entre el discurso y la realidad del “Gobierno progresista”. El sistema Cometa, que en teoría debía proteger a las víctimas de violencia de género, sufrió fallos de geolocalización que permitieron que los agresores se acercaran a las víctimas, el servicio se interrumpiera y las baterías tuvieran una autonomía real de una semana y media cuando las especificaciones indicaban seis meses. Estos fallos fueron advertidos por el Defensor del Pueblo en 2018, pero las autoridades “feministas” no debieron de prestarle demasiada atención, hasta que en noviembre de 2025, una caída del servidor durante 12 horas dejó sin geolocalización a cerca de 4.500 usuarias. El Ministerio de Igualdad de Redondo “sancionó” a la UTE Vodafone-Securitas con apenas 25.285 euros de multa. A pesar de los fallos, el Ministerio propuso de nuevo a la misma UTE para un nuevo contrato de hasta 111 millones de euros. El Tribunal de Cuentas detectó “graves deficiencias” en la contratación y el seguimiento, y concluyó que “la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes”. La Comunidad de Madrid detectó 40 posibles casos de fallos y exigió una auditoría independiente. La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, María Ángeles Carmona, advirtió en el Senado de que “las pulseras dejan de funcionar cuando se mojan” y “pueden ser retiradas con facilidad por parte del agresor”. El Gobierno reconoció que los dispositivos actuales no serán sustituidos de forma generalizada, de modo que las mejoras beneficiarán solo a las nuevas incorporaciones, mientras las víctimas actuales “continuarán utilizando los antiguos dispositivos” pese a las incidencias, y algunos maltratadores se han beneficiado de la pérdida de pruebas.

El feminismo institucional se convirtió en activo electoral del PSOE, pero su gestión generó crítica desde la izquierda y los movimientos sociales: el ministerio bajo Ana Redondo apostó por bajar el perfil, con parálisis legislativa (no se ha aprobado la ley integral contra la trata), y en cambio, la legislatura ha estado marcada por una cascada de escándalos que contrastan con el discurso oficial: grabaciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García en las que hablan con crudeza de contratar prostitutas. Como consecuencia, la cúpula de Ferraz se ha visto obligada a ampliar su Código Disciplinario y recoger que los afiliados que contraten prostitución serán expulsados del partido. A esto se suman las múltiples denuncias internas y públicas contra cargos de alto y medio nivel, como Francisco Salazar (asesor cercano a Sánchez en Moncloa, cuyo caso fue finalmente archivado por el PSOE), Antonio Navarro (secretario general de Torremolinos), José Tomé (presidente de la Diputación de Lugo), Toni González (alcalde de Almussafes) y Luis Fernández Rodríguez (alcalde de Belalcázar). Por si esto fuera poco, se da un patrón recurrente donde las denuncias internas en el PSOE “se demoran” o “desaparecen”, y algunas suspensiones de militancia relacionadas con estas cuestiones tardan más de lo debido, generando un daño reputacional considerable al partido que se presenta como “referente feminista”. Desde la izquierda extraparlamentaria se alerta de que la pérdida de hegemonía del feminismo institucional deja vía libre a los relatos negacionistas y neomachistas de la derecha y la extrema derecha, que avanzan en redes y entre jóvenes, erosionando culturalmente conquistas previas y dificultando la movilización de base.

Memoria histórica

En memoria histórica, la legislatura heredó la Ley de Memoria Democrática de 2022 y la presentó como avance, pero desde la izquierda y los movimientos memorialistas se documenta una política de gestos simbólicos limitados, “resignificación” de los grandes monumentos franquistas en lugar de su desmantelamiento, retención y censura de archivos del aparato represor, archivo sistemático de querellas, reconocimiento selectivo de las víctimas del terrorismo de Estado y la extrema derecha, fracaso en la transmisión educativa y avances lentos en las excavaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista.

En el Valle de Cuelgamuros, el Gobierno seleccionó en noviembre de 2025 el proyecto “La base y la cruz”, que elimina la escalinata de acceso a la basílica, construye un soportal-grieta y un centro de interpretación soterrado, pero mantiene la gran cruz y el culto en la basílica, con un presupuesto de 30,5 millones de euros y obras previstas a partir de 2027. Las críticas memorialistas lo califican de “intervención cosmética” que no desactiva el símbolo de exaltación nacionalcatólica construido con trabajo forzado de presos republicanos. En el Monumento a los Caídos de Iruñea, el segundo mayor monumento franquista del Estado español, el acuerdo EH Bildu-Geroa Bai-PSN (2024) para convertirlo en “museo-memorial de denuncia del fascismo” avanza con los proyectos finalistas “Harriak Hitz” e “Itzaletik Argira” , que vacían la cripta y modifican arquerías y cúpula, pero las asociaciones memorialistas exigen el derribo total y consideran la resignificación un “fraude”. En Santoña, el Ministerio ordenó en septiembre de 2026 la retirada del monumento a Carrero Blanco en seis meses por contrario a la Ley de Memoria Democrática, pero el PSOE local propone “resignificarlo” (retirar la placa, cambiar la denominación y mantener el conjunto arquitectónico), lo que las asociaciones rechazan como “gatopardismo”.

Por lo demás, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 sigue vigente, con anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado en julio de 2025 establece plazos de desclasificación automática de hasta 45 años para “alto secreto” prorrogables a 60, que no contenta ni siquiera al PNV y EH Bildu, lo que perpetúa el secreto sobre el GAL, el 23-F, los numerosos crímenes policiales de la Transición, como la masacre del 3 de marzo y los sanfermines de 1978, entre muchos otros que suman 200 muertos entre 1975 y 1982.

El Archivo General del Ministerio del Interior sigue custodiando bajo llave decenas de miles de cajas del antiguo Ministerio de la Gobernación, incumpliendo la obligación de transferir documentación de más de 30 años al Archivo General de la Administración; investigadores denuncian retrasos de más de un año, ausencia de sala de consulta, catálogos incompletos y censura sistemática, y tras una entrega parcial seguirían retenidas más de 70.000 cajas. Cuatro relatores de Naciones Unidas remitieron en febrero de 2026 una comunicación al Gobierno expresando “seria preocupación” por el archivo sistemático de al menos 18 querellas por crímenes del franquismo y la Transición, y señalaron que España incumple obligaciones internacionales, ya que el derecho internacional no permite prescripción ni amnistías para crímenes de lesa humanidad.

En educación, un estudio de la Revista de Educación (2025) con una muestra de 3.591 estudiantes que finalizaron secundaria revela que el 84% de los centros no menciona la lucha antifranquista, el 42% de los estudiantes afirma que no se trató la represión franquista ni siquiera de forma indirecta, el 77% no recibió formación adecuada sobre la represión y solo el 28% identifica el franquismo como una dictadura fascista. Investigadores denuncian un “memoricidio” que legitima por omisión el relato franquista y facilita el auge de la extrema derecha.

Noventa años después del golpe militar fascista de 1936, se estima que entre 114.000 y 130.000 personas desaparecidas forzosamente continúan sepultadas, colocando al Estado español en el segundo puesto del ranking mundial, aunque la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022 establezca legalmente que la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas constituye “una responsabilidad directa y financiera del Estado español”, permitiendo formalmente el despliegue de planes de exhumación masiva con fondos públicos. Mientras tanto, generaciones enteras siguen envejeciendo y muriendo sin haber desenterrado los restos de sus familiares.

Parálisis legislativa y presupuestaria

La parálisis legislativa y presupuestaria de la XV Legislatura no tiene precedentes desde 1978. Por primera vez, una legislatura completa se cierra sin aprobar ni un solo Presupuesto General del Estado propio: los de 2023 se prorrogaron automáticamente en 2024, 2025 y 2026, y el Estado español entrará en 2027 con las mismas cuentas. Lejos de congelar el gasto, la prórroga ha generado un uso masivo de ampliaciones y transferencias de crédito: desde 2024 se han redirigido más de 330.000 millones de euros, con 52.344 millones en 2024 , 76.944 millones en 2025 y 33.489 millones hasta mayo de 2026. El gasto del conjunto de las administraciones públicas aumentó un 19% en el trienio de prórroga (descontando intereses y fondos europeos): el Estado incrementó su gasto un 14% y la Seguridad Social un 20% , generando un desvío de unos 78.000 millones respecto a las cifras prorrogadas. La parálisis ha supuesto gestión opaca y discrecional mediante parches, sin debate parlamentario sobre prioridades, al tiempo que la austeridad se impone de forma velada al aumentar las necesidades sociales con presupuestos congelados desde 2023.

El bloqueo parlamentario permanente y la dependencia de Junts han impedido cualquier proyecto de cuentas y han rechazado iniciativas parciales. El ejemplo más reciente y emblemático es el rechazo en octubre de los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts (178-172 y 184-166), que han terminado por desbaratar la legislatura. Frente a esto, se registra una pérdida acumulada de poder adquisitivo salarial, persistencia de más de 24.500 desahucios anuales (mayoritariamente de alquiler) y un aumento del 45% en las rentas desde 2018 , mientras el gasto militar se disparaba un 50% solo en 2025 hasta superar el 2% del PIB. Los parches no han alterado la tendencia regresiva general ni protegido de forma suficiente a los sectores más empobrecidos; la principal transferencia regresiva de renta (la vivienda) y el rearme han prevalecido sobre las prioridades sociales, lo que ha terminado por agotar el margen de maniobra del Gobierno.