En Voronezh, otro monumento ha sido restaurado este año por el combinado de construcción DSK en el desarrollo de un complejo residencial en el antiguo terreno de una fábrica de piensos. Se conservó en su lugar original “en memoria de la historia del lugar y respeto al pasado ruso”. En Taganrog, un panel o mosaico “V. I. Lenin” cerca de la fábrica Priboy fue restaurado con fondos municipales de 9,6 millones de rublos a principios de año, y la instalación estaba prevista para finales de octubre. Además, se han realizado tareas de limpieza en el monumento principal en Voronezh antes de las fiestas de noviembre, una restauración en Bor (región de Nizhni Novgorod) por un taller de iconografía y se ha reconstruido un monumento en Cheboksary, con unos 10 millones de rublos.

El 67% de los rusos valora a Lenin de forma “completamente positiva o más bien positiva”

Todos estos trabajos coinciden con una valoración histórica positiva de la figura del líder revolucionario: el 67% de la población rusa evalúa al fundador del Estado soviético como “completamente positiva” o “más bien positiva”, su máximo nivel desde que existen registros (2006), según un sondeo del Centro Levada realizado entre el 21 y el 27 de marzo de 2024. El respaldo es del 74% entre los mayores de 55 años y del 72% entre quienes tienen estudios medios o bajos. Sin embargo, esto no significa que Lenin les resulte indiferente a las nuevas generaciones; al contrario: los jóvenes de 18 a 24 años son el grupo que más destaca que en el futuro se recordará a Lenin como “un líder para el que los intereses de los trabajadores eran lo primero”.

El Gobierno ruso maniobra para apropiarse del legado

El Kremlin, aunque trata de marcar distancia con muchos aspectos del legado bolchevique y también difunde propaganda anticomunista, trata de gestionar e instrumentalizar esta popularidad real de figuras como Lenin para que no le suponga un problema político como el que se han registrado recientemente a raíz del homenaje a las víctimas del octubre negro de 1993. En mayo de 2025, el Ministerio de Cultura de Rusia firmó un contrato por 19,6 millones de rublos (unos 250.000 dólares) con el grupo de empresas EKS para trabajos de emergencia, restauración y adaptación a usos contemporáneos en el Mausoleo de Lenin. Se espera que los trabajos finalicen para junio o mediados de 2027. El mausoleo, de tres niveles y unos 3.200 metros cuadrados, es un objeto de patrimonio cultural federal y miles de personas lo visitan al año. El 45% de los ciudadanos rusos defiende que el cuerpo de Lenin permanezca en el Mausoleo de la Plaza Roja, la cifra más alta desde el año 2000, y ese apoyo es incluso mayor entre los jóvenes: el 54% apoya mantenerlo en el lugar, según el mismo sondeo de Levada, que sitúa en un 16-17% la visión negativa sobre el revolucionario, en mínimos históricos.

Instrumentalización de la Rusia capitalista

In defense of communism afirma que estos trabajos “demuestran la presencia duradera de Lenin y del legado revolucionario soviético en la sociedad rusa”. Pero añade que se producen “con las contradicciones de la Rusia capitalista contemporánea, cuyo Estado burgués, pese a su carácter fundamentalmente anticomunista, se apropia selectivamente de la historia soviética, de sus logros y de su simbolismo patriótico para impulsar sus propios objetivos políticos, incluida la justificación ideológica de su política militar”. El texto concluye: “El legado histórico de Lenin sigue siendo inseparable de la lucha revolucionaria contra el capitalismo y el imperialismo, un legado fundamentalmente opuesto a los intereses de la clase dominante rusa actual”.

Miles de estatuas de Lenin en Europa

Los hechos recientes y los datos de las encuestras, que fueron extraídos con entrevistas personales en el hogar a una muestra representativa de 1.628 personas en 137 localidades, dejan en mal lugar el argumento de “preguntar a quienes vivieron bajo el socialismo” para tratar de desacreditarlo: entre los mayores de 55 años el respaldo a Lenin es de un aplastante 74%, el más alto de todos los grupos de edad junto con el de estudios medios o bajos (72%). Por si esto fuera poco, las noticias recientes indican que en algunas localidades incluso son los propios trabajadores quienes ponen dinero de su bolsillo para devolver el monumento a la vista pública y los ayuntamientos sienten la presión política para hacerlo con fondos públicos.

Solo en Rusia se conservan alrededor de 6.000 monumentos a Lenin, según estimaciones recientes, de los más de 7.000 existentes en 1991. En Ucrania había unos 5.500 en 1991; la mayoría fueron destruidos o retirados tras el golpe de estado del Euromaidán en 2014. En otros países europeos, muchos se retiraron masivamente entre 1989 y 2015, especialmente en los Bálticos, Polonia, Hungría y Chequia, pero persisten también en Bielorrusia, partes de Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega y en museos o parques de esculturas.

“El padre tiene problemas de salud que dificultan su vida cotidiana, está a la espera de una operación y eso le obliga a aceptar trabajos precarios. A pesar de encontrarse en esta situación, las instituciones no les han ofrecido ninguna alternativa habitacional”, han detallado desde el sindicato.

Ante la posibilidad de que el desahucio se produzca el mismo día de la huelga, el sindicato ha señalado que el caso pone de manifiesto “la gravedad de la situación”. En relación con las reivindicaciones de la huelga, ha defendido que “acabar con la especulación” es “la única manera de garantizar una vivienda para todo el mundo”. El 4 de noviembre celebrarán una asamblea en la plaza principal del barrio, a las 18:00 horas, para explicar la situación de la familia de Larratxo.

Otras tantas familias en una situación similar

Además de dar a conocer el posible desahucio del 11 de noviembre, el sindicato ha denunciado que otras tantas familias se encuentran en riesgo de perder su vivienda en el propio Larratxo, en Altza y en otros barrios de los alrededores. Asimismo, ha informado de que durante este año han atendido 29 casos en Altza y Bidebieta, que afectan a catorce menores de edad.

“Nos hemos encontrado con situaciones de todo tipo: cláusulas abusivas, alquileres sin empadronamiento ni contrato, viviendas subarrendadas, familias que tienen que vivir en una habitación, desahucios motivados por la finalización del contrato y muchas otras”, han señalado.

El Ayuntamiento de Donostia abre las puertas a la especulación

Por otro lado, el sindicato ha criticado la postura del Ayuntamiento de Donostia y del PNV durante su comparecencia: “Aunque los partidos políticos anuncian numerosas medidas y promesas ante el malestar y la indignación social, no abordan la raíz del problema”. En concreto, ha denunciado que el PNV “prioriza el negocio de la vivienda mientras se producen desahucios”. Asimismo, ha señalado tanto al PNV como a su socio de gobierno municipal, el PSOE, como “partidos rentistas”, recordando que ambos tienen “intereses en la construcción o en el sector turístico”.

Entre otras cuestiones, el sindicato ha recordado que el alcalde, Jon Insausti, ha adjudicado recientemente a la empresa Amenabar la construcción de 236 viviendas, y que esta compañía figura entre las 200 empresas más ricas del Estado español. De este modo, ha acusado al Ayuntamiento de “aparentar que está haciendo frente al problema de la vivienda”, por ejemplo, mediante modificaciones que facilitarían la conversión de locales comerciales en viviendas. “Detrás de estas decisiones está la voluntad de mantener intacta la especulación y de abrir nuevas oportunidades de negocio”, ha advertido el sindicato.

La campaña de recogida, organizada en abril por EHKS e Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) junto a la asociación Euskadi-Cuba, superó “todas las expectativas”. Se desplegó en 93 localidades y 100 enclaves educativos de Euskal Herria y reunió miles de kilos de material sanitario, de higiene, de limpieza, complementos alimenticios, alimentos no perecederos, material deportivo y material escolar. “La clase trabajadora de Euskal Herria no ha olvidado el compromiso internacionalista que Cuba ha demostrado durante décadas. Es hora de devolverla en la medida de nuestras posibilidades”, señalaron entonces los organizadores, que agradecieron el trabajo de cientos de militantes y voluntarios.

EHKS e IAS: “La clase trabajadora de Euskal Herria no ha olvidado el compromiso internacionalista que Cuba ha demostrado durante décadas”

Más allá de la ayuda material, la solidaridad y la gratitud con la isla se había expresado también en las calles. El 20 de febrero, EHKS realizó movilizaciones en Bilbo (Bizkaia) e Iruñea (Nafarroa) bajo el lema “No al bloqueo. No al imperialismo genocida. Solidaridad con Cuba”. La organización denunció que la administración de Donald Trump está llevando “al extremo” la política de bloqueo impuesta durante décadas, agravando la escasez de alimentos y combustibles. Ese mismo día, el ministro de Salud cubano, José Portal Miranda, informó de que la falta de combustible había obligado a aplazar miles de intervenciones quirúrgicas, muchas pediátricas, afectando a 61.830 menores de un año. El canciller Bruno Rodríguez ha cifrado esta misma semana ante la ONU el impacto anual de las sanciones: más de 8.000 millones de dólares.

“Bloqueo criminal y genocida”

El bloqueo que EHKS califica de “criminal” y “genocida”, una estrategia de asfixia que se prolonga durante seis décadas y que Naciones Unidas condena formalmente año tras año sin que ello suponga consecuencia política alguna para Washington. Frente al imperialismo, la organización principal del Movimiento Socialista en Euskal Herria insiste en la necesidad de “seguir movilizándose contra la política imperialista y genocida de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN” y de mantener la solidaridad internacionalista como respuesta.

Una voluntaria de Cruz Roja en la unidad móvil de Gran Vía confirmaba a elDiario.es que “entre ayer y hoy están todas las reservas casi llenas, pero animamos a la gente a venir los próximos días para que podamos mantenerlas a lo largo del tiempo”. La solidaridad inmediata es necesaria, pero la sangre no se puede fabricar ni almacenar indefinidamente: su disponibilidad depende de donaciones regulares para cirugías, partos complicados, trasplantes, tratamientos oncológicos y urgencias. La movilización puntual, por tanto, es muy importante, pero no resuelve el problema estructural.

Los datos estatales revelan una tendencia preocupante a tener en cuenta en medio de la ola de solidaridad: en 2025, 1.070.169 personas donaron sangre o componentes sanguíneos en el Estado español, lo que permitió realizar 1.662.035 donaciones, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el número de donantes cae por tercer año consecutivo: de 1.145.886 en 2022 a 1.070.169 en 2025, una reducción acumulada de 75.717 personas. El índice de donación también ha descendido de forma continuada, de 36,48 donaciones por cada 1.000 habitantes en 2021 a 33,96 en 2025. La tasa de donantes activos se sitúa en 21,87 por 1.000 habitantes, por debajo de la media europea de 23,93. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, necesita alrededor de 900 donaciones diarias para cubrir sus necesidades transfusionales, una cifra que la respuesta puntual tras el accidente puede aliviar temporalmente pero no sostener en el tiempo, lo que hace aún más importante la labor de concienciación para convertir esa movilización puntual en hábito.

Tarea pendiente

La comparación europea sitúa a el Estado español en la media, pero lejos de los países con mayor cultura donante. En 2023, último año con datos consolidados, registró 33 donaciones de sangre total por cada 1.000 habitantes, frente a una mediana europea de 34,4. Chipre (75), Grecia (52), Croacia (49), Alemania (44), Italia (43) y Austria (42) superan ampliamente la tasa española. Las diferencias van más allá de la solidaridad popular: influyen la estructura demográfica, la capacidad de los centros de extracción, los criterios de elegibilidad y la organización territorial. Pero el resultado es claro: el Estado español se encuentra lejos de los líderes europeos en donación, y su tasa ha caído mientras países como Alemania, Italia o Grecia mantienen niveles notablemente superiores.

Falta de relevo generacional

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de las donaciones continuadas, no solo concentradas tras una catástrofe. El sistema depende de la buena voluntad pero los datos indican que pierde relevo generacional: solo el 16,61% de los donantes en 2025 lo hacían por primera vez. La sangre que salva vidas en una emergencia puntual falta en un quirófano una semana después.

A la cita asistieron 279 miembros del Comité Central, frente a los 315 del cuarto pleno de 2025 y los 364 del tercero de 2024. Medios internacionales confirman que se trata de la presencia más baja de representantes en el máximo órgano de decisión del partido desde la época de Mao Zedong. Tras las salidas, solo Xi Jinping y Zhang Shengmin permanecen en activo de los siete miembros de la Comisión Militar Central elegidos en 2022.

Entre las figuras destituidas se encuentran el exsecretario del PCCh en Xinjiang, Ma Xingrui; el exvicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia; el exjefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, Liu Zhenli; el exdiplomático Liu Jianchao; y el exministro de Industria y Tecnología de la Información, Jin Zhuanglong. La prensa estatal china, a través de China Daily, publicó la lista completa de las 33 expulsiones y la retirada del cargo interno a Li Yunze. Los comunicados oficiales justifican las sanciones bajo la fórmula de “infracciones disciplinarias”.

Los medios oficiales Diario del Pueblo y la agencia Xinhua presentaron las sanciones como parte de una “revolución autorrevolucionaria” aparentemente impulsada para evitar que “la corrupción sacudiese los cimientos de gobernación del partido”. Según la información facilitada por la agencia oficial, los órganos disciplinarios estatales abrieron 800.000 casos y sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre de 2026. En el comunicado del pleno, el partido afirmó haber “afrontado de frente la cruda realidad de que el liderazgo del partido se había debilitado o vaciado en ocasiones” e instó a actuar para que los cuadros “no se atrevan a, no puedan y no quieran delinquir”.

Chong Ja Ian, investigador del centro Carnegie China, declaró ante la cadena BBC que las medidas buscan “consolidar y mantener la autoridad” ante el XXI Congreso de 2027, señalando que el objetivo de Xi es “estar en el centro de China y del Partido Comunista en el futuro previsible”, al tiempo que advirtió de que “dicha concentración de poder podría allanar el camino a un vacío de poder más grave cuando Xi envejezca”.

La convocatoria llega un día después del siniestro ferroviario de Urda (Toledo, Castilla La-Mancha), que ha dejado al menos 68 muertos, y tras la huelga de 24 horas que el sindicato califica de “éxito” por un seguimiento del 100% de los maquinistas, frente al 26,63% que registra Renfe a las 18:00 horas.

35 jornadas de huelga entre 2023 y 2025

La decisión sigue la estela de un historial de conflictividad laboral reciente que los registros de ADIF recogen en las resoluciones de servicios mínimos del Ministerio de Transportes: 35 jornadas de huelga tan solo entre 2023 y 2025 por las condiciones del personal de circulación, la externalización del servicio, la jornada laboral, la falta de personal y el abandono del mantenimiento preventivo. Raquel Ayllón, responsable de circulación y portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), denuncia en Xataka que “el CRC de Atocha tiene una cantidad de trabajo inhumana. No se podía ni ir al baño”.

En ese centro de control, del que dependía la mesa desde la que se dio la orden errónea en Urda, un solo responsable gestiona el tramo Madrid-Córdoba, el de mayor tráfico del Estado español en alta velocidad, el mismo número que para el Madrid-Badajoz, una de las líneas con menos trenes. En tres años, el volumen de pasajeros de la línea se ha duplicado (de 2,8 millones en 2022 a casi seis millones en 2025), pero la plantilla se ha mantenido invariable. El sindicato ha enviado dos cartas a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), en 2021 y 2025, reclamando garantías para que el personal de regulación “no supere límites que comprometan la seguridad ferroviaria debido a la fatiga”. Al parecer, ninguna obtuvo respuesta.

Incumplimiento gubernamental y nuevas convocatorias de huelga

El acuerdo firmado en febrero entre el Ministerio de Transportes, CCOO, UGT y Semaf (que desconvocó tres jornadas de huelga tras el accidente de Adamuz) incluía 1.800 millones de euros para mantenimiento hasta 2030, 2.400 plazas en Adif, 1.200 en Renfe y 50 en la AESF. CGT y el Sindicato Ferroviario denunciaron que fueron excluidos de la negociación y lo tildaron de “traición” y “papel mojado”. Nueve meses después, Semaf reconoce que los compromisos “han quedado bloqueados administrativamente”. Entre sus reivindicaciones figuran protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas, una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, soluciones técnicas a los problemas de seguridad del material rodante y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Renfe asegura que estas demandas “exceden su ámbito competencial” y considera “incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción”.

La huelga de este jueves obligó a Renfe a cancelar servicios mínimos y se hizo notar especialmente a Cercanías Madrid (48,29% de servicios mínimos suprimidos) y Rodalies (48,85% de circulaciones sin salida), según los datos de la operadora recogidos por EFE. En Andalucía se registró un 29,41% de servicios sin salida y en Extremadura un 22,22% de supresiones; en los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se suprimió un 12,5% de las 48 circulaciones programadas. El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha adelantado que seguirán convocando más paros “para reclamar las medidas de seguridad necesarias para que no vuelvan a producirse los accidentes como el de Urda y Adamuz”.

El respaldo se produce a pesar de que Golan, exgeneral del ejército israelí, realizó declaraciones en las que abogaba explícitamente por el castigo colectivo mediante el hambre contra la población de Gaza en 2023, una acción tipificada claramente como genocidio en el “Derecho Internacional”. En una intervención recogida por Middle East Eye, Golan afirmó: “Escuchen, hasta que los rehenes sean liberados, por nuestra parte pueden morirse de hambre; es completamente legítimo”. En la misma línea, el político israelí había pedido previamente “cerrar todos los suministros a Gaza” y “no permitir un esfuerzo humanitario”.

El apoyo de la pseudointernacional y del Partido de los Socialistas Europeos (PES, por sus siglas en inglés) a esta figura responde al alineamiento directo de la “socialdemocracia” europea con el sionismo laborista, lo que le conduce a presentar a Golan como un aliado “progresista” frente al sionismo de extrema derecha de Netanyahu en las elecciones israelíes. Sin embargo, el respaldo a un político que ha justificado el hambre como arma de guerra contra el pueblo palestino expone la complicidad abierta del PES con una facción del el régimen de apartheid israelí, aunque las políticas de castigo colectivo hayan sido aparentemente denunciadas por la ONU, organizaciones de derechos humanos e incluso los propios líderes estatales de los partidos que conforman el PES, como Pedro Sánchez.

Además, este sector del sionismo apoyado por el PES y la pseudointernacional del PSOE es prácticamente irrelevante dentro de la entidad sionista: The Democrats obtuvo finalmente tan solo 8 escaños de los 120 que conforman la Knéset (parlamento), según los resultados oficiales publicados por el Comité Central de Elecciones y recogidos por The Jerusalem Post y The Guardian. Las encuestas a pie de urna le otorgaban entre 9 y 10 escaños, pero el escrutinio final rebajó las expectativas.

El partido de Golan, nacido en 2024 de la fusión del Partido Laborista y Meretz, ni siquiera ha logrado capitalizar el descontento con Netanyahu ni convertirse en la fuerza hegemónica del liberalismo sionista. El bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot se quedó en 48-49 escaños, mientras el bloque de Netanyahu alcanzaba los 53-54, dejando un escenario de bloqueo político en el que los denominados “partidos árabes”, vinculados a los palestinos de 1948, con 19 escaños, emergen como árbitros, pero serán vetados por ambos bloques hegemónicos del sionismo.

El PSOE, que forma parte de la pseudointernacional y del PES, no ha emitido ninguna condena pública por las declaraciones de Golan sobre el hambre y las matanzas en Gaza. La organización que lidera el presidente Sánchez, ha respaldado a un candidato que ha justificado el castigo colectivo contra la población palestina, en coherencia con la posición de la del PES, que apuesta por la estabilidad del orden colonial sionista sobre los derechos humanos que dice defender. El resultado electoral de The Democrats, con solo 8 escaños, evidencia que la apuesta por un “progresismo” sionista no convence ni siquiera a su propio electorado, mientras la pseudointernacional sigue financiando y legitimando a quienes llaman a matar de hambre a un pueblo entero.

El colapso de las valoraciones golpea a los hogares y pequeños inversores que encauzaron su ahorro hacia el mercado bursátil tras el pinchazo del sector inmobiliario chino. Los títulos asociados a la inteligencia artificial llegaron a representar el 42 % de la capitalización bursátil total en China y el 57 % del volumen de negociación entre las acciones continentales y de Hong Kong, según datos aportados por la entidad bancaria Goldman Sachs.

La pérdida de poder de fijación de precios y la caída del margen de beneficios se aceleraron después de que la firma china CXMT presentara un nuevo chip de memoria para servidores de centros de datos que redujo los costes de producción, elevando la cuota de mercado global de la compañía del 4 % al 10 % interanual en el segundo trimestre de 2026. La proliferación de estos componentes y la adopción de modelos de código abierto provocaron una guerra de precios que erosionó los beneficios de las empresas del sector, reduciendo las acciones de la propia CXMT en más de un 25 % y manteniendo la cotización del STAR50 en unas 100 veces sus ganancias históricas, un ratio que triplica al del índice estadounidense Nasdaq.

La devaluación de los activos financieros en Asia evidencia la disociación entre el precio bursátil y la rentabilidad real de la producción, golpeando de forma directa las expectativas de rentabilidad de los laboratorios de inteligencia artificial en EEUU. Según recoge un informe publicado por The Wall Street Journal, el 45 % de los tokens rastreados a nivel mundial fluyen ahora a través de modelos desarrollados en China, cuya gratuidad y menor coste de operación reducen la capacidad de las firmas estadounidenses OpenAI y Anthropic para generar ingresos comerciales.

Asimismo, análisis firmados por Torsten Slok, de la gestora Apollo Capital, señalan que los desembolsos de capital no han generado aumentos de productividad o ingresos en el tejido corporativo ajeno a las grandes tecnológicas. De forma paralela, el monopolio Alphabet sufrió una caída del 10% en sus acciones tras elevar su gasto de inversión por encima de los 50.000 millones de dólares en el tercer trimestre, registrando un flujo de caja libre negativo de 9.100 millones de dólares en septiembre y asumiendo endeudamiento para financiar la compra de infraestructura.

Esta dinámica de sobreacumulación se manifiesta en las vísperas de la salida a bolsa de la firma estadounidense Anthropic, que quiere captar hasta 150.000 millones de dólares para alcanzar una valoración de mercado de 1,5 billones de dólares pese a no generar ganancias operativas. En el folleto informativo dirigido a potenciales accionistas, la propia dirección de la compañía admitió la incertidumbre sobre su capacidad para sostener el negocio. En palabras del comentarista económico Saad Zaidi, “el mercado está despertando a la realidad de que las valoraciones del soporte físico creciente no pueden mantenerse desvinculadas para siempre de la rentabilidad decreciente”.

Mauricio fue llevado al hospital, donde un primer médico lo consideró apto para permanecer bajo custodia, y después fue examinado por un médico de las unidades médico-judiciales durante la noche. El martes por la mañana fue interrogado por última vez y devuelto a la celda. La versión policial afirma que “hacia las 15 horas fue encontrado inconsciente”; los agentes afirman que le practicaron los primeros auxilios y los bomberos intervinieron, pero murió de un paro cardiorrespiratorio.

La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para “determinar las causas de la muerte”, confiada a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la “policía de la policía”, un procedimiento habitual en estos casos. La autopsia, realizada el miércoles por la mañana, concluyó rápidamente que “no puso de manifiesto ninguna lesión traumática en el origen del fallecimiento”, según el comunicado del fiscal, que apunta a un “estado cardíaco previo” y a una “muerte de causa natural”, a la espera de análisis complementarios.

El padre de la víctima presentó ese mismo miércoles una denuncia ante el fiscal de Bobigny por “violencias voluntarias que causaron la muerte sin intención de darla, cometidas por una persona depositaria de la autoridad pública”, un delito castigado, en teoría, con hasta 20 años de reclusión. La familia reclama que se abra una instrucción judicial con un juez de instrucción.

“No se muere así, solo, en detención preventiva cuando no se tiene ningún problema de salud”

El abogado de la familia, Me Yassine Bouzrou, rechaza de plano la tesis del infarto y sostiene en la denuncia que “se cometieron violencias graves durante la detención y potencialmente en el interior de la comisaría donde murió”. “Nadie se lo cree”, afirma, “no se muere así, solo, en detención preventiva cuando no se tiene ningún problema de salud”. “Ocurrieron cosas en la comisaría que condujeron a su muerte”, añade, “pensamos que el señor fue víctima de violencias”. El letrado denuncia además el “silencio ensordecedor del fiscal de Bobigny y de la policía de la policía”, la negativa a comunicar información y el hecho de que, 48 horas después del fallecimiento, los agentes ni siquiera habían sido interrogados por la IGPN. La familia se declara “devastada y sobre todo muy enfadada por haber sido dejada a oscuras”.

El diputado de La Francia Insumisa Éric Coquerel, cuya circunscripción incluye Saint-Ouen, se ha sumado a la familia para exigir la verdad sobre las circunstancias de la muerte. El alcalde de la ciudad, Karim Bouamrane (PS), ha expresado su “profunda emoción” y ha pedido que “se arroje toda la luz” sobre lo ocurrido.

La muerte de Mauricio K. se suma a la lista de fallecimientos bajo custodia policial en Francia, un fenómeno que las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando y que rara vez termina con condenas firmes contra los agentes. La investigación de la IGPN sigue en curso, ningún agente ha sido formalmente imputado y los resultados de las pesquisas complementarias (toxicológicas y cardíacas) se esperan para precisar las causas exactas del fallecimiento. La familia mantiene su exigencia de una instrucción judicial independiente.

“Muertes naturales”, entre siete y nueve veces más habituales entre personas racializadas

En 2016, Adama Traoré, otro joven de origen africano de 24 años, murió también bajo custodia policial en circunstancias que el Estado francés atribuyó a un “estado de salud” previo, y su caso fue definitivamente cerrado sin cargos en febrero de 2026. En el mismo año, en Euskal Herria, Elhadi Ndiaye, un hombre senegalés de 42 años, “falleció” en una comisaría de Iruñea (Nafarroa) y la versión oficial también fue de “causas naturales”, pese a los testimonios que describían que los agentes le aplicaron una inmovilización violenta. Idrissa Diallo, un joven guineano de 21 años, “murió” en un CIE de Barcelona y la justicia archivó el caso tras considerar que fue “natural”.

En Francia, las personas personas extranjeras, inmigradas o descendientes de inmigrantes tienen entre siete y nueve veces más riesgo de “morir” en una intervención policial que el resto de la población. Para la policía, se trata de una especie de epidemia de “muertes naturales” inexplicables que, curiosamente, afecta especialmente a hombres negros jóvenes que gozan de buena salud que enferman y mueren repentinamente al encontrarse bajo custodia policial.

29.000 millones corresponden a municiones disparadas por las fuerzas estadounidenses en los ocho meses de guerra, y otros 6.000 millones a la destrucción de plataformas de armamento, incluidos aviones de combate. Además, la estimación no incluye los daños sufridos en las bases estadounidenses de la región, especialmente en el Golfo Pérsico, que han sido bombardeadas con drones y misiles balísticos iraníes. El Pentágono se ha visto obligado a desviar miles de millones de dólares de otras partidas de su presupuesto para cubrir las carencias provocadas por el envío masivo de tropas y equipos a Asia Occidental y mantenerlos sobre el terreno durante meses.

La guerra de agresión, iniciada unilateralmente el 28 de febrero por Washington y Tel Aviv, es profundamente impopular entre la población estadounidense y se ha convertido en un tema central de las elecciones legislativas de la próxima semana. Los votantes expresan su frustración por el aumento del precio de la gasolina y de otros bienes relacionados con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. Trump prometió al inicio de las hostilidades que la guerra duraría “unas cinco semanas”; nada más lejos de la realidad: su administración aún no ha logrado asegurar un alto el fuego duradero en términos que el presidente considere favorables a los intereses estadounidenses, y ha amenazado con reanudar los ataques contra Irán después de los comicios.

De acuerdo con un alto diplomático implicado en las conversaciones consultado por The Washington Post, los mediadores qataríes trabajan “intensamente” en un acuerdo que contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz a la navegación comercial a cambio del levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, que también ha causado graves problemas económicos a Teherán. Sin embargo, el principal escollo de la negociación es la secuencia de las concesiones: Washington exige que Irán acepte primero restricciones a su programa nuclear civil, cosa que Teherán rechaza de entrada.

¿Hacia una guerra larga?

Las evaluaciones clasificadas de la CIA concluyen que Irán dispone de reservas de alimentos y combustible para varios meses, lo que le permitiría mitigar los efectos de una nueva campaña militar estadounidense. Según un funcionario citado por el diario, Irán podría responder a nuevos ataques de tres maneras: restringiendo aún más el tráfico en el estrecho de Ormuz, incrementando los costes económicos para Estados Unidos; perpetrando ataques contra objetivos estadounidenses; o llevando a cabo operaciones cibernéticas contra infraestructuras en territorio norteamericano. La guerra, por tanto, no tiene visos de terminar rápidamente ni de aliviar la presión sobre la clase trabajadora estadounidense, que sufre el encarecimiento de los bienes básicos y cuyas condiciones de vida se deterioran mientras el complejo militar-industrial y las corporaciones energéticas multiplican sus beneficios. El Pentágono desvía fondos de servicios sociales a la guerra, mientras los contribuyentes pagan la factura de una guerra decidida en los despachos.

La huelga convocada por USB se ha convertido en una huelga general sobre la que crecen y convergen adhesiones en el campo sindical, social y político. Los estudiantes, que han sido los protagonistas de la reciente oleada de protestas en Italia y otros países europeos, se han sumado a la lucha, pero también asociaciones, colectivos e incluso grupos delegados e inscritos en la CGIL, señalan la huelga general de este viernes 30 como una cita importante para “dar un empujón” a un gobierno “antipopular y liberticida”.

El sindicato afirma lo siguiente en declaraciones recogidas por Contropiano: “Las cuestiones se mezclan, como siempre ocurre cuando se desencadenan fuertes movimientos sociales, y lo que hasta ayer parecía separarse se descubre íntimamente ligado”. Añade que la carestía y el precio “exorbitante” del gasóleo y la gasolina están relacionados con el aumento “injustificado” del gasto militar; la falta de impuestos a los “superbeneficios” y a la especulación está vinculado al estancamiento de salarios directos, indirectos (servios sociales) y diferidos (pensiones), y también con el aumento del precio de la vivienda y los alquileres; las políticas racistas que el Gobierno de Meloni intenta implantar en las escuelas hacen emerger la rabia de los jóvenes descendientes de migrantes, que se sienten “excluidos”. Según USB, esto demuestra “la sordera del gobierno” y explica “el uso cada vez más violento de la policía”.

Huelga internacional portuaria

En paralelo a la huelga general en Italia, el viernes habrá la primera huelga internacional de trabajadores portuarios, que involucra ya algunos de los mayores puertos, como Tánger, Marsella, El Pireo, Gioia Tauro, Génova y Mersin, además de los principales puertos del norte de Europa, México e India, según los organizadores, entre ellos USB. Según un primer cálculo de los organizadores, la huelga podría bloquear 40.000 contenedores durante un solo día. Entre los últimos en sumarse figuran la sección local 10 del ILWU en los puertos de San Francisco y Oakland, en EEUU; la Unión de Estibadores y Jornaleros en el puerto de Veracruz, en México; y la sección de trabajadores portuarios de Hamburgo del sindicato Ver.di, en Alemania. También el Consejo Europeo de los Trabajadores Portuarios (EDC) ha decidido participar. USB afirma: “Esta jornada de movilización demuestra el poder de la clase obrera organizada al oponerse a la guerra”.

En paralelo al rescate, una o varias personas de alto rango en Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, filtraron audios del centro de control de Atocha entre controladores y maquinistas durante los momentos decisivos del siniestro. La inmensa mayoría de los medios de masas los reprodujeron sin distorsionar las voces de los protagonistas, sin informes técnicos que acrediten su veracidad y dando por sentada la responsabilidad en el siniestro con un enfoque determinado: señalar “el error humano”.

Los audios recogen dos conexiones entre la maquinista del Iryo, que estaba parado hablando con el controlador de Atocha, y el maquinista del AVE que venía por detrás con el mismo operador. Según su difusión, el maquinista del AVE habría recibido el visto bueno para reanudar la marcha a pesar de que el Iryo estaba todavía inmovilizado a pocos kilómetros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, había declarado en su primera comparecencia: “Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente inverosímil (...) es inexplicable”, aunque añadió: “Por prudencia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, tengo que hacer una narrativa exclusiva de hechos (...) No he atribuido responsabilidades a nadie, eso lo tendrá que establecer la investigación”.

CCOO: “Puente ha puesto en la picota al eslabón más débil de la cadena”

Ante las filtraciones y las sospechas difundidas sobre la presunta responsabilidad un trabajador del centro de control se han encontrado con la respuesta de los sindicatos ferroviarios. CGT ha denunciado: “No vamos a permitir que se busque un culpable entre la plantilla para eludir responsabilidades empresariales o institucionales”. La central añade que “la seguridad ferroviaria exige inversión, mantenimiento y plantillas suficientes, algo que venimos demandando desde hace décadas”, y reclama “una investigación rigurosa que examine lo sucedido, los sistemas de protección, las condiciones de trabajo y las decisiones de gestión”. El Sector Ferroviario de CCOO ha exigido directamente el cese “inmediato” de Puente y sostiene que el ministro ha puesto “en la picota al eslabón más débil de la cadena”, según recoge El Mundo. CSIF reclama también su dimisión y afirma que utilizó al responsable de circulación como “chivo expiatorio”, mientras UGT considera “inadmisible” que el Ministerio pusiera el foco en los trabajadores antes de conocer todas las circunstancias y denuncia que “las deficiencias de Adif no las pueden pagar” los empleados. El Sindicato Ferroviario pide auditar las inversiones en la línea Madrid-Sevilla y explicar por qué los mecanismos de protección no evitaron el alcance.

Un fallo individual no basta para explicar un choque mortal

Los expertos técnicos y las asociaciones de víctimas coinciden en que un fallo individual no basta para explicar una colisión mortal. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, cuestionó que un posible error de un operador explique un accidente de esta magnitud. La Plataforma Víctimas Alvia 04155, a través de su portavoz Jesús Domínguez, calificó de “ignorancia supina” atribuir un accidente de alta velocidad al fallo de una persona sin analizar los sistemas de protección, y también pidió la dimisión de Puente.

Las asociaciones de víctimas de Angrois y Adamuz emitieron un comunicado conjunto: “El error humano nunca es la causa de una tragedia en un sistema complejo y regulado como es el ferroviario. La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias”. Y rematan: “Sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten”. El texto subraya que “España ostenta, con diferencia, el récord mundial de tragedias y fallecidos en alta velocidad” y reclama aprender de Japón, “donde, desde que comenzó a operar en 1964, no se ha registrado ni una sola muerte ni lesión grave de pasajeros en accidentes de alta velocidad”.

La presión política sobre Puente ha trascendido el ámbito sindical, asociativo y profesional. Vox ha anunciado una querella por homicidio y lesiones por imprudencia grave, y el PP ha exigido responsabilidades. El propio ministro ha solicitado comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar el avance de la investigación, que sigue en curso y la cifra de víctimas continúa siendo provisional.

El proyecto se elaboró inicialmente en verano de 2025, después de los disturbios que siguieron a la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, y sus impulsores macronistas lo recuperaron con urgencia tras las movilizaciones del 17 de octubre contra la carestía de la vida. Las Cámaras de Comercio e Industria de Francia (CCI France) cifraron en más de 2.500 los comercios afectados ese día. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó la norma como una “urgencia” y una cuestión de “sentido común”, y afirmó: “La respuesta no puede limitarse a la sola sanción penal; quienes degradan y destruyen deben también pagar y reparar”.

El artículo 1 crea un régimen de responsabilidad civil solidaria para toda persona que haya “participado a sabiendas” (sciemment participé) en una “multitud reunida con el objetivo de cometer degradaciones”, o que se mantenga en un “aglomeramiento” (attroupement, concentración de personas) “susceptible de alterar el orden público tras dos emplazamientos de las fuerzas del orden”. El Estado podrá reclamar daños y perjuicios de hasta 10.000 euros por persona, incluso a “autores indirectos”. El texto prevé excepciones para “motivos legítimos”, como “observadores independientes” y sanitarios voluntarios que atienden a manifestantes en la calle.

El RN intentó elevar el techo a 30.000 euros, pero su enmienda fue rechazada. Por ello, el medio Contre Attaque recuerda que “senadores de derecha quieren incluso suprimir ese techo para ir aún más lejos” y describe el mecanismo como una vía para “organizar un chantaje financiero” sobre toda disidencia: “Si una papelera arde en el otro extremo de la marcha y un manifestante tiene la desgracia de no oír una orden de dispersión, podrá ser condenado a una pena elevada sin haber sido consciente de ello y por su sola presencia”. Contre Attaque afirma que el texto ataca “la individualización de las penas y el principio de materialidad de la infracción”.

Embargo de prestaciones sociales

El Senado añadió el embargo de prestaciones sociales para recuperar indemnizaciones tras una condena civil definitiva. Esto permite retener parte de las asignaciones familiares, las ayudas personales a la vivienda (APL), el RSA, el complemento familiar, la asignación de regreso a clase, la prima de actividad y otras prestaciones vinculadas a la familia, con “un mínimo vital para vivir garantizado”.

El diario euskaldun Berria, en una crónica de Leire Casamajou, precisa que el texto inicial solo mencionaba las ayudas familiares, la ayuda a la vivienda y el RSA, y que los senadores incorporaron después el complemento familiar, la asignación de regreso a clase y la prima de actividad, endureciendo aún más el dispositivo en una segunda deliberación. Nuñez anunció que consultará al Consejo de Estado para verificar el “equilibrio entre solidaridad y reparación”.

“Disposiciones de seguridad”: supresión de libertades políticas y refuerzo de la vigilancia en cascada

Los senadores incorporaron además una veintena de “disposiciones de seguridad”: nuevas interdicciones administrativas de manifestarse, uso de drones judiciales y videoprotección algorítmica, retirada de contenidos en redes sociales en menos de 24 horas mediante la ampliación de Pharos, con bloqueo o desreferenciación para las plataformas que incumplan, expulsiones de viviendas sociales para autores de disturbios, interdicción de territorio para extranjeros y agravación de cuantías penales.

Contre Attaque añade que una enmienda depositada el 26 de octubre obliga a sitios y aplicaciones a retirar en menos de una hora los “llamados a la insurrección” a petición del Estado, sin definir su contenido, y que se prevén penas de “seis meses de prisión y 7.500 euros de multa por haber participado en una manifestación en la vía pública que haya sido prohibida”, con castigos aún mayores para los organizadores, incluidos “colectivos o medios independientes en línea”. El mismo medio recuerda que “el 24 de octubre, Macron hizo prohibir todas las manifestaciones en Francia, un hecho sin precedentes”, en referencia a la prohibición de todas las manifestaciones que no fueran las de los sindicatos.

¿Inspiración en la italia de Mussolini?

Contre Attaque sostiene que el contenido del Código Rocco (la batería penal aprobada en 1930 por el régimen de Mussolini y bautizada con el nombre de su ministro de Justicia, Alfredo Rocco) es “casi palabra por palabra” el mismo que el de esta ley, y que la norma copia sus elementos: castiga el “aglomeramiento sedicioso”, la criminalización de “toda forma de manifestación política que no haya recibido autorización previa expresa del prefecto o de la policía” y la creación de un delito de “devastación y pillaje” o “sabotaje económico ampliado” para poder criminalizar cualquier movimiento de oposición y acusarlo de “complicidad”. El medio califica la norma de “forma químicamente pura de fascismo”.

RN lo aplaude

La izquierda denunció esta “deriva liberticida”: Fabien Gay (PCF) habló de “prevaricación jurídica”; la ecologista Mélanie Vogel afirmó que el texto “instrumentaliza” a los comerciantes y responde a las reivindicaciones sociales con un “castigo colectivo”; Marie-Pierre de La Gontrie (PS) criticó que se haga pagar a toda una familia la responsabilidad de un solo individuo. Amnistía Internacional, sindicatos y el Consejo Nacional de Colegios de Abogados se opusieron. El RN celebró que se incorporen medidas de su programa sobre ayudas sociales, y la derecha del senado, con Bruno Retailleau a la cabeza, lo reivindicó como un texto de “retorno al orden”. El texto pasa ahora a la Asamblea Nacional, donde se prevén debates tensos ante la ausencia de mayoría estable, con posible comisión mixta paritaria y control del Consejo Constitucional. Todavía no es aplicable.

La huelga será de 24 horas en Italia, Francia, Grecia, Turquía e India, y en el caso italiano coincidirá con una huelga general convocada por USB en sectores públicos y privados. En el Estado español, los paros serán de dos horas (de 13:00 a 15:00) y afectarán a los puertos de Bilbo, Pasaia, Algeciras, Avilés, Barcelona, València, Cádiz, Almería, Xixón, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Las Palmas, Málaga, Santander, Sevilla y Vigo, convocados principalmente por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) junto a LAB en Euskal Herria y otros sindicatos locales, según la información facilitada por los convocantes.

A nivel internacional, la movilización paralizará puertos estratégicos para la navegación como Tánger Med (Marruecos), Marsella y Le Havre (Francia), El Pireo (Grecia), Génova, Livorno y Gioia Tauro (Italia), Mersin (Turquía), Hamburgo (Alemania), Nhava Sheva (India) y Oakland y San Francisco (EEUU), entre otros. Los organizadores calculan que más de 40.000 contenedores podrían quedar paralizados y que se inmovilizará carga valorada en más de 2.000 millones de dólares, afectando a más del 40% del tráfico de contenedores en el Mediterráneo.

La jornada, que coincide con el tercer aniversario del inicio de la ofensiva genocida israelí a gran escala sobre la Franja de Gaza, reclama el “fin inmediato del genocidio del pueblo palestino y de todas las guerras imperialistas”, rechaza convertir los puertos civiles en bases militares o plataformas logísticas de la OTAN, Estados Unidos o la UE, y exige el fin del rearme y la economía de guerra. Los sindicatos relacionan estas demandas con las respectivas reivindicaciones laborales de cada lugar: aumentos salariales reales, empleo estable, reducción de jornada, mejores pensiones, salud, oposición a la destrucción de puestos de trabajo mediante la automatización y la inteligencia artificial, etc.

La convocatoria se basa en la Declaración de Estambul, firmada en mayo de 2026, y se presenta como la mayor movilización internacional de estibadores hasta la fecha. “Esta jornada de movilización demuestra el poder de la clase obrera organizada en su oposición a la guerra”, afirma USB en su comunicado.

El impacto logístico será variable en cada puerto. En Italia, Francia y Grecia se espera una paralización significativa, mientras que en otros países los paros serán limitados o se sustituirán por manifestaciones y concentraciones. Los organizadores destacan que el tramo costero entre el sur de Francia y El Pireo (casi 1.100 millas náuticas) quedará “esencialmente cerrado al tráfico”.

La iniciativa, coordinada a través de la web30october.noharbourforgenocide.com, cuenta también con el respaldo de organizaciones propalestinas y del movimiento Boicot Desinversión y Sanciones (BDS), desafiando a la lógica del capital armamentístico y a la complicidad de los gobiernos europeos con el genocidio, amarrando la lucha contra la guerra con la defensa de los derechos de la clase trabajadora en el mar.

El texto, que la Comisión justifica citando la crisis de Ceuta como “aprendizaje”, permite además a Frontex deportar entre terceros países con un simple acuerdo de estatus, sin que las personas hayan llegado siquiera a territorio europeo, y compartir datos biométricos, documentos de viaje, motivos de deportación e historial de salud con países de origen donde pueden estar incluso en riesgo de persecución.

Vigilancia de “comportamientos o tendencias sospechosas” en redes sociales

La reforma incluye un Centro de Monitoreo y Respuesta en Línea que vigilará plataformas de redes sociales para identificar “comportamientos o tendencias sospechosas” en los movimientos de personas, tanto en las fronteras de la UE como en los países de origen y tránsito. Los datos agregados alimentarán el “análisis de riesgos” de Frontex para guiar el despliegue de fuerzas fronterizas.

La agencia europea también quiere ser designada como “alertador confiable” bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), lo que le permitirá reportar contenidos a las plataformas para que estas los eliminen, y recomendar a las autoridades estatales que emitan avisos vinculantes de retirada. “Frontex podrá privar a las personas de encontrar apoyo legal, compartir sus historias o expresar solidaridad, en lo que es sin duda una infracción grave de la libertad de expresión”, advierte el análisis de Protect Not Surveil. Además, las “entrevistas de debriefing” (interrogatorios encubiertos “voluntarios” que la agencia realiza a personas inmediatamente después de desembarcar o cruzar la frontera) quedan codificadas, sin posibilidad de asesoramiento legal y sin monitoreo de derechos fundamentales.

Alarma en las organizaciones de derechos humanos: “Sin precedentes”

Chloé Berthélémy, de EDRi, señala que “la Comisión ha dado un impulso masivo a las prácticas de vigilancia oscuras de Frontex duplicando su presupuesto y aflojando las reglas de protección de datos ya laxas”. Pauline Fritz, de la Red de Monitoreo de Violencia Fronteriza, denuncia que “la impunidad merece la pena: Frontex puede recibir nuevos poderes y un impulso masivo de financiamiento para expandir su aparato de vigilancia fronteriza con plena inmunidad para violaciones de derechos humanos”. Sarah Chander, de Equinox Initiative for Racial Justice, califica la reforma como “la más sustancial hasta la fecha” y advierte de que “duplicar el presupuesto de Frontex para fortalecer secuestros, prisiones y sistemas estilo ICE llega en un momento en que los sistemas sociales de Europa están fallando”. Chiara Catelli, de PICUM, recuerda que “las operaciones de deportación y centros de detención de inmigración en la UE ya están llenos de abuso, y tememos que expandir el papel de Frontex exacerbará estos abusos dentro de la UE y los extenderá más allá de sus fronteras”. Amnistía Internacional ha pedido que la propuesta “debe ser rechazada de plano”. La eurodiputada italiana Cecilia Strada (Partido Democrático) alerta contra “un ICE europeo” y denuncia “un nivel de discrecionalidad sin precedentes”.

Una trayectoria salpicada de escándalos

El exdirector de Frontex, Fabrice Leggeri, dimitió en 2022 tras una gestión marcada por expulsiones ilegales y múltiples violaciones de derechos humanos. Lejos de abandonar estas prácticas, la Comisión amplía los poderes de la agencia para investigar, probar y adquirir nuevas tecnologías (herramientas de inteligencia artificial, drones, sensores y análisis digitales estrechamente vinculados a Israel), actuando en algunos casos como organismo central de compras para los Estados miembros y suministrando a países no europeos herramientas más represivas.

La Comisión clasifica la migración como “amenaza híbrida”, “instrumentalización” y “utilización como arma”, un lenguaje bélico que confunde a las personas que buscan una vida mejor con “amenazas de seguridad”. Además, estas políticas que en un principio se aplican a los proletarios migrantes, se extienden en la vigilancia y la represión de la clase trabajadora autóctona y la disidencia política, como indican las últimas revelaciones den EEUU, donde ICE ha lanzado una operación masiva de vigilancia e infiltración contra espacios militantes de izquierda.

Los pagos se realizaron en dos facturas: una de 150.000 euros más IVA (181.500 euros) fechada el 11 de noviembre de 2025, y otra de 50.000 euros más IVA (60.500 euros) el 23 de enero de 2026. La documentación fue aportada al juez Santiago Pedraz, que investiga el denominado caso Leire, una supuesta trama vinculada al PSOE para desestabilizar procedimientos judiciales contra Ferraz. De la Hoz está imputada en esa causa por un presunto ofrecimiento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que rectificara su testimonio sobre el dinero entregado en la sede central del PSOE en Madrid.

Koldo: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno”

La primera y más cuantiosa factura se abonó al día siguiente de que Okdiario publicara una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este arremetía contra el Gobierno de Pedro Sánchez y lanzaba acusaciones sin pruebas, como “escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”, y “se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”. Seis meses después, en el último día del juicio en el Supremo, Koldo utilizó su turno de última palabra para denunciar que le habían ofrecido un pacto para salir libre si mentía: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”. No precisó a qué medios se refería.

La abogada De la Hoz ha entregado las facturas para demostrar que el PSOE no pagó su defensa, desactivando así la sospecha de que el partido sufragara los servicios jurídicos de Koldo García a cambio de su silencio o colaboración. El juez Pedraz había solicitado a la letrada “la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre”. La documentación acredita que fue la editora de Okdiario, un pseudomedio conocido por numerosas campañas difamatorias, quien asumió los honorarios. La sospecha está sobre la mesa: el digital atacó al Ejecutivo pagando la defensa de un asesor anteriormente vinculado al PSOE condenado por corrupción que, al mismo tiempo, denuncia haber recibido ofertas de “dos medios” para mentir contra el mismo Gobierno.

El caso ofrece otra pista sobre la lógica del ecosistema mediático español caracterizado en el último Dominical, La industria de la mentira, donde se explica cómo la desinformación, la instrumentalización judicial y el juego sucio se entrelazan con intereses de partidos políticos y empresas. En este caso, Okdiario, dirigido por Inda, un peso pesado del aparato propagandístico reaccionario español, se revela de forma clara como financiador de la defensa de uno de los condenados en la trama de las mascarillas que afectan al entorno del PSOE.

La jueces son los encargados de determinar si estos pagos de 242.000 euros constituyen una especie de generosidad empresarial sobrevenida o una contraprestación por un relato interesado.

En menos de nueve meses, el sistema ferroviario español ha registrado tres siniestros con víctimas mortales. El 18 de enero, el accidente de Adamuz (Córdoba, Andalucía) dejó 46 muertos y 155 heridos; tan solo dos días después, el 20 de enero, un tren de Rodalies colisionaba contra un muro desprendido en Gelida (Barcelona, Catalunya), causando la muerte del joven maquinista y 37 heridos.

El sindicato de maquinistas SEMAF había alertado por escrito a Adif, el gestor de infraestructuras, de “innumerables agujeros en la vía, carriles sueltos e irregularidades en la catenaria” de la misma línea de Madrid-Sevilla donde acaba de suceder la tragedia de Urda, y había reclamado que se redujera temporalmente la velocidad máxima a 250 km/h hasta que la red estuviera en condiciones seguras. Estas denuncias fueron ignoradas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tras el accidente de Adamuz, calificó la amenaza de huelga de los maquinistas como producto de su “estado emocional”.

En consecuencia, la prensa, las conversaciones en la calle y las redes sociales comienzan a llenarse de comentarios que señalan que la combinación de recortes, falta de inversión y desprecio a las alertas técnicas supone un riesgo real en las vías férreas del Estado español, que por el momento deja un balance provisional de que supera el centenar de muertos en menos de un año.

Los trenes han seguido circulando por vías que los propios trabajadores han señalado como peligrosas y descuidadas, y los sistemas de seguridad, como el LZB, fallan habitualmente, se gestionan de forma negligente y están sobreexpuestas al fallo humano, según advertencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que se remontan a 2024.

Mientras tanto, las víctimas mortales se acumulan y las familias de los fallecidos en Adamuz siguen esperando un informe definitivo que aclare a qué se debe exactamente la muerte de sus seres queridos. Las labores de búsqueda y rescate siguen en pie y la solidaridad popular se ha reactivado desde este mismo miércoles para atender a los heridos y afectados en Urda.

El informe se refería a otro incidente ocurrido el 25 de junio de 2024, cuando un AVE que circulaba con el sistema ERTMS Nivel 1 rebasó indebidamente una señal que le ordenaba detenerse en Cuenca-Fernando Zóbel. Al parecer, el error inicial fue del maquinista, que confundió el aspecto de la señal, pero el responsable de circulación cometió después un segundo error al autorizarle a continuar. El sistema TRIP frenó automáticamente el tren, pero ni el maquinista ni el responsable habían identificado el rebase. La CIAF hizo entonces una advertencia de suma importancia: la autorización para reanudar la marcha se basó en una verificación humana (comprobar que el cantón estaba libre), pero esa barrera era “susceptible de fallar”. “Esta barrera es susceptible de fallar, ya que depende completamente del factor humano, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas mitigadoras de carácter técnico”, explica el informe técnico, que también recomendó reforzar la ergonomía de las señales y la implantación del ERTMS Nivel 2.

El siniestro de Urda reprodujo un patrón similar: el sistema de señalización LZB falló, los trenes se detuvieron automáticamente y el control pasó a modo manual. Según los audios publicados por El País y Cadena SER, el operador del centro de control de Atocha ordenó al maquinista del AVE que reanudara la “marcha normal” (no “a la vista”, como exige el protocolo) sin comprobar que el tren de Iryo seguía detenido en la vía. Cinco minutos antes del impacto, la maquinista del Iryo avisó de que no podía reiniciar el sistema, pero nadie alertó al AVE. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la decisión de “inexplicable” y de “error humano”, pero el informe de la CIAF demuestra que el riesgo ya estaba identificado y que las medidas recomendadas por los expertos no se aplicaron.

Los fallos en las instalaciones de señalización se han multiplicado entre 2018 y 2025, según Adif y CIAF

De hecho, los datos oficiales de Adif y CIAF indican que los fallos en las instalaciones de señalización se han multiplicado en la última década: si en 2018 afectaron a 243 trenes, en 2025 alcanzaron los 3.633. Además, los accidentes graves investigados crecieron un 106% entre 2014 y 2024 (de 47 a 97 casos), y los descarrilamientos pasaron de 5 a 22. Este mismo año, sin ir más lejos, ya se han producido tres siniestros ferroviarios con consecuencias mortales: el primero tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba, Andalucía), cuando el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia dejó 46 muertos y más de 120 heridos; apenas dos días después, el 20 de enero, un tren descarriló en Gelida (Barcelona, Catalunya) tras la caída de un muro sobre la vía, causando la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos; el último y el más grave hasta la fecha ha sido el de este miércoles en Urda, que por el momento suma 69 muertos confirmados.

Los sindicatos también advirtieron

De hecho, más allá de informes técnicos, hubo también advertencias sindicales que el Gobierno tampoco tuvo en cuenta. En agosto de 2025, SEMAF alertó de un aumento de vibraciones e inestabilidades de rodadura en los corredores hacia Sevilla, Málaga, Barcelona y València, precisamente la línea donde se han producido los desastres de Adamuz (46 muertos) y Urda. Los sindicatos denunciaron “cientos de LTV en las líneas, falta de personal en todos los colectivos, el abandono del mantenimiento preventivo, talleres en condiciones lamentables, vibraciones cada vez más notables en las líneas de Alta Velocidad, externalizaciones de cargas de trabajo”. Tras el desastre Adamuz, CCOO, UGT y SEMAF pactaron con el Gobierno 1.800 millones para mantenimiento y desconvocaron la huelga; CGT y el Sindicato Ferroviario denunciaron que fueron excluidos del acuerdo y tildaron el acuerdo de “traición” y “papel mojado”. Nueve meses después, los hechos han dado la razón a CGT y el Sindicato Ferroviario: SEMAF mantiene la huelga de 24 horas para este jueves porque los compromisos adoptados siguen bloqueados administrativamente.

Una mujer que sufrió el siniestro de Adamuz sale ilesa en Urda

Las tragedias en el ferrocarril han dejado casos como el de una mujer que sobrevivió al desastre de Adamuz y que salió ilesa de Urda, según ha relatado Cruz Roja a El Mundo. El Gobierno pidió “prudencia” en la interpretación de los hechos en Urda, pero acto seguido filtró la supuesta culpabilidad del operador, al que ahora responsabiliza formalmente. Esta tesis que reduce la reponsabilidad únicamente a los operadores está siendo cada vez más cuestionada a la luz de los reiterados avisos técnicos y sindicales de los últimos años. La brecha de conservación por kilómetro de línea de alta velocidad española respecto a Francia alcanza hasta el 45%, a pesar de que el Estado español tiene el mayor sistema de AVE de Europa.

Según el escrito de acusación, los agentes dieron el alto a la víctima y, sin salir del vehículo, el oficial se dirigió a ella con expresiones como “de día eres todavía más feo”, “eres horrible” o “¿qué es lo que hacéis ahora que no podéis ni jalar pollas ni robar?”. Su acompañante, que conducía el coche, grabó la escena con su teléfono móvil. Posteriormente, el vídeo fue compartido en unos de los habituales canales de WhatsApp formados por policías, donde sistemáticamente se comparte contenido irregular que viola la intimidad de las personas y, desde ahí, acabó filtrándose públicamente a una red social, donde la humillación se viralizó. El representante del Ministerio Público sostiene que ambos policías son corresponsables del mismo delito al actuar con una “motivación discriminatoria” hacia el conjunto del colectivo trans, rechazando que su comportamiento se limitase a un simple caso de vejaciones.

En el juicio, los acusados solo respondieron a preguntas de su defensa. El agente que grabó el vídeo negó la intención de discriminar y justificó la grabación porque “el oficial se lo pidió para captar unos insultos previos de la víctima”. El oficial mantuvo la misma versión y aseguró que “nunca quiso difundir el vídeo”. La defensa pide la libre absolución afirmando que habrían actuado “en respuesta” a esas supuestas “provocaciones anteriores” y “no con ánimo de atacar al colectivo trans”. La víctima no compareció en la vista, aunque durante la instrucción negó cualquier actividad ilícita. El juicio ha quedado visto para sentencia.

¿Cuántos delincuentes hay en la policía?

El fanzine SinPoli, basándose en datos de Civio y el Portal de Transparencia, documenta que los policías son el cuerpo de funcionarios con más condenados por delitos graves en el Estado español, desde homicidios y detenciones ilegales hasta agresiones sexuales. A pesar de ello, su tasa de condenas es hasta tres veces inferior a la de la población general (1,87 por cada 1.000 frente a 5,78), lo que evidencia un profundo sesgo de encubrimiento institucional. A esto se suman las numerosas tramas de narcotráfico que salpican a altos mandos, el uso irregular del sistema VioGén para proteger a policías agresores y una sobrerrepresentación letal en la violencia machista, donde los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más propensos a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina y en algunos años los agentes han llegado a cometer hasta el 15% de los asesinatos machistas en verano.

El crimen machista, ocurrido en marzo de 2022, fue especialmente brutal: el condenado estranguló a su esposa hasta matarla durante una discusión por celos, después de que ella le comunicara su voluntad de divorciarse. Luego introdujo el cuerpo en un bidón, lo trasladó en una carretilla hasta su furgón, lo llevó a la nave, excavó el suelo de hormigón, lo enterró junto a efectos personales y lo cubrió con más hormigón y maquinaria pesada. Durante seis meses denunció falsamente su desaparición ante la Policía hasta que se derrumbó y confesó.

El abogado defensor del condenado es Gonzalo Pérez, señalado como líder de la organización neonazi Málaga 1487 y del grupo ultra Frente Bokerón, según ha denunciado el periodista Fonsi Loaiza. Málaga 1487 es una asociación de carácter neonazi. El Frente Bokerón, por su parte, es el grupo de animación ultra del Málaga Club de Fútbol, vinculado a la misma organización. Ambos grupos han sido señalados por su implicación en agresiones y su discurso de odio contra la población migrante.

La ultraderecha azuza el miedo a la “inseguridad”, señala a los migrantes como “delincuentes” y se presenta como “mano dura contra la delincuencia”, pero luego tiene en sus filas a quienes piden que un feminicida confeso que enterró a su mujer bajo hormigón pase menos tiempo en prisión, gracias a sus cuadros jurídicos que se emplean a fondo para proteger a los agresores.

Ruschin, de 53 años, es un jurista que militó en la CDU y ejerció como concejal de la formación, hasta que en 2013 pasó al partido liberal FDP, y a la AfD en 2020. La votación está prevista para la sesión constitutiva de la asamblea del distrito, que aún no se ha celebrado.

Schulz justifica la decisión en la ley de administración distrital de Berlín, que otorga a cada partido un derecho proporcional a los puestos en el Bezirksamt según su fuerza electoral. “Como partido del Estado de derecho tomamos eso en serio”, ha declarado, “siempre que no existan hechos de hostilidad a la Constitución contra el candidato”. El líder local de la CDU sostiene que “el sistema político en Alemania es ineficiente y se está rompiendo” y que han decidido hacer “política de hechos” en lugar de “política de bloques”.

Según Schulz, la “política de exclusión” no habría funcionado, porque rechazar sistemáticamente las iniciativas de la AfD no habría debilitado al partido y le habría permitido adoptar un rol de mártir. La CDU local ha publicado el documento “Reinickendorfer Kompass”, que establece que las propuestas se valorarán por su contenido y no se rechazarán automáticamente por provenir de un partido determinado, incluida la AfD y Die Linke.

La SPD local ha calificado el paso como la caída de la “Brandmauer” (el cordón sanitario que los partidos principales mantenían contra la AfD). El ex presidente del círculo, Jörg Stroedter, ha declarado: “¡Entonces cae la Brandmauer! Si el jefe del partido Friedrich Merz quiere seguir siendo creíble, esta gente ya no tiene cabida en la CDU”.

El secretario general de la CDU berlinesa, Lukas Krieger, ha reiterado que no hay colaboración, acuerdos ni estrategias comunes con la AfD ni con la “radicalizada” Die Linke. El canciller y presidente de la CDU, Friedrich Merz, ya había advertido tras la elección de un presidente del Landtag de la AfD en Sajonia-Anhalt que quien dé su voto a la AfD para altos cargos “juega el juego de los extremistas y destruye la credibilidad” y que eso “no es compatible con los valores de la CDU”.

El caso de Reinickendorf es, por ahora, un caso local, pero podría implicar una onda expansiva federal. No es una coalición formal, pero sí la primera vez que la CDU facilita un puesto ejecutivo a los neonazis en un distrito de Berlín, lo que erosiona uno de los principales consensos aparentes de la política alemana desde la posguerra. En las elecciones de septiembre, Die Linke ganó en Berlín con el 25,7%, seguida de la CDU (18,8%) y la AfD (16,3%).

La “Brandmauer” está ahora bajo presión en varios lugares, especialmente en el este del país, aunque a nivel federal se mantiene formalmente. La decisión de Reinickendorf no cambia la política de la CDU federal ni supone un gran pacto entre CDU y AfD, pero sienta un precedente: la normalización de la extrema derecha como socio de gobierno, aunque sea a nivel local, abre una puerta que hasta ahora parecía permanecer cerrada.

Los expertos se declaran “consternados” por las lesiones graves y, en algunos casos, irreversibles sufridas por manifestantes menores de edad durante las operaciones policiales, que consideran “inaceptables e injustificables”. Aunque reconocen que las investigaciones internas, como las de la Inspección General de la Policía Nacional, “son necesarias”, exigen también “instrucciones claras de los superiores y una postura política que condene de forma firme e inequívoca toda violencia policial”.

“Disuade a los manifestantes de ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica”

El texto recuerda conversaciones previas con el Gobierno francés en las que se instó a las autoridades del Elíseo a revisar en profundidad sus estrategias y prácticas policiales para permitir que los manifestantes expresen sus preocupaciones y facilitar “una resolución pacífica de los conflictos sociales”. Sin embargo, los expertos advierten de que “la escala de los arrestos y detenciones, que afecta a varios miles de personas, principalmente menores, parece desproporcionada y disuade a los manifestantes de ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica”. La ONU recuerda que el Estado francés está teóricamente obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos, no a criminalizar e impedir la protesta.

El pronunciamiento de los expertos de la ONU se produce en medio de la ola de movilizaciones estudiantiles que se extienden por el Estado francés y Europa desde mediados de septiembre y que han derivado en una espiral de represión policial y combatividad obrera y juvenil. Las imágenes de jóvenes con ojos perdidos, manos amputadas y rostros destrozados por el impacto de armas “menos letales” como los LBD y las granadas de desencerclamiento, junto a las restricciones del derecho de manifestación, han conmocionado a buena parte del país, mientras el Gobierno de Emmanuel Macron insiste en mantener el despliegue policial y en calificar de “vándalos” a los manifestantes.

La denuncia de la ONU pone el acento en la vulneración de los compromisos internacionales teóricos en materia de derechos humanos y deja en segundo plano la crisis educativa que ha provocado la revuelta.

La comparación global de la inversión ferroviaria ofrece una imagen algo menos dramática pero igualmente significativo. ADIF ejecutó 4.826 millones de euros hasta el 30 de noviembre de 2025, de los cuales más de 2.400 se destinaron a la red convencional y unos 2.300 a la alta velocidad. SNCF Réseau declaró 5.600 millones de inversión bruta en el conjunto de 2025, con 3.200 millones para regeneración y modernización de la red y 1.000 millones para grandes proyectos. La diferencia total es de apenas un 10-15% más en el caso francés, aunque la comparación no es exactamente homogénea, pues la cifra española corresponde a once meses y la francesa al ejercicio completo. Sin embargo, la brecha más relevante está en la conservación: mientras España gasta 110.000 euros por kilómetro en mantener su AVE, las estimaciones sitúan a Francia entre 140.000 y 200.000 euros.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció en el Senado en enero de 2026 que “Francia o Bélgica” invierten más que España en mantenimiento, aunque precisó que Italia invierte menos y que España está por encima de la media europea.

La brecha coincide con el hecho de que el Gobierno español ha multiplicado su inversión ferroviaria en los últimos años. Según el Senado, el país pasó de 1.700 millones de euros invertidos en 2017 a más de 5.000 millones en 2025. Esa apuesta financiera no termina de cerrar la brecha en conservación, precisamente el capítulo que más afecta a la seguridad y a la fiabilidad del servicio. La longitud de la red española, casi 450 kilómetros mayor que la francesa, diluye el gasto por kilómetro y deja a la alta velocidad española en una posición de desventaja relativa.

La conclusión más defendible, según los datos disponibles, es que existe una brecha persistente en mantenimiento y renovación por kilómetro de alta velocidad, en la que Francia destina entre un quinto y casi la mitad más de recursos que España, según el indicador y la metodología empleados. Esta realidad, que algunos sindicatos llevan años denunciando con advertencias sobre el estado de la vía y la necesidad de reducir la velocidad en varios tramos, se produce en una red que ha registrado accidentes mortales en los últimos años.

Ambas fueron autorizadas por el controvertido Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM 7), firmado tras el tiroteo mortal contra Charlie Kirk en septiembre del año pasado, que instruye a las fuerzas policiales federales a utilizar “todas las herramientas disponibles” contra organizaciones y personas que critiquen las políticas de la administración y defiendan ideas “anticristianas”.

Los precedentes históricos: COINTELPRO

Los abogados de la defensa comparan directamente la campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el infame programa COINTELPRO del FBI, que vigiló, infiltró y chantajeó ilegalmente a movimientos antirracistas y contra la guerra entre los años 50 y 70. De hecho, la escala de la operación es inédita desde la contrainsurgencia federal contra la Nueva Izquierda en los años 60 y 70. Alrededor de 120 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo investigador de ICE, muchos incluso provenientes de unidades especializadas de todo el país, fueron asignados al caso, incluidos 11 agentes encubiertos. Utilizaron técnicas de vigilancia altamente invasivas: drones Reaper, herramientas de la Patriot Act, normalmente restringidas a investigaciones de blanqueo de capitales y “terrorismo”, y registros financieros obtenidos con el programa de reporte de actividades sospechosas 314(a) del Departamento del Tesoro.

Los infiltrados se introdujeron en entrenamientos de artes marciales, talleres de “conoce tus derechos”, marchas, huelgas generales y reuniones comunitarias. También penetraron varias redes de comunicaciones de los activistas en Signal, transmitiendo su contenido a otros compañeros de HSI para analizarlos e inclusión en el escrito de acusación. Conferencias de militantes y activistas en Seattle, Michigan, Chicago y Nueva York fueron puestas bajo vigilancia, y los equipos de HSI fotografiaron y registraron las matrículas de todos los coches aparcados en los lugares de reunión. Los agentes encubiertos también se infiltraron en iglesias, en aparente violación de una orden judicial.

“HSI está ocupando el lugar del FBI como policía secreta investigadora: es el ABC de los regímenes autoritarios en todo el mundo”

“Lo que vimos durante las oleadas migratorias del año pasado fue que ICE es la fuerza paramilitar de la administración, el proyector de fuerza. Aquí, vemos que HSI está ocupando el lugar del FBI como policía secreta investigadora: es el ABC de los regímenes autoritarios en todo el mundo”, denuncia Kevin Riach, abogado defensor de uno de los acusados.

El caso de los 15 de Minnesota muestra el carácter de la estrategia del DHS para reprimir actividades teóricamente protegidas por la Primera Enmienda. “Lo que vimos durante las oleadas migratorias del año pasado fue que ICE es la fuerza paramilitar de la administración, el proyector de fuerza. Aquí, vemos que HSI está ocupando el lugar del FBI como policía secreta investigadora: es el ABC de los regímenes autoritarios en todo el mundo”, denuncia Kevin Riach, abogado defensor de uno de los acusados.

Mike German, exagente del FBI que trabajó en casos encubiertos de “terrorismo doméstico”, señala que “la vigilancia amplia de redes sociales, comunicaciones y transacciones financieras se utiliza para vincular a un número cada vez mayor de personas como posibles sujetos de investigación y procesamiento. Estas son exactamente el tipo de actividades de inteligencia que J. Edgar Hoover adoptó para reprimir los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra en los años 60”. La diferencia, subraya, es el vasto océano de datos disponibles hoy para los federales. El caso parece ser la punta del iceberg de una operación de espionaje a escala nacional contra la disidencia política.

Según el protocolo, la orden debía haber sido “marcha a la vista”, limitada a 40 km/h, para poder reaccionar ante cualquier obstáculo. Cinco minutos antes del impacto, la maquinista del Iryo volvió a llamar para avisar de que seguía detenida porque no podía reiniciar el sistema: “No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada”. El controlador se limitó a responder: “Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama”. Nadie avisó al AVE, que impactó a más de 200 km/h contra el convoy parado.

Los fallos en las instalaciones de señalización se han multiplicado en la última década

El Gobierno, a través del ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la decisión del operario de “inexplicable” y de “error humano”, pero se apresuró a asegurar que “tenemos un sistema ferroviario seguro”. Sin embargo, los datos oficiales de Adif y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) contradicen ese relato de excepcionalidad. Los fallos en las instalaciones de señalización se han multiplicado en la última década: si en 2018 afectaron a 243 trenes, en 2025 alcanzaron los 3.633. Además, los accidentes graves investigados crecieron un 106% entre 2014 y 2024 (de 47 a 97 casos), y los descarrilamientos pasaron de 5 a 22. Este mismo año, ya se han producido tres siniestros ferroviarios con consecuencias mortales: el primero tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba, Andalucía), cuando el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia dejó 46 muertos y más de 120 heridos; apenas dos días después, el 20 de enero, un tren descarriló en Gelida (Barcelona, Catalunya) tras la caída de un muro sobre la vía, causando la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos; el último y el más grave hasta la fecha ha sido el de este miércoles en Urda.

Por tanto, el “factor humano” al que apunta el Ministerio está siendo cuestionado en tanto que pretendido “accidente aislado”. Las voces más críticas con el Gobierno lo señalan como consecuencia derivada de un sistema que pasa a modo manual con una frecuencia preocupante, entre otras cuestiones. Por tanto, el operario que dio la orden no actuó en el vacío, sino sobre un sistema donde los sindicatos denuncian reiteradamente que los fallos de señalización son rutinarios, el personal es insuficiente y la formación y los protocolos se ven desbordados por la falta de inversión. Sin embargo, el Gobierno ha optado por señalar desde el primer momento a trabajadores concretos.

El Ejecutivo identifica al operario y descarga sobre él toda la responsabilidad, reduciéndolo a una cuestión técnica, pero el SFF-CGT y el Sindicato Ferroviario exigen una auditoría independiente. SEMAF, por su parte, llevaba meses alertando de vibraciones, falta de personal y abandono del mantenimiento preventivo en la línea de Madrid-Sevilla, incluso antes del siniestro de Adamuz. Después de la primer gran siniestro del año, los sindicatos emprendieron una huelga para exigir mejores condiciones de seguridad, una iniciativa frustrada por el acuerdo de 1.800 millones firmado en febrero con CCOO, UGT y SEMAF, dejando fuera a la CGT y al SF. No obstante, SEMAF ha denunciado que el acuerdo se halla administrativamente bloqueado, y mantiene una convocatoria de huelga para este jueves.

“Quienes menos han contribuido a provocar la crisis climática están perdiendo sus hogares, sus cosechas y sus vidas. Mientras tanto, los superricos pueden protegerse de sus impactos a la vez que se benefician de las consecuencias de sus emisiones y hacen negocio de la recuperación. En la crisis climática no estamos todas en el mismo barco”, denuncia Sofía del Valle, responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón. Las emisiones anuales del 1% con mayores ingresos se asocian a 1,9 millones de muertes adicionales por calor, y el 78% de ellas se producirán en países de renta baja y media-baja, que solo son responsables de tan solo el 8% de las emisiones globales.

El informe identifica 217 empresas que operan tanto en los sectores que alimentan la crisis climática (combustibles fósiles, químicos) como en la preparación, recuperación y reconstrucción tras las catástrofes. Los grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard tienen participaciones en el 92% de estas empresas, superando el billón de dólares en inversiones conjuntas. “Los superricos están contaminando el planeta y el resto sufrimos las consecuencias”, afirma del Valle. “Se benefician de la contaminación y se benefician del desastre”.

Esta dinámica también se aplica a la crisis alimentaria. El informe señala que los milmillonarios de la industria alimentaria, como la familia propietaria de Cargill, han aumentado su riqueza en más de 130.000 millones de dólares desde 2020, beneficiándose de la inflación derivada del cambio climático que dispara el precio de los alimentos básicos y golpea con especial crudeza a los hogares de la clase trabajadora, que destinan hasta el 38,6% de su gasto total solo a comer, frente al 15% de las rentas altas.

La desigualdad es la causa de que los fenómenos meteorológicos extremos se conviertan en tragedias letales. “No existen los ‘desastres naturales’ como tales. Los fenómenos meteorológicos extremos se convierten en desastres debido a la desigualdad”, explica la economista Grace Blakeley en el prólogo del informe. Los ricos pueden permitirse helicópteros para huir de los incendios, hoteles de cinco estrellas, seguros de lujo y búnkeres privados, mientras que las clases trabajadoras ven cómo sus viviendas y medios de vida son destruidos. Además, las muertes por inundaciones son siete veces mayores en los países con mayores índices de desigualdad. De aquí a 2050, hasta 1.000 millones de personas podrían verse desplazadas por la crisis climática, la mayoría en el Sur Global.

Ambas organizaciones sindicales han trasladado su solidaridad a las víctimas en sus comunicados, donde han reclamado que se “depuren las responsabilidades necesarias” en Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes. “No corresponde adelantar hipótesis ni atribuir responsabilidades antes de que concluya la investigación”, señala el SFF-CGT, que, no obstante, subraya que el ferrocarril funciona como un sistema (infraestructura, circulación, material, mantenimiento, organización y plantillas) y que “cualquier respuesta debe tener en cuenta el conjunto del sector y evitar análisis parciales”.

Las advertencias existían y fueron desoídas

Otro sindicato, el SEMAF, ya había alertado en agosto de 2025 de un aumento de vibraciones e inestabilidades de rodadura en los corredores hacia Sevilla, Málaga, Barcelona y València, y planteó reducir la velocidad máxima o reforzar el mantenimiento. Esa advertencia afectaba precisamente a la línea donde se han producido los desastres de Adamuz (46 muertos) y Urda. Los sindicatos denunciaron entonces “cientos de LTV en las líneas, falta de personal en todos los colectivos, el abandono del mantenimiento preventivo, talleres en condiciones lamentables, vibraciones cada vez más notables en las líneas de Alta Velocidad, externalizaciones de cargas de trabajo”. Un modelo, decían, pensado para “convertir el ferrocarril en un negocio que reparta el pastel entre cientos de empresas privadas”.

Tras el accidente de Adamuz, los sindicatos convocaron tres jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. El mismo 9 de febrero, el ministro Óscar Puente firmó con CCOO, UGT y SEMAF un acuerdo que desconvocaba los paros y que el Ministerio calificó de “histórico”: 1.800 millones de euros para mantenimiento hasta 2030, 2.400 plazas en Adif, 1.200 en Renfe y 50 en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. CGT, el Sindicato Ferroviario y Alferro denunciaron en aquel entonces que fueron excluidos de la negociación y mantuvieron la huelga. “El resultado ha sido un acuerdo basado en promesas, grupos de trabajo y compromisos futuros: en resumen, una foto”, señaló SFF-CGT, que lo tildó de “traición” y “papel mojado”.

Nueve meses después, SEMAF ha convocado una huelga de 24 horas para este jueves, 29 de octubre, al considerar que los acuerdos han quedado bloqueados administrativamente. “Reclamamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos para conseguir un cambio estructural en la seguridad”, señalan.

Una de las preguntas pregunta que sobrevuela la tragedia de Urda es, por tanto, qué parte de los 1.800 millones se ha ejecutado realmente, cuántas de las 3.650 plazas prometidas estaban realmente cubiertas y qué medidas de seguridad estaban operativas en la línea Madrid-Sevilla antes del choque.

El punto de partida es la Ley Rider, aprobada en 2021, que obligó a las empresas a dar de alta en la Seguridad Social a los repartidores como trabajadores asalariados, tras años de sentencias y sanciones de la Inspección de Trabajo por mantener a estos trabajadores como falsos autónomos. Según Laboro, tras la entrada en vigor de la ley, CCOO y UGT iniciaron una campaña de denuncias contra estas empresas: “El típico perfil: empresas con mucho dinero y con muchos empleados muy pringaos que no se enteran y no van a hacer nada. Primer paso: freír a denuncias a las empresas”, señala el hilo.

En un comunicado publicado este martes, el sindicato defendía que el acuerdo alcanzado con Uber Eats afecta a más de 8.000 repartidores. Según CCOO, la plataforma reconoció la condición de trabajo por cuenta ajena a principios de año y, tras traspasar su división de reparto a la empresa Quinde Crew, se ha acordado que casi 4.300 personas se incorporen como trabajadoras de esta firma. Además, se ha constituido “una comisión de seguimiento por tres años y una comisión de diálogo permanente” en la que se integra la flota Closer Logistics (más de 4.000 personas). CCOO asegura que este espacio, que supone más del 70% de la actividad de Uber Eats, servirá para “analizar la evolución del empleo, el salario, la jornada, la gestión algorítmica y las elecciones sindicales”, y que se habrían acordado “subidas progresivas cuatrimestrales” para la plantilla de Closer Logistics. “Las empresas de reparto deben dejar de aplicar convenios fantasma, como el de mensajería de 2006 o convenios extraestatutarios que precarizan las condiciones”, reivindica el sindicato.

Sin embargo, Laboro vaticina que el resultado final de esa negociación se limitará a exigir el cumplimiento de la propia Ley Rider, sin mejoras salariales reales. Su predicción del futuro convenio, basada en otros acuerdos firmados por los mismos sindicatos en empresas con plantillas precarizadas, incluye: “categorías con salario mínimo para la gran mayoría de los trabajadores”; “un artículo que permita la acumulación del crédito horario sindical para que las empresas concedan liberados a CCOO y UGT”, e incluso que “los sindicatos gestionen quién puede liberarse”; y supuestas mejoras como “jornadas anuales inferiores o más días de descanso” que, al no reflejarse en nómina, las empresas podrían incumplir sin consecuencias. “Un salario mayor no lo dan porque no lo pueden incumplir, al quedar reflejado en nómina”, subraya. Una vez firmado el convenio, concluye el portal, “desaparecerán las denuncias de CCOO y UGT contra estas empresas”, citando como ejemplo que en la última DANA denunciaron negligencias de Uber Eats pero no a Mercadona, empresa que “hace años que les da lo suyo”.

La conclusión del hilo de Laboro es una acusación directa de corporativismo a los dos sindicatos mayoritarios, donde ambos amenazarían con denuncias si las empresas no firmaran un convenio a cambio de prebendas. “Pero si firmas y me das lo mío, te pongo salarios al mínimo para casi todos tus trabajadores”. Según las predicciones del especialista, es muy probable que el convenio sea de ámbito estatal para que “lo mamoneen en las federaciones estatales de servicios”, ya que de lo contrario se aplicarían los convenios provinciales de transporte y “no habría negocio” para CCOO y UGT.

Resistencia mapuche contra el capital extractivista

Durante años, el lonko ha alertado del avance de fondos de inversión y empresas extranjeras (desde Benetton hasta capitales del Golfo) sobre las tierras y el agua de la Patagonia, así como de la privatización de recursos y los desalojos de habitantes. Esto responde directamente a la actividad de la empresa estatal israelí Mekorot, que ha firmado convenios de consultoría y planes maestros hídricos con una docena de provincias argentinas, incluidas Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a menudo sin licitación pública ni control legislativo pleno. Las asambleas y campañas como “Fuera Mekorot” denuncian la entrega de datos estratégicos y el riesgo de mercantilización del agua, un recurso crítico en un territorio que sufre una emergencia hídrica con la caída de los caudales del río Chubut.

Asentamientos de data centers

El nuevo frente de conflicto lo constituyen los proyectos de data centers para inteligencia artificial, que el Gobierno de Milei impulsa con el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Iniciativas como el Atlas GigaHub de Green Capital en Trelew, con hasta 3.000 MW de potencia, o los planes propuestos por OpenAI y Sur Energy en la región, suponen una amenaza directa para el agua y el territorio. Aunque las empresas prometen refrigeración de bajo uso hídrico, las comunidades mapuches y los colectivos ambientalistas advierten de que estos megaproyectos se suman al extractivismo que ya está expulsando a la población y esquilmando los recursos.

El impacto, ocurrido a las 8:54 horas, ha provocado que de cuatro vagones hayan descarrilado y caído por un terraplén. En el AVE viajaban 397 personas, mientras que el Iryo transportaba a 146 pasajeros y un bebé. Las labores de rescate, en las que participan bomberos, la UME, Protección Civil y servicios sanitarios, continúan entre los amasijos de hierro, y las autoridades dan por hecho que la cifra de víctimas mortales aumentará aún más en las próximas horas.

Comparecencia del ministro Óscar Puente

El relato oficial de las causas, admitido ya oficialmente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia de urgencia, señala “un fallo en cadena de los sistemas de seguridad”. Previamente, el Gobierno había pedido “prudencia” con las interpretaciones en un primer momento, para acto seguido filtrar a la prensa que la responsabilidad habría sido de un operador y de un maquinista desaparecido. Posteriormente, hacia las 14:00 del mediodía, Puente ha comparecido en una rueda de prensa y ha explicado la versión que sostiene esta hipótesis. Según él, hacia las 8:30, el sistema de control LZB (que supervisa automáticamente la velocidad y la distancia entre trenes) habría caído “como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores de la red en un tramo de 63 kilómetros”. Esto habría provocado la detención automática de los trenes. A partir de ahí, asegura Puente, el centro de control de Adif en Atocha asumiría el mando manual. De acuerdo con la versión del ministro, a las 8:36 “se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”. Sin embargo, el AVE “tenía obligatoriamente que detenerse” porque la vía estaría ocupada por el Iryo, con la señal en rojo y el protocolo exigía circular “a la vista”. “Se ordena desde el centro de control que reanude la marcha... entre las 8.36 y las 8.53 el tren recorre 25 kilómetros con el Iryo detenido y acaba impactando”, ha explicado. El ministro no ha aclarado si dimitirá y ha asegurado que ha identificado al operario que habría dado la orden, pero no ha hablado personalmente con él.

“Peor que Adamuz”

Hospitales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Madrid han hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre de todos los grupos para atender a los heridos, mientras los vecinos de localidades cercanas como Marjaliza o Urda se han volcado en el rescate, trasladando a los afectados en sus propios coches y abriendo agujeros en las vallas para facilitar la evacuación. “Por lo visto ha sido horrible, peor que Adamuz”, relataba una vecina citando el último siniestro fatal que se produjo en la misma línea el pasado enero en Córdoba (Andalucía). Los testimonios de los supervivientes describen escenas de pánico.

Es el tercer siniestro ferroviario con víctimas mortales en el Estado español en lo que va de año, tras la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos, y el descarrilamiento de Gelida (Barcelona, Catalunya) dos días después, con un joven maquinista fallecido. Además, la línea siniestrada es la misma en la que se produjo el accidente de Adamuz. Los sindicatos de maquinistas, como SEMAF, habían advertido por escrito a Adif de “innumerables agujeros en la vía” y de la necesidad de reducir la velocidad en varios tramos, alertas que fueron ignoradas. La acumulación de fallos mortales en menos de un año, con un balance provisional de más de 120 fallecidos, vuelve a poner el sistema ferroviario en medio del debate público.

El acusado, que no tenía antecedentes penales registrados, utilizó la red social Instagram para contactar con al menos tres chicas y un chico de entre 13 y 14 años, a los que ocultó su verdadera identidad para ganarse su confianza. El relato de la acusación describe una dinámica de manipulación y abuso de poder sistemática. El militar se haría pasar por un menor de 17 años para embaucar a las víctimas y conseguir que le enviaran imágenes y vídeos de contenido sexual.

Muchas de las víctimas presentaban situaciones de alta vulnerabilidad previa, que el acusado habría aprovechado para darles instrucciones expresas sobre las prácticas sexuales que debían grabarse y autoproducirse. Para ello, habría utilizado tres cuentas falsas, cambiando de identidad y de género según le convenía, y les remitiría previamente imágenes suyas desnudo o en actitudes sexuales para coaccionarlas. La acusación afirma que el acusado conocía la edad real de las menores y fingía otra identidad para ganarse su confianza y empezar a exigir las prácticas sexuales online.

La investigación, que se encuentra en prisión provisional desde el 27 de marzo de 2025 por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea, permitió incautar el teléfono móvil del acusado el 21 de febrero de 2025. En sus dispositivos, los agentes encontraron 3.003 archivos de contenido audiovisual protagonizados por menores de edad, en escenarios que evidencian explotación, sometimiento y abuso sexual, incluyendo agresiones de contacto físico con adultos. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita la prohibición de acceso a Instagram y a sus perfiles, órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas durante más de 30 años, y una indemnización de entre 30.000 y 40.000 euros por las secuelas psicológicas.

La punta del iceberg de la violencia sexual en las fuerzas armadas y policiales

Paralelamente, un guardia civil ha sido condenado, también en Iruñea, por violar y controlar a su pareja con discapacidad del 52%, lo que deja entrever un iceberg de una violencia machista estructural en FFCCS del Estado. En la misma ciudad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) denunció el pasado enero que la Policía Nacional manipuló pruebas de dos violaciones, presumiblemente por vínculos personales de algunos agentes con los implicados. A nivel estatal, los datos del fanzine SinPoli evidencian que los policías son el cuerpo de funcionarios con más condenados por delitos graves, pero su tasa de condenas es hasta tres veces inferior a la de la población general, lo que revela un “enorme manto de encubrimiento” institucional. Prueba de esta sobrerrepresentación letal es que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina en 2026. A esto se suman las numerosas tramas de narcotráfico que salpican a altos mandos y el uso irregular del sistema VioGén en Santander y Granada para proteger a agresores, un caso que, precisamente esta misma semana, la Fiscalía ha considerado “no constituyente de delito”.

El choque por alcance entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha movilizado un enorme dispositivo de emergencia, con la intervención de la UME, bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han hecho un llamamiento público a la “prudencia” y a “esperar los resultados de la investigación judicial”, que ya está en marcha en los juzgados de Orgaz.

Fuentes gubernamentales filtran información señalando a trabajadores

Sin embargo, parece ser que algunos miembros del propio gobierno no se aplican a sí mismos esa exigencia de prudencia institucional para los demás: fuentes del Ejecutivo han filtrado a medios como elDiario.es las presuntas “causas del siniestro”. Según estas versiones, el accidente se habría producido por un “error humano” precedido de un fallo técnico del sistema de señalización LZB. El relato extraoficial sostiene que, “tras el fallo del sistema automatizado, el centro de control de Atocha pasó a modo manual y un operador ordenó al maquinista del AVE que rebasara un semáforo en rojo, a pesar de que la vía estaba ocupada por el tren de Iryo, y que lo hiciera a velocidad normal en lugar de a la vista como marca el protocolo”. Esta versión no ha sido corroborada oficialmente por el Gobierno y el maquinista del tren de Renfe no puede defenderse de las acusaciones que se vierten contra él, porque se encuentra desaparecido.

El Gobierno español ha señalado al eslabón más débil de la cadena, el trabajador, y ha evitado hacer comentarios sobre el contexto general de desmantelamiento y liberalización del sector ferroviario. El Ejecutivo evita asumir su responsabilidad en la gestión de una red que ha sido entregada a empresas privadas (Iryo, Ouigo) sin haber reforzado las inversiones en mantenimiento y seguridad como piden los trabajadores en numerosas reclamaciones sindicales de los últimos años.

Tres siniestros ferroviarios mortales en 9 meses

El accidente de Urda es ya el tercero con víctimas mortales en menos de un año, tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en enero, que dejó 46 muertos, y el descarrilamiento de Gelida (Barcelona), que se llevó la vida de un joven maquinista. Los sindicatos de maquinistas ya habían alertado de “innumerables agujeros en la vía” y de la necesidad de reducir la velocidad en varios tramos, advertencias que fueron ignoradas por Adif y el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza.

El choque por alcance entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo que se encontraba parado en la vía, a la altura de la localidad toledana de Urda, ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y un número aún indeterminado de heridos graves.

Ante la magnitud de la catástrofe, la Asociación de Donantes de Sangre de la Comunidad de Madrid (ADOSAM) ha hecho un llamamiento urgente en redes sociales y medios de comunicación a acudir a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Madrid a donar sangre de todos los grupos. “Es necesario reponer reservas urgentemente. Y en Madrid estamos sin reservas de muchos grupos”, ha advertido la asociación, que ha subrayado que la sangre “llegará a quien la necesita desde Madrid, si hace falta, en los hospitales de Toledo y Ciudad Real”. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha habilitado sus puntos fijos de donación, como el del Hospital General Universitario de Albacete, ante la necesidad de atender a los heridos.

“Dantesco”

Las primeras investigaciones apuntan a un fallo del sistema de seguridad LZB, que habría estado caído durante unos minutos. Durante ese tiempo se activó el sistema de respaldo (bloqueo de seguridad lateral), que permite circular a velocidad reducida pero depende de las órdenes del centro de control. Según las fuentes consultadas por la SER, a pesar de que el semáforo estaba en rojo y la vía ocupada por el tren de Iryo, se dio la orden al maquinista del AVE de continuar, lo que provocó la colisión. El maquinista del tren de Renfe se encuentra desaparecido en estos momentos, ya que no han podido contactar con él durante toda la mañana. El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, ha descrito la escena como “dantesca”, con vagones caídos en el terraplén y “alguna mutilación”.

Mientras se espera el balance definitivo de víctimas, la prioridad es atender a los heridos y esclarecer las causas de un fallo de seguridad que ha costado decenas de vidas.

Respuesta insitucional

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Territorial en fase de Emergencia Situación Operativa 1, y el Ministerio del Interior ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME) a petición de la Junta. En la zona se encuentran efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, helicópteros sanitarios y UVIs.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha suspendido su agenda y se ha dirigido al centro operativo, mientras Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para familiares de afectados.

Tercer siniestro ferroviario mortal en un año

Este siniestro es el tercer siniestro ferroviario con víctimas mortales en el Estado español en lo que va de año, tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en enero, que dejó 46 muertos, y el descarrilamiento de Gelida (Barcelona) dos días después, con un maquinista fallecido. Además, la línea siniestrada en esta ocasión es la misma en la que se produjo el accidente de Adamuz.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han respondido cargando con gases lacrimógenos, pelotas de goma y salvas para despejar las vías, provocando momentos de enfrentamientos y tensión. Alrededor de las 6:00, los antidisturbios han impedido el paso de un camión de bomberos y han detenido a dos delegados sindicales de UGT y CSIF, pertenecientes a las empresas auxiliares Maessa Naval e Imasa, acusados de un presunto delito de “atentado a la autoridad”, según han denunciado los sindicatos y las organizaciones de trabajadores.

La patronal no cede por las buenas

El origen del conflicto se remonta a la negativa de la patronal FREMM a desbloquear el convenio colectivo, caducado desde enero de 2026. Tras diez horas de reunión en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) el pasado lunes, los sindicatos UGT, CCOO y USO dieron por rotas las negociaciones ante la intransigencia de la patronal, que mantiene la oferta del preacuerdo de julio. Pero la clave del pulso no es solo el porcentaje de subida salarial (los sindicatos exigen un 4,5% con revisión ligada al IPC y la patronal ofrece un 15% acumulado a cuatro años), sino las cláusulas de “compensación y absorción” de los pluses. Los trabajadores denuncian que estas cláusulas permiten una maniobra típica de la patronal: diluir las aparentes subidas salariales utilizando otros conceptos que ya cobran las plantillas, por lo que el aumento real de los ingresos sería inexistente. Además, exigen que se mantenga el complemento por Incapacidad Temporal y garantías de subrogación para las plantillas de las auxiliares de Navantia.

“¡Ni un paso atrás en la lucha del metal!”

Mientras los sindicatos cifran el seguimiento en un 80%, la patronal FREMM lo reduce a un 2,8% para intentar deslegitimar la huelga y calificar las concentraciones de “ilegales”. El delegado del “Gobierno progresista”, Francisco Lucas, ha pedido “responsabilidad” a los sindicatos y ha desplegado un dispositivo policial “preventivo” para garantizar el “orden público” y el “derecho al trabajo”, es decir, para proteger los accesos a las factorías de Repsol y Navantia y permitir que los camiones cisterna y los esquiroles rompan el bloqueo.

La represión sirve, por tanto, como una herramienta política del Estado para garantizar que la producción y los beneficios de las corporaciones energéticas y militares no se detengan, mientras los trabajadores del metal ven cómo su poder adquisitivo se desploma y sus condiciones laborales se precarizan. Los piquetes de Cartagena, que resisten a las cargas policiales y a las detenciones, defienden las condiciones de vida de la clase trabajadora frente a una patronal que se niega a repartir los beneficios extraordinarios que acumula gracias al proceso de rearme histórico impulsado por el “Gobierno progresista” para cumplir con las órdenes de la OTAN y EEUU.

La reunión prevista para esta tarde en la OMAL apunta a ser otro test de la intransigencia de FREMM, que por el momento sigue confiando en la fuerza de la policía para salvaguardar sus intereses económicos. Los huelguistas han llamado a mantener las movilizaciones y han advertido de que no darán “ni un paso atrás” en la defensa de sus derechos.

El impacto de ambos trenes ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones, que han caído por un terraplén, y ha dejado un balance preliminar de decenas de muertos y numerosos heridos, según fuentes de la investigación citadas por elDiario.es. La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla permanece totalmente interrumpida, y Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los viajeros afectados.

“Horrible”

Las cifras de víctimas no están consolidadas y evolucionan con el paso de las horas. Fuentes de la Guardia Civil hablan de cuatro vagones implicados o descarrilados, y testigos presenciales han descrito la situación como “horrible”. El Gobierno central ha calificado el accidente de “muy grave” y ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase operativa. En la zona trabajan bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos UVIs. El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha habilitado un pabellón municipal para atender a los afectados, ante la limitación de medios de un municipio pequeño. Las autoridades han evitado confirmar el número exacto de pasajeros que viajaban en ambos convoyes, que se estima en varios cientos.

En la misma línea del siniestro de Adamuz

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda oficial, al igual que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la portavoz y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Los Yébenes se han desplazado al lugar de los hechos. Todos los partidos políticos de la región han suspendido sus agendas y ruedas de prensa. Aún no se ha facilitado aún un balance oficial definitivo de víctimas ni detalles sobre las causas del siniestro, que podrían apuntar a un fallo técnico, de señalización o un error humano, extremos que no han sido confirmados. La línea siniestrada es la misma en la que se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado enero, aunque las circunstancias son distintas.

Mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, la prioridad inmediata se centra en la atención a los heridos y la localización de posibles personas atrapadas entre los restos de los vagones. La interrupción de la línea de alta velocidad, eje estratégico para la movilidad entre el centro y el sur de la península, tendrá un impacto significativo en la jornada. Las autoridades han hecho un llamamiento a la “prudencia” y a no difundir información no contrastada, mientras se espera un balance oficial que aclare la dimensión real de otro desastre ferroviario más que ha conmocionado al país.

Tres siniestros ferroviarios mortales en un año

Este siniestro ferroviario es el tercero con víctimas mortales que se registra el Estado español en lo que va de año. El primero tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz cuando el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia dejó 46 muertos y más de 120 heridos. Apenas dos días después, el 20 de enero, un tren descarriló en Gelida (Barcelona, Catalunya) tras la caída de un muro sobre la vía, causando la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos.

El relato de los hechos desmonta cualquier atisbo de relación consentida. El agente, que ejercía en la capital navarra, conoció a la víctima en septiembre de 2023 y, desde el principio, “con el pretexto de preocuparse y de querer cuidarla y protegerla, estableció un férreo control sobre ella”. Le obligó a cambiar el PIN de su teléfono por el suyo, controlaba con quién, dónde y cuándo estaba, la aisla de su familia y amigos, y le reñía si hacía algo que no le gustaba. Incluso colocó un dispositivo de geolocalización (Airtag), material habitual en el cuerpo policial, en el vehículo de ella para saber en todo momento dónde estaba. En una ocasión, tras una boda, mantuvieron relaciones consentidas hasta que él empezó a actuar con violencia; ella le pidió que parara hasta en tres ocasiones porque le hacía daño, pero él siguió agarrándola y haciendo caso omiso, causándole múltiples moratones que ella tuvo que ocultar al día siguiente.

A pesar de que el guardia civil maltratador accedió hasta en cinco ocasiones a las bases de datos policiales para conocer información de la víctima, la Sala lo absuelve del delito continuado de descubrimiento de secretos. El tribunal argumenta que “no ha quedado acreditado que accediera a datos personales e íntimos”, pero reconoce en el fallo que “la falta de justificación real de los accesos incide en su ánimo de controlarla” y que “el hecho de que se valiera de su posición como guardia civil incrementa la angustia de la denunciante en la medida en que resulta expresivo del poder que puede tener sobre ella”.

La delincuencia policial: el elefante en la sala

Según datos del fanzine SinPoli, los policías son el cuerpo de funcionarios con más condenados por delitos graves en el Estado español, aunque su tasa de condenas es hasta tres veces inferior a la de la población general (1,87 por cada 1.000 frente a 5,78), evidenciando un “enorme manto de encubrimiento” institucional.

El caso de Iruñea es otro ejemplo más de la violencia machista estructural específica dentro de los cuerpos policiales. Sin ir más lejos, el Tribunal de Estrasburgo denunció el pasado enero que, en la misma ciudad, la Policía Nacional española manipuló pruebas de dos violaciones, presumiblemente por vínculos personales de algunos agentes con los implicados.

Una recopilación más amplia de casos de 2026 revela que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina, copando por momentos el 5,41% de los feminicidios siendo solo el 0,30% de la población. A esto se suman las tramas de narcotráfico que salpican a altos mandos y el uso irregular del sistema VioGén en Santander (Cantabria) y Granada (Andalucía) para proteger a agresores, conductas parecidas a la del guardia civil de Iruñea. Esta misma semana, la Fiscalía ha desestimado el caso de Granada.

La versión oficial que justificó este despliegue se sostiene sobre mentiras. El Ayuntamiento de Gasteiz (PSOE-PNV) y el diario El Correo afirmaron que la familia había “rechazado una alternativa habitacional”. La realidad, denunciada por el sindicato, es que los Servicios Sociales les ofrecieron una lista de apartamentos turísticos y les obligaron a buscar en el mercado libre sin éxito. Un día antes del desahucio, les ofrecieron el albergue municipal, un recurso para personas sin hogar que solo abre de 20:00 a 08:00 horas y con literas compartidas, lo que no es adecuado para menores. La familia aceptó esa opción el mismo día en que fue expulsada. Además, el sindicato desmintió el bulo de El Correo sobre una supuesta ayuda de 2.450 euros mensuales, una cifra falsa destinada a “generar odio hacia las personas racializadas” y a ocultar que la legislación vasca prohíbe desahuciar a familias con menores sin una alternativa real.

Dineral derrochado en represión y precariedad del parque de vivienda pública

El Ayuntamiento de Gasteiz, a través de Ensanche 21 Zabalgunea, gestiona apenas 402 viviendas públicas. La red de acogida municipal para personas en riesgo de exclusión cuenta con 135 plazas en 24 pisos, a las que se suman 43 plazas en 14 pisos de acogida, y el complejo de San Prudencio suma 78 plazas y 17 camas para mayores. El Gobierno Vasco, por su parte, gestiona 6.784 viviendas en alquiler a través de Alokabide. Cifras irrisorias si se tiene en cuenta que, por cada vivienda anunciada en Idealista en Gasteiz, se presentan una media de 131 solicitudes, y que las familias racializadas y migrantes enfrentan aún más barreras para acceder a un alquiler.

Viviendas públicas vendidas a fondos

Mientras el Consistorio financia con decenas de miles de euros el desalojo de una familia trabajadora, sigue entregando el patrimonio público a fondos de inversión. En 2025, la “Obra Social la Caixa” vendió 96 viviendas públicas en Zabalgana/Mariturri al fondo privado Farley ITG S.L. En abril de 2020, Vitalquiler (Caja Vital/Kutxabank) vendió 500 Viviendas de Protección Oficial en Salburua y Zabalgana al fondo sueco Catella por 51 millones de euros. Y en agosto/septiembre de 2026, el propio Ayuntamiento de Gasteiz vendió 5 viviendas municipales y un local comercial en la Calle Cubo, 10, a la promotora alavesa Construcciones y Explotaciones Rogado por 364.924 euros, sin ningún tipo de condición de protección ni de reventa.

En definitiva, el Gobierno Vasco dice que no tiene dinero para garantizar el derecho a la vivienda, pero sí que lo tiene para financiar un despliegue policial masivo que expulsa con violencia a seis menores y sus progenitores de su hogar mientras restringe el acceso a la vivienda de emergencia y entrega parte del parque de vivienda pública a especuladores.

Según informan El País, elDiario.es y Reuters, la Policía Federal canceló sus documentos brasileños, pero el Departamento de Estado de EEUU confirmó que le concederá visados a él y a su familia, en una decisión que fuentes estadounidenses ligan directamente con la autorización del presidente Donald Trump. El político llegó a Florida para reunirse con su hermano Eduardo, quien reside en el país y ejerce como lobista ante la Casa Blanca.

La huida, anticipada por el entorno de Bolsonaro a medios locales, se produjo tras una jornada de rumores y contradicciones. El propio Flávio había declarado el lunes: “Mi lugar está al lado del pueblo brasileño, enfrentando los desafíos del país”, asegurando que entregaría sus pasaportes y se defendería de lo que calificó como una “farsa” y un “claro intento de intimidarme”. Su director de campaña, Rogério Marinho, llegó incluso a negar la fuga, y el Gobierno de Argentina desmintió que hubiera entrado en su territorio, aunque los rastreos apuntan a que utilizó la triple frontera para tomar un vuelo privado.

Sobre el líder ultraderechista pesan múltiples investigaciones: el STF indaga una trama de lavado de dinero con apuestas en línea vinculada a su amigo, el abogado Willer Tomaz, y otra causa investiga si utilizó 134 millones de reales (unos 25 millones de euros) del banquero Daniel Vorcaro, en prisión por el mayor escándalo financiero de Brasil, para financiar una película sobre su padre y desviar fondos a EEUU. Al perder su escaño de senador, Flávio pierde también el fuero privilegiado, lo que acelera su huida para evitar la cárcel.

El presidente Lula da Silva lamentó la fuga y cargó contra la sumisión de la familia Bolsonaro al poder estadounidense. “Podría haberse quedado y demostrar que las acusaciones no son ciertas”, declaró el mandatario, quien ironizó sobre su relación con Washington: “Brasil es su segundo hogar, su primer hogar es Estados Unidos”. Lula calificó la huida de “vergonzosa” y criticó la falta de respeto a los electores y a la democracia, en un contexto en el que el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se vio obligado a reconocer tácitamente la victoria de Lula para no quedar completamente deslegitimado.

Mientras su padre, Jair Bolsonaro, cumple condena en Brasil por intentar dar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, Flávio escapa hacia el país que financió y apoyó los intentos de desestabilización. Además, Bolsonaro se vale de su doble nacionalidad italiana y sus contactos con el gobierno de Trump para evadir la acción de la justicia. La impunidad de la que gozaba como senador ha terminado, y la única respuesta que el clan Bolsonaro ha encontrado es abandonar el compromiso con los millones de votantes que les dieron su apoyo y buscar refugio en el mismo lugar desde donde se orquestó la injerencia contra la soberanía de Brasil.

En 2025, la tasa de carencia material y social severa se situó en el 8,1% de la población, una cifra que, lejos de mejorar, constata que la aparente expansión de la economía no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta métrica, que sustituye al antiguo indicador de carencia material severa, ya no solo mide la falta de bienes básicos, sino también en otros aspectos que suelen pasarse por alto, relacionados con la imposibilidad de participar en la vida social: no poder reunirse con amigos, no tener dinero para gastos propios o no poder reemplazar la ropa y el calzado.

Los hogares con niños, en niveles de privación material 1,5 puntos por encima de la media

La cara más cruel de esta realidad la sufren los hogares trabajadores con niños. Los indicadores de carencia en las familias con menores de 16 años son sistemáticamente superiores a la media: un 8,5% en carencia material (frente al 7,6% general) y un alarmante 10,7% en carencia material y social (frente al 8,1%). En la media del periodo 2015-2025, estos hogares han presentado niveles de privación material 1,5 puntos por encima de la media y 3 puntos más en la versión social. El sistema no solo es incapaz de proteger a la infancia, sino que la condena a la exclusión, mientras el discurso sigue insistiendo en la bonanza macroeconómica. El segmento de población de entre 30 y 64 años, el más activo laboralmente, se sitúa en la media (8% y 8,8%), lo que vuelve a dejar en evidencia que tener empleo ya no es garantía de salir de la pobreza, principalmente a causa de los precios del alquiler y de la vivienda en general.

Supera con holgura la media europea

Lejos de converger con la media de Europa, el Estado español se hunde cada vez más en el ranking de la miseria. En 2015, el país ocupaba el decimoquinto lugar de los 27 Estados miembros en tasa de privación material y social severa, con un 7,4%, por debajo de la media europea (9,7%). Diez años después, en 2025, escala hasta el quinto puesto, con un 8,1% que supera ampliamente la media de la UE (6,3%). La nota de Funcas señala que España es uno de los pocos países donde la carencia material y social severa ha crecido o permanecido estable en la última década, mientras que las mayores caídas se han dado en países de Europa del Este que partían de tasas iniciales mucho peores a finales de los años 90 y principios de los 2000 tras la caída del socialismo. El modelo económico español, basado en la precariedad, los bajos salarios y la especulación inmobiliaria, se revela incapaz de revertir una tendencia estructural que castiga a los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora.

Brecha socioeconómica generacional

El cambio metodológico introducido por Eurostat (que eleva el umbral de 4 a 7 carencias de una lista ampliada) sirve para identificar que la pobreza en el Estado español es cada vez más profunda y afecta a esferas antes impensables. La única excepción relativa se encuentra en los mayores de 65 años, cuya tasa de carencia material y social severa se sitúa en el 4,7%, por debajo de la media europea. Sin embargo, esto se debe principalmente a la protección de las pensiones públicas, una tendencia que apunta a una brecha socioeconómica generacional: más privación entre los menores que entre los mayores. El crecimiento nominal del PIB y la reducción del desempleo en los datos del INE y del Ministerio de Trabajo no sirven de consuelo para millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas ni participar de la vida social. El Gobierno dice que la economía crece, pero los datos promenorizados indican que es un crecimiento de suma cero.

El resultado de los partidos árabes, el mejor de su historia, refleja un voto de castigo de una comunidad que sufre la violencia institucional, el abandono estatal y la discriminación racial. Sin embargo, su capacidad de influencia real es nula en el sistema de apartheid. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, ha calificado de “vergüenza” cualquier alianza con los partidos árabes, a los que acusa de ser “antisionistas” y “contrarios a nuestra existencia”. Su rival, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, también ha descartado gobernar con ellos alegando una “falta de valores compartidos”. Los partidos árabes solo pueden ofrecer una “red de seguridad” externa para facilitar la investidura de un gobierno anti-Netanyahu, pero sin participar en el ejecutivo. Son, en la práctica, rehenes de un sistema que los necesita para bloquear al primer ministro pero que les niega el derecho a gobernar.

Régimen de apartheid de un etnoestado

Lejos de representar un cambio real, la disputa entre Netanyahu y Eisenkot se circunscribe a dos facciones del mismo proyecto colonial. Eisenkot, que dirigió el ejército israelí en operaciones contra la población palestina, promete un “gobierno sionista de servicio nacional” que no cuestiona la ocupación de Cisjordania, el genocidio descarnado de Gaza ni las leyes de discriminación racial. Netanyahu, por su parte, ha centrado su campaña en la “amenaza de Irán” y en la “oportunidad histórica” de “eliminar su programa nuclear” con el respaldo de Donald Trump, sin mencionar los crímenes de guerra cometidos en Gaza. La diferencia entre ambos radica en diferentes modelos de gestión del régimen de apartheid.

La realidad que queda fuera de las urnas es la de los tres millones de palestinos que viven bajo ocupación en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, a los que se les niega el derecho al voto y cualquier capacidad de decidir sobre sus vidas. Para ellos, el resultado de estas elecciones es irrelevante: tanto si gobierna Netanyahu como si lo hace Eisenkot, la ocupación, la colonización y la violencia sionista continuarán. El sistema político israelí, diseñado para preservar la supremacía, no puede producir un cambio real porque ese cambio implicaría el fin del propio régimen.

¿Hacia una nueva crisis política?

Las perspectivas para desbloquear la situación pasan por varias vías, y todas ellas son complejas. La primera es que Netanyahu logre atraer a algún partido centrista del bloque rival para alcanzar los 61 escaños, una opción difícil pero no descartada. La segunda es que Eisenkot acepte el apoyo externo de los partidos árabes para formar un gobierno en minoría, una posibilidad que el propio Eisenkot ha rechazado hasta ahora. La tercera es un gobierno de unidad nacional con rotación en la presidencia, una opción que ambos líderes han descartado públicamente. Y la cuarta es el estancamiento total y la convocatoria de nuevas elecciones, un escenario que beneficiaría a Netanyahu al mantenerse como primer ministro en funciones. En cualquier caso, los partidos árabes, a pesar de ser decisivos numéricamente, están condenados a un papel subalterno en un sistema que los considera ciudadanos de segunda clase.

El representante de Washington, lejos de abordar el impacto del cerco económico, respondió con arrogancia. “Sé que no te gusta escuchar esto. Esto es Estados Unidos, amigo mío. Estas son las Naciones Unidas. Esto no es una dictadura comunista. No puedes silenciarme ni a mí ni a mis colegas”, espetó Waltz, al tiempo que advertía: “¡Retroceda, embajador! ¡Retroceda! Esto no es La Habana. No me vas a intimidar”. El discurso estadounidense, cargado de referencias a supuestos “relojes Rolex” y a los campos de trabajo de la UMAP, trató de desviar la atención sobre el único tema que se debatía: la política de castigo colectivo que Washington impone a la isla desde hace más de seis décadas. La delegación cubana calificó la intervención de Waltz de “mentira descarada” y “actitud indigna”.

La Asamblea General de la ONU debate desde este martes, precisamente, por trigésima cuarta ocasión, la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero. La votación, prevista para este miércoles, se produce en medio del recrudecimiento de las medidas coercitivas y de denuncias del Gobierno cubano sobre presiones de la Administración de Donald Trump para condicionar el voto de las delegaciones, según recogen Cubadebate y Granma.

El informe presentado por la isla caribeña cifra los daños del bloqueo contra el pueblo cubano a niveles récord entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en 8.083,3 millones de dólares, un 7% más que el periodo anterior, y eleva la estimación de pérdidas acumuladas en más de seis décadas a 178.700,5 millones. El texto destaca que, de no existir estas medidas, el producto interno bruto cubano habría sido 10,8% superior en 2025, por lo menos. “El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de la nación caribeña”, recordaron numerosas delegaciones en la sala.

Faltan 300 de los 395 fármacos básicos

El impacto del cerco se traduce en una asfixia cotidiana que padece el pueblo cubano. El informe recogido por Granma detalla que de los 395 fármacos del cuadro básico de salud, 300 están en falta por la imposibilidad de acceder a materias primas e insumos. La mortalidad infantil pasó de 4 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, un dramático aumento del 148%. El documento denuncia que empresas como Abbott, Baxter o Sigma-Aldrich se niegan a comerciar con la isla, generando efectos adversos en tratamientos oncológicos, pediátricos y pruebas médicas. En el transporte, La Habana cuenta hoy con poco más de cien ómnibus cuando necesita 3.000, mientras que el rendimiento del programa arrocero cayó a 1,9 toneladas por hectárea en 2025 frente a las 4,21 de 2018, destruyendo la soberanía alimentaria.

“El ejercicio más cruel y despiadado de reconcentración de toda una población”

El Gobierno de EEUU ha reforzado la política de castigo colectivo formalizando, desde el 29 de enero de 2026, un cerco energético sin precedentes y la imposición de sanciones secundarias contra entidades de terceros países que mantengan vínculos comerciales con Cuba. Esta asfixia se suma a la reinclusión unilateral del país en la lista de “patrocinadores del terrorismo”, todo ello mientras Washington excluye a la Siria gobernada por los herederos directos de Al Qaeda de esa misma lista. Un foro de la sociedad civil en la ONU catalogó el bloqueo como “el ejercicio más cruel y despiadado de reconcentración de toda una población”, mientras que una audiencia parlamentaria en el Instituto Nacional de Oncología denunció los efectos de esta política sobre la salud pública.

“Destruir la Revolución Cubana”

El imperialismo estadounidense mantiene el bloqueo con el objetivo declarado de “destruir la Revolución Cubana”, fomentando carencias, condicionando la política exterior de terceros países, tratando de aislar a Cuba y diseñando planes concretos desde Miami para destruir su sistema y explotarlo económicamente, tal como denuncian las autoridades de la isla. Las presiones de la administración de Donald Trump sobre otros países para que cambien su voto, incluyendo amenazas de visados y aranceles, no han logrado silenciar la condena mayoritaria al bloqueo. Sin embargo, a pesar de que la Asamblea General de la ONU ha aprobado resoluciones formales contra el bloqueo desde 1992, Washington continúa aplicando una política de hechos consumados que vulnera el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados.

Esto, junto con el genocidio que el Estado de Israel sigue cometiendo impunemente contra el pueblo palestino, profundiza en la crisis de legitimidad del organismo internacional, donde una cuarta parte de sus relatores cobra dinero de los Gobiernos a los que debe investigar.

La votación de este miércoles se presenta, por tanto, como una nueva escenificación del antagonismo entre el imperialismo estadounidense y la soberanía del pueblo cubano, aunque con perspectivas muy limitadas de desbloquear la situación.

La respuesta del estado fue la esperada: furgonetas de la Policía Nacional bloquearon el avance de la marcha hacia Gran Vía, lo que derivó en momentos de tensión y cargas con porras contra varios manifestantes, según recogen El País, Público y Europa Press. Los docentes respondieron a la represión con gritos de “No se pega” y “Somos docentes, no delincuentes”. Finalmente forzaron la retirada de la pancarta, entre abucheos.

La huelga indefinida, que arrancó el pasado 14 de octubre, cumplió su novena jornada de paro efectivo. La convocatoria, impulsada por CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT, Solidaridad Obrera y colectivos como Menos Lectivas y Queremos FP, afecta a unos 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que atienden a más de 666.000 alumnos.

Sus reivindicaciones materiales son claras y responden a la asfixia y la desinversión del sistema público: exigen reducir las horas lectivas a 17 en Secundaria y FP y a 22 en Infantil y Primaria (desde las 19 y 25 actuales); bajar las ratios de estudiantes por aula (proponen 13 en Infantil, 15 en Primaria y 20 en Secundaria); una subida salarial de 600 euros mensuales; y reducir la carga burocrática. Los sindicatos cifran el coste de estas medidas en unos 700 millones de euros anuales, lo que según CCOO supone apenas el 2,1% del presupuesto de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid no negocia

Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se mantiene firme en su negativa a ceder. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ni siquiera reconoce al comité de huelga como interlocutor válido y rechaza negociar fuera de la Mesa Sectorial. En una carta a los docentes, Zarzalejo aseguró que las reivindicaciones “no están al alcance” y que “quebrarían el sistema”, al tiempo que defendía el Acuerdo Sectorial de abril de 2025. Por su parte, Ayuso ha calificado la huelga de “política” y ligada a las elecciones sindicales de otoño, tratando de restar legitimidad a la protesta de unos trabajadores que llevan años denunciando la precariedad y la falta de inversión. La el Ejecutivo autonómico del Partido Popular dice defender “la protección del derecho al trabajo” y el “funcionamiento de los centros”.

Madrid es una de las comunidades autónomas con mayor segregación por renta y menor inversión educativa del Estado, mientras los conciertos a la privada y la precariedad laboral siguen creciendo. La respuesta del Gobierno de Ayuso a las demandas de los docentes no es el diálogo, sino la criminalización y la respuesta policial.

En su programa War Room, emitido por Real America’s Voice, Bannon afirmó: “El secretario de Estado y el presidente tienen que salir ahora, cortar relaciones diplomáticas y cerrar todo con Brasil. Nada de comercio, nada. Este es un gobierno marxista globalista ilegítimo”. La declaración se produjo un día después de que Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21%, una remontada histórica tras la primera vuelta.

Bannon: “Si no tomamos medidas, ocurrirá aquí el próximo martes”

Bannon, que ya denunció sin pruebas un “robo” en la victoria de Lula sobre Jair Bolsonaro en 2022, insistió en que las mismas tácticas se aplicarían en las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. “Si no creéis que este robo electoral va a llegar aquí, estáis muy equivocados. Si no tomamos medidas, ocurrirá aquí el próximo martes”, advirtió. Sus mensajes, difundidos también en la red Gettr bajo la etiqueta “Stolen in Brazil” (“Robados en Brasil”), superaron los 20.000 ‘me gusta’ y 5.800 republicaciones en pocas horas y circularon ampliamente en los círculos conservadores estadounidenses y bolsonaristas. El dueño de X, Elon Musk, se sumó a las dudas sin aportar pruebas al escribir “Math doesn’t add up” (“las cuentas no salen”), al tiempo que Donald Trump comentó que “parecía otra elección amañada”.

La ofensiva de Bannon se escuda en la controversia generada por la prórroga de última hora del horario de votación, ordenada por el ministro del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, exabogado de Lula, para compensar problemas de transporte y lluvias en algunas zonas. Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado y anunció que impugnará la victoria de su rival, pero el Tribunal Superior Electoral confirmó la validez del proceso y la seguridad del escrutinio. No se han presentado pruebas concluyentes de fraude generalizado, según las autoridades brasileñas.

Injerencia de EEUU

La reacción de Bannon se suma a la enésima muestra de la estrategia de la extrema derecha internacional, y particularmente la estadounidense: deslegitimar cualquier resultado que no le favorezca, atribuir el triunfo del adversario a una “conspiración globalista”, tratar las elecciones de otros países como si fueran cuestiones de política interna estadounidense y utilizar las instituciones de EEUU para castigar a un gobierno soberano que no cumple con todos sus intereses.

La Policía Federal de Brasil investiga desde octubre el desvío de un millón de dólares del Departamento de Estado a un programa para “combatir el lawfare” y desestabilizar al Poder Judicial brasileño, una intromisión que se suma a una extensa tradición injerencias, como el espionaje de la NSA a Dilma Rousseff, la colaboración del FBI en la operación Lava Jato que encarceló a Lula en 2018 y el histórico apoyo de la CIA al golpe militar de 1964 contra João Goulart.

La jueza ve “indicios racionales”

Esta petición de archivo choca frontalmente con la instrucción de la jueza, quien procesó a los ocho agentes por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La magistrada sostiene que existen “indicios racionales” de que realizaron las consultas no autorizadas entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, pese a que la protección de la mujer correspondía en exclusiva a la Guardia Civil. La Policía Local de Granada, subraya el auto, “no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica”. Entre los procesados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores, además de cinco agentes de esta unidad “especializada en violencia de género”.

La instrucción concluye que el entonces jefe de la Policía Local dio una orden verbal para recabar información con el objetivo de promover un expediente interno contra la expareja de la víctima, el subinspector maltratador que recientemente ingresó en prisión tras haber quebrantado la orden de alejamiento en reiteradas ocasiones y con otras diez causas judiciales pendientes por violencia machista, corrupción, amaño de oposiciones y el acceso ilegal.

Aunque el expediente administrativo quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, las entradas ilegales en la plataforma continuaron. La jueza reconoce y destaca que estas consultas generaron en la afectada “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja”, vulnerando su derecho a conservar sus datos en secreto. La causa se abrió cuando la propia mujer se atrevió a dar el paso de interponer una denuncia en julio de 2024, al sospechar que los agentes accedían de forma irregular a su expediente.

La semana pasada, un juzgado de Santander (Cantabria) abrió juicio oral contra otro policía local por acceder repetidamente a VioGén para intentar rebajar el nivel de riesgo de una víctima y beneficiar a su agresor (que era su arrendador).

Los policías son los funcionarios que más delitos graves cometen y los que menos condenas reciben. Incluso con un sesgo judicial y policial favorable que reduce hasta tres veces su tasa de condenas frente al resto de la población, 201 policías han perdido su plaza desde 1996 por delitos graves.

Desde primera hora de la mañana, la lucha obrera ha escalado con la paralización del Valle de Escombreras, en Cartagena. Trabajadores de la refinería de Repsol han bloqueado los accesos a las carreteras aledañas a la planta, una infraestructura estratégica para el capital energético en la región. Según recoge Diario La Protesta, agentes de la Guardia Civil, equipados con material antidisturbios, han tratado de hacer retroceder al piquete para despejar la vía y garantizar la actividad de la empresa petrolera.

El origen material del conflicto radica en la negativa de FREMM a eliminar del convenio las cláusulas de “compensable y absorbible” aplicadas a los pluses salariales. Los sindicatos denuncian que mantener estos términos permite a las empresas neutralizar los incrementos pactados, compensándolos con otros conceptos que las plantillas ya perciben. En un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, la patronal ofrece subidas nominales que en la práctica no se traducen en un aumento real del poder adquisitivo. A esta trampa salarial se suman las diferencias sobre el plus industrial y los complementos por incapacidad temporal, puntos que llevaron a la asamblea de delegados a rechazar el preacuerdo alcanzado en julio (que contemplaba un incremento acumulado del 15% hasta 2029) con un 50,85% de votos en contra.

La huelga ha sido respaldada por 130 delegados frente a los 22 que abogaban por un paro limitado a cinco días. La UEA de Navantia ha agradecido el compromiso de los trabajadores y ha insistido en la necesidad de mantener la movilización y la unidad por encima de las diferencias entre empresas del sector.

La protesta llega en medio del debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la renovación del mandato de la MINURSO, que expira el 31 de octubre. Washington, como ponente del expediente, ha circulado un borrador inicial (“draft zero”) que califica la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como la “única solución viable” (parecida a la terminología empleada por el Gobierno español para justificar la misma decisión), y considera este borrador como base. Esta imposición ha sido recibida como una “desviación peligrosa” por el representante del Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, quien ha advertido en una carta al Consejo de Seguridad que, si se aprueba el texto sin cambios sustanciales, la organización se retirará del proceso de paz, reafirmando que la soberanía pertenece al pueblo saharaui y que el referéndum es innegociable.

El texto estadounidense va mucho más allá de una simple prórroga y supone una amenaza directa al proceso de descolonización. El borrador propone cambiar el nombre de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) por el de “Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental” (MINUSO), eliminando así cualquier referencia al referéndum. Además, plantea poner fin a su mandato como operación de “mantenimiento de la paz” el 30 de abril de 2027 y transformarla en una misión política especial durante seis meses. El texto también exige reducir en al menos un 50% el número de efectivos uniformados antes del 31 de enero de 2027, junto con una retirada gradual del personal y el cierre de varias instalaciones. Este planteamiento, que vacía de contenido la misión creada en 1991 teóricamente para organizar la consulta de autodeterminación, suscita una profunda preocupación por el futuro del derecho del pueblo saharaui.

Respuesta del Frente Polisario

En una carta enviada el 19 de octubre a la presidenta del Consejo de Seguridad, el representante del Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, subrayó que el proceso de descolonización sigue sin resolverse y que cualquier solución debe garantizar el ejercicio de la autodeterminación. El documento cita la Resolución 2797 de 2025, que exige una salida compatible con la Carta de la ONU, y recuerda la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Omar advirtió de que el borrador estadounidense “no puede servir de base para deliberaciones” y que, si se aprueba sin cambios sustanciales, el Polisario no tendrá “otra opción que retirarse del proceso de paz en su conjunto”. Las manifestaciones en Tinduf continúan el 27 de octubre en Bojador y el 29 con una gran marcha nacional en Auserd.

Historia de un abandono

El origen de la guerra de liberación nacional se remonta a 1975, cuando España se retiró de su última colonia en África y Marruecos ocupó militarmente la mayor parte del territorio, rico en fosfatos y con aguas pesqueras codiciadas. El Frente Polisario proclamó la RASD en 1976 y libró la lucha armada contra las fuerzas ocupantes hasta el alto el fuego de 1991, cuando la ONU desplegó la MINURSO para organizar un referéndum de autodeterminación que nunca se celebró por el bloqueo del censo electoral impuesto por el régimen de Rabat. Tras la ruptura del alto el fuego en 2020, Marruecos ocupa entre el 75% y el 80% del territorio al oeste del muro militar, mientras más de 100.000 refugiados sobreviven en los campamentos de Tinduf, administrados por el Polisario desde hace casi cincuenta años.

Mientras las potencias imperialistas y sus aliados marroquíes pretenden imponer sus intereses estratégicos en el norte de África, el pueblo saharaui se niega a ser borrado del mapa. Si finalmente EEUU y sus aliados imponen formalmente la ocupación marroquí, la paciencia de un pueblo cansado de promesas rotas podría tener un límite.

La tasa de víctimas registradas se sitúa en 20 por cada 10.000 mujeres. De todas ellas, el 65,35% eran españolas y el 34,65%, extranjeras, lo que evidencia la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes ante la violencia machista, en un contexto donde el acceso a derechos y la protección institucional se ven condicionados por la situación administrativa. Además, 113 menores quedaron identificados como víctimas en las denuncias, un 7,6% más que en el mismo trimestre de 2025.

Un dato especialmente preocupante del informe es el aumento de las mujeres que se acogieron a la dispensa legal de la obligación de declarar contra sus agresores: un 3,3% más que en 2025, hasta alcanzar las 5.732 mujeres, lo que representa el 11,44% del total de víctimas. Esta cifra expone las condiciones materiales de dependencia económica, miedo y falta de redes de apoyo que enfrentan las mujeres, así como la desconfianza hacia un sistema judicial que las revictimiza. La inmensa mayoría de las denuncias (siete de cada diez) fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que solo el 1,52% procedieron de su entorno.

A pesar de la alta tasa de condenas (16.553 sentencias, de las cuales 13.676 fueron condenatorias, el 82,62%), el sistema sigue mostrando fisuras en la protección institucional. Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron un 93,78% de condenas, mientras que las audiencias provinciales se quedaron en el 77% y los juzgados de lo penal en el 71,81%.

En cuanto a las medidas de protección, se solicitaron 12.143 órdenes y se adoptaron 8.389, lo que supone que se denegaron casi un tercio de las peticiones. Del total de mujeres que solicitaron protección, 6.283 eran españolas (60,5%) y solo 49 eran menores de edad. Los tribunales dictaron además 14.902 medidas cautelares penales, siendo las más frecuentes el alejamiento (6.072) y la prohibición de comunicación (5.743).

Por comunidades autónomas, las tasas más altas se registraron en Balears (29,4), País Valencià (23,9), Madrid (23,8), Canarias (23,7), Nafarroa (23,6), Andalucía (22,6), Murcia (20,5) y Asturies (20,1), todas por encima de la media estatal. Las cifras muestran una violencia estructural que se recrudece en un contexto de empobrecimiento, crisis de la vivienda y recortes en los servicios públicos. La respuesta del Estado se limita mayormente en el ámbito punitivo y judicial, mientras las condiciones materiales que atrapan a las mujeres (salarios de miseria, alquileres inasumibles, falta de plazas en casas de acogida) permanecen intactas.

Sin embargo, según ha denunciado el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, el Ayuntamiento (PSOE-PNV) y varios medios de comunicación han puesto en marcha una “gran campaña de criminalización y difamación” contra la familia y los manifestantes. Según la organización, su objetivo es “generar una interpretación clasista y racista de lo ocurrido” y, desviando el foco, “ocultar las responsabilidades institucionales” de quienes son responsables del desahucio. Para responder a ello, el sindicato ha desmentido algunos de los bulos que se han difundido ampliamente.

La “alternativa” ofrecida por los servicios sociales: apartamentos turísticos y literas

Como ha ocurrido en otros municipios, el Ayuntamiento de Gasteiz ha afirmado que la familia “rechazó una alternativa habitacional”. Sin embargo, el sindicato ha aclarado que “nunca ha existido una alternativa habitacional”. “Los Servicios Sociales de Base únicamente ofrecieron una lista de viviendas de alquiler, la mayoría apartamentos turísticos, y la familia tenía que llamar para intentar encontrar un alquiler en el mercado libre. Así lo hicieron, sin obtener ningún resultado”.

Por si fuera poco, el jueves, un día antes del desahucio, ofrecieron a la familia una opción precaria: acudir al albergue municipal, a pesar de que reconocen que no es una alternativa adecuada para menores de edad. Se trata de un recurso destinado a personas sin hogar, disponible únicamente de 20:00 a 08:00 horas y con habitaciones y literas compartidas. Aun así, el viernes, cuando la Policía la expulsó de su vivienda, la familia tuvo que aceptar la opción del albergue. “El desahucio no se ha llevado a cabo porque la familia rechazara una alternativa habitacional; de hecho, finalmente la ha aceptado. Esa supuesta alternativa llegó apenas unas horas antes del desahucio y no influyó en su ejecución”.

Las instituciones han renunciado a cumplir con sus obligaciones

El sindicato ha recordado, además, que la legislación española y la de la Comunidad Autónoma Vasca establecen que no se puede desahuciar a una familia con menores si no existe una alternativa habitacional. “El Gobierno Vasco está legalmente obligado a ofrecer una alternativa y, en teoría, de lo contrario no podría ejecutarse el desahucio. En este caso, por tanto, ha habido una dejación de funciones: no existía ninguna propuesta unas horas antes del desahucio, y difícilmente puede considerarse que la propuesta que finalmente se hizo fuera una alternativa habitacional”.

Mentiras sobre la familia: ¿ayudas de 2.450 euros?

El Correo publicó que la familia desahuciada recibe ayudas económicas de casi 2.500 euros, reforzando así los bulos racistas. Sin embargo, el sindicato ha aclarado que esa cifra no es más que una estimación falsa realizada por el diario del grupo Vocento. “La familia recibe ayudas, sí, porque tiene derecho a ellas, pero la cantidad varía de un mes a otro”. Ante esta situación, el sindicato ha vuelto a poner el foco en la cuestión de fondo: “Repetir una y otra vez ese dato no cambia lo esencial del asunto y solo tiene un objetivo: generar odio hacia las personas racializadas. “El problema sigue siendo el mismo: la clase trabajadora vive en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral; en ocasiones consigue trabajo y en otras no. Este es también el caso de esta familia. Además, es absurdo insinuar que unos ingresos de esa cuantía puedan garantizar la estabilidad y el acceso a una vivienda para una familia de ocho miembros”.

El sindicato ha recordado que, por cada vivienda de alquiler anunciada en Gasteiz en Idealista, se presentan una media de 131 solicitudes. También ha señalado que a las familias racializadas les resulta especialmente difícil conseguir que los propietarios acepten sus solicitudes, sobre todo cuando hay tantos menores de edad. Por ello, la organización socialista considera que algunos medios de comunicación pretenden relegar a un segundo plano “lo verdaderamente importante”: “El mercado libre expulsa a la mayoría y, mientras tanto, el mercado protegido no ofrece alternativas”.

¿No hay viviendas para todo el mundo?

Por otra parte, el sindicato ha aludido a una falsa confrontación promovida por los medios de comunicación, ya que muchos han destacado que los propietarios de la vivienda de Sansomendi habían solicitado el piso para uso propio. “Ese uso personal puede estar justificado en algunos casos, como en este. Pero muchas veces no es así, y se convierte en una vía que utilizan los propietarios para eludir la ley y expulsar a los inquilinos con el objetivo de maximizar sus beneficios”.

Tras explicar esta cuestión, el sindicato ha señalado que es un error “enfrentar a personas vulnerables expropiadas con propietarios vulnerables”. Y ha añadido: “Quieren azuzar una guerra entre quienes están en el último y en el penúltimo escalón, bajo la falsa premisa de que no hay para todo el mundo. En lugar de luchar por derechos garantizados para todos, quieren sumirnos en una lucha fratricida por las migajas”. Frente a ello, el sindicato defiende que la vivienda debería ser un derecho garantizado para todo el mundo.

Lo que ocultan: cerca de 100 heridos y un despliegue policial sin precedentes recientes

Por el contrario, tanto el Ayuntamiento de Gasteiz como la mayoría de los medios de comunicación han minimizado de forma significativa la violencia y el enorme despliegue policial utilizados para ejecutar el desahucio del viernes. Según el recuento del sindicato, la Ertzaintza hirió al menos a unas 90 personas que se habían congregado para protestar contra el desahucio. “Las dimensiones del dispositivo policial no tienen precedentes, al menos desde el desalojo del gaztetxe de Kukutza.

“Además, la forma de actuar de la Ertzaintza se aleja mucho de sus procedimientos habituales en los desahucios: llegaron corriendo y disparando pelotas de foam, sin avisar previamente ni pedir a los manifestantes que se dispersaran. Se produjeron cientos de disparos directamente contra las personas, muchas de las cuales ni siquiera estaban participando en la protesta y simplemente se encontraban en las inmediaciones. Cargaron en una docena de ocasiones, incluso cuando la protesta ya se había disuelto y cuando la familia ya había sido desahuciada. Emplearon una violencia tremenda, principalmente contra personas menores de edad”.

Ante estos hechos, el sindicato considera que “un dispositivo de estas dimensiones y una actuación de este tipo exigen explicaciones del Gobierno Vasco”.

Petición en la Asamblea Nacional con más de 150.000 firmas

Ante esta situación, han impulsado una petición en la plataforma de la Asamblea Nacional (N°7231) que ya ha superado las 151.000 firmas y exige la prohibición de las armas mutilantes y las técnicas de inmovilización letales en las manifestaciones estudiantiles. La petición reclama el retiro de los LBD 40, las granadas explosivas y de desencerclamiento (como las GM2L y DMP, que provocan arrancamientos y esquirlas), y los pistolas Taser, así como la prohibición de maniobras de asfixia como el placaje ventral, las llaves de estrangulamiento y el plegado corporal. “La respuesta del gobierno es criminalizar a nuestros alumnos, a nuestros hijos”, denuncia Pradeau, quien cita al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para evidenciar la deriva represiva: “Han olvidado que son estudiantes de secundaria, (para él ) son simplemente matones, delincuentes”. El ministro ha asumido además que no da “ninguna consigna de contención y ninguna consigna de no utilizar todo el armamento intermedio a disposición”.

Institucionalización de la brutalidad policial

Mientras el primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecía a los estudiantes un paquete de medidas insuficientes para calmar los ánimos (15.000 plazas y la promesa de reformar Parcoursup en 2028), el ministro del Interior calificaba a los menores de edad de “delincuentes”. Las organizaciones estudiantiles y el propio Pradeau recuerdan que la ONU y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han exigido a Francia que revise “cuanto antes” su doctrina de uso de la violencia policial y detenga el uso de estas armas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el Gobierno continúa desplegando un dispositivo de 70.000 agentes, restringiendo el derecho a manifestación y permitiendo material que ha provocado lesiones graves, mientras las heridas de los jóvenes se multiplican.

La petición ciudadana, que necesita 500.000 firmas para ser debatida en el hemiciclo, busca poner freno a una escalada represiva que recuerda a los episodios más tensos de la historia reciente de Francia. “No podemos esperar a que se produzcan nuevas tragedias y que un joven muera como sucedió con Malik Oussekine”, advierte Pradeau, en referencia al estudiante asesinado por la policía en 1986. El movimiento estudiantil, que ya suma cinco semanas de bloqueos y manifestaciones, se prepara para un mes de noviembre de protestas continuadas, conscientes del riesgo físico de la lucha y de que las migajas ofrecidas por el Ejecutivo no resuelven el problema de fondo.

De forma paralela, la empresa de inteligencia artificial Anthropic registró pérdidas valoradas en 80.000 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, según consta en la documentación financiera entregada por la propia compañía para su salida a bolsa en EEUU y revelada por The Washington Post. La firma, creadora del modelo de lenguaje Claude, incrementó sus costes operativos de infraestructura en centros de datos hasta los 9.000 millones de dólares solo en el primer semestre, superando los 7.300 millones destinados a este fin en todo el año 2025. Pese a que la empresa aumentó sus ingresos de 1.160 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 16.300 millones en el mismo periodo de 2026, la quema acelerada de capital evidencia las dificultades de las multinacionales privadas para generar beneficios reales ante los costes de cálculo y la competencia de modelos de código abierto más baratos de operar. En el folleto de cotización, la dirección de Anthropic admitió además riesgos vinculados a su propia tecnología, como la “destrucción de empleo” o “riesgos catastróficos para la humanidad”, e informó de que sufrió una brecha de seguridad ejecutada por investigadores de una firma integrada por antiguos miembros del organismo estatal estadounidense DOGE Service. De todas formas, la pérdida de Anthropic es por ahora mayoritariamente contable.

Ante la falta de retorno financiero directo, las multinacionales privadas trasladan la presión a sus plantillas eliminando puestos de trabajo de forma masiva. La corporación estadounidense Microsoft presentó una propuesta de salidas voluntarias dirigida a unos 60.000 trabajadores y trabajadoras en EEUU, Canadá, India y el Reino Unido, según confirmó el grupo a la agencia AFP. La medida alcanza al 27 % de su fuerza de trabajo global (que ascendía a 223.000 personas a finales de junio) y afecta a divisiones del grupo hasta el rango de vicepresidente, con la única excepción de parte del personal de centros de datos, ventas y mercadotecnia. La maniobra empresarial se suma a la supresión de 4.800 puestos de trabajo ejecutada por la firma a principios de julio (el 2,1 % de su plantilla mundial) y a los más de 15.000 despidos aplicados en 2025, mientras la multinacional destina 41.000 millones de dólares a inversión de capital en un solo trimestre, principalmente para centros de datos y chips.

Mientras las empresas privadas destruyen capital, las instituciones públicas utilizan la automatización para justificar la reducción de plantillas y gasto social. El Gobierno de Países Bajos anunció este lunes un plan para eliminar 25.000 puestos de trabajo en la administración central mediante un proceso de reestructuración basado en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, según informó la agencia Bloomberg. El Ejecutivo neerlandés pretende reducir el gasto público en 900 millones de euros anuales para 2027, con el objetivo de escalar este recorte hasta los 3.500 millones de euros al año a partir de 2035. La medida afectará a una plantilla estatal que alcanzó el récord de 160.000 trabajadores a finales de 2025, tras crecer un 41 % desde 2018.

Esta reducción de puestos de trabajo en el sector público neerlandés se produce a pesar de que el país registra un déficit presupuestario del 1,8 %, una de las cifras más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, la administración justifica la eliminación de empleos en “la necesidad de reducir la estructura del Estado”. “No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Por eso vamos a tomar decisiones difíciles para un Gobierno central que realmente funcione: más simple, más inteligente y más pequeño”, declaró el secretario de Estado para el Gobierno Efectivo, Eric van den Burg. El Gabinete neerlandés tiene previsto presentar a principios del próximo año el plan detallado para implantar los sistemas de inteligencia artificial con los que pretende suplir las funciones de los empleados públicos despedidos.