Esta amenaza bélica coincide con la firma de una nueva orden ejecutiva de la Casa Blanca que profundiza el bloqueo económico, comercial y financiero. Las medidas punitivas apuntan ahora a los pilares de la subsistencia y el desarrollo de la isla: los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros. Según el documento oficial, el Gobierno estadounidense bloqueará los activos de "cualquier persona o empresa que realice intercambios comerciales con el Estado cubano", lo que supone un intento de asfixia total de la economía nacional y una presión directa que está matando al pueblo cubano, con miles de muertes evitables en hospitales.

"Los cubanos no nos dejamos amedrentar"

Como respuesta a la hostilidad de Washington, más de 500.000 personas se concentraron este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, en la Tribuna Antimperialista de La Habana. Durante el acto, encabezado por el general de Ejército Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, la especialista Yolaidis Hernández Valdés denunció el "recrudecido bloqueo" que Washington ha agravado desde enero de 2026. Hernández Valdés, en representación de los trabajadores de la industria química, subrayó la "responsabilidad de reinventarse" frente a las carencias diarias impuestas por las sanciones. También rechazó la narrativa del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusa a Cuba de ser una "amenaza para la seguridad estadounidense".

En el plano institucional, la postura de resistencia cubana se ha formalizado a través de la campaña Mi firma por la Patria. Según datos de la sociedad civil cubana, un total de 6.230.973 ciudadanos mayores de 16 años han firmado contra el cerco energético y la amenaza de guerra. Esta movilización masiva se produce en medio de una máxima tensión internacional, después de que el Senado de EEUU rechazara el pasado martes una propuesta para limitar la capacidad de Trump de ordenar operaciones militares sobre La Habana, dejando la vía libre a una posible "intervención" armada ordenada desde la presidencia.

El canciller Bruno Rodríguez ha insistido en que "los cubanos no nos dejamos amedrentar" y recordó que el despliegue de fuerza militar que pretende EEUU eleva la agresión a "niveles peligrosos" sin más pretexto que el interés geopolítico y electoral. Por su parte, el presidente Díaz-Canel denunció a través de sus redes sociales que las nuevas medidas coercitivas son una prueba de la "pobreza moral" de la administración republicana y un desprecio a la llamada "comunidad internacional", reafirmando que el apoyo popular a la Revolución es la principal barrera contra las pretensiones de golpe impulsadas desde Washington. En caso de una incursión de fuerzas estadounidenses, Cuba aplicaría el plan de Guerra de Todo el Pueblo que lleva preparando desde hace seis décadas.

Donetsk y Moscú han conmemorado este sábado el 12º aniversario del crimen fascista de la Casa de los Sindicatos de Odessa en Ucrania. En Donetsk, residentes se han acercado al memorial, portando claveles y velas, y han colocado flores en un panel con los nombres de las víctimas. Algunos participantes han leído poemas dedicados a los caídos. Paralelamente, en Moscú, activistas del movimiento "Joven Guardia" y veteranos de la guerra de Ucrania se han reunido frente a la antigua embajada de Ucrania para rendir homenaje a los fallecidos. La presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matvienko, ha declarado que la tragedia de Odessa es "un crimen sin prescripción" que Rusia "no permitirá que se olvide". La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirma que "la garantía de justicia para las víctimas será el éxito de la operación militar especial" y acusó a Ucrania de no investigar los hechos pese a haberlo prometido.

Los hechos ocurrieron en el contexto de la cambio de gobierno en Kiev. Ese día, seguidores del Maidán y neonazis del Sector Derecho marcharon por la ciudad y atacaron un campamento de activistas en la Plaza Kulikovo que se oponían al nuevo gobierno. Tras los choques, los opositores se refugiaron en la Casa de los Sindicatos. El edificio fue incendiado y los intentos de huida fueron repelidos a tiros. Según datos oficiales ucranianos, 48 personas murieron, incluyendo siete mujeres y un menor. Las causas de muerte incluyeron intoxicación por monóxido de carbono (32 personas), heridas de bala (seis) h descalabramiento al saltar desde ventanas (diez). Entre las víctimas se encontraba Vadim Papura, de 17 años, quien saltó desde una ventana intentando escapar del fuego mientras su madre, Fátima Papura, observaba impotente desde la calle, sin que nadie detuviera la tragedia . Un testigo presencial, el residente Denis Shatunov, declaró que los nazis eligieron la fecha a propósito: "el 2 de mayo la mayoría de los habitantes abandonaban la ciudad para irse a sus dachas", lo que facilitaba el ataque.

En marzo de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Ucrania fue culpable de violar el artículo del Convenio Europeo sobre el derecho a la vida durante los sucesos de Odessa. El tribunal ordenó al Estado ucraniano pagar una indemnización de 15.000 euros a los familiares de cada una de las víctimas y 12.000 euros a tres supervivientes que sufrieron graves quemaduras.

Mientras tanto, la llamada "comunidad internacional" sigue dividida sobre la interpretación de estos sucesos, mientras en Rusia se les considera una prueba más de la deriva nazi del gobierno de Kiev. Para Ucrania y sus aliados occidentales, fue un "trágico incidente dentro de una guerra híbrida impulsada por Moscú".

Doce años después, mientras la guerra a gran escala entra en su cuarto año, Odessa sigue siendo una ciudad marcada por las heridas de aquel 2 de mayo de 2014, y las víctimas de la Casa de los Sindicatos se han convertido en un símbolo más de una contienda que ha fracturado para siempre a Ucrania y sus relaciones con Rusia .

Este descenso en la participación se replicó en diversos puntos del Estado; en Elche, los registros cayeron hasta los 1.300 asistentes frente a los 1.700 del año pasado, según detalla el portal A24. Algunos sindicalistas presentes en las marchas reconocen que "cada año acude menos gente", una percepción que confirman los datos de Galicia Press, que apuntan a una crisis de movilización del modelo sindical mayoritario. El retroceso en las calles de CCOO y UGT coincide con la irrupción de organizaciones sindicales y revolucionarias combativas que rechazan la "paz social" y el seguidismo al Gobierno español, la CGT, CNT, Intersindical y el Movimiento Socialista, que logró movilizar en cinco ciudades a miles de trabajadores, especialmente jóvenes, desde posiciones antiimperialistas y de clase.

Pese a este vaciamiento de las convocatorias de UGT y CCOO, el sistema de medios de comunicación ha mantenido un dominio absoluto de las escaletas de RTVE, las agencias de noticias y las portadas de diarios como El País y elDiario.es en favor de las centrales mayoritarias. Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", el acto central de los sindicatos mayoritarios en Málaga se produjo en un ambiente de precampaña electoral para las elecciones andaluzas, y contó con la presencia de figuras del Gobierno español como Yolanda Díaz. Esta visibilidad mediática e institucional, además de reforzar objetivos políticos electoralistas, oculta las propuestas alternativas que plantean una ruptura con el orden económico y político establecido, presentando únicamente a un sindicalismo obrero unificado, moderado y servil hacia el Gobierno y la patronal, un sindicalismo que lleva sin convocar una huelga general desde 2012. Esta sobrerrepresentación mediática pretende relegar a la marginalidad las múltiples marchas que denuncian la complicidad con la patronal y el Gobierno, aunque varias de ellas cuenten ya con más asistentes que los sindicatos tradicionales.

La estructura del sistema mediático prioriza a CCOO y UGT por su papel dentro del marco legal de la negociación colectiva y su acceso privilegiado a recursos estatales, lo que garantiza una interlocución cómoda para el capital y el Estado. Esto se traduce en la invisibilización de las marchas alternativas, impidiendo que el conjunto de los trabajadores acceda a información más completa que permita contrastar posiciones que cuestionen el modelo de concertación social. Esta desconexión entre el blindaje mediático y la realidad material en las calles muestra un sindicalismo institucional integrado en el aparato del Estado que, al renunciar a la confrontación directa contra los intereses empresariales, pierde su base social, envejece y mantiene su centralidad mediática de forma artificial y clientelar.

El repliegue responde al descontento del presidente Donald Trump ante la negativa de sus aliados europeos a prestar apoyo incondicional en la guerra abierta contra la República Islámica de Irán, iniciada el pasado 28 de febrero de forma unilateral por Estados Unidos e Israel. Trump había amenazado previamente con esta medida, acusando al canciller alemán, Friedrich Merz, de "interferir" en el conflicto. Según declaraciones del mandatario, Merz debería centrarse en "arreglar" su propio país, al que calificó de "roto".

La tensión diplomática entre ambos líderes aumentó tras las críticas de Merz, quien acusó abiertamente a Trump de haber sido "humillado" por Teherán durante las negociaciones de un acuerdo previo. En respuesta, Trump arremetió contra el Gobierno alemán, afirmando que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!". El presidente estadounidense también reprochó al líder europeo el no secundar plenamente la ofensiva bélica y "creer que está bien que Irán tenga un arma nuclear", declaraciones que volvieron a dejar en evidencia las contradicciones en el bloque aliado ante la negativa de Berlín a asumir los costes directos de una guerra que ni siquiera ha consultado con la OTAN.

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó la medida como "previsible" en un comunicado distribuido este mismo sábado. Pistorius señaló que el anuncio del Pentágono "obliga a los países europeos a asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad". Según el ministro, la reducción del contingente extranjero implica que, dentro de la estructura de la OTAN, los Estados de la región "debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos", lo que apunta a un incremento del gasto militar aún mayor ante el repliegue de su principal socio.

La maniobra llega en un contexto de creciente inestabilidad internacional donde Washington utiliza su potencia militar como mecanismo de presión política sobre sus socios. La retirada parcial de soldados estadounidenses de suelo alemán no solo debilita la capacidad de respuesta coordinada en el marco de la OTAN, sino que destaca la subordinación exigida por Estados Unidos a cambio de su despliegue, castigando severamente cualquier gesto simbólico de autonomía diplomática por parte de las potencias europeas.

El proceso de ilegalización fue activado por Retailleau, quien justificó la persecución del colectivo antifascista bajo la consigna de "no dejar pasar nada", mientras el aparato estatal permitía manifestaciones de grupos neonazis en el centro de París y ataques racistas en diversos puntos del país. El portal Contre Attaque destaca la contradicción de esta decisión judicial, señalando que la justicia francesa ha acabado por "inventar el delito de discriminación hacia los nazis". Este fallo se produce apenas unas semanas después de que la Asamblea Nacional francesa guardara un minuto de silencio en homenaje a un neonazi, evidenciando un proceso de derechización institucional acelerada.

Primero contra musulmanes y propalestinos, luego contra antifascistas

La resolución judicial se apoya en la "Ley de Separatismo" aprobada en 2021 bajo el mandato de Gérald Darmanin, una normativa que permite al Ejecutivo disolver asociaciones no solo por "constituir milicias de combate", sino por criterios ambiguos como la "incitación a la violencia contra bienes" o ser consideradas "antirrepublicanas". Inicialmente utilizada contra colectivos musulmanes y propalestinos, esta herramienta de control social se ha redirigido ahora contra el movimiento antifascista. En 2022, el Estado ya había disuelto el Grupo Antifascista Lyon y Alrededores (GALE), acusándolo de "legitimar" acciones mediante un "discurso ideológico dirigido contra la violencia y el racismo de Estado".

Leyes surgidas en 1936 contra el escuadrismo fascista disuelven colectivos antifascistas en 2026

Históricamente, las leyes de disolución administrativa surgieron en 1936 para proteger a la República del asalto de las ligas fascistas que intentaban subvertir el orden parlamentario. Paradójicamente, un siglo después, el aparato jurídico francés ha invertido la función de esta herramienta, utilizándola para desmantelar a quienes se oponen al auge de las organizaciones reaccionarias. Mientras el Estado proscribe a los dos principales colectivos antifascistas de Lyon, las agresiones de la extrema derecha siguen creciendo, incluyendo disparos contra niños no blancos en los Vosgos por parte de militantes racistas, según recuerda Contre Attaque.

Esta ofensiva institucional no solo golpea al antifascismo militante, sino que pone en riesgo la libertad de organización de cualquier estructura de la clase trabajadora. Sectores de la derecha francesa ya han reclamado que estos mismos mecanismos de ilegalización se apliquen contra partidos de oposición como La France Insoumise (LFI) o el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA). La criminalización de la Jeune Garde sienta un precedente peligroso que amenaza la actividad política de los sindicatos y movimientos populares para organizar huelgas o bloqueos, abriendo de nuevo la puerta a que cualquier resistencia colectiva sea calificada como una "provocación a la violencia" contra el sistema.

Según informan el portal presos.org y la revista El Otro País, ambos militantes han salido de prisión tras años de reclusión marcados por una política penitenciaria de excepción. Las instituciones del Estado se negaron sistemáticamente a conceder beneficios o la libertad anticipada, a pesar del grave estado de salud de los afectados, bajo el argumento de que "no habían mostrado arrepentimiento ideológico" ni abandonado sus convicciones políticas contra el capitalismo.

El caso de María José Baños Andújar destaca por la extrema gravedad de su situación médica. Según las fuentes citadas, Baños presenta un "cuadro médico devastador y en inminente riesgo de muerte". A pesar de padecer una enfermedad grave e incurable, las autoridades españolas mantuvieron su encarcelamiento basándose en esta ausencia de abandono de sus ideas. Esta situación motivó que más de 40 juristas de diversos países denunciaran una "vulneración flagrante de la libertad ideológica", señalando que el Estado español ha violado artículos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de tortura y tratos inhumanos.

La persistencia de la medida punitiva generó una campaña de resistencia dentro de las cárceles. Militantes presos como Victoria Gómez, Juan García, Israel Torralba, Nacho Varela, Daniel Pastor, Patxi Ruiz, Israel Clemente, el rapero Pablo Hasel, Fernando García Jodrá y Andoni Goikoetxea Gabirondo realizaron ayunos de hambre en solidaridad con Baños. Asimismo, el preso Marcos Martín Ponce mantuvo una huelga de hambre indefinida con el único objetivo de que la administración penitenciaria trasladara a la militante al hospital en ambulancia, dada la "negligencia médica deliberada". Además, una red de 20 organizaciones galegas emprendió una campaña de solidaridad bajo el lema Liberdade xa!, y más de 50 artistas y personalidades de la cultura también apoyaron las reivindicaciones por la libertad de Baños.

"Nada estructural cambia con un gobierno u otro"

Este episodio de represión se enmarca, según el análisis de Roberto Carrasco, en una estructura estatal donde "nada estructural cambia con un gobierno u otro" debido al control que ejercen "fondos de inversión, financieras, grandes empresarios y militares". El artículo subraya la contradicción de un sistema que mantiene en prisión a quienes denuncian la corrupción de la monarquía, como es el caso de Pablo Hasel —preso desde 2021 y recientemente denunciado por 200 catedráticos internacionales—, mientras facilita la impunidad y el retorno del rey emérito, a pesar de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto.

La salida de prisión de Lucio y Marijo cierra dos larguísimas trayectorias de encarcelamiento selectivo y condicionado. El entorno de apoyo jurídico, político y social de los presos denuncia que la gestión de estas condenas demuestra que el aparato judicial y represivo del Estado español se ceba con los militantes que no se someten a los marcos del reformismo, utilizando el arrepentimiento no como una figura jurídica, sino como "un mecanismo de chantaje político y castigo físico" contra quienes cuestionan los pilares del orden establecido.

Esta cifra, nunca antes registrada, supera en 1,1 millones a la de finales de 2020 (un 29,96% más) y en casi 2,1 millones a la de diciembre de 2015 (un 58% más). El mercado laboral cerró 2025 con un máximo histórico absoluto: 22.463.300 ocupados a 31 de diciembre, 605.400 más que un año antes. 

Dentro del grupo senior, la distribución por subfranjas revela una prolongación notable de la actividad: 2,646 millones tienen entre 55 y 59 años, 1,820 millones entre 60 y 64 años, 390.300 entre 65 y 69 años y 69.500 con 70 años o más. En contraste, la franja de mayor volumen absoluto es la de 45-49 años (3,286 millones), mientras que los más jóvenes (menos de 20 años) apenas suman 175.300 (0,8%).

La edad de jubilación sigue retrasándose

Este aumento se debe principalmente a la reforma progresiva de las pensiones: la edad legal de jubilación ha pasado de 65 a 67 años (periodo transitorio que finaliza en 2027). Esta medida, presentada sistemáticamente por los sucesivos gobiernos como "imprescindible para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones" ante el rápido envejecimiento demográfico, ha tenido un efecto colateral evidente: miles de personas se ven obligadas a permanecer en el empleo mucho más tiempo del que su salud y condiciones laborales les permiten soportar realmente. Lejos de ser una "oportunidad voluntaria" de prolongar la vida activa, para muchos trabajadores el retraso de la jubilación se ha convertido en una necesidad económica impuesta por la insuficiencia de las pensiones proyectadas y una inflación disparada.

Un ejemplo claro de cómo estas políticas han moldeado la realidad laboral es el cambio femenino en el grupo senior. De los 4,926 millones de ocupados con 55 años o más, 2,638 millones son hombres (53,56%) y 2,287 millones mujeres (46,44%). Hace una década, en 2015, los hombres representaban casi el 56% y las mujeres el 44%. Este estrechamiento de la brecha de género en edades avanzadas pone de manifiesto que muchas mujeres, que a lo largo de su vida han acumulado interrupciones laborales por cuidados familiares, brechas salariales y contratos precarios, llegan a la edad cercana a la jubilación con pensiones más bajas y se ven especialmente forzadas a seguir trabajando para complementar ingresos insuficientes.

América

En México, la Ciudad de México vivió una de las jornadas de mayor movilización del año, con al menos 13 marchas y cuatro concentraciones, lideradas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversas centrales sindicales. Las manifestaciones partieron del Ángel de la Independencia por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo, donde se instaló un plantón magisterial que afectó las principales vías de la capital. También hubo movilizaciones en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, todas ellas sin incidentes mayores, según reportaron las autoridades. En Cuba, cientos de miles de personas —estimaciones extraoficiales hablan de hasta 600.000— desfilaron en La Habana bajo el lema “La Patria se Defiende”. La marcha, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro, se trasladó al Malecón frente a la embajada de Estados Unidos por motivos de ahorro de combustible, en medio de una severa crisis energética agravada por el bloqueo estadounidense y las nuevas sanciones internacionales que Washington acaba de anunciar.

En el resto de América Latina, las protestas fueron multitudinarias en varios países. En Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) movilizó a miles de personas en Buenos Aires contra la reforma laboral impulsada por el gobierno ultraliberal de Javier Milei. En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) organizó la primera gran movilización bajo el gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast, con críticas a su política económica y laboral. En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó un mitin en El Alto en medio de tensiones sindicales con el gobierno de Luis Arce. En Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) marchó en Lima contra la empobrecimiento de la clase obrera. También hubo movilizaciones en Costa Rica en defensa de la educación, las pensiones y los salarios, así como en Paraguay, Ecuador y Honduras. En Colombia, el presidente Gustavo Petro se hizo ver en la marcha en Medellín, en el sector de La Alpujarra, mientras que en Bogotá miles de personas se concentraron en la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional y la Carrera Séptima, con demandas laborales y políticas por las reformas impulsadas por su propio gobierno. En Estados Unidos, miles de trabajadores se movilizaron bajo el paraguas de la coalición “May Day Strong” en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, desafiando el intento de revisionismo institucional por ocultar la historia del 1 de mayo, que surgió en Chicago en 1886. Las protestas combinaron la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes —en medio de redadas masivas y deportaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump— con el rechazo a la inflación, los recortes fiscales para los ricos y la guerra contra Irán. Los organizadores convocaron un boicot bajo el lema No work, no school, no shopping. En Los Ángeles, cerca de 130 organizaciones participaron en la marcha principal, que puso el acento en la oposición a las políticas migratorias de la administración republicana.

Europa

Europa vivió una jornada de protestas generalizadas pero con menor intensidad que en América Latina. En Francia, miles de personas marcharon en París, Marsella y otras ciudades bajo lemas como “pan, paz y libertad”, con críticas a la inflación y a los efectos de la guerra sobre el coste de la vida. Hubo algunos enfrentamientos aislados con la policía. En el Estado español, más de un centenar de manifestaciones fueron convocadas por CCOO y UGT, con especial incidencia en Málaga y otras ciudades. También hubo movilizaciones de sindicatos minoritarios críticos y centrales sindicales nacionales catalanas, vascas y galegas, donde los trabajadores criticaron la pérdida de poder adquisitivo pese a la recuperación económica nominal y la guerra imperialista. Diferentes organizaciones del Movimiento Socialista, entre ellas la Coordinadora Juvenil Socialista, la Organització Juvenil Socialista, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista y la Coordinadora da Mocidade Socialista también organizaron marchas multitudinarias, con afluencia especialmente alta de jóvenes en Madrid, Barcelona, València, Iruñea y Santiago.

En Grecia hubo movilizaciones nacionales masivas en Atenas, y en Noruega también se registraron protestas. La marcha principal de Alemania se produjo en Berlín, donde miles de trabajadores acudieron a las convocatorias de sindicatos, partidos políticos de izquierdas y organizaciones comunistas, que denunciaron el desmantelamiento industrial y el militarismo creciente en el país. Se registraron algunas cargas policiales durante las protestas, aunque lejos del nive de Turquía. El país euroasiático se vivió una intensa jornada en cuanto a represión: la policía de Estambul impidió por la fuerza el acceso de manifestantes a la plaza Taksim —lugar simbólico vetado para las concentraciones desde la represión de 2013— y dejó cientos de detenidos, con cifras que oscilan entre 370 y más de 575, según diferentes fuentes. También hubo enfrentamientos en Ankara.

África

En África, el Día Internacional de la Clase Trabajadora se celebró como día festivo en muchos países, aunque también hubo manifestaciones, marchas y eventos sindicales. El foco principal fueron los salarios estancados, costes crecientes de vida en alimentos, energía, transporte y salud, agravados por los impactos de la guerra contra Irán, el desempleo y condiciones laborales informales. En Marruecos, taxistas y conductores de autobuses protestaron en Casablanca con bocinazos y bloqueos parciales por el aumento del precio del combustible, mientras que sindicatos como la Moroccan Labor Union exigieron ajustes salariales ante la inflación. En Costa de Marfil, los trabajadores celebraron marchas en Abiyán. En Madagascar, hubo una manifestación festiva y una marcha en Antananarivo. En Camerún, decenas de sindicatos marcharon por el Boulevard May 20 exigiendo mejores condiciones laborales. En otros países como Nigeria, Kenia y Egipto, los eventos fueron más modestos o de carácter local. En general, las protestas en África fueron mayoritariamente tranquilas y sindicales, con menos confrontación que en Turquía, y vincularon las demandas laborales con crisis económicas locales como el alto desempleo en Sudáfrica y la inflación regional.

Asia

En Asia, destacaron las protestas en Filipinas (Manila), donde los manifestantes combinaron demandas salariales con el rechazo a la presencia militar estadounidense, así como movilizaciones en Corea del Sur, Australia e Indonesia. En el sur de Asia, el 1 de mayo se conmemoró con manifestaciones, marchas y mítines organizados principalmente por sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones obreras. La clase trabajadora pidió salarios más altos, mejores condiciones laborales y oposición a políticas económicas, en medio de la inflación y costes energéticos disparados, derivados directamente de la guerra en Oriente Medio, puesto que la región ha sido la primera en notar el impacto. En India, se organizaron múltiples marchas en ciudades como Mumbai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad y en estados como Kerala, Tamil Nadu, Rajasthan, Haryana e Himachal Pradesh, con participación de centrales sindicales y partidos de izquierda en movilizaciones descentralizadas pero visibles. En Pakistán, el Mazdoor Kisan Party (MKP) y el Punjab Rickshaw Union organizaron en Lahore una marcha de 23 kilómetros, una forma creativa y masiva de protesta que recorrió la ciudad. En Bangladés, el Workers’ Party of Bangladesh (WPB) y otras organizaciones obreras realizaron una marcha cerca del National Press Club en Daca. En Sri Lanka, hubo manifestaciones a gran escala en diferentes partes del país, incluyendo la capital Colombo, con participación del partido gobernante National People’s Power (NPP) y otras formaciones políticas. En toda la región, las movilizaciones fueron relativamente tranquilas y centradas en problemas locales como la precariedad laboral y la informalidad, con ecos internacionales de lucha salarial y por la paz, sin que se reportaran incidentes de represión a gran escala.

La jornada mundial volvió a demostrar que, pese a las diferencias nacionales o partidarias, el proletariado internacional sigue enfrentando los mismos problemas: salarios insuficientes, carestía de la vida, guerras que pagan con sus bolsillos y sus vidas, y gobiernos que priorizan el beneficio empresarial.

El caso, que ha sido ampliamente documentado por medios estatales, involucra a un trabajador de apellido Zhou. Contratado en 2022 como supervisor de control de calidad, Zhou percibía un salario mensual de 25.000 yuanes (aproximadamente 3.640 dólares) y sus funciones consistían en verificar la precisión de las respuestas generadas por los modelos de IA para filtrar contenido ilegal. Sin embargo, tras una actualización tecnológica, la empresa le ofreció un puesto de nivel inferior con un salario de solo 15.000 yuanes. Al negarse Zhou a aceptar la rebaja salarial y la degradación laboral, la compañía procedió a despedirlo alegando una "reestructuración organizativa".

En el arbitraje y posteriormente en los tribunales, la empresa argumentó que la integración de la IA en el proceso productivo constituía un "cambio importante en las circunstancias objetivas", una figura legal que, bajo la ley de contrato de trabajo china, puede justificar el cese de la relación laboral. No obstante, el tribunal rechazó esta postura. Los jueces determinaron que la adopción de IA es una decisión empresarial voluntaria para seguir siendo competitivos, y no se equipara a eventos imprevistos o ineludibles como una fusión empresarial o una reubicación forzosa. En sus consideraciones, el tribunal subrayó que la empresa no demostró que el contrato se hubiera vuelto imposible de cumplir y que la oferta de un puesto con una reducción salarial del 40% no constituía una alternativa razonable.

Tras el fallo, el tribunal emitió un comunicado en el que advierte sobre el alcance de esta decisión: la integración de la inteligencia artificial es una estrategia proactiva de las empresas, pero éstas también deben asumir "responsabilidades sociales". Según recoge la agencia Xinhua, el tribunal estableció que las empresas no pueden trasladar los riesgos del desarrollo tecnológico a los empleados, especialmente si no se ofrecen planes de reconversión o recolocación justos. "La sustitución por IA no anula automáticamente la obligación de proteger el empleo", señaló el tribunal, añadiendo que lo deseable es que el ahorro de costes derivado de la tecnología sirva para "elevar a los trabajadores a puestos de mayor valor añadido", no para dejarlos en la calle.

La decisión de Hangzhou se alinea con una jurisprudencia creciente en el país. Previamente, la Oficina Municipal de Recursos Humanos y Seguridad Social de Pekín ya había dictaminado en un caso similar, el de un recolector de datos que fue despedido tras ser reemplazado por IA, que la empresa había actuado de forma ilegal al trasladar los costes de su modernización al trabajador. Con un sector de inteligencia artificial que superó los 1,2 billones de yuanes en 2025 y una previsión de alta penetración tecnológica para 2030, los tribunales chinos están blindando los derechos de los trabajadores frente a los posibles abusos derivados de la automatización, impidiendo que la productividad se convierta en un mero pretexto para el despido.

Eso sí, no se trata de una "prohibición absoluta" de despidos por automatización, obliga a seguir procedimientos legales como indemnizaciones y reconversión, rechazando usar la implementación de IA como pretexto unilateral barato.

Todas ellas subrayan que la jornada ha mostrado una realidad política que a menudo queda fuera del foco mediático: "La existencia de una juventud organizada en coordenadas socialistas y revolucionarias, con capacidad de movilización y voluntad de intervenir en el momento político actual". Según las valoraciones trasladadas por las organizaciones convocantes, las movilizaciones han reunido a miles jóvenes en cinco ciudades del Estado, en lo que consideran "un paso adelante en la consolidación de un referente político propio para la juventud trabajadora" frente al actual ciclo de guerra, militarización y deriva autoritaria que atraviesa el bloque occidental. "La juventud trabajadora no está dispuesta a pagar las guerras de los capitalistas", añaden.

Desde el Movimiento Socialista destacan que este 1 de Mayo no ha sido una cita más, sino una jornada con un contenido político claro. "Hoy hemos demostrado que existe una juventud que no se resigna, que no acepta ni la guerra imperialista del Eje Genocida de EEUU e Israel, ni la falsa salida de los progresista, ni las respuestas reaccionarias, y que está dispuesta a organizarse en otras coordenadas", han señalado las organizaciones al término de en sus respectivas marchas. "Frente al relato interesado de que la juventud solo mira a la extrema derecha, hoy las calles han hablado con claridad: hay una juventud que está desempolvando la bandera roja con determinación".

"Ni trumpismo ni sanchismo"

En relación con el actual contexto internacional, el Movimiento Socialista ha insistido en que no existe una salida progresista dentro del mismo bloque imperialista: "Ni el trumpismo ni el sanchismo ofrecen una alternativa real al rumbo de guerra, militarización y autoritarismo que estamos viendo. Cambian los tonos y las formas, pero no cambian el fondo. Por eso hoy hemos salido a la calle para afirmar una opción propia, comunista e internacionalista, frente a quienes quieren que elijamos entre distintas formas de gestionar el mismo desastre capitalista". De esta forma señalan a los culpables, sosteniendo que "el papel de EEUU, la UE, la OTAN y el sionismo en el actual ciclo de guerra y militarización no se puede seguir ocultando".

Las organizaciones convocantes consideran que la jornada deja una conclusión clara: existe una fuerza joven que quiere abrirse paso políticamente en el contexto actual. "Hoy no solo hemos llenado las calles en cinco ciudades: hoy hemos dado una muestra de confianza, de organización y de horizonte. Frente a la resignación, hay una juventud revolucionaria que ha decidido dar un paso al frente".

"Juventud comunista contra la guerra imperialista, las mentiras progresistas y el auge reaccionario"

El Movimiento Socialista valora que las movilizaciones de este 1 de Mayo refuerzan la necesidad de seguir construyendo una alternativa política propia para la clase trabajadora a nivel europeo: "Salimos de este 1 de Mayo con más fuerza y voluntad de seguir ampliando esta referencia. Lo de hoy no es un cierre, es un comienzo. Hemos demostrado que hay espacio para seguir levantando una opción comunista frente a la guerra imperialista, las mentiras progresistas y el auge reaccionario. Hemos demostrado que la bandera roja vuelve a ondear entre la juventud".

El director de Estudios Financieros de Funcas, Francisco Rodríguez-Fernández, estima en su investigación una "destrucción bruta de empleo de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo" para el periodo 2025-2035. En el escenario más hostil para los trabajadores, el informe advierte de que la cifra de empleos eliminados "podría superar los 3,5 millones". El estudio aclara que este proceso "no implica necesariamente el cierre de centros de trabajo", sino que la realidad para la clase trabajadora será una "combinación de reducción de plantillas, menor contratación y reorganización de funciones" dentro de los puestos que consigan permanecer bajo los nuevos parámetros productivos.

La estrategia de sustitución de trabajo vivo por capital fijo se concentra en los grupos de "empleados administrativos y técnicos de nivel medio y superior", sectores que hasta ahora mantenían cierta estabilidad y que ahora enfrentan la obsolescencia rentable. Según los datos del informe, el sector TIC lidera esta presión por la automatización con un 58,7% de adopción, seguido por los servicios (25,7%), la industria (17,5%) y la construcción (11,4%). Las grandes empresas utilizan estas herramientas para reducir sus gastos en salarios, mientras que las pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de quedar rezagadas, lo que a su vez podría "acelerar la concentración sectorial" en manos de los grandes capitales.

Pese a que el informe menciona una hipotética creación de 1,61 millones de nuevas ocupaciones vinculadas a la gestión de la tecnología, Funcas reconoce que el acceso a estos puestos "depende de niveles educativos más elevados", lo que profundiza la segmentación de la clase trabajadora y deja desprotegidos a quienes no puedan costearse los estudios. De hecho, el informe señala que la prima salarial por poseer competencias tecnológicas se ha disparado al 56%, evidenciando cómo la automatización se utiliza para "ampliar las brechas existentes". Con una pérdida neta estimada de 400.000 empleos, la automatización actúa como un mecanismo de presión sobre la clase trabajadora que incrementa el ejército industrial de reserva y amenaza con empeorar las condiciones de vida logradas hasta el momento.

Orígenes: Chicago y Haymarket (1886-1887)

El orígen histórico de la fecha se remonta a la huelga general del 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. Más de 300.000 trabajadores exigieron Ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho para lo que queramos. Chicago fue el epicentro de la lucha: 40.000 obreros paralizaron la ciudad. El 3 de mayo, la policía mató a varios huelguistas en la planta McCormick. Al día siguiente, en la plaza Haymarket, una bomba estalló y la respuesta policial causó más muertos. Ocho anarquistas y socialistas fueron condenados en un juicio: cuatro fueron ahorcados en 1887 (los Mártires de Haymarket). Su ejecución generó protestas internacionales y convirtió la fecha en símbolo de la clase trabajadora en todo el mundo. En 1889, la Segunda Internacional acordó una gran movilización simultánea el 1 de mayo de 1890 para exigir legalmente las ocho horas. La primera convocatoria tuvo éxito en Europa, Estados Unidos y en países de América Latina como Chile y Perú. Según recogen las crónicas de la época y destacaba Friedrich Engels en el prólogo al Manifiesto Comunista de 1890, el éxito de aquella primera convocatoria consolidó la fecha como el principal símbolo de la unidad de acción del proletariado internacional frente al Capital.

Europa: antibelicismo y represión

Aunque la Segunda Internacional fue profundizando y debatiendo sobre el imperialismo y el militarismo en sus resoluciones en Stuttgart en 1907 y Basilea en 1912, fue la Primera Guerra Mundial la que supuso un primer salto cualitativo en este sentido, y el 1 de Mayo empezó a adquirir un fuerte carácter antiimperialista. En 1916, el líder socialista revolucionario Karl Liebknecht organizó en Berlín una manifestación con el lema ¡Abajo la guerra! ¡Abajo el gobierno!, lo que le costó la detención. En 1929, el Blutmai (Mayo Sangriento) de Berlín mostró la fractura interna del movimiento obrero: la policía, bajo mando socialdemócrata (SPD), abrió fuego contra manifestantes comunistas (KPD), dejando decenas de muertos y profundizando la división la legitimidad social de la represión que facilitó el ascenso nazi.

Estados Unidos: represión y contraofensiva

En EEUU, la fecha siguió siendo conflictiva a pesar de los intentos de desactivación por parte de las patronales y el Gobierno. En los disturbios de Cleveland de 1919, socialistas e integrantes del Industrial Workers of the World protestaron contra la intervención en la Rusia soviética y sufrieron ataques de escuadristas y policías. Para tratar de neutralizar el simbolismo revolucionario de la fecha, en 1958 se instauró el “Loyalty Day” (Día de la Lealtad), una jornada anticomunista.

La Unión Soviética y el bloque socialista: poder estatal y movilización

Tras la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917, la Unión Soviética transformó el 1 de Mayo en una gran demostración de poder del Estado obrero. Desde 1920, los desfiles en la Plaza Roja combinaban movilización de masas, consignas revolucionarias y, con el tiempo, exhibición de capacidad, social, militar e industrial. Simbolizaba la victoria sobre la propiedad privada y la construcción del socialismo. En los países del bloque del Este, la jornada reforzaba la legitimidad del poder estatal, aunque con un componente propagandístico cada vez más ritualizado.

América Latina: luchas obreras tempranas y antiimperialismo

Fuera de Europa y EEUU, el 1 de Mayo adquirió formas propias, entrelazadas con luchas anticoloniales, antiimperialistas y contra los oligarcas y terratenientes locales. En México, además de conmemorar Haymarket, se recuerda la huelga de Cananea de 1906 en Sonora, un episodio importantísimo contra la explotación minera estadounidense que alimentó la Revolución Mexicana. En Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Perú y Uruguay se convirtió en Día Nacional oficial; las centrales sindicales organizan marchas anuales multitudinarias que combinan demandas laborales con la oposición a las políticas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional. En Cuba, tras la Revolución de 1959, las concentraciones en la Plaza de la Revolución en el 1 de mayo se convirtieron en símbolo de unidad nacional y defensa de la soberanía frente al imperialismo estadounidense contra el bloqueo, con cientos de miles de trabajadores desfilando. En países como Chile o Brasil, el día ha servido para denunciar represión sindical, la desigualdad extrema y la explotación de los recursos naturales por parte de multinacionales extranjeras.

Asia: luchas anticoloniales y guerras revolucionarias

En Asia, los Primeros de Mayo también se organizaron en contextos coloniales y antiimperialistas, salvo en Japón, que se constituía como imperiop. En el país nipón, la primera manifestación significativa fue en 1920 en el parque Ueno de Tokio, donde la clase obrera japonesa exigió ocho horas y empleo garantizado. Las marchas se reanudaron con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, con un pico en 1952, en el conocido como El Primero de Mayo Sangriento durante protestas contra la ocupación y las bases estadounidenses. En China, trabajadores rusos y chinos en Harbin organizaron y combatieron conjuntamente en esta jornada ya desde 1908; tras el triunfo de la Revolución China en 1949, la República Popular la convirtió en festividad nacional con desfiles masivos. En India, las celebraciones comenzaron en 1923 en Chennai (entonces Madras), con luchas por la jornada laboral de ocho horas y el movimiento independentista. En Indonesia, la primera jornada del 1 de Mayo data de 1918, también inserta en la tradición de la resistencia anticolonial. En Vietnam y otros países del sudeste asiático también se entrelazó con las luchas de liberación nacional, especialmente tras la victoria de Vietnam del Norte y el Vietcong contra EEUU en 1975, que se produjo en justo en la víspera del 1 de mayo. En Palestina, la tradición del 1 de Mayo fue introducida a principios del siglo XX. Inicialmente impulsada por colonos sionistas laboristas, pronto surgió una corriente comunista que buscó internacionalizar la jornada y dejar atrás el carácter nacionalista. El Partido Comunista de Palestina (PCP), fundado en 1923, luchó por transformar el día en una celebración proletaria revolucionaria y promover la unidad árabe-judía contra el imperialismo británico y el sionismo. En 1921, choques entre manifestaciones judías rivales (una sionista y otra internacionalista) derivaron en los disturbios de Jaffa. A partir de los años 1920-1930, los comunistas árabes y el PCP organizaron mítines y huelgas conjuntas, enfatizando la solidaridad de clase. A partir de los años 1960, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) —organización marxista-leninista fundada en 1967 por George Habash— se convirtió, junto a Al-Fatah, en uno de los principales actores de esta tradición. El FPLP ha conmemorado consistentemente el 1 de Mayo como día internacional de los trabajadores, emitiendo declaraciones y propaganda que vinculan la lucha obrera mundial con la resistencia palestina contra la ocupación. Hoy, el 1 de Mayo es día festivo oficial en los Territorios Palestinos y se conmemora por parte de los sindicatos y el FPLP como jornada de lucha obrera, derechos laborales del pueblo palestino y denuncia contra la ocupación.

África: 1 de Mayo contra el racismo, el colonialismo y por el sindicalismo interracial

En África, aunque es un continente olvidado Occidente, cuentan con una larga tradición del 1 de Mayo que se remonta a finales del siglo XIX, con un protagonismo destacado de Sudáfrica. El Día Internacional de la Clase Trabajadora se entrelazó desde bien temprano con la resistencia anticolonial, el sindicalismo interracial y las luchas contra regímenes racistas y poscoloniales. La primera jornada registrada tuvo lugar en Sudáfrica en 1895, organizada por el Johannesburg District Trades Council. En 1910, la visita del líder laborista británico Tom Mann impulsó una marcha masiva multirracial. Tras la Revolución Rusa, la Internationalist Socialist League (ISL) organizó mítines con oradores africanos como Horatio Mbelle (1917) y William Thebedi junto a Talbot Williams (1918), avanzando hacia la unidad interracial. En 1928, miles de trabajadores africanos protagonizaron una marcha que superó en tamaño a la de los trabajadores blancos del Labour Party; entre 1928 y 1948, el día se consolidó como evento anual multirracial. En 1950, el Partido Comunista de Sudáfrica convocó una huelga contra la Ley de Supresión del Comunismo, que derivó en represión policial con 18 muertos en Soweto, donde Nelson Mandela tuvo que refugiarse de los disparos. Durante los años 80, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) transformó la jornada en un poderoso foco de resistencia contra el apartheid. Tras las elecciones de 1994, se declaró fiesta oficial en 1995, reconociendo el rol central de los sindicatos y el Partido Comunista en la derrota del régimen racista.

También en otros países del continente la fecha adquirió un fuerte contenido anticolonial y antiimperialista. En Nigeria, se reconoció oficialmente como Día de los Trabajadores desde 1981 y se utiliza para reivindicar derechos laborales frente a gobiernos poscoloniales, con concentraciones y discursos de líderes sindicales y políticos. En Argelia, Túnez y Egipto, el 1 de Mayo se ligó a las luchas por la independencia y, posteriormente, a las demandas contra la explotación laboral y la represión política. En naciones como Mozambique, Namibia y Zimbabue, ha servido para protestar contra el extractivismo, las miserables y peligrosas condiciones laborales en minas y plantaciones, y las políticas económicas neoliberales, manteniendo su carácter reivindicativo y agitativo para la clase obrera.

El 1 de Mayo hoy

En la actualidad, a pesar de los intentos de las empresas y los gobiernos por convertir la fecha en un puente festivo vacío de contenido político, a pesar de los paseos fúnebres de las burocracias sindicales de cada país, el Primero de Mayo persiste en la memoria colectiva y la iniciativa política de millones de trabajadores del mundo como una jornada de lucha y organización contra la pauperización de los salarios, la degradación de las condiciones de vida, y, atendiendo a su historia, también contra las matanzas imperialistas antiproletarias en cualquier lugar del mundo.

Esta fecha, que condensa un rico patrimonio universal desde sus inicios, está marcada de rojo en el calendario: desde los mártires anarquistas de Chicago, los revolucionarios alemanes contra la guerra imperialista, los victoriosos obreros rusos, los solidarios sindicalistas del IWW, hasta mineros mexicanos, trabajadores japoneses contra la ocupación estadounidense, sudafricanos contra el apartheid, guerrilleros anticoloniales y millones más en todo el mundo. Todos ellos —con sus diferencias, aciertos, errores y contradicciones— se alzan como un movimiento histórico que deja una imborrable huella de lecciones y heroísmo colectivo a su paso. Su ejemplo y su generosidad, por tanto, no son ninguna reliquia, sino una herramienta política viva por que sigue iluminando el camino de las luchas de la actualidad contra la explotación, la represión y el exterminio que sigue padeciendo el proletariado el todo el mundo.

Este desconocimiento masivo no es un accidente. Es el resultado tangible de una desconexión generacional y, también, de la incapacidad de las propias organizaciones sindicales para renovarse y ser prestigiosas entre quienes más sufren la precariedad.

La paradoja de la percepción

El informe de USO, basado en una encuesta a 1.010 jóvenes, dibuja un panorama contradictorio. Por un lado, un 74,65% de los encuestados cree que un sindicato puede ser de ayuda ante un problema laboral, y un 71,88% de hecho asegura que contactaría con uno si tuviera una necesidad. Por otro lado, casi la mitad (49,90%) tiene una percepción "buena o muy buena" de los sindicatos, frente a solo un 13,37% que la considera "mala o muy mala".

Sin embargo, los de afiliación real son lapidarios: solo un 5,5% de los afiliados de CCOO y un 9,4% de UGT tiene menos de 30 años, según los datos aportados por los propios sindicatos. El estudio de USO señala que la afiliación sindical entre los jóvenes que han trabajado ronda el 15,74% (la mitad de la OCDE, que se sitúa en el 30%), cifras que vuelven a chocar frontalmente con la realidad de las grandes centrales sindicales.

El informe explica que la razón de esta brecha se encuentra, en parte, en que los jóvenes actúan principalmente por reacción, no por convicción previa. Ante abusos reales (como horas extra sin pagar o trabajos sin contrato), la respuesta más frecuente es "no hice nada" (entre el 30% y el 45% de los casos). Solo en situaciones extremas (como acoso o despido) la cifra de quienes acuden a un sindicato supera el 20%, que tampoco es mayoritario. Es decir, la gran mayoría solo consideraría la afiliación tras sufrir un abuso directo, no como una herramienta preventiva o de pertenencia de clase.

Precariedad y derechos vulnerados

El contexto socioeconómico general de esta desconexión es una realidad laboral que, por sí sola, tiene el potencial de disparar la sindicalización. El informe de USO es demoledor al detallar las experiencias de estos jóvenes:

• 77,63% ha realizado trabajos que no le correspondían.
• 69,32% ha sufrido sobrecarga laboral.
• 64,64% ha realizado horas extras sin cobrarlas.
• 54,92% ha trabajado sin contrato en alguna ocasión.
• 51,05% ha trabajado alguna vez sin cobrar.

A pesar de ello, cuando se les pregunta por qué no actúan, el informe señala que un 43,37% no sabía a dónde acudir y se sintió "poco o nada protegido". Este dato es aún más grave entre mujeres (42,15%). Solo un 3,27% se sintió "muy protegido". La conclusión es inevitable: el discurso sindical, sus canales y su presencia no llegan a los centros de trabajo precarios donde se concentra la juventud (hostelería, reparto, cultura, cuidados, etc.).

Desconocimiento estructural o abandono sindical

El informe de USO desglosa ese 54,55% de desconocimiento. No es que tengan una idea vaga: muchos directamente confunden los sindicatos con ONGs (10,2%), con departamentos del Ministerio de Trabajo (9,31%) o incluso con partidos políticos (4,16%). El conocimiento real ("asociación de trabajadores"), no alcanza la mitad: solo lo reconoce el 45,45%.

Y aquí el propio estudio apunta a una responsabilidad directa del sistema educativo y, de paso, de los propios sindicatos. La formación en derechos laborales es casi inexistente hasta la FP (con la asignatura FOL), pero como bien señala el informe, "no solo los estudiantes de FP van a trabajar". Muchos jóvenes abandonan la ESO o el bachillerato sin haber oído hablar jamás de un convenio colectivo o de la negociación sindical. En ese sentido, la propuesta de USO de incluir educación sindical en el último curso de la ESO podría ser sensata, pero se torna insuficiente si no va acompañada de un cambio de modelo sindical. La ausencia de datos oficiales del Ministerio de Trabajo desde 2010 impide evaluar si las campañas de "rejuvenecimiento" de los grandes sindicatos son algo más que marketing.

Síntomas de agotamiento: riesgos de irrelevancia e inutilidad

A pesar de que el 66,98% de los jóvenes no afiliados valora afiliarse en el futuro, la pregunta es: ¿a qué se afiliarían? La realidad es un modelo sindical que, salvo honrosas excepciones en sectores y centros de trabajo concretos o en sindicatos combativos de base ha envejecido como estructura. La burocratización, la dependencia de subvenciones estatales (un 67,52% de los jóvenes cree, acertadamente, que los sindicatos "cobran subvenciones del Estado") y su falta de propuesta y articulación para los sectores frecuentados por la juventud trabajadora los alejan de la realidad juvenil.

La conclusión es que nos encontramos ante un desistimiento generacional inducido. Los jóvenes no son apolíticos ni pasivos: cuando sufren acoso, un 44,55% dice que acudiría a un abogado (en hipótesis), frente al 29,58% que acudiría a un sindicato. En la realidad, tras un despido, solo un 19,29% fue al sindicato, mientras un 24,64% fue directamente a un abogado. Anteponen la vía jurídica individual a la colectiva porque la perciben como más eficaz, rápida y menos burocratizada.

Si los sindicatos no logran revertir esta percepción, si no son capaces de ser vistos como herramientas útiles para mejorar la vida de la clase trabajadora, los datos apuntan a un futuro claro: la progresiva irrelevancia y el envejecimiento terminal de los sindicatos.

Desde la patronal y los think tank conservadores y libertarios, como el propio Instituto Cato, han llegado a reconocer y calificar este fenómeno de "preocupante". Michael Chapman, portavoz de la entidad, sostiene que "favorecer el socialismo es coquetear con la tiranía" y atribuye estos resultados a una supuesta "falta de formación histórica en las universidades". No obstante, los datos indican que el descontento se debe principalmente a razones materiales: el 74% de los encuestados declara una preocupación extrema por el precio de productos básicos como comestibles, energía y alquileres, señalando directamente a las grandes corporaciones y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos multimillonarios.

Dentro del ámbito académico, el giro ideológico es aún más pronunciado, evidenciando que los centros de formación están empezando a fallar en su función de producir consenso hacia el poder establecido. Una encuesta de Axios-Generation Lab destacaba que el 67% de los estudiantes universitarios en EEUU mantienen una asociación "positiva o neutral" con el término socialismo, frente a un escaso 40% que opina lo mismo del capitalismo. En términos de rechazo explícito, las opiniones negativas hacia el modelo de libre mercado (53%) duplican ampliamente a las que suscita el socialismo (23%), consolidando una corriente de opinión que vincula directamente la propiedad privada de los medios de producción con aspectos negativos.

Este cambio de paradigma ideológico se ha manifestado también en los sindicatos de profesores de estados como Colorado, que en 2023 aprobaron resoluciones donde denunciaban explícitamente que el capitalismo "explota intrínsecamente a los niños, las escuelas públicas y los recursos naturales". No se trata de unos resultados puntuales de encuestas sesgadas, puesto que parece ser un fenómeno social y políticamente perceptible reconocido incluso por la clase política anticomunista. Figuras del conservadurismo estadounidense ya se han hecho eco de este avance de la conciencia de clase en EEUU: el senador Rand Paul criticó que los jóvenes "no saben definir el socialismo".

Sin embargo, las encuestas indican que, más allá de definiciones académicas, lo que está uniendo a esta generación es un creciente sentimiento de rechazo al capitalismo y la búsqueda de una alternativa. Esto tiene una posible correlación política, y es que coincide en el tiempo con un apoyo creciente a organizaciones de inspiración marxista, sindicatos, movimientos antiimperialistas y antifascistas, especialmente entre los jóvenes. Mientras tanto, los sectores empresariales y los políticos profesionales muestran una actitud contradictoria: intentan infantilizarlo, pero a su vez lo reconocen como un "peligro" y reactivan retóricas de la Guerra Fría para tratar de contener el descontento, llegando a imponer clases obligatorias de anticomunismo en Florida, por ejemplo.

Si esta corriente de opinión sigue consolidándose, supondría un fracaso histórico de décadas de inversión propagandística anticomunista. En EEUU se está gestando un clima de opinión donde las nuevas generaciones empiezan a considerar que el capitalismo se ha quedado desfasado como sistema histórico y el socialismo resuena como una alternativa atractiva para superarlo, aunque el panorama organizativo sea fragmentado y poco consistente, por ahora.

Varios medios afirman que los detenidos serían alrededor de 175, de diversos orígenes, y según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, serán trasladados a la costa griega y desembarcarán en una playa de ese país "en las próximas horas". El ministro sionista añadió que se trata de una operación coordinada con el Gobierno griego y agradeció la colaboración. Saar declaró que Israel no permitirá que nadie rompa el bloqueo que tiene impuesto sobre la Franja de Gaza.

Huelga de hambre de los detenidos

Varios miembros de Euskal Herria se encontraban en la flotilla y, por tanto, entre los detenidos hay vascos. Entre las personas detenidas por Israel se encuentran, entre otros, el corresponsal de GEDAR LANGILE KAZETA y DIARIO SOCIALISTA, Lino Figueroa, y un militante de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), Patxi Calleiras.

En un vídeo recién difundido por la delegación de Euskal Herria de la Global Sumud Flotilla, aparece Calleiras hablando y dice lo siguiente con firmeza: "Si estás viendo este vídeo, significa que Israel ha abordado nuestro barco y me ha detenido. No aceptamos el asedio militar impuesto por Israel, ni el genocidio contra este pueblo. Por eso, desde el mismo momento en que me detengan, me declararé en huelga de hambre con las siguientes reivindicaciones: la liberación inmediata de todos los detenidos y el fin de las intercepciones; el fin del bloqueo militar impuesto por Israel y del genocidio; las empresas e instituciones de Euskal Herria deben cortar toda relación con Israel, porque vosotras también sois cómplices de este genocidio". Junto a ello, en el vídeo ha lanzado "una llamada a la clase trabajadora de Euskal Herria para que salga a la calle".

Este viernes, nada más conocerse la noticia del ataque sufrido por la Global Sumud Flotilla, se realizaron numerosas convocatorias de movilización a nivel internacional. En Euskal Herria, con varios miembros de la misión humanitaria secuestrados, también se han producido protestas en varias capitales. En las movilizaciones llamaron a seguir luchando contra el Estado de Israel y por la libertad de Palestina, después de que la enésima iniciativa solidaria organizada internacionalmente haya sido atacada violentamente.

Esta divergencia no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia estructural que viene de atrás. En el año 2000, la brecha entre ambos indicadores era de apenas 2 puntos; sin embargo, tras la crisis de 2008 y la posterior aplicación de reformas que profundizaron el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora, mientras el capital aceleró su captación del producto social. Para 2012, en plena fase de recortes del gasto social, los beneficios ya superaban en 18 puntos a los salarios, una distancia que se ha duplicado en la última década. Los empresarios han logrado esto gracias a la reducción de derechos laborales, donde la productividad generada por los trabajadores, que crece el doble que los salarios, ha sido transferida directamente a los márgenes de beneficio empresarial.

El sector financiero ha jugado un papel determinante en este escenario de "des-redistribución". Según los registros de la Seguridad Social (RETA) y la Contabilidad Nacional, el Excedente Bruto de Explotación (EBE) nominal de la economía española ha pasado de los 190.000 millones de euros en 1995 a los 654.000 millones estimados para 2024. Este incremento masivo de la masa de beneficios se produce en un contexto donde el número de autónomos y pequeños propietarios se mantuvo relativamente estable (de 3,2 a 3,38 millones) hasta hace poco lo que confirma una mayor concentración de la renta en la cúspide de la pirámide socioeconómica.

En comparación con el resto de la Unión Europea, el Estado español destaca por su agresividad específica contra las rentas del trabajo. Mientras que en la UE-27 la brecha de poder adquisitivo se sitúa en 25,5 puntos, en el Estado español escala hasta los 33. Los datos demuestran que las políticas de "competitividad" aplicadas por los sucesivos Gobiernos se traducen en sacrificar las condiciones de vida de la mayoría social, consolidando un marco donde el crecimiento económico solo se traduce en bienestar para los propietarios de los medios de producción, sin repercusión en el bienestar de la mayoría social.

La OJS, que ha estado organizando actos locales y acciones de propaganda para la convocatoria, busca demostrar con la manifestación de este Primero de Mayo que "cada vez hay un grupo más relevante de juventud trabajadora que se niega a mantenerse pasiva ante el contexto de guerra y auge del fascismo de nuestros tiempos" y que, "lejos de caer en las garras de la extrema derecha y el fascismo, se organiza activamente para combatirlos". A este respecto, declaran:

"Queremos demostrar que una gran parte de la juventud nos oponemos a la guerra imperialista y al auge de la reacción y el fascismo. Que a pesar de que los medios digan lo contrario, la juventud no abrazamos las ideas reaccionarias o de derechas, al contrario, las confrontamos".

Este 1 de mayo, pretenden señalar frontalmente el papel cómplice de los grandes sindicatos con las políticas de miseria que impulsa la patronal, así como hacer un desafío directo a Vox y Aliança Catalana, como las expresiones parlamentarias de extrema derecha, a las que "hay que combatir con urgencia".

Por otra parte, remarcan la necesidad de poner sobre la mesa una propuesta política para hacer frente al auge de la reacción y el fascismo que supere las propuestas fallidas de los partidos de izquierdas. Sitúan, en contraposición, "una propuesta política de clase que sea realmente capaz de generar un muro defensivo ante el fascismo y la reacción creciente", poniendo "el poder y la capacidad de la clase trabajadora" en el centro.

La manifestación, con inicio a las 12:00 en la Plaza de Sants (Barcelona), recorrerá las calles del barrio mientras se llevan a cabo diferentes acciones de denuncia y agitación. Al finalizar el recorrido, se dará por finalizada la movilización con un acto con varios discursos. La organización convocante apuesta por un 1 de mayo que aglutine a más jóvenes que la manifestación pasada del 7J de la OJS, donde se manifestaron 1.500 jóvenes en Badalona. "Demostrando que cada vez somos, y seremos, muchos más jóvenes los que se organicen políticamente para hacer frente a la barbarie y violencia del sistema capitalista", concluyen.

Este desembolso gigantesco se produce mientras los servicios esenciales en los Estados miembros se desmantelan con recortes y desinversión silenciosa; los 90.000 millones comprometidos equivalen a la totalidad del gasto sanitario público anual del Estado español. Esta cifra representa también el 50% de todo lo que Italia dedica a sanidad en un año o el 18% del presupuesto de salud de Alemania, la principal economía del bloque comuntario. Mientras los sistemas sanitarios europeos operan bajo presión por la falta de ingresos, la Comisión Europea ha optado por el endeudamiento común para financiar esta operación, puesto que sigue sin poder lograr un acuerdo para utilizar directamente los activos rusos "congelados".

El destino de los fondos prioriza sostener el complejo militar-industrial frente a las necesidades sociales. Del total del préstamo, dos tercios —unos 60.000 millones de euros— se dirigirán específicamente a "necesidades de defensa", lo que incluye la compra de armas y municiones con una "preferencia europea" que garantiza el retorno del capital a las empresas de armamento de la UE. El tercio restante, aproximadamente 30.000 millones, se utilizará para el "apoyo presupuestario", garantizando el pago de sueldos y pensiones del Estado ucraniano, que según el FMI enfrentaba un "riesgo de colapso financiero" sin esta inyección externa.

La arquitectura financiera del préstamo desplaza el riesgo directamente sobre la población europea con un mecanismo de reembolso condicionado. Ucrania no pagará intereses por el capital recibido y solo comenzará a devolver el principal una vez que Rusia "pague reparaciones por los daños de la guerra". Esta cláusula supedita el recobro de los fondos públicos a un más que improbable escenario de "victoria militar" y pago de indemnizaciones, convirtiendo de facto la deuda común en una inversión a fondo perdido si no se cumple dicha condición.

La maniobra financiera, que socializa riesgos y privatiza ganancias en manos de un puñado de empresas armamentísticas, profundiza la estrategia de guerra y destrucción de valor en Ucrania, coincidiendo con la aprobación del 20º paquete de sanciones contra Rusia. Al financiar la guerra vía emisión de deuda en los mercados de capitales, las instituciones europeas consolidan un modelo donde los contribuyentes de la UE pagan la continuidad de la confrontación bélica con sus bolsillos y en recortes sociales. Según diversos analistas y fuentes diplomáticas consultadas en su momento por Politico, la decisión de utilizar deuda propia en lugar de los activos rusos incautados responde a las divisiones internas del bloque y al temor de países como Bélgica a las "represalias rusas" sobre sus servicios financieros.

El aumento de la tensión bélica se ha visto agravado por la reunión prevista para este jueves entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Mando Central, el almirante Brad Cooper. Según fuentes citadas por el medio Axios, el encuentro tiene como objetivo analizar "nuevas opciones militares de actuación en Irán", lo que sugiere que en Washington estudian seriamente retomar los ataques contra el país persa. El Pentágono ya ha solicitado el despliegue de misiles hipersónicos en la región, una medida que supone el primer envío de este tipo de armamento a la zona de guerra.

La parálisis de las rutas marítimas en el Golfo ha forzado a los países productores a reducir su actividad, lo que ha generado una contracción drástica de la oferta que beneficia a los márgenes de beneficio de las corporaciones energéticas. Las recientes conversaciones en Islamabad (Pakistán) entre representantes de Washington y Teherán finalizaron sin acuerdos para un cese permanente de las hostilidades. Mientras los intereses estratégicos de las potencias ocupantes mantienen suspendido el tráfico en Ormuz, la industria petrolera opera bajo una "prima de guerra" que antepone la rentabilidad de la escasez a asegurar el suministro energético de la clase trabajadora.

En el plano estructural, la crisis se produce mientras la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sufre una fractura interna histórica tras la salida oficial de Emiratos Árabes Unidos. Aunque la marcha de este gran productor supondrá un factor de inestabilidad para el cártel que estabilizaba el precio del petróleo en la región, sobre la que se cierne la sombra de una gran conflagración militar de la mano de EEUU e Israel. Los inversores priorizan ahora la ausencia física de crudo iraní y la posibilidad de que la resistencia de Irán extienda las represalias sobre las infraestructuras energéticas de las petromonarquías del Golfo. Mientras tanto, el gasto militar estadounidense en la operación ya asciende a 25.000 millones de dólares, según datos del Pentágono.

Pese a la escalada del precio del crudo, el coste de los carburantes en el Estado español no ha experimentado nuevas subidas, de momento. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,52 euros y el del diésel en 1,74 euros, aunque este último sigue siendo más caro que antes del inicio de la guerra. No obstante, la persistencia del bloqueo militar y la posible reanudación de los ataques amenazan con trasladar de nuevo el encarecimiento de la energía a la clase trabajadora una vez se agoten los actuales mecanismos de contención fiscal.

La dependencia internacional del arroz vietnamita es especialmente aguda en Filipinas, país que absorbe casi el 45% de las ventas externas de la isla, superando los 3,2 millones de toneladas anuales para estabilizar sus precios internos. De acuerdo con informes del USDA y la FAO, el consumo promedio mundial de arroz oscila entre los 60 y 80 kg por persona al año; bajo esta métrica, la producción exportable de Vietnam tiene la capacidad teórica de alimentar a 133 millones de personas. En la práctica, este flujo es el que evita crisis de hambre en naciones enteras como Costa de Marfil o Ghana, donde el arroz vietnamita es un recurso esencial frente a las restricciones comerciales de otros grandes productores como India.

El modelo productivo vietnamita descansa sobre la explotación intensiva del Delta del Mekong, una región que genera más del 50 % de la producción nacional y el 90 % de las exportaciones. No obstante, esta "despensa arrocera del mundo" se enfrenta a una amenaza existencial por la fractura metabólica derivada del cambio climático. La subida del nivel del mar, la intrusión salina y las sequías ponen en riesgo un sistema que hoy representa el 6 % de la producción mundial de arroz. Ante este escenario, el Gobierno de Vietnam ha iniciado el proyecto de "1 millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajo carbono", buscando priorizar la productividad y la sostenibilidad sobre el simple volumen de exportación.

El rol de Vietnam como estabilizador de precios mundiales es una pieza importante en la arquitectura de la seguridad alimentaria en el Sudeste Asiático y África. Mientras las grandes potencias exportadoras priorizan sus intereses estratégicos —como ha demostrado India con sus recurrentes prohibiciones a la exportación para controlar su inflación interna—, Vietnam ha mantenido un flujo de suministro que, según la Vietnam Food Association (VFA), resulta vital para los estratos más pobres de la población mundial. La reducción planeada de la superficie cultivable hacia 2030, en favor de una diversificación más rentable, plantea interrogantes sobre quién cubrirá el vacío calórico en los países que hoy dependen de este intercambio de materias primas básicas.

Radiografía de la dependencia global del arroz vietnamita (2025)

La medida afectaría directamente a proyectos de restitución que actualmente intentan devolver a sus legítimos dueños objetos expropiados por la fuerza. En un proyecto piloto desarrollado en Sajonia-Anhalt, los investigadores localizaron 176 objetos sospechosos de haber sido robados a familias judías, incluyendo documentos antiguos, objetos rituales y piezas de la vida cotidiana que se encuentran en museos de pequeñas localidades como Ballenstedt o Wernigerode. Para la AfD, esta labor de justicia histórica "no tiene justificación" y "solo sirve para el mantenimiento artificial de un sentido de culpa que finalmente deberíamos dejar".

En lugar de financiar la aclaración del paradero de las 600.000 obras de arte robadas en Europa durante el nazismo, el programa revisionista de la AfD propone desviar esos recursos públicos hacia el ensalzamiento del "pasado militar alemán". El partido propone que los "monumentos de guerra" sean atendidos y que los soldados caídos, incluidos aquellos que lucharon por el régimen nazi, sean honrados con monumentos conmemorativos como "una primera señal del giro patriótico". Esta propuesta supone una ruptura con los principios internacionales de Washington de 1998, mediante los cuales Alemania se comprometió a "buscar soluciones justas para las víctimas del expolio y sus descendientes".

La comunidad científica y las instituciones culturales han reaccionado con alarma ante lo que consideran un intento de borrado de la responsabilidad social del Estado y revisionismo histórico. Wiebke Ahrndt, presidenta de la Asociación de Museos Alemanes, ha defendido en declaraciones al Frankfurter Allgemeine que la investigación de la procedencia es una "tarea original de los museos" y la única vía para cumplir con la transparencia. Ahrndt sostiene que, en las instituciones públicas, "la injusticia histórica debe ser nombrada y tratada", frente a la retórica filonazi que apuesta por rehabilitar de los símbolos genocidas.

A pesar de que el presupuesto militar aumentó tras el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, el mando militar decidió recortar los programas de apoyo profesional. En febrero, el Ejército canceló las jornadas de acompañamiento psicológico obligatorio para reservistas antes de su regreso a la vida civil, y aunque las ha restablecido parcialmente, soldados desplegados en la frontera norte y Cisjordania denuncian haber sido licenciados sin ver a ningún profesional. "Gastan miles de millones en municiones e interceptores, ¿y ahorran dinero en esto?", criticó uno de los militares afectados en declaraciones recogidas por el medio israelí.

La presión de los mandos sobre la tropa agrava el riesgo para los soldados que presentan traumas derivados de los crímenes de guerra que cometen. Algunos sectores del mundo marcial israelí denuncian que los comandantes presionan a soldados con trastorno de estrés postraumático (TEPT) para que se reincorporen al servicio bajo amenaza de arresto, alegando la falta de personal en las brigadas de combate. Otros oficiales bloquean directamente el acceso a tratamientos por visiones "anticuadas" sobre la salud mental. Un exjefe de la rama clínica de salud mental de las IDF alertó de que el sistema "ha ignorado señales de advertencia claras en varios de los fallecidos".

Entre los fallecidos en abril se encuentran un miembro de la unidad de élite Shaldag, que participó en operaciones en Gaza, y un soldado de inteligencia expuesto de forma continuada a información sobre los ataques y sus resultados. Otros casos, como el de un teniente coronel de carrera, se atribuyen al acoso del sistema militar tras negarse este a financiar sus tratamientos médicos y al endeudamiento acumulado. "Su sangre está en manos de las IDF", declaró un allegado del oficial.

La respuesta oficial del Ejército de Israel se limita a afirmar que el sistema de salud mental "se ha ampliado significativamente" y que cada caso se investiga para "aprender lecciones". No obstante, los datos del Ministerio de Defensa y del propio IDF reconocen que el número de casos de problemas de salud mental entre las fuerzas coloniales aumentó un 30% desde 2023. Ante la insuficiencia de la respuesta pública, varias unidades de élite han comenzado a financiar sus propias sesiones de "apoyo psicológico" mediante donaciones privadas, evidenciando los problemas internos de la tropa y las prioridades presupuestarias de la cúpula militar.

El crecimiento de la AfD coincide con un hundimiento sin precedentes en la valoración del Canciller Friedrich Merz (CDU), quien encabeza la actual "gran coalición" junto al SPD. Según los datos de Forsa recogidos por medios como ZEIT y Handelsblatt, solo el 15% de la población se muestra satisfecha con el trabajo de Merz, mientras que un abrumador 83% rechaza su gestión. Este desgaste de la figura del Canciller inidica el fracaso de las políticas de la coalición gubernamental para contener el descontento social ante el deterioro de sus condiciones materiales en medio del desmantelamiento industrial, el plan de rearme, los recortes sociales y la perspectiva del restablecimiento del servicio militar obligatorio, entre otras cuestiones.

En el bloque de la izquierda parlamentaria, el Partido Socialdemócrata (SPD) continúa su sangría de apoyos y ha sido alcanzado por la socialdemocracia de izquierdas Die Linke, empatando ambas formaciones con un 12% de intención de voto. Mientras el SPD, socio en el Gobierno de Merz, se mantiene estancado, Die Linke experimenta un ligero ascenso de un punto, situándose al mismo nivel que el histórico partido de la izquierda del capital. Por su parte, Los Verdes (Grüne) se mantienen como tercera fuerza con un 15%, mientras que los liberales del FDP, con un 4%, quedarían fuera del Parlamento al no alcanzar el umbral mínimo del 5%.

La consolidación de la AfD como partido más votado en las encuestas, reportada por agregadores como dawum.de y wahlrecht.de, evidencia la ruptura del consenso político tradicional en Alemania. El aparato propagandístico de la ultraderecha ha logrado capitalizar la desafección existente hacia una gran coalición que prioriza las agendas de recortes y el gasto militar. Este escenario de ascenso de la reacción sitúa a la AfD en una posición de fuerza inédita para condicionar el futuro político e institucional de Alemania y Europa.

El informe destaca que tanto el sector empresarial como el doméstico están sufriendo el impacto de la convulsa coyuntura económica actual. Las quiebras comerciales (Business filings) crecieron un 11,4 %, alcanzando las 25.960 solicitudes, mientras que las de particulares (Non-business) subieron un 11,9%, situándose en 565.890 casos. El fenómeno muestra un cambio de ciclo tras una década de descensos sostenidos desde el pico de la Gran Recesión, cuando en septiembre de 2010 se rozaron los 1,6 millones de expedientes.

El peso de la reestructuración

El desglose por capítulos del Código de Bancarrota revela qué herramientas están utilizando los deudores para enfrentar sus crisis de solvencia:

• Capítulo 7 (Liquidación): Sigue siendo la opción mayoritaria, con 369.702 casos. Representa el recurso para quienes no tienen ingresos suficientes para pagar sus deudas.
• Capítulo 11 (Reorganización): Utilizado principalmente por empresas para seguir operando mientras renegocian su deuda, subió a 9.941 casos.
• Capítulo 13 (Ajuste de deudas): Dirigido a individuos con ingresos regulares que buscan un plan de pagos, alcanzó las 211.700 solicitudes.

Evolución de las solicitudes (2022-2026)

A pesar del repunte de bancarrotas, los analistas judiciales subrayan que el volumen actual de litigiosidad concursal sigue siendo significativamente inferior a los mayores niveles históricos. No obstante, la persistencia del crecimiento trimestral sugiere que la "resaca" de las ayudas de la era pandémica y el endurecimiento de las condiciones de financiación están erosionando la capacidad de pago de las familias y las pymes estadounidenses. Mientras el Capítulo 7 crece impulsado por la insolvencia directa, el incremento en el Capítulo 11 apunta a un intento del sector corporativo por evitar echar la persiana en un entorno de tipos de interés que no terminan de dar tregua.

La decisión se produce en medio de una escalada bélica de EEUU en la región y tras la agresión de fuerzas estadounidenses contra Venezuela que se saldó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, además de la guerra abierta contra Irán que Washington mantiene junto a Israel desde el pasado 28 de febrero.

"Si alguien hiciera lo mismo a EEUU, lo consideraríamos un acto de guerra"

El senador republicano Rick Scott, representante de los intereses del sector más reaccionario de Florida, fue el encargado de detener la resolución argumentando que una votación sobre poderes de guerra "no es apropiada" porque Trump "aún no ha desplegado tropas terrestres en la isla". Sin embargo, el senador demócrata Tim Kaine, principal promotor de la medida de freno, denunció que las operaciones actuales de las fuerzas armadas para detener los envíos de combustible hacia Cuba ya constituyen una agresión militar. "Si alguien hiciera a Estados Unidos lo que nosotros le estamos haciendo a Cuba, definitivamente lo consideraríamos un acto de guerra", manifestó Kaine durante su intervención en el Senado.

El amparo legislativo a la discrecionalidad del presidente refuerza la estrategia de presión imperialista sobre el Caribe, después de que el propio Trump declarara de forma amenazante que "Cuba es la siguiente". Aunque el Ejecutivo no ha detallado sus planes operativos, justifica sus acciones bajo la premisa de que el Gobierno cubano está "al borde del colapso". Por su parte, la Casa Blanca sostiene que las decisiones de Trump se sitúan "dentro de sus derechos y obligaciones como comandante en jefe" para "proteger los intereses estratégicos del país", evitando cualquier control parlamentario sobre las operaciones de corto plazo.

Este nuevo rechazo en el Senado confirma la incapacidad de la oposición legislativa "progresista" para frenar la política de expansión militar de la actual administración. Los republicanos, que mantienen mayorías ajustadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, han votado sistemáticamente en contra de estas resoluciones, acusando a los demócratas de intentar "debilitar" la figura presidencial. Mientras el aparato jurídico de Washington permite que el gasto militar y la agresión externa sigan su curso sin trabas, la isla continúa bajo un asedio naval parcial que busca quitarle sus recursos energéticos y asfixiar su economía.

Esta situación deriva de una modificación en los estatutos y reglamentos internos que la dirección de Más Madrid ha impulsado para restringir el derecho a sufragio en las elecciones primarias. La dirección defiende que los cambios fueron aprobados "democráticamente" por la militancia en 2025 y que buscan "garantizar una participación activa y comprometida", no "simpatizantes de última hora".

Según detalla Oliver, en las consultas internas de 2019 participaron más de 7.000 personas en el ámbito autonómico; sin embargo, con el nuevo marco normativo, la cifra de personas con capacidad de decidir se ha desplomado hasta las 800. La dirección ha establecido que los cargos públicos y asalariados son "militantes natos", mientras que el resto de la base social debe superar registros específicos y controles de actividad periódicos para no perder sus derechos políticos en Más Madrid.

El exdiputado señala que este modelo de gestión genera un "modelo de incentivos" donde quien controla el aparato administrativo controla "prácticamente un 30-40% del voto". Esta concentración de poder en manos de los políticos profesionales "aumenta muchísimo las barreras de entrada" para perfiles externos y candidaturas críticas que no cuenten con el respaldo de la estructura de liberados y cargos públicos. Oliver califica el procedimiento utilizado por la Mesa Regional —la asamblea legislativa del partido— como una "pirueta" jurídica para imponer un reglamento que no tendría encaje en las figuras estatutarias previas.

La denuncia también menciona el hecho de que los simpatizantes de Más Madrid puedan votar para elegir candidatos en municipios de más de 500.000 habitantes, pero se les prohíba hacerlo cuando se trata de elegir a quienes representarán a los 7 millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

El exconcejal de Podemos en Parla, Javier R., se ha sumado a las críticas señalando que este mecanismo de exclusión convierte a la militancia real en algo inexistente, reduciendo la organización a un núcleo de personas liberadas y sus entornos inmediatos. Este proceso de blindaje institucional de Más Madrid responde a la producción de una estructura de cuadros profesionalizados que prioriza la estabilidad de sus propios puestos frente a la participación política interna. La tensión interna revela cómo la dirección ha utilizado el aparato jurídico del partido para rebajar el peso político de los más de 34.000 inscritos originales, consolidando un monopolio de la información y la decisión en favor de una minoría que percibe salarios públicos o directos de la formación.

La pobreza extrema golpea con especial virulencia a la infancia. El documento revela que 2,2 millones de niños de entre seis meses y cinco años sufren malnutrición aguda, lo que supone un incremento de 100.000 menores afectados en apenas medio año. Las agencias firmantes estiman que 700.000 de estos niños se encuentran en "grave riesgo de morir" debido a la destrucción sistemática de los servicios nutricionales durante los combates y a la reducción del acceso a tratamientos vitales provocada por el desabastecimiento y la retirada de fondos internacionales.

La actual crisis es el resultado material directo de la confluencia de la guerra civil inducida por Emiratos Árabes Unidos vía milicias proxy, los efectos del cambio climático y el impacto del conflicto en la vecina Sudán, de la que se independizó en 2011. La estructura económica del país, una de las más empobrecidas del mundo ha empeorado con una inflación galopante y el drenaje de recursos destinados al gasto militar. En este contexto, los enfrentamientos entre el ejército estatal (Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur) y grupos mercenarios respaldados por EAU y Occidente han intensificado la destrucción de las fuerzas productivas y los medios de subsistencia de la población trabajadora y campesina.

En el plano político, la parálisis institucional y la violencia derivan de la fractura entre las facciones del poder representadas por el presidente Salva Kiir Mayardit y el vicepresidente suspendido Riek Machar. Este último se encuentra actualmente procesado en Juba por cargos de asesinato, traición y crímenes contra la humanidad. Mientras las élites dirimen sus cuotas de control sobre el aparato del Estado, el incumplimiento del "acuerdo de paz" de 2018 amenaza con devolver al país a una guerra total similar a la que ya causó cerca de 400.000 "muertes" en la década pasada.

La situación actual en Sudán del Sur evidencia los límites de la ayuda humanitaria condicionada de las potencias imperialistas y el fracaso de la "estabilidad" bajo marcos de gestión de deuda y dependencia externa. Con el cierre de servicios básicos por falta de presupuesto y la inseguridad física para el transporte de alimentos, la población civil se ve obligada a afrontar una pauperización absoluta que mata de hambre. "El tiempo se agota", advierten los organismos internacionales, recordando que la crisis alimentaria puede provocar una mortandad masiva evitable.

La brecha entre ambas potencias responde a ritmos de acumulación de capital intelectual marcadamente distintos. Los datos de la OCDE muestran que China ha elevado su gasto en investigación cerca de un 10% anual durante al menos la última década. En el ejercicio de 2024, el incremento fue del 9,7%, una cifra que contrasta con el 3,4% registrado en Estados Unidos. Esta tendencia sostenida es signo de una estrategia estatal orientada a transformar la base productiva y reducir la dependencia de tecnologías externas.

El indicador utilizado por la OCDE incluye de forma agregada el gasto del Gobierno, el sector empresarial y las partidas destinadas al ámbito militar. La utilización de la paridad de poder adquisitivo resulta determinante en este análisis, ya que corrige las diferencias de costes operativos entre países, permitiendo una comparación directa sobre cuántos recursos físicos y humanos —como laboratorios, materiales y salarios de investigadores— se están activando realmente en cada territorio.

Este adelantamiento se produce en un contexto de competencia acelerada por el control de las fuerzas productivas avanzadas. Mientras la economía estadounidense muestra un crecimiento más lento en esta área, la planificación económica china ha priorizado la soberanía tecnológica en sus planes quinquenales como eje central. Según la OCDE, esta dinámica no es un fenómeno aislado de 2024, sino el resultado de un proceso de inversión masiva que ha permitido al capital chino disputar la vanguardia en sectores estratégicos donde el bloque occidental mantenía históricamente el monopolio.

La propuesta de Moscú se limita por ahora a una pausa simbólica similar a las dos treguas breves ya consensuadas en 2025. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, exige un alto el fuego de al menos 30 días, exigencia que el Gobierno ruso rechaza tajantemente. El asesor de Putin ha manifestado que "Trump cree que un trato que ponga fin al conflicto en Ucrania ya está cerca", pese a que las negociaciones formales permanecen estancadas desde mediados de febrero porque las partes no ceden en sus objetivos estratégicos.

En el plano militar y político, el jefe del Kremlin ha condicionado cualquier avance diplomático real a que Zelensky acepte la demanda rusa de retirar todas sus tropas de la región del Donbás, zona del Este del país de mayoría rusófona. Durante la conversación con Trump, Putin ha recalcado que las fuerzas rusas mantienen "la iniciativa estratégica en el campo de batalla" y que "los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados en cualquier caso", priorizando la vía armada si no existe una capitulación ucraniana sobre los territorios en disputa.

El estancamiento del conflicto se ve agravado por la situación en Oriente Medio, que ha desviado la atención de la Casa Blanca. Según ha explicado Denis Denisov, experto de la Universidad Financiera del Gobierno ruso, a la agencia rusa TASS, los responsables estadounidenses que iniciaron el proceso "se han distanciado de él debido a la situación de Irán". Esta parálisis diplomática favorece a que se mantenga la guerra, mientras antiguos cargos ucranianos como Oleg Tsaryov señalan que la Unión Europea ha garantizado financiación suficiente para que Zelensky prolongue los enfrentamientos durante dos años y medio más.Por lo general, la prensa oficial y los líderes políticos occidentales han reaccionado con escepcismo a la breve tregua, cuestionando su sinceridad y destacando "violaciones previas del alto el fuego" durante pausas similares.

Por su parte, algunos sectores del bloque europeo han comenzado a sugerir la entrega de territorios como salida al conflicto. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado recientemente que Kiev probablemente "tendrá que aceptar la pérdida de parte del territorio ucraniano" si desea asegurar su futura pertenencia a la Unión Europea. Esta postura coincide con el análisis de expertos rusos que prevén que, ante la falta de iniciativas de diálogo bilateral entre Moscú y Kiev, el proceso negociador no se reactivará de forma efectiva hasta la llegada del otoño.

Los organizadores de la iniciativa civil internacional describieron los sucesos desde la noche: varias lanchas motoras rápidas, identificadas como fuerzas israelíes, se aproximaron a los barcos apuntando a los activistas con "láseres y armas de asalto semiautomáticas". Durante el asalto, los militares obligaron a varios participantes a desplazarse a la parte delantera de las cubiertas y a "ponerse de rodillas" bajo amenaza de fuego real.

En el transcurso de esta operación, que se ha producido a varias millas náuticas de la isla griega de Creta tras dos horas con fuerte presencia de drones e interferencias en VHF y cámaras CCTV, las fuerzas israelíes han efectuado disparos contra las embarcaciones civiles, según ha podido confirmar DIARIO SOCIALISTA. La información disponible hasta el momento confirma que no se han registrado heridos entre la tripulación y los pasajeros.

Desde la Flotilla han denunciado que los militares israelíes han saboteado los sistemas de transmisión de las naves para impedir que se difundan imágenes de la interceptación. La organización ha denunciado que "las comunicaciones de los barcos están siendo interferidas", una táctica habitual para ocultar las actuaciones de las fuerzas israelíes en alta mar. Ante la situación de peligro físico para los voluntarios, la flotilla ha emitido una señal de socorro (SOS) internacional.

La respuesta de los activistas ante las "advertencias" por radio de la marina israelí ha sido el rechazo directo a las órdenes de desviar su rumbo hacia el puerto de Ashdod, en la Palestina ocupada por Israel. "No somos vuestros invitados", manifiestan los portavoces de la Global Sumud Flotilla, quienes han calificado la zona como una "escena del crimen". Los organizadores reiteran su intención de mantener el rumbo hacia Gaza pese a las amenazas y al despliegue de fuerza bruta israelí.

Mientras el mando militar israelí suele justificar estas acciones bajo el eufemismo de "bloqueo de seguridad marítima", la misión humanitaria insiste en que estas prácticas constituyen una violación flagrante del derecho internacional marítimo, de los derechos humanos y un ejercicio de violencia destinado a mantener el aislamiento de la población palestina. Sin embargo, esta serie de "normas" resultan redundantes después de todos los crímenes que lleva cometiendo el Estado Israel desde su creación, pero con especial evidencia a partir de octubre de 2023.

La acción humanitaria responde precisamente a la política de bloqueo que el Estado de Israel ejerce sobre la Franja de Gaza en medio de la matanza, impidiendo el libre tránsito de bienes y personas para asistir al masacrado pueblo palestino, también en el Mediterráneo. Por ello, desde la Flotilla insisten en seguir el trayecto en directo: "El testigo implica protección".

En la citada conferencia, el militante defendió una tesis que cuestiona los fundamentos del Marxismo Occidental, la corriente filosófica que ha dominado el pensamiento crítico europeo y marxista en Occidente durante gran parte del siglo XX, que el ponente distinguió del marxismo en Occidente en general. Según Ormazabal, esta tradición —cuyos máximos exponentes incluyen a la Escuela de Frankfurt y pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse— mantiene una comprensión del socialismo que calificó como "premarxista", es decir, anterior a las elaboraciones teóricas de Karl Marx y Friedrich Engels. 

La intervención, presentada como defensa de una tesis, comenzó con una observación metodológica relevante: esta idea no es únicamente el resultado de una especulación teórica, sino que surge "de las consecuencias del crecimiento del Movimiento Socialista en Euskal Herria en los últimos años". Este crecimiento, según explicó, ha obligado al movimiento a posicionarse políticamente en diversas cuestiones complejas con implicaciones teóricas, lo que ha conllevado una revisión de la evolución del marxismo en el siglo XX.

La ruptura con el núcleo racional del marxismo

El ponente estableció una distinción fundamental entre dos grandes líneas de evolución del socialismo durante el siglo pasado: por un lado, el Marxismo Occidental, desarrollado en Europa y Estados Unidos; por otro, la línea que se produjo en la Unión Soviética, el Este europeo y el Sur Global. Su tesis central es que la primera "ha conservado, e incluso ha reforzado, los elementos irracionales originarios del marxismo", mientras que la segunda, aunque fuera un proceso complejo y contradictorio, debido a sus condiciones históricas y políticas concretas, "ha tenido condiciones de posibilidad suficientes para criticar los elementos irracionales del marxismo y seguir desarrollando el concepto científico del socialismo".

Para sustentar esta afirmación, el militante realizó un recorrido por la concepción del socialismo utópico según Marx y Engels. Recordó que los socialistas utópicos —cuyo pensamiento dominó en Europa entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX— tenían una "idea extrínseca del socialismo", ajena a los procesos históricos reales. Según esta crítica marxiana, al no tomar las condiciones materiales como base, desarrollaban "una comprensión abstracta" del socialismo, y por lo tanto, "ideas abstractas y únicamente morales de la libertad y la igualdad". 

Txaber Ormazabal: "El socialismo no es solo una idea, sino una fuerza de la historia, un proceso real que está sucediendo aquí y ahora, y del que se puede tener una idea científica o no".

Por el contrario, Marx y Engels sostenían que la libertad y la igualdad que puede traer el socialismo no son ideas arbitrarias, sino "formas sociales determinadas y materialmente condicionadas". A diferencia del socialismo utópico, que se dirigía a la sociedad en general, para Marx y Engels el sujeto de la revolución era el proletariado, "a quien interesa hacer la revolución y quien únicamente puede hacerla". Así concluía Ormazabal: "El socialismo no es solo una idea, sino una fuerza de la historia, un proceso real que está sucediendo aquí y ahora, y del que se puede tener una idea científica o no".

La desontologización de la dialéctica y la comprensión anarquista del poder

Ormazabal explicó que el Marxismo Occidental se caracteriza por dos rasgos teóricos principales: la "desontologización de la dialéctica" y una "comprensión anarquista del poder". La primera implica que, a diferencia del materialismo histórico clásico —que postulaba leyes objetivas del movimiento histórico basadas en el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción—, para esta corriente la dialéctica es solo "la lógica del proceso de conocimiento con todas sus contradicciones". El segundo rasgo supone una visión del poder como algo intrínsecamente negativo, rechazando cualquier forma de aparato Estatal y política institucionalizada.

El ponente citó al filósofo húngaro Georg Lukács como una figura paradigmática. Aunque el Marxismo Occidental reivindica su famosa obra Historia y conciencia de clase (1923), el propio Lukács terminó problematizando ese texto de su juventud, planteándole severas críticas. En el prólogo de 1967, recuerda Ormazabal, lo calificó como "más idealista que Hegel" y reconoció que, en lugar de mantener el núcleo racional del marxismo, abordaba "los elementos irracionales de los que el marxismo es originario". El investigador leyó un pasaje en el que Lukács criticaba a Schopenhauer —y posteriormente aplicó la misma crítica a Adorno— describiendo así a los teóricos del Marxismo Occidental:

"El sistema filosófico de Schopenhauer, sistema ingenioso y armónicamente construído desde el punto de vista de la arquitectónica formal, se levanta como un bello hotel moderno dotado de todo lo mejor, al borde del abismo, de la nada, de la carencia de todo sentido y la diaria contemplación del abismo, entre espléndidas comidas placenteramente degustadas o entre exquisitas obras de arte, solo puede servir para realzar aún más el goce de su confort refinado".

Revisionismo y líneas de fractura histórica

Un momento clave en la fractura entre ambas tradiciones, según el ponente, fue la Primera Guerra Mundial. En la II Internacional, en lo que respecta a esta cuestión, existían dos líneas: la revisionista (representada por parte del SPD alemán y figuras del austromarxismo) y la comunista (representada, principalmente, por los espartaquistas y los bolcheviques). Los revisionistas afirmaban que la revolución no era necesaria para alcanzar el socialismo, defendiendo vías pacíficas y reformistas. Cuando comenzó la guerra, esta facción se unió a sus respectivas burguesías nacionales.

Los comunistas, por el contrario, sostenían que la revolución era necesaria y que existía un proceso de agotamiento del modo de producción capitalista. Tras la ruptura, la línea revisionista se desplegó en el ámbito académico europeo, especialmente en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. El militante describió que aquellos académicos relacionaron la "barbarie" perpetrada por los gobiernos burgueses en las dos grandes guerras con los aparatos de Estado en general, y que esto posibilitó "el anticomunismo y una noción anarquista del poder".

El "izquierdismo teórico" contemporáneo

En la parte final de su intervención, el ponente criticó lo que denominó como "un nuevo izquierdismo teórico", cuya base filosófica es el Marxismo Occidental; Ormazabal sostuvo que esta corriente, influyente en sectores académicos y ámbitos militantes, habría vuelto al socialismo utópico. Señaló que esta corriente, que describió con el término "izquierdismo" en el sentido leninista de "rechazo de los compromisos políticos", utiliza citas abstractas de obras juveniles de Marx y Engels —como "el comunismo es la asociación de individuos libres" o "la desaparición absoluta del Estado"—, ignorando la evolución posterior de los autores y toda la experiencia del siglo XX.

Puso como ejemplo la afirmación de que la Unión Soviética "no fue socialismo porque tenía comercio monetario". Frente a este tipo de ideas, que el militante calificó como "dogmáticas", defendió la necesidad de contrastar los conceptos de Marx y Engels con la evolución real y concreta del socialismo a lo largo del siglo XX. Citó un pasaje en el que Marx, comentando a Bakunin, escribe que la revolución socialista hará desaparecer el Estado a largo plazo "en su sentido político actual", mostrando así la complejidad y el carácter transitorio de las instituciones modernas en el pensamiento marxista maduro.

Por ello, el militante consideró que el Marxismo Occidental "ha roto con el núcleo racional del marxismo" y que, por el contrario, la línea de desarrollo en Oriente —la Unión Soviética, China y otros países del bloque socialista— y el Sur Global tuvo "condiciones materiales para criticar esos elementos irracionales".

"El proletariado nunca ha obtenido elementos teóricos para su emancipación en el Marxismo Occidental".

El ponente concluyó con la tesis más importante de la exposición, afirmando que "el proletariado nunca ha obtenido elementos teóricos para su emancipación en el Marxismo Occidental, y de hecho, el Marxismo Occidental a menudo no ha hecho más que entorpecer este proceso". Por otro lado, subrayó que "la militancia comunista es premisa necesaria para tener un concepto científico del socialismo". 

En la ronda de preguntas, después de responder a una serie de cuestiones planteadas desde el público, el ponente sostuvo de manera aforística que "ensuciarse las manos es necesario para comprender, de manera científica, el desarrollo real del socialismo". La tesis, presentada de forma esquemática, se ofrece como "un programa de investigación" que, según el autor, deberá ser concretado y desarrollado "en un sentido organizativo y político" entre todos los interesados.

En este marco, la movilización quiere señalar también el papel de la OTAN, la Unión Europea y el Estado español en el actual ciclo de rearme y militarización, así como “abrir una reflexión sobre cómo estas dinámicas afectan a la juventud y a las condiciones de vida de amplias capas de la población”.

Desde la organización del Movimiento Socialista se subraya además que esta convocatoria expresa una realidad política que, a su juicio, recibe poca atención mediática: “La existencia de una juventud que se está organizando en coordenadas revolucionarias y socialistas, frente a los relatos que tienden a identificar el panorama juvenil únicamente con el avance de la extrema derecha”.

Además de la convocatoria de Madrid, el otras organizaciones del Movimiento Socialista han anunciado movilizaciones en otras cuatro ciudades del Estado (Barcelona, Iruñea, València y Santiago), en una jornada que busca expresar una posición política común de rechazo a la guerra imperialista, al fascismo y al avance de las tendencias autoritarias.

Esta cifra supone un incremento galáctico del 24.000% respecto al año anterior, consolidando una apuesta por el "Dominio de Drones" que busca integrar la inteligencia artificial en todos los niveles operativos: aire, tierra, superficie y profundidades marinas.

Superior al presupuesto militar del Reino Unido

Este aumento masivo, calificado por el exdirector de la CIA David Petraeus como "el mayor compromiso con la guerra autónoma de la historia", sitúa el gasto en IA bélica por encima de la mitad del presupuesto militar total de potencias como el Reino Unido. El objetivo estratégico es claro: desvincular la tecnología militar estadounidense de los componentes chinos y liderar la carrera armamentística frente a sistemas autónomos en escenarios de alta tensión como el Pacífico, Ucrania y Asia Occidental.

Sin embargo, el despliegue de todos estos fondos despierta alarmas críticas entre expertos en la materia. Peter Wallich, asesor de la Iniciativa de Riesgos de IA del MIT, advierte que los sistemas actuales de "IA de frontera" presentan fallos de seguridad explotables que podrían derivar en "errores catastróficos" o "víctimas civiles imprevistas". A este riesgo técnico se suma la tensión política, ya que empresas como Anthropic mantienen disputas con el Pentágono para evitar que sus modelos sean utilizados en armamento letal autónomo, mientras startups vinculadas al entorno de Donald Trump se posicionan para captar gran parte de esta nueva financiación.

El Ayuntamiento de Ondarroa ha declarado que ha mantenido reuniones con la Comisión de Txosnas Onoren para que se adopten ciertos "compromisos" que "impulsen unas fiestas populares basadas en la convivencia". Y ha añadido: "Como se decía en la declaración institucional publicada por el ayuntamiento tras los hechos del año pasado, lo ocurrido fue muy grave y se han tomado medidas correctoras. Se ha notificado a los representantes de Onoren que el pago correspondiente al técnico de sonido de la zona de txosnas que el ayuntamiento asumía en años anteriores no lo asumirá este año el consistorio, a causa de los hechos del pasado año". Por tanto, la organización de las txosnas recibe represalias por haberse mostrado crítica ante las fuerzas policiales. No obstante, el ayuntamiento ha añadido en su nota: "El Ayuntamiento de Ondarroa seguirá trabajando tanto con la comisión de txosnas como con otros agentes del pueblo para organizar unas fiestas populares y participativas".

El despliegue de los grupos armados ha fracturado el control estatal, logrando la captura de la ciudad de Kidal y posiciones en Gao, zonas importantes para el dominio de la zona del Sáhara maliense. La toma de Kidal obligó a las unidades del Cuerpo Africano de las Fuerzas Armadas de Rusia a ejecutar una "retirada estratégica" junto a los militares locales para evacuar heridos y equipo pesado, según informó la propia unidad en un comunicado oficial. Este avance de la coalición salafista-tuareg se produce tras años de tensiones donde el gobierno de Goita ha intentado romper con el sistema neocolonial de la Françafrique, impulsando medidas como el control de las multinacionales occidentales del oro y la consolidación de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) junto a Níger y Burkina Faso.

En el trasfondo de esta desestabilización emergen intereses geopolíticos que apuntan a la intervención de actores extranjeros. Contropiano recuerda que el gobierno maliense y la AES han señalado a Ucrania como facilitador de tecnología bélica para los grupos armados; de hecho, Radio France International confirmó la presencia de oficiales ucranianos en Libia para monitorizar operaciones rusas en la región, coincidiendo con el uso de drones por parte del JNIM. Asimismo, la financiación de estos grupos se vincula con el contrabando de oro hacia los Emiratos Árabes Unidos, desde donde el metal es reintroducido en los mercados europeos a través de nodos suizos e israelíes, evidenciando los mecanismos globales del drenaje capitalista de recursos que sostienen la guerra.

Ante la gravedad de los hechos, las potencias occidentales han mantenido un elocuente silencio. Mientras la Unión Africana y la ONU condenaron la violencia, el presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes europeos no han emitido declaraciones sobre el asesinato de Camara ni sobre la situación en su antigua colonia. La Confederación de Estados del Sahel (AES) denunció en un comunicado firmado por el presidente burkinés Ibrahim Traoré que estos ataques forman parte de un "complot monstruoso apoyado por enemigos de la lucha de liberación del Sahel".

Por su parte, el Kremlin ha intentado proyectar estabilidad tras la reaparición pública de Assimi Goita, quien mantuvo una reunión con el embajador ruso Igor Gromyko este martes. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas ayudaron a "prevenir un golpe de Estado" al defender edificios gubernamentales en la capital frente a fuerzas que pretendían derrocar al Ejecutivo. No obstante, la situación sobre el terreno sigue siendo volátil, con reportes de tropas gubernamentales rindiéndose en el norte ante una ofensiva que, por su escala y coordinación, representa el desafío más severo para el proyecto de independencia política y económica del Sahel en la última década.

Ha afirmado que esas organizaciones están haciendo la guerra contra la clase trabajadora mundial: "Por un lado, están todas las matanzas y brutalidades que se están cometiendo contra los pueblos trabajadores", ha puesto como ejemplo de ello a Palestina, Líbano e Irán. "Por otro, hay una guerra económica contra la clase obrera: los presupuestos militares y el encarecimiento de la vida lo atestiguan. Reducen los servicios destinados a la clase trabajadora para hacer negocio con su guerra".

Las mentiras de la socialdemocracia

En opinión de Navarro, dejar el futuro en manos de la socialdemocracia para hacer frente a esta situación no es una solución. "La izquierda institucional miente constantemente. Pedro Sánchez dice ¡No a la Guerra!, para salir en televisión, mientras sube el gasto militar por detrás. Y se pregunta "¿para qué sube el presupuesto militar si no es para hacer la guerra? Los miembros del Consejo Socialista consideran que la clase trabajadora necesita "sus propias herramientas": "organizaciones fuertes basadas en la militancia, capaces de hacer frente internacionalmente a las políticas de oligarquía atlantista".

La solidaridad con Cuba comoejemplo

A su juicio, la clase trabajadora de Euskal Herria ha sido un ejemplo de solidaridad con Cuba durante la recogida solidaria de estas semanas: "Miles de ciudadanos con conciencia de clase han hecho este ejercicio internacionalista" y ello demuestra que la solución pasa por "la solidaridad y la colaboración entre los trabajadores y el socialismo, que es la única alternativa a las guerras del capitalismo y a la barbarie".

Desde 2021, Ekida trabaja la creación artística desde una perspectiva política revolucionaria. Trabajan en diversas disciplinas artísticas: música, literatura, teatro, etc. También se dedican al muralismo, y un ejemplo de ello es el que acaban de realizar en Arana. Según explican los miembros de Ekida, para llevar a cabo todos los trabajos toman como base su propósito político revolucionario; por lo tanto, realizan todos los trabajos de manera militante.

Han pintado el mural de Arana para el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido, han querido representar la organización obrera en el exterior de un bloque de viviendas junto a la Plaza San José. Junto a las figuras que se están organizando, en cambio, han pintado el contexto de guerra y miseria actual, teniendo en cuenta el genocidio en Palestina o los ataques de EEUU e Israel contra Irán. A través de la imagen, además de ofrecer una perspectiva contraria a la situación actual, han querido señalar que la única manera de oponerse a ella es organizarse.

Presentación del mural al público

Una vez terminado el mural, organizaron una presentación pública para el pasado sábado, día 25. Junto con la Asociación de Vecinos de Arana, prepararon un programa para todo el barrio y para todas las edades. A las 12:00 del mediodía, reunidos frente al mural, los miembros de Ekida presentaron la imagen. Después, a las 12:30, hubo pintacaras para los niños y, a continuación, un almuerzo comunitario y un concierto, frente al mural.

Este viernes es el Primero de Mayo, y Ekida ha llamado a sumarse a la manifestación organizada en Iruñea (Nafarroa) por el Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS). La movilización comenzará a las 12:30 desde la Plaza de Toros.

La caída del decreto genera una inseguridad jurídica crítica para miles de familias que, durante los casi 40 días que la norma estuvo vigente, enviaron sus solicitudes de prórroga vía burofax. Según informan medios como El País, la situación deriva ahora en una previsible ola de litigios donde los propietarios —incluyendo grandes tenedores y fondos de inversión— buscarán ejecutar desahucios o imponer subidas de renta desorbitadas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que estos casos quedan en un "limbo legal", una confesión que evidencia la incapacidad del propio aparato institucional para garantizar el acceso a la vivienda frente a la ofensiva del capital inmobiliario y rentista.

Lejos de abordar la vivienda como un derecho universal, la respuesta del Gobierno y bloque de investidura se ha centrado en el espectáculo parlamentario y los reproches cruzados. Mientras el PSOE culpa a la derecha de tirar abajo la moratoria, el Ejecutivo ha abrazado políticas de colaboración público-privada que, en la práctica, suponen la transferencia de recursos públicos al sector privado a través de beneficios fiscales para los rentistas. Este enfoque no solo ha resultado insuficiente, sino que ha servido para amortiguar el enfado social redirigiéndolo exclusivamente contra el "mal mayor" de la derecha, evitando cuestionar la estructura general que permite la especulación impune con bienes básicos.

La desprotección de las familias es especialmente sangrante en un contexto donde el problema de la vivienda encabeza todas las encuestas de preocupación social, incluso por encima de los pánicos morales sobre "la inmigración" o "la seguridad". El movimiento de vivienda ha denunciado que las medidas de contención propuestas por el "Gobierno más progresista de la historia" apenas actúan ya como un "retroceso más lento" en las condiciones económicas del proletariado. La caída de este decreto se suma al reciente fin de la moratoria de desahucios, dejando a unas 60.000 familias más sin mecanismos efectivos de defensa frente a la expulsión de sus hogares por encarecimiento.

En el ámbito regional, el seguidismo de formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya y EHBildu a las políticas estatales de vivienda muestra la falta de una alternativa institucional que rompa con la lógica del beneficio empresarial. En lugar de articular una lucha por una vivienda gratuita y de calidad, la agenda parlamentaria se ha centrado en parches temporales y en la protección exclusiva de las clases medias, como admitía el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, al proponer eliminar criterios de habitabilidad en lonjas. El resultado final del naufragio de este decreto es el retorno al escenario de máxima vulnerabilidad para quienes viven en alquiler y la intensificación del negocio para quienes viven del alquiler, supeditando las condiciones básicas de existencia de miles de personas a la volatilidad de la aritmética del Congreso y sus juegos de pactos.

"En este momento en que el imperialismo occidental está sumido en una crisis, la oligarquía ha tomado el camino belicista para buscar una salida", denuncian. Como ejemplos de ello señalan el genocidio que se está cometiendo en Oriente Medio, la intervención militar en Venezuela, así como el bloqueo económico impuesto durante décadas contra los cubanos y agravado en los últimos años.

GKS ha llamado a decir no a la guerra y al genocidio que trae consigo el imperialismo atlantista, reivindicando la destrucción de la OTAN y del sionismo. El Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS) celebrará una manifestación nacional el viernes, Primero de Mayo, en Iruñea (Nafarroa) contra la guerra imperialista, la OTAN y el sionismo. La movilización comenzará a las 12:30 desde la Plaza de Toros.

El corpus de firmantes, entre los que figuran nombres como el cantautor Lluís Llach o la expresidenta del Parlament Laura Borràs, señala que el motivo principal del encarcelamiento reside en la "supuesta calumnia, en tuits y canciones, contra la Corona y las instituciones del Estado". Los académicos fundamentan su exigencia en los criterios de las Naciones Unidas, organismo que ha afirmado que este tipo de delitos penales contra la libertad de opinión "no tienen cabida en un sistema democrático". La misiva cuenta además con el respaldo de organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Pen Club Català y la Comissió de la Dignitat.

El texto enviado a las autoridades y recogido por las agencias internacionales subraya que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y diversos expertos legales han denunciado el caso de Hasel como una "clara negación de la libertad de expresión". Los firmantes instan a Sánchez e Illa a "reflexionar sobre la vergonzosa anormalidad democrática" que representa mantener a un artista en prisión por su actividad comunicativa y política. El rapero fue ingresado inicialmente tras una condena de la Audiencia Nacional española por lo que las autoridades denominan como "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias a la Corona", derivada de mensajes donde denunciaba abusos institucionales y ensalzaba a figuras de organizaciones armadas.

La trayectoria judicial de Hasel incluye múltiples sentencias dictadas por el aparato jurídico español. En 2015, el Tribunal Supremo ya lo condenó a dos años por difundir canciones en su canal de YouTube, y en 2018 la Audiencia Nacional le impuso otros dos años con la agravante de reincidencia. A estas penas se sumaron posteriormente otras condenas por incidentes derivados de su actividad militante. No obstante, los catedráticos recalcan que el núcleo de su presidio responde a una persecución de la disidencia política expresada a través de la música y las redes sociales.

Lucha y actividad literaria desde prisión

Desde su reclusión en el centro de Lledoners, el militante comunista ha intensificado su actividad literaria ante la prohibición institucional de grabar canciones. Bajo su nombre de pila Pablo Rivadulla Duro, ha autoeditado los poemarios Prova de Vida y El arte de resistir, cuyos beneficios se destinan íntegramente a financiar la lucha antirrepresiva. A pesar de la dureza del castigo, Hasel mantiene su negativa a pagar las multas para adelantar su salida y reitera en su postura de no arrepentimiento, recordando que es un preso político y que su situación responde a su voluntad consecuente de derrocar el orden capitalista.

El conflicto tiene su base en un contrato programático financiado con 15 millones de euros procedentes de los fondos estructurales de la UE. Mientras las instituciones presentan el plan como un "desarrollo del vecindario", la comunidad denuncia un proceso de gentrificación y expulsión por encarecimiento en una zona históricamente degradada que los propios habitantes han mantenido durante 16 años con trabajos comunitarios. Chantzis ha declarado que continuará con la protesta "hasta que haya acuerdos claros y concretos asegurados, o hasta la muerte", mientras el equipo médico solidario advierte de "complicaciones médicas serias" y un riesgo irreversible de colapso cardiovascular.

La Comunidad de Prosfygika, compuesta por ocho bloques de edificios de estilo Bauhaus construidos en los años 30 para refugiados de Asia Occidental, funciona actualmente bajo una red autoorganizada que incluye una farmacia social, una cocina comunitaria y una residencia para pacientes del hospital de oncología adyacente. Los residentes destacan que han sido ellos quienes han preservado el valor histórico de los inmuebles con su propio trabajo, frente a la desidia institucional. Además, han organizado numerosos eventos socioculturales para el barrio. En palabras del portavoz de la comunidad, la decisión colectiva es "quedarse y continuar la lucha hasta el final", rechazando la externalización del servicio de vivienda a favor de los intereses del capital inmobiliario.

Hasta la fecha, ni la Región de Ática ni el Gobierno griego han emitido una respuesta oficial a las demandas de los huelguistas, que incluyen la garantía de permanencia de todos los habitantes y el reconocimiento del plan de restauración autoorganizado propuesto por la propia comunidad. La falta de "provisiones concretas sobre una alternativa de vivienda" por parte del Estado ha disparado la solidaridad internacional, con acciones solidarias de colectivos españoles, franceses, alemanes, mexicanos y colombianos, donde se denuncia el uso de fondos públicos para desmantelar las estructuras de autoorganización y protección social independientes de la clase trabajadora.

La situación de Aristotelis Chantzis es, según el Equipo Médico de Seguimiento, "una amenaza para su vida". El deterioro físico del huelguista, que presenta una pérdida de peso severa y debilidad extrema, representa la última frontera de resistencia contra el negocio de la vivienda en la ciudad de Atenas. La comunidad okupa advierte de que la incorporación de un segundo huelguista este 1 de mayo es solo el comienzo de una trayectoria de escalada en la lucha si las instituciones responsables no suspenden los planes de desalojo para proteger los derechos de quienes han construido lazos sociales y culturales en estos edificios históricos abandonados.

"La UE ha tomado nota de los informes de que un buque de la flota en la sombra rusa que transporta grano ucraniano robado ha recibido permiso para descargar en el puerto de Haifa, a pesar de los contactos previos de Ucrania con las autoridades israelíes", confirmó un portavoz de la Comisión Europea a Euronews. La institución ha endurecido su discurso contra la elusión de las sanciones comunitarias y asegura estar "lista para señalar estas acciones mediante la inclusión de individuos y entidades de terceros países en las listas de sanciones si fuera necesario". Bruselas ya ha trasladado esta posición directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

La administración israelí ya permitió a principios de mes que se procesara un envío anterior de grano denunciado como "robado". El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha declarado que el Panormitis será "examinado" y que actuarán "conforme a la ley", pero sin comprometerse a bloquear la mercancía. Esta actitud ha provocado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, inste a Israel a rechazar el buque y anuncie la preparación de "sanciones pertinentes" contra quienes busquen "lucrarse con este esquema criminal".

Aunque la relación entre la UE e Israel atraviesa un momento crítico por la situación en Oriente Medio, Bruselas ha querido situar esta amenaza de sanciones estrictamente en el cumplimiento de la política de represalias contra Rusia por la guerra de Ucrania. El debate sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel por la limpieza étnica en el sur del Líbano y el genocidio a gran escala en Gaza sigue formalmente "abierto", pero la Comisión Europea afirma que la "unanimidad necesaria" para tales medidas sigue "bloqueada". No obstante, en el caso del grano robado, la Comisión Europea utiliza el marco jurídico ya existente para sancionar a Rusia.

La pérdida de ocupación se concentró de manera asfixiante en el sector servicios, donde se destruyeron 228.400 empleos, evidenciando la fragilidad de un modelo productivo dependiente de la estacionalidad y el turismo. En contraste, la industria y la construcción presentaron ligeros incrementos de 28.100 y 17.500 personas ocupadas respectivamente, según los datos oficiales. No obstante, el saldo general arroja una caída de 170.300 ocupados, una cifra que duplica la pérdida de empleo registrada en el mismo periodo del año anterior y que, incluso dando por buenos los datos publicados, solo es superada en la serie histórica reciente por el parón forzoso de la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Las consecuencias de este retroceso impactan de forma desigual según el género y la situación administrativa. El desempleo femenino aumentó en 137.000 mujeres, elevando su tasa de paro al 12%, frente al incremento de 94.500 hombres (9,5% de tasa). Por otro lado, mientras que la población activa con nacionalidad española disminuyó en 4.600 personas, el número de personas extranjeras dispuestas a trabajar creció en 65.800, alcanzando un máximo histórico de 25 millones de personas activas. Este fenómeno muestra la incorporación de la fuerza de trabajo migrante al ejército industrial de reserva, fundamental para sectores con alta rotación pero que, ante la falta de capacidad de absorción por el sistema, terminan engrosando las listas del desempleo, tanto registrado como oculto.

78.500 familias más con todos sus miembros activos desempleados

Desde las instituciones, el enfoque se centra en la resistencia técnica del sistema. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que "los datos confirman un mercado laboral capaz de seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo". Cuerpo ha resaltado el dato desestacionalizado para afirmar que "España está mejor preparada que en crisis anteriores". Sin embargo, la realidad material muestra que los hogares con todos sus miembros activos desempleados se incrementaron en 78.500, alcanzando un total de 850.700 familias sin ingresos laborales.

Finalmente, la estructura del empleo por cuenta propia también ha sufrido un impacto severo con la desaparición de 68.600 autónomos. Según datos de la patronal CEOE y el sindicato CCOO, esta caída se concentró especialmente en los trabajadores independientes sin asalariados, con 59.900 personas menos, mientras que los autónomos empleadores aumentaron en 10.400. Esta transferencia de valor y destrucción de la figura del trabajador por cuenta propia sin asalariados refuerza la tendencia de concentración de capital, en un trimestre donde el sector privado destruyó 191.400 empleos frente al ligero aumento de 21.100 en el sector público.

La reforma sanitaria impulsada por la ministra Nina Warken (CDU) contempla medidas de choque inmediatas para las familias trabajadoras, incluyendo un aumento generalizado de los copagos (Zuzahlungen) y la eliminación de prestaciones que hasta ahora eran universales. El plan, diseñado para "aliviar un déficit" en las cajas de enfermedad de hasta 15.000 millones de euros en 2027, pone en riesgo la Mitversicherung (cobertura gratuita de familiares), lo que supondría un encarecimiento directo del coste de la vida para millones de asegurados. Merz ha sido contundente al declarar que "no podemos permitirnos este sistema por más tiempo", reafirmando su decisión de no ceder ante las acusaciones de desmantelamiento social.

La complicidad del SPD en este recorte ha generado una fuerte fractura interna en la coalición "negro-roja". Mientras la cúpula del SPD intenta matizar el impacto hablando de "eficiencia estructural", sus bases y medios afines como Vorwaerts reconocen la existencia de graves "desequilibrios" que castigan a los trabajadores. Las tensiones dentro del Gobierno son ya una evidencia pública, con un bloque del SPD que exige amortiguar la carga sobre los pacientes mientras el canciller prioriza el trasvase de partidas presupuestarias para cumplir con los compromisos de la OTAN, que exigen destinar el 3,5% del PIB a gasto militar directo para finales de la década.

La respuesta de los sindicatos y movimientos sociales ha sido de oposición frontal. El bloque sindical formado por el DGB, IG Metall y Ver.di ha denunciado que los trabajadores ya están pagando la factura del rearme con la pérdida abrupta de derechos sociales y la posible reducción del subsidio por enfermedad (el Krankengeld). Para estas organizaciones, el Gobierno está utilizando la supuesta "amenaza rusa" como coartada para ejecutar un Sozialabbau (recorte social) sin precedentes que degrada la calidad de la asistencia sanitaria en un momento de debilidad económica crítica para Alemania, con un "crecimiento" del PIB estancado en el 0,5%.

Este plan de recortes sigue la senda de un endeudamiento masivo, con nuevos créditos militares que superarán los 110.000 millones de euros en 2027, destinados mayoritariamente a la industria bélica. Al presentar el rearme y los recortes como procesos inevitables y paralelos, el Gobierno de Merz impone una lógica de economía de guerra donde la salud pública se convierte el primer objetivo a batir. Varias cabeceras de la prensa alemana coinciden en señalar que este giro marca el fin de una era de supuesto "consenso social", priorizando su objetivo de "volver" tener "el ejército convencional más fuerte de Europa", acompasado con los planes para imponer el servicio militar obligatorio.

A pesar de que Niubó ha asegurado que "no hay un problema de seguridad ni convivencia" en las aulas catalanas, ha justificado la presencia policial por una supuesta "necesidad estructural" de "pasar de un escenario reactivo a uno de prevención". Los agentes seleccionados, que visten de paisano y forman parte de las oficinas de "relación comunitaria" de la policía autonómica, realizarán tareas de "mediación" y vigilancia sin, en teoría, intervenir en las aulas o claustros salvo "necesidad". El Departamento sostiene que estos policías "no sustituyen a figuras como educadores sociales o integradores", aunque su presencia se produce en un contexto de fuertes tensiones presupuestarias, huelgas docentes y carencia de personal especializado.

El despliegue ha provocado una oposición frontal de los sindicatos y colectivos educativos, que denuncian una deriva de policialización en espacios educativos. Frente a las críticas, la Generalitat defiende que el plan responde a la "inquietud de profesores y direcciones" y a "encuestas de seguridad" donde un 64% del alumnado "afirmaba haber sido testigo de violencia". Sin embargo, fuentes del Departamento de Educación niegan que la medida sea una respuesta a una "emergencia", tratándola como una herramienta más de "gestión" del entorno educativo.

La diferencia fundamental respecto a la figura ya existente del "agente tutor" reside en la permanencia e integración del policía en el centro. Anteriormente, el "tutor" actuaba ante conflictos declarados, el nuevo "agente de convivencia conoce las problemáticas y se puede avanzar al conflicto", actuando como un mecanismo de inteligencia y detección temprana en barrios y centros que Educación califica de "realidad compleja", aportándole a la policía muchísima más información sobre la población desde la infancia y la adolescencia. El Govern ha admitido que la selección de los centros no se ha hecho solo por su "conflictividad", sino por criterios de "proximidad con el territorio", lo que apunta a un despliegue de "proximidad policial" con enfoque "preventivo" sobre la población escolar.

El plan será ahora evaluado a final de curso y a final de año para decidir su posible extensión generalizada a otros centros del territorio. Esta medida se suma a un historial de conflictos entre la conselleria y los sindicatos, que en centros de L’Hospitalet y Vic, concretamente, han protagonizado protestas contra la externalización de las funciones pedagógicas a favor de los aparatos policiales. Mientras el Govern lanza un mensaje de "tranquilidad", la comunidad educativa alerta de que la presencia de Mossos en primaria normaliza la vigilancia policial desde la infancia.

El ministro de Energía emiratí, Suhail al-Mazrouei, ha definido la medida como una "decisión nacional soberana basada en la visión estratégica y económica a largo plazo". Sin embargo, detrás del lenguaje diplomático subyace una realidad material: EAU posee una capacidad de producción de 3,4 millones de barriles diarios y se ha visto sistemáticamente constreñido por las cuotas de producción impuestas por la organización, liderada de facto por Arabia Saudí. Mientras Riad necesita precios cercanos a los $100 por barril para equilibrar su presupuesto nacional, la economía emiratí, más diversificada, busca monetizar sus recursos al máximo para financiar su transición hacia un modelo post-petróleo.

La guerra contra Irán y la fractura con Riad

La salida se llega en el cénit de la crisis energética mundial por la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras sufrir el impacto de más de 2.000 misiles y drones iraníes sobre su territorio, Abu Dabi ha endurecido su postura geopolítica, alineándose aún más estrechamente con la estrategia de Washington y Tel Aviv. Esta línea dura contrasta con otros estilos de diplomacia más cautos de otras petromonarquías del Golfo, acelerando las tensiones con Arabia Saudí por el control de la influencia regional, especialmente en el Estrecho de Ormuz.

La salida de EAU debilita estructuralmente a la OPEP, que pierde a su tercer mayor productor y el 12% de su capacidad total. Como señala Jorge León, analista de Rystad Energy, la organización pierde su capacidad de "suavizar los desequilibrios de suministro", dejando a Arabia Saudí como el único actor con capacidad de reserva. Esto prefigura un escenario de mayor volatilidad en el precio de la energía, donde el Estado emiratí, una vez se normalice el tránsito por el Estrecho de Ormuz —actualmente bajo bloqueo parcial—, tendrá vía libre para inundar el mercado con su producción excedentaria sin atender a pactos multilaterales.

Un nuevo orden energético

Esta maniobra evidencia que, ante la crisis energética y la guerra imperialista en Asia Occidental, las instituciones que anteriormente se presentaban como "consenso regional" sucumben ante la necesidad de cada capital nacional de asegurar su propia acumulación. Al abandonar la OPEP, EAU no solo busca beneficios comerciales inmediatos, sino que se distancia de las potencias regionales priorizando sus acuerdos militares y económicos directos con las potencias occidentales por encima de la concertación de bloque con sus vecinos árabes. Esta salida significativa del cártel es, en última instancia, otra expresión de la lucha por el control de los recursos en un escenario de colapso de las anteriores normas geopolíticas.

La consolidación de Argentina en el "Top 5" del ranking global de exportadores de carne de vacuno, solo por detrás de gigantes como Brasil, Australia, EEUU e India, se ha cimentado sobre una estructura de precios internacionales que prioriza el drenaje de recursos hacia el exterior. Solo en el primer trimestre de 2026, las exportaciones superaron los 1.000 millones de dólares, con un crecimiento del 52,9 % en los precios. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, las carnes premium argentinas alcanzan precios de hasta 9.600 dólares por tonelada en la Palestina ocupada por Israel y la Unión Europea, mientras el precio del asado interno se disparó un 70 % en el último año, volviéndose prohibitivo para la clase trabajadora.

El proyecto de comercialización de carne de equino, impulsado por el productor Julio Cittadini bajo un permiso provincial provisorio, muestra la gravedad de la crisis. Según recogen medios como Infobae y Perfil, la demanda fue tan inmediata que el primer lote desapareció de las vitrinas en un solo día. Aunque el impulsor defiende la medida como una "veta productiva", la fiscalía local ha iniciado una investigación de oficio para fiscalizar los protocolos sanitarios y la legalidad de la faena de animales que, históricamente, han sido utilizados para el trabajo y no para el consumo humano.

Esta divergencia evidencia que el "éxito" del modelo agroexportador no se traduce en soberanía alimentaria, sino en una transferencia de valor desde el consumo de la clase obrera hacia las rentas del sector latifundista y agroexportador. Mientras el SENASA garantiza la trazabilidad de los envíos de carne de vacuno de calidad alimentada a pasto a China y Europa, el Código Alimentario Argentino carece de regulaciones específicas para la carne de burro en el mercado interno. El fenómeno de Chubut no es una novedad gastronómica, sino una consecuencia directa de un modelo que subordina la dieta de la población a los intereses de acumulación privada de ganancias vía captura de divisas del Estado y las grandes empresas del sector.

En términos de condiciones de vida, la brecha es insalvable: mientras el país presume de su estatus como potencia ganadera mundial ante ferias internacionales, sus habitantes se ven forzados a consumir especies no reguladas para cubrir sus necesidades proteicas elementales. Los datos de Ruralnet y otros medios especializados confirman que la tendencia exportadora seguirá al alza en 2026, lo que profundizará el empobrecimiento de la mesa de las familias obreras argentinas.

Incapaces de hacer campaña con medidas que hace décadas eran propias de la socialdemocracia radical y abrazando el nuevo dogma de la colaboración publico-privada, nos presentan mierda tras mierda en bandeja de plata. Cada vez más pestilente, asquerosa e incomestible, pero con una brillante guinda roja. Aunque pueda parecer algo exagerada, echando un pequeño vistazo a la seguidilla de acontecimientos en torno al problema de la vivienda de este último año, una se da cuenta del diarreico espectáculo parlamentario: primero pidieron el aplauso para medidas liberales (bajadas de impuestos a propietarios, facilidades fiscales y recursos públicos para la construcción privada de viviendas…). Pasado un tiempo y, necesitados de más aplausos, empezaron a promocionar refritos de medidas ya anunciadas durante años (la creación de una empresa pública para la construcción de viviendas, más bajadas de impuestos a propietarios…). No contentos con ello, luego pidieron alabanzas por las deficientes medidas de contención que renovaban. EHBildu salió rápidamente a otorgarse el mérito de la renovación de una moratoria que apenas retrasaba el 30% de los desahucios. Sin embargo, la moratoria no se ha renovado y el PSOE cambió rápidamente el foco: primero lo puso en la derecha (acusándola de haber tirado abajo la moratoria) y después, todo el mundo dejó de hablar de esas 60.000 familias que se iban a quedar sin protección frente a los desahucios y empezaron a hablar de un decreto para prorrogar los alquileres que vencían en 2026 y que no será aprobado. Pedro Sánchez volvió a salir con un Plan Estatal de Vivienda que, de nuevo, dejó a todo el mundo frío, pero rápidamente cambiaron el foco: ya no merecía hablar sobre ese inútil plan de vivienda, sino sobre lo malo que será el concepto de “prioridad nacional” introducido por el PP y VOX.

Son muchos datos, y la gran mayoría de la población, evidentemente, no sigue todos los vaivenes de la política parlamentaria. Sin embargo, una misma sensación de pesadez se acumula a nuestras espaldas: primero intentan hacernos creer que medidas en favor del negocio inmobiliario son medidas que favorecerán a la clase trabajadora. Luego, intentan que nos quedemos contentos con medidas de contención; luego que les votemos porque aunque esas medidas de contención hayan caído, ellos querían mantenerlas. Y al final, nos quedamos con lo más mínimo, con el miedo. El miedo a que lo otro sea peor. ¿Acaso no hay más avance posible que un retroceso más lento? Quitando lo artificioso, lo que los partidos de la socialdemocracia nos están ofreciendo es, en el mejor de los casos, un retroceso más lento en nuestras condiciones económicas. Un buen ejemplo de esto es el debate en torno al concepto de la “prioridad nacional”. Lo curioso es que el PSOE está aplicando, por la vía de los hechos, exactamente el mismo principio de prioridad a las clases medias nacionales. Denis Itxaso (Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco) afirma ya desvergonzadamente que el objetivo de sus políticas es “proteger prioritariamente a las clases medias” con medidas como la eliminación de los criterios de habitabilidad para convertir lonjas en viviendas. De este ejemplo se trasluce la verdadera política de vivienda de la socialdemocracia: permitir el crecimiento del negocio inmobiliario, recortar a los sectores más empobrecidos y con el presupuesto resultante, amortiguar levemente los efectos del saqueo desvergonzado a los ahorros de las clases medias. Y mientras esto surte efecto entre su electorado, conseguir que el enfado social se dirija contra el mal mayor de la derecha.

Lo más preocupante de todo esto, y aquí se encuentra la reflexión que me gustaría compartir con el movimiento por la vivienda, es que toda esta operación es posible porque gran parte de los movimientos sociales acompañan la agenda del PSOE. Muchos han dicho “amén” y en lugar de señalar fuertemente que lo que se estaba ofreciendo era una mierda, se han dedicado a hacer concentraciones frente a la sede del PP, a protestar contra un desahucio en Madrid y junto a concejales del PSOE a culpar a Ayuso por ese desahucio, o cuando el PSOE cambió el foco de la moratoria a la prórroga de alquileres muchos se sumaron efusivamente a hacer campaña (junto a la propia Ministra de Vivienda) para que la gente solicitara la prórroga. Esto es consecuencia directa de la falta de independencia política. Sumergidos en la centrifugadora de la agenda parlamentaria perdemos visión de conjunto, perdemos perspectiva estratégica y sobre todo, perdemos la capacidad de actuar como agentes con voz propia en pro de los intereses que debemos representar constantemente: los del proletariado. Quienes tienen un horizonte estratégico regulador del mercado de la vivienda se acercarán al ascua del PSOE, unirán fuerzas frente a la amenaza derechista y tratarán de condicionar desde ahí las políticas de vivienda del PSOE. Quienes tenemos un horizonte comunista, sabemos bien qué esperar de esa maniobra: la prevalencia de los intereses de la clase media. Nuestro papel es el de articular las fuerzas sociales descontentas con el problema de la vivienda en favor de una vivienda universal, gratuita y de calidad (cosa que sí sería un condicionante fuerte para las políticas de vivienda del Estado capitalista), no desgastar esas fuerzas sociales alineándolas con los partidos socialdemócratas.

El estudio detalla cómo el entramado de sanciones ha cercenado las fuentes de divisas del Estado cubano, provocando una caída del 59% en los ingresos por turismo y del 42% en las remesas. La inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en 2021 ha sido determinante al forzar a "un total de 100 bancos extranjeros" a cancelar contratos y cerrar cuentas con entidades cubanas. Esta exclusión forzosa del sistema financiero internacional, sumada a la reducción del umbral de minimis al 10%, impide a los hospitales adquirir suministros básicos. Según el CEPR, los centros médicos carecen hoy de jeringuillas, inhaladores e incluso soluciones salinas debido a la prohibición de importar productos con componentes estadounidenses.

En el plano operativo, el informe denuncia que el bloqueo de combustible ejecutado por EEUU mediante la interceptación de petroleros es la medida más dañina hasta la fecha. Esta táctica, que provocaría un rápido colapso de cualquier economía de pequeño o mediano tamaño, ha traído apagones prolongados que afectan directamente a las unidades de cuidados intensivos. "Los proveedores médicos en clínicas pediátricas han tenido que retirar a niños pequeños de los ventiladores durante los cortes de energía y bombear aire manualmente a sus pulmones", recoge el texto. Además, el desabastecimiento de carburante mantiene a 300 ambulancias inactivas, dejando apenas 25 vehículos eléctricos para dar servicio a toda la población del país.

El CEPR apoya su tesis en investigaciones de The Lancet Global Health, que estiman que las sanciones unilaterales causan unas 564.000 muertes anuales en el mundo, afectando de manera desproporcionada a los menores de cinco años. El informe subraya que, mientras el resto de América Latina creció un 3,2% tras la pandemia, la economía cubana quedó estancada en un 0,4% debido a la imposibilidad de acceder a mercados y créditos. Esta "violencia económica", recuerda el CEPR, ha derivado en una crisis de suministros que el organismo califica como "la peor en la historia contemporánea de la isla", impactando directamente en la capacidad de supervivencia de los recién nacidos.

Finalmente, el documento señala que la persecución de las misiones médicas internacionales por parte del Departamento de Estado de EEUU ha erosionado la principal fuente de ingresos externos de Cuba. La presión diplomática sobre países aliados para expulsar a los profesionales cubanos redujo los ingresos del sector de 6.400 millones de dólares en 2018 a menos de 4.900 millones en 2022. Esta transferencia de recursos públicos al sector privado y la asfixia de la infraestructura estatal han configurado, según el CEPR, un escenario de "pauperización" donde la carencia de repuestos para equipos de radioterapia o la falta de catéteres básicos impiden tratamientos quirúrgicos que antes eran rutinarios en el sistema sanitario cubano.

El 21 de febrero, Osasuna jugó en Sadar (Iruñea, Nafarroa) contra el Madrid, y al finalizar el partido, agentes de seguridad y de la Policía española se abalanzaron contra los aficionados. Las cargas policiales tuvieron lugar tanto dentro como fuera del estadio, y al menos 30 personas resultaron heridas. Una de ellas perdió el conocimiento.

La violencia policial de aquella noche generó una gran indignación entre la afición de Osasuna y en la sociedad. El 7 de marzo, por ejemplo, se celebró una multitudinaria manifestación en Iruñea para denunciar la violenta intervención policial en Sadar.