Guo situó esa postura en el trabajo normativo interno, señalando que Pekín ya ha incorporado formalmente la inteligencia artificial a su sistema de regulación nacional sobre ciberseguridad y que “continúa perfeccionando tanto las normas institucionales como los códigos éticos correspondientes”. Añadió que “China está dispuesta a seguir colaborando con la comunidad internacional para responder a los riesgos y desafíos que plantea la ciberseguridad en la era inteligente”. El planteamiento, por tanto, no rechaza la regulación en sí, sino que discrepa sobre el marco en el que esa regulación debe discutirse.

La respuesta oficial llegó acompañada de un tono más duro en otros ámbitos del aparato estatal chino. El diario oficial Global Times dedicó un editorial a la propuesta de Dario Amodei y la describió como un guion propio de la Guerra Fría procedente de la derecha tecnológica estadounidense. En paralelo, el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, caracterizó la inteligencia artificial como “un nuevo terreno de rivalidad estratégica entre grandes potencias” y advirtió de sus implicaciones para la seguridad política, las infraestructuras críticas y la estabilidad ideológica, mientras en la revista China Cyberspace, editada por la Administración del Ciberespacio, se sostenía que los modelos de frontera pueden rebajar el umbral necesario para ejecutar ciberataques. La coexistencia de ambos mensajes en el seno del aparato de Estado chino indica una posición oficial en la que se rechaza el discurso del riesgo como argumento externo y, al mismo tiempo, se asumen preocupaciones de seguridad propias.

En su ensayo, Amodei describe a China como “el país autocrático con las capacidades de inteligencia artificial más avanzadas con diferencia”, pide endurecer los controles de exportación de chips, reclama actuar contra “la destilación no autorizada de modelos de frontera por parte de compañías de regímenes autoritarios” y, en el tercer escalón de su plan, plantea que “los gobiernos democráticos intenten coordinarse con los autoritarios en la medida de lo posible, tomándose en serio la dificultad de verificar el cumplimiento”. Ese escalón es también el que el propio autor reconoció el domingo en CBS como el dilema más complejo de toda la propuesta, y el que David Sacks, desde el consejo asesor presidencial, considera “muy improbable” que prospere.

La disputa se produce sobre una relación tecnológica marcada por dependencias cruzadas. Las máquinas de litografía ultravioleta extrema de la neerlandesa ASML, sin las cuales no existe chip avanzado por debajo de los siete nanómetros, nunca se han exportado a China por efecto de los controles vigentes. En sentido inverso, China refina alrededor del 98% del galio mundial y procesa más del 90% de las tierras raras, y desde 2023 ha encadenado sucesivas medidas de control sobre esos materiales, incluido el aprobado en octubre de 2025 con alcance extraterritorial sobre cualquier producto que incorpore más de un 0,1% de tierras raras de origen chino, actualmente suspendido en gran parte hasta noviembre de 2026. A esa dependencia material se suma la presión competitiva en el terreno comercial, donde la irrupción de modelos chinos con precios en torno a un 90% por debajo de los estadounidenses establecidos ha erosionado los márgenes del segmento.

El calendario inmediato concentra ahora la atención. Xi Jinping tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 24 de septiembre en la que la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial figuran entre los asuntos a abordar, y Reuters informó de un diálogo bilateral dedicado íntegramente a esta materia a mediados de mes, extremo que un funcionario de la Casa Blanca negó que estuviera planificado. Nikkei adelantó por su parte que Washington pretende plantear en la cumbre la cuestión de los ciberataques dirigidos mediante inteligencia artificial.

Las adhesiones llegaron en cuestión de horas e incluso desde compañías que compiten ferozmente entre sí. Sam Altman respaldó la propuesta en X y, en paralelo, confirmó que OpenAI aplaza su salida a bolsa hasta al menos 2027 “por motivos de seguridad”, advirtiendo además de que reforzar las garantías acarreará costes significativos. Elon Musk se sumó con tres palabras. Demis Hassabis, de Google DeepMind, apoyó la dirección del planteamiento y lo enlazó con el organismo sectorial de estándares que él mismo había propuesto el 14 de julio, inspirado en FINRA y con capacidad para someter a prueba los modelos de frontera hasta treinta días antes de su lanzamiento. Satya Nadella añadió el domingo que una superinteligencia fuera del control humano no merece ser perseguida.

La respuesta política de la Casa Blanca fue de signo contrario. Desde el Abierto de Irlanda en Doonbeg, Trump afirmó el domingo que “Estados Unidos lidera a China en inteligencia artificial” y que “quiere mantenerlo así”, puesto que, a su juicio, “quien gane la IA gana”, si bien admitió que caben ciertas salvaguardas. El lunes endureció el tono en Truth Social, donde sostuvo que el único control que la tecnología necesita es “un presidente fuerte e inteligente” y pidió “no matar a la gallina de los huevos de oro”. David Sacks, copresidente del consejo asesor presidencial de ciencia y tecnología, había respondido antes a los laboratorios invitándoles a frenar por su cuenta sin exigir un marco regulatorio a cambio, y añadió que “la exposición a la responsabilidad por producto ya constituye un incentivo suficiente”. Sacks considera además “muy improbable” que China suscriba un acuerdo global sobre la materia.

El argumento de la competencia estratégica se apoya en cifras que han crecido con rapidez. El presupuesto militar estadounidense para el año fiscal 2026 ronda el billón de dólares, un 13% por encima del ejercicio anterior, e incorpora por primera vez una partida específica de 13.400 millones para autonomía e inteligencia artificial, repartida sobre todo entre sistemas aéreos no tripulados, capacidades marítimas y el soporte informático que los integra. Para 2027 se han solicitado otros 29.500 millones destinados a centros de datos y capacidad de cómputo militar. En julio de 2025 el Departamento de Defensa firmó contratos de hasta 200 millones de dólares con Anthropic, Google, OpenAI y xAI para prototipos orientados a la ventaja militar y a la toma de decisiones. Esas capacidades ya han tenido uso operativo, puesto que durante la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero el Maven Smart System de Palantir contribuyó a batir alrededor de 1.000 objetivos en las primeras veinticuatro horas y unos 13.000 en treinta y ocho días, con un consumo declarado de 20.000 millones de tokens diarios. China, por su parte, destinó alrededor de 336.000 millones de dólares a gasto militar en 2025 y canaliza los avances comerciales hacia el Ejército Popular de Liberación mediante su estrategia de fusión militar-civil.

El propio Amodei reconoció el domingo en CBS que China representa el dilema más difícil de su propuesta, y en el ensayo describe al país como “la potencia autocrática con las capacidades más avanzadas”, al tiempo que pide endurecer los controles de exportación de chips y actuar contra la destilación no autorizada de modelos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había sostenido el 9 de septiembre que “nada de lo demás importaría si China ganase la carrera”.

La iniciativa, que lleva por título No es solo Ceuta. Unidad de clase frente al imperialismo y el fascismo, recorrerá una amplia lista de ubicaciones a lo largo del Estado español. Entre las localidades confirmadas por la propia organización se encuentran ciudades como Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Granada, Burgos, Xixón, Guadalajara, Murcia o Santander, además de una destacada presencia en diversos distritos y municipios de la Comunidad de Madrid, como Vallecas, Carabanchel, Lavapiés, Alcorcón y Móstoles. Bajo la consigna “¡No te equivoques de enemigo!”, las convocatorias buscan denunciar lo que califican como la “Europa fortaleza”, el papel de la monarquía marroquí y la proliferación de discursos racistas y fascistas.

Por su parte, la Policía Local se limitó a informar vía redes sociales de que el itinerario de la movilización obligaría a realizar cortes de tráfico en la zona a partir de las 12:30.

La elección de la Cárcel Vieja para el acto añade un importante componente histórico, al tratarse de un edificio que funcionó como centro represivo durante la dictadura y que albergó episodios de extrema violencia a partir de septiembre de 1936.

Este verano ha sido especialmente cruel. A finales de junio se contabilizaban 25 mujeres asesinadas. Julio cerró con 7 asesinatos, el mes más letal hasta esa fecha en 2026. A principios de agosto, la cifra acumulada alcanzaba las 35 víctimas, incluyendo el caso de Llanes (Asturies), donde un guardia civil apartado del servicio asesinó a su expareja, también agente, dentro del cuartel. En junio y julio juntos se produjeron al menos nueve asesinatos. De ellos, en siete casos la víctima convivía con el agresor, en cuatro se encontraban en fase de ruptura y solo en uno existía denuncia previa. Dos agresores se suicidaron y tres lo intentaron, y varios menores quedaron huérfanos. El número de menores huérfanos por violencia de género en 2026 superaba los 20 a finales de julio, y el acumulado histórico desde 2013 supera ya los 530.

La concentración de casos fue tal que el Ministerio de Igualdad, junto con Interior, Justicia y las comunidades autónomas, convocó “comités de crisis” para analizar lo que los medios bautizaron como un “verano negro”. Pero las reuniones de urgencia no han frenado la sangría: en lo que va de año, el 64% de las víctimas no había presentado denuncia alguna, lo que significa que el sistema de protección —el VioGén, los juzgados, los servicios sociales— no está detectando a las mujeres en riesgo antes de que sea demasiado tarde. El Sistema VioGén mantenía a finales de julio más de 104.000 casos activos. De ellos, 14 eran de riesgo extremo y más de 1.100 de riesgo alto. Es decir, había más de un centenar de mujeres en peligro grave y el sistema no fue capaz de evitar que muchas de ellas acabaran asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Andalucía concentró el mayor número de víctimas en los primeros meses, seguido del País Valencià, Madrid y Catalunya.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reiterado su habitual condena ante cada nuevo caso y han llamado a “reforzar la detección temprana”, la implicación de los entornos de las víctimas y los recursos de protección. Pero las palabras se las lleva el viento: la mayoría de las mujeres asesinadas nunca llegaron a denunciar, muchas veces por miedo, por dependencia económica, por falta de apoyo o porque el propio sistema les falló antes, porque el hecho de que la mayoría de las víctimas no hubiera denunciado no significa que no hubiera señales. Los recursos existen formalmente, como el 016, pero de nada sirven si las mujeres no se sienten respaldadas para usarlos o si las instituciones que deberían protegerlas llegan tarde.

Ante la proximidad de la reunión del Ejecutivo, el equipo jurídico de Chambers ha presentado un escrito de alegaciones para intentar detener el procedimiento en esta fase administrativa antes de que la causa ingrese en la vía judicial. Entre los abogados defensores figura el jurista Baltasar Garzón, quien argumenta que el Gobierno de Estados Unidos “no ha identificado actos individuales de violencia o daños materiales atribuibles al detenido, pretendiendo en su lugar perseguir la protesta política y el apoyo humanitario en la Franja de Gaza a través de iniciativas como el Sameer Project”. Garzón enfatizó que financiar asistencia humanitaria a la población palestina no constituye un delito de terrorismo bajo los marcos normativos español y europeo. Esta postura, a su vez, genera cierta paradoja, dado que el propio Garzón fue el principal impulsor de la estrategia judicial conocida como “todo es ETA”, que amplió de forma muy agresiva la definición de “terrorismo” para incluir apoyo político, asociaciones y actividades no violentas, y se le ha señalado reiteradamente por haber desatendido denuncias de torturas y malos tratos en detenciones ordenadas bajo su instrucción.

La defensa de Chambers, por su parte, señala que figuras penales citadas en la reclamación norteamericana, como la “conspiración para incitar a disturbios”, no tienen equivalencia en el Código Penal español, lo que invalida el requisito legal de doble incriminación necesario para autorizar una entrega. Respecto a la acusación de lavado de dinero, los letrados remarcan que la fortuna personal del activista proviene del cobro de unos 250 millones de dólares tras vender su participación accionarial a su familia en 2023.

En los últimos días se han registrado manifestaciones de apoyo al detenido en ciudades como Madrid y Barcelona, donde los manifestantes alertaron de que el expediente representa “una prueba para evaluar la resistencia de los gobiernos europeos ante las presiones de Washington”. Chambers, conocido por su discurso abiertamente crítico con la política exterior norteamericana y por financiar la defensa legal de manifestantes opuestos a contratistas militares israelíes como Elbit Systems, se convierte con este caso en el primer ciudadano estadounidense cuya extradición es solicitada por su propio país bajo acusaciones de vínculos con facciones palestinas.

El desplome bursátil ocurre en un escenario de extrema concentración de capital en el sector de las tecnologías de la información. Este segmento superó a lo largo de 2026 el 35% del índice S&P 500 —alcanzando cotas cercanas al 40%—, lo que supone que las diez mayores corporaciones concentran cuatro de cada diez dólares invertidos en el indicador estadounidense. Un informe de la entidad bancaria JPMorgan indica que el 70% del crecimiento bursátil en EEUU desde noviembre de 2022 procede exclusivamente de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

La caída en las cotizaciones pone de manifiesto la brecha entre el volumen de capital invertido por las multinacionales y los ingresos reales obtenidos. Las estimaciones financieras prevén que las corporaciones Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle superarán los 600.000 millones de dólares de gasto de capital en 2026, destinando 450.000 millones a infraestructura de inteligencia artificial, mientras que Goldman Sachs proyecta 1,15 billones de inversión acumulada entre 2025 y 2027. Por su parte, el Banco de Pagos Internacionales calculó en enero que la inversión en esta tecnología representa el 2% del producto interior bruto estadounidense.

Frente a este desembolso de recursos, las principales empresas operan con números rojos y sin rentabilidad. La firma OpenAI facturó 13.070 millones de dólares en 2025 pero registró una pérdida operativa de 20.920 millones de dólares, manteniendo compromisos de computación por 1,4 billones. Asimismo, la compañía Anthropic no prevé generar caja positiva antes de 2028. En el ámbito productivo, un estudio del laboratorio NANDA del MIT concluyó en 2025 que el 95% de los proyectos empresariales de inteligencia artificial generativa no produce un impacto medible en las cuentas de resultados, mientras que la productividad total de los factores en EEUU creció solo un 0,8% en 2025.

La inestabilidad financiera coincide con la paralización de los planes de salida a bolsa de las grandes firmas del sector y con el posible incremento de los costes de financiación. El aplazamiento de la salida al mercado de OpenAI, por ejemplo, altera un calendario que preveía operaciones multimillonarias junto a Anthropic y SpaceX. La sacudida bursátil se produce en vísperas de la reunión de la Reserva Federal estadounidense, mientras los mercados financieros descuentan una alta probabilidad de subida en los tipos de interés.

La cita, reproducida a partir de la intervención en el panel titulado Can Europe, Together with Ukraine, Contain Russia?, fue recogida por Kyiv Post, Independent, Ukrainska Pravda y RBC-Ukraine, entre otros. Sikorski destacó que la aparente ventaja occidental se mantendría incluso sin participación estadounidense y vinculó su argumento a “la necesidad de convencer a Vladimir Putin de que cualquier agresión contra Europa tendría un precio increíblemente costoso”. Varios medios, incluido el Kyiv Post, aclaran que la osada declaración del ministro de exteriores polaco se refería a “un conflicto potencial entre Rusia y la OTAN en su conjunto, no a una guerra bilateral Polonia-Rusia”.

La reacción de Rusia no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, calificó las palabras de Sikorski de “rusofobia cerebral” (brain-washing Russophobia o Russophobia of the brain) en un mensaje en Telegram.

Polonia dispone actualmente de aproximadamente 75-80 aviones de combate, frente a unos 300 de Rusia, y la cifra de 2.500 alude al poder aéreo total de la Alianza. Varsovia es uno de los aliados de la OTAN que más invierte en gasto militar, alrededor del 4,8% del PIB en periodos recientes, y ha modernizado su ejército con material occidental: F-35, Abrams, HIMARS. Sin embargo, la superioridad aérea que invoca Sikorski no garantiza una victoria rápida ni exenta de costes: la guerra en Ucrania ha demostrado que el dominio del aire, por abrumador que sea, no basta para doblegar a un adversario dispuesto a resistir, y que la comparación con la campaña contra las refinerías ignora factores como la defensa antiaérea, la dispersión de objetivos y el riesgo de escalada nuclear. La disuasión es un juego de señales, y las palabras de Sikorski han sido interpretadas, sobre todo, como una señal dirigida a Moscú, pero también a los propios aliados europeos que aún dudan en aumentar su gasto militar.

La “advertencia” de Sikorski se apoya en la campaña ucraniana con drones y misiles de largo alcance contra la infraestructura de refinerías rusas, intensificada desde principios de 2026. Estimaciones independientes y ucranianas sitúan la capacidad de refinación rusa fuera de servicio en torno al 30-50% en diferentes momentos, según análisis de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), Reuters y S&P Global, que reportaron cifras del 33-40% o más de un tercio en los puntos álgidos de junio y julio. Los ataques han provocado caídas históricas en el procesamiento de crudo, e incluso escasez de combustible en Rusia, restricciones a las exportaciones y pérdidas millonarias.

Ejercicios “agresivos”

Sikorski también destacó que los presupuestos militares combinados de los países bálticos y nórdicos superan ya al de Rusia, aunque reconoció que Europa aún no tiene plena soberanía militar. En el mismo foro propuso ejercicios de la OTAN “agresivos” cerca del enclave ruso de Kaliningrado para “generar incertidumbre estratégica en Moscú y forzar el redespliegue de tropas desde Ucrania”. La intervención se produjo en la 22.ª reunión anual de YES, organizada por la Fundación Victor Pinchuk bajo el lema Peace Through Strength NOW!, y en medio un momento de tensión elevada en la frontera polaco-ucraniana: el 13 de septiembre Rusia atacó la estación de tren de Yahodyn, a pocos kilómetros de Polonia, poco después del paso de figuras como el expresidente británico Boris Johnson y el exdirector de la CIA David Petraeus. Polonia ha ido acelerando su escalada en las declaraciones tras incidentes previos, como la presunta entrada de drones rusos en su espacio aéreo en 2025.

La decisión se aplicó este domingo tras autorizarse una subida de hasta el 40% en el precio del diésel y de un 28% en el de la gasolina. Desde el Ejecutivo sirio sostienen que estos incrementos tienen “un carácter temporal y responden al acusado encarecimiento del abastecimiento de carburante en los mercados internacionales”. El Gobierno justifica el ajuste por los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en la refinería de Baniyas, una infraestructura estratégica con la que el país prevé elevar su capacidad de procesamiento desde los 80.000 hasta los 130.000 barriles diarios.

El ministro de Energía, Mohammed al-Bashir, ofreció un diagnóstico de la situación el pasado sábado, explicando que la producción nacional actual se sitúa en torno a los 102.000 barriles de petróleo al día. Esta cifra resulta insuficiente para cubrir el consumo interno, estimado en unos 325.000 barriles diarios, lo que obliga al Estado a recurrir de forma continuada a la importación para compensar el déficit. Por su parte, la agencia oficial de noticias SANA recogió un comunicado del Ministerio de Energía en el que el departamento asegura que “revisará las tarifas a medida que evolucionen las condiciones del mercado global”.

Desde la puesta en marcha de la estrategia Ethiopia Tamirt, más de 750 industrias han entrado en funcionamiento dentro del sector manufacturero del país, según detallaron el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el ministro de Industria, Melaku Alebel, en declaraciones recogidas por medios estatales y por la publicación The Exchange Africa. Las autoridades y las crónicas de la feria “Made in Ethiopia Expo” destacan el amplio respaldo que el plan ha generado entre la plantilla de trabajadores y algunos empresarios locales para sustituir bienes importados por artículos fabricados en el propio territorio.

La reactivación de la infraestructura productiva ha permitido un ahorro de 4.800 millones de dólares en la adquisición de productos extranjeros durante un periodo de nueve meses, según reportaron el Ministerio de Industria y el medio especializado New Business Ethiopia. Paralelamente, la utilización de la capacidad instalada en las plantas industriales del país aumentó del 47% al 66,3%, lo que ha impulsado el ritmo de crecimiento del sector manufacturero hasta alcanzar un 15% anual en el último ejercicio, frente a tasas anteriores que rondaban el 4,8%.

En el ámbito macroeconómico, los informes de seguimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirman un repunte del 42% en las ventas al exterior de bienes y servicios y un crecimiento del PIB real del 9,2%. No obstante, la entidad Birr Metrics señalan que el fuerte flujo de divisas captado por el Estado proviene en gran medida de las altas cotizaciones internacionales del oro y el café. Pese al incremento reportado en la producción manufacturera textil y de transformación, las ventas al extranjero de estos sectores representan aún un porcentaje reducido del volumen total exportado por el país.

Lagarde justificó la petición habitual con el argumento de la “responsabilidad fiscal”, y recordó que las reglas fiscales de la Comisión Europea contemplan “válvulas de flexibilidad” para inversiones militares, que otorgan a los países un margen temporal de entre cinco y siete años para reconducir el equilibrio de las cuentas. Es decir, mientras el gasto militar goza de excepciones y plazos flexibles, el gasto social sigue sometido a la disciplina del Pacto de Estabilidad. La presidenta del BCE también invocó el fantasma de Grecia durante la crisis financiera para subrayar la necesidad de “rigor y transparencia” en el control del gasto público. Grecia fue el laboratorio de los recortes más brutales de la historia reciente de Europa, con una troika que impuso recortes que destruyeron el sistema sanitario, precarizaron el empleo y empobrecieron a millones de trabajadores.

“El modelo de crecimiento europeo se está erosionando”

La presidenta del BCE lamentó que cada año salgan de Europa unos 300.000 millones de euros en inversiones hacia otras zonas del mundo, principalmente EEUU, y pidió un “mercado de capitales fluido, líquido, profundo y eficaz” que permita retener esa inversión. Volvió a defender la necesidad de “campeones bancarios” europeos con tamaño suficiente para competir con sus homólogos estadounidenses. Y advirtió de que el modelo de crecimiento europeo “se está erosionando”, que Europa invierte en innovación una tercera parte menos que EEUU y que no puede permitirse perder la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, a la que califica como la “segunda revolución digital” tras haber quedado al margen de la primera. “No nos podemos permitir repetir esta experiencia con la IA”, insistió.

Durante el mes de septiembre, el centro social acogerá diversas actividades dentro de la campaña contra el desalojo. Entre ellas destacan los conciertos para los días 11, 12, 25 y 26 de septiembre, así como la manifestación convocada para el 3 de octubre bajo el lema “Contra el desalojo de La Casika y por el casco antiguo de Móstoles”.
 
La Casika permanece okupada desde el 6 de diciembre de 1997 y durante estos años ha funcionado de manera asamblearia y autogestionada, albergando a colectivos de Móstoles y el resto de la capital. Considerado uno de los centros sociales más veteranos de la Comunidad de Madrid, ha servido durante décadas como espacio de encuentro para distintos colectivos sociales y políticos, además de albergar, conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine y documentales, talleres, cursos y otras actividades comunitarias.

Desde La Casika y los colectivos que la impulsan se ha criticado durante años los planes urbanísticos desarrollados en la zona y han reivindicado la reutilización de espacios vacíos frente a la especulación inmobiliaria posicionándose así en defensa de la conservación del casco antiguo de Móstoles. La propia vivienda que alberga La Casika forma parte de las construcciones tradicionales que aún permanecen en el casco histórico mostoleño.

A través de un comunicado difundido recientemente, la asamblea del centro social anima a participar en las actividades organizadas, colaborar en la campaña y difundir la convocatoria de resistencia al desalojo. Desde la asamblea del CSOA aseguran que el desalojo supondría la desaparición de uno de los espacios autogestionados más antiguos de Madrid. Con la campaña, llaman así a vecinos, colectivos y personas afines a sumarse a la movilización para tratar de impedir la ejecución del lanzamiento previsto para el próximo 6 de octubre.

Durante la primera sesión plenaria, centrada en la gobernanza global y el multilateralismo, el dirigente chino definió a los BRICS como la plataforma con mayor capacidad de influencia para articular a los países en desarrollo. Para reforzar ese liderazgo, Xi propuso ampliar la cooperación en sectores clave como el ciberespacio, la exploración espacial, las aguas profundas y la inteligencia artificial, ámbito para el que sugirió lanzar una iniciativa orientada hacia una “nueva industrialización”. Asimismo, recordó que China asumirá la presidencia rotatoria de la organización el año que viene, periodo en el que albergará la cumbre anual de jefes de Estado.

La presencia de Xi en territorio indio supone su primera visita oficial al país en siete años, un desplazamiento relevante que incluye una reunión bilateral con el primer ministro anfitrión, Narendra Modi. El encuentro entre ambos líderes busca consolidar el progresivo acercamiento diplomático emprendido por las dos potencias tras años de tensiones y enfrentamientos en su frontera común. Por su parte, Modi aprovechó la jornada inaugural para reclamar “una transformación profunda en las estructuras de poder internacional” y solicitó a los integrantes del grupo elaborar una hoja de ruta con diez propuestas de reforma para desmantelar la “pirámide de privilegios” en la gobernanza mundial.

El bloque de los BRICS atraviesa una etapa de ampliación y reconfiguración diplomática tras la integración de nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, que se suman a los socios fundadores Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta expansión ha reforzado el peso demográfico y económico del grupo, convirtiéndolo en un contrapeso geopolítico frente a los foros de matriz occidental.

Los resultados provisionales mantienen a los socialdemócratas de Magdalena Andersson a la cabeza con el 28,1% de los sufragios y 100 escaños, si bien experimentan un retroceso de 2,2 puntos y pierden siete representantes. Los conservadores de Moderaterna logran la segunda posición tras alcanzar el 19,9% de los votos y sumar dos escaños hasta llegar a los 70. Por su parte, la formación neonazi Sverigedemokraterna, liderada por Jimmie Åkesson, cae al tercer lugar tras sufrir el mayor descalabro de su trayectoria con la pérdida de 2,9 puntos y 11 escaños, situándose en 62 asientos. 

El desenlace definitivo quedará visto para el recuento previsto para el miércoles 16, fecha en la que se computarán los votos anticipados que no llegaron a tiempo a los municipios y las papeletas procedentes del extranjero, un volumen que en 2022 alcanzó las 227.000 unidades. Según datos del Programa de Investigación Electoral de la Universidad de Gotemburgo, en las últimas trece elecciones este recuento secundario solo ha variado el reparto en un escaño como media, y en cinco ocasiones no alteró nada.

El ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, confirmó a través de la red social X el inicio de acciones judiciales contra un total de 162 personas, 9 asociaciones y 13 establecimientos comerciales. En sus declaraciones, el titular de Justicia justificó el operativo al afirmar que las investigaciones persiguen a sospechosos de “facilitación de la prostitución” y de “producción y difusión de contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños”. Asimismo, Gürlek sostuvo que la Policía rastrea los movimientos económicos de entidades que consideran promotoras de la “amoralidad”, y a las que acusa de haber  recibido “aportaciones financieras procedentes de organismos extranjeros”.

Entre las entidades afectadas por las redadas policiales se encuentra la asociación KAOS GL, una de las organizaciones más consolidadas en la defensa de las libertades del colectivo en el país tras su fundación en 1994. A través de un comunicado emitido este mismo domingo, la ONG denunció que agentes de la Policía registraron sus oficinas centrales en Ankara y arrestaron en sus domicilios a más de diez miembros. Al mismo tiempo, las autoridades ordenaron el bloqueo de las cuentas en redes sociales de numerosos activistas e irrumpieron de madrugada en varios locales nocturnos del centro de Estambul.

Las movilizaciones llegan en un momento con las negociaciones encalladas con la Conselleria. Las propuestas de acuerdo planteadas por la institución no satisfacían las demandas del profesorado, que destacan las cuestiones de las ratios, las plantillas y la inclusión. La manifestación de València ha contado con 10.000 personas según la Delegación del Gobierno, así como las 2.000 de Castelló y una cifra similar en Alacant.

Los sindicatos mayoritarios de la Plataforma han enfatizado la necesidad de la participación de las familias del alumnado y han hecho un llamamiento a la movilización y a la lucha para “llegar a un acuerdo que beneficie a la enseñanza pública”. Así, se espera que las movilizaciones puedan continuar en las próximas semanas.

Esta alianza coincide con un hito político inédito en el Reino Unido, ya que por primera vez en la historia, los Ejecutivos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se encuentran encabezados de forma simultánea por partidos independentistas. En Gales, la victoria de Plaid Cymru tras la severa caída del Partido Laborista situó a Ap Iorwerth al frente del Senedd, mientras que en Irlanda del Norte el Sinn Féin consolidó su posición como fuerza más votada, permitiendo a O’Neill asumir la jefatura del Ejecutivo autónomo tras superar el bloqueo institucional. Ante este escenario, Swinney ha instado al primer ministro británico, Andy Burnham, a asumir que “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”, argumentando que “el marco estatutario vigente resulta insostenible”.

El documento marco elaborado por los tres partidos estructura su cooperación en torno a cuatro ejes fundamentales, la economía, la energía, la autodeterminación y las relaciones con Europa. Las tres fuerzas coinciden en la conveniencia de integrar sus territorios en la Unión Europea, bien mediante la adhesión directa de Escocia y Gales o a través de la reunificación en el caso norirlandés. Fuentes del Sinn Féin citadas por The Irish Times han señalado que el objetivo prioritario del encuentro es “sentar las bases para que cada nación decida su futuro democrático”, remarcando que en el ámbito irlandés el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 ampara legalmente la convocatoria de un Border Poll. Este debate ha cobrado renovado impulso en los últimos días tras las manifestaciones vertidas el pasado sábado en Dublín por el mandatario estadounidense Donald Trump a favor de la unidad de la isla.

Esta postura ratifica los indicios adelantados el pasado mes de junio por el diario The New York Times, que ya informaba sobre la inclinación de OpenAI a posponer una cotización que podría haber valorado a la firma en un billón de dólares. Entre los factores económicos que condicionan esta decisión figura el antecedente de la salida a bolsa de SpaceX, la firma de tecnología y sector aeroespacial vinculada a Elon Musk. En su debut, la compañía captó 85.000 millones de dólares y alcanzó una valoración inicial de 1,8 billones de dólares, para experimentar posteriormente una rápida caída en las bolsas.

La decisión de la compañía norteamericana coincide con una serie de incidentes recientes que han encendido las alarmas sobre los riesgos del desarrollo descontrolado de la IA. En las últimas semanas se han registrado episodios en los que “enjambres de agentes autónomos” lograron vulnerar plataformas tecnológicas como Hugging Face y mantuvieron intercambios encubiertos en foros digitales y páginas wiki en desuso. La inquietud por este tipo de sucesos se reflejó también el pasado martes con la dimisión de un investigador de Anthropic, quien acusó públicamente tanto a su antigua firma como a la propia OpenAI de “actuar de manera irresponsable en la creación de sistemas cada vez más potentes”.

Esta renuncia conjunta deja al BSW de Fráncfort formalmente sin dirección. La estructura local arrastraba tensiones previas, dado que el anterior presidente del comité local y vicepresidente estatal del partido en Hesse, Oliver Jeschonnek, había dimitido antes de los comicios municipales alegando discrepancias con la “evolución interna del partido”.

En una declaración escrita emitida por los cuatro exdirectivos, los firmantes señalan haber detectado desde hace tiempo un “desplazamiento retórico paulatino hacia la derecha” en el seno de la organización. A pesar de esa deriva, confiaban en que el rechazo a que la extrema derecha participe en el poder fuera un “consenso mínimo inamovible” dentro del BSW. Sin embargo, los pactos y posicionamientos tras los comicios en el estado de Sajonia-Anhalt desencadenaron la ruptura definitiva.

En el texto aseguran que “una formación que permite el paso a los extremistas de derecha, en lugar de plantarles cara, ha perdido su brújula moral y actúa movida por la ciega ira”. En su comunicado puntualizan que una cosa es respaldar iniciativas legislativas acertadas con independencia de quién las presente, y “otra muy distinta es restar importancia a un partido de extrema derecha y facilitarle el acceso a responsabilidades de gobierno mediante abstenciones tácticas”.

La fortuna se sustenta fundamentalmente en un entramado de fondos de inversión, participaciones en sectores estratégicos de la economía norteafricana, así como en un valioso catálogo de bienes inmuebles, activos aeronáuticos, embarcaciones de gran eslora y colecciones privadas distribuidas entre Marruecos, Europa y África oriental.

El verdadero núcleo del poder económico de la dinastía alauí reside en el grupo corporativo Al Mada, un importante fondo de inversión privado de matriz familiar que opera en diversos sectores importantes del Magreb. Según cálculos difundidos por la publicación económica Billionaires Africa, la familia real marroquí controla participaciones valoradas en unos 17.500 millones de dólares en empresas cotizadas a través de este conglomerado. Entre sus activos más relevantes figura una participación del 46,5% en Attijariwafa Bank, una de las entidades bancarias y financieras más potentes del continente africano. El holding posee, además, un 10% de la compañía aseguradora Wafa Assurance y cerca del 81,6% de las acciones de la corporación minera Managem, una firma cuyo precio bursátil roza los 20.000 millones de euros.

A este entramado se suma el holding Siger, de carácter estrictamente privado del que Mohamed VI es propietario al 100%, según reveló una investigación publicada por el diario El País en 2021. Siger agrupa alrededor de 70 empresas filiales dedicadas a sectores tan variados como la promoción inmobiliaria, la explotación agrícola de gran escala y el turismo de alta gama, dentro del cual destaca la cadena de hoteles de ultralujo Royal Mansour. Calcular la valoración total de Siger resulta una tarea compleja incluso para los analistas financieros, dado que el holding no cotiza en los mercados bursátiles y la Casa Real no publica balances contables de sus filiales. Esta opacidad institucional, subrayada de forma reiterada por investigaciones del periódico francés Le Monde, dificulta establecer una línea divisoria clara entre los recursos financieros propios de la familia real, las ganancias empresariales privadas y los presupuestos asignados por el Estado marroquí.

En el ámbito inmobiliario, la monarquía alauí dispone de un inventario de residencias oficiales y privadas que abarca decenas de fincas estratégicas. Dentro del territorio marroquí, el Estado pone a disposición de la Corona un total de doce palacios reales e instalaciones oficiales distribuidas en ciudades clave como Rabat, Fez, Marrakech, Mequinez, Casablanca, Agadir, Ifrán, Tetuán y Tánger. Sin embargo, fuentes especializadas en el análisis de la economía marroquí señalan la existencia de numerosas fincas, residencias y terrenos de carácter exclusivamente privado pertenecientes al monarca o a sus sociedades familiares en varias ciudades más. Fuera del continente africano, la prensa internacional ha documentado también la posesión de una antigua residencia palaciega propiedad del rey en el archipiélago de Zanzíbar, en Tanzania.

Europa, y particularmente el Estado francés, constituye el otro gran polo patrimonial de la familia real. En la capital francesa, Mohamed VI ostenta la propiedad de un piso de más de 1.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo distrito 16, con vistas directas a la Torre Eiffel y una tasación en el mercado inmobiliario superior a los 80 millones de euros. A esta propiedad se suma el Hôtel de Broglie, un palacete histórico situado en el distrito 7, además de otras residencias urbanas de menor envergadura. Por el contrario, en febrero de este año, el monarca decidió poner a la venta el emblemático castillo de Betz, situado en el departamento de Oise. Esta finca rústica, adquirida originalmente por Hassan II en 1972, ocupa una superficie de 70 hectáreas, equivalente a la extensión de casi un centenar de campos de fútbol, e incluye jardines de estilo clásico, terrenos arbolados y zonas agrícolas. Las prolongadas estancias del monarca en estas residencias europeas le ha valido en diversos círculos políticos y mediáticos el sobrenombre informal de “el rey ausente”, en referencia a los prolongados periodos de tiempo que pasa alejado de la capital marroquí. En una de estas estancias, el rey fue grabado en vídeo caminando por las calles de París en un evidente estado de embriaguez.

El despliegue de activos de ultralujo por parte de la Casa Real marroquí abarca también el ámbito de la aviación ejecutiva, la náutica de recreo y el automovilismo de colección. De acuerdo con información publicada por el diario El Español, la flota aérea asociada al monarca y a la familia real incluye modelos de largo alcance como un Boeing 747, un Boeing 737 y dos aeronaves ejecutivas Gulfstream, cuyos costes unitarios pueden superar ampliamente los 350 millones de dólares. No obstante, los registros de aviación civil disponibles en la plataforma Planespotter.net precisan que mientras el Boeing 747-8 figura matriculado a nombre personal de Mohamed VI, otras de las unidades aéreas forman parte de la flota de transporte VIP del Estado marroquí, estando asignadas al servicio institucional de la Casa Real y de las altas autoridades del gobierno. En el sector marítimo, el semanario marroquí TelQuel confirmó en 2019 que el rey de Marruecos es propietario del Badis 1, clasificado como uno de los diez yates de vela más grandes y costosos del mundo.

Por último, en lo relativo al ámbito del automovilismo, diversos medios de comunicación han cifrado en unas 600 unidades la colección de vehículos vinculada al Palacio Real. Aunque no existe un inventario oficial publicado por las instituciones de Rabat, los historiadores y cronistas de la Casa Real señalan que este parque móvil no pertenece en su totalidad a Mohamed VI, sino que se trata de “un fondo histórico acumulado a lo largo de tres generaciones”. La colección fue iniciada por su abuelo, el rey Mohamed V, quien comenzó a adquirir automóviles de fabricación estadounidense de marcas como Ford y Cadillac, además de modelos británicos de la firma Rolls-Royce. Posteriormente, su padre Hassan II amplió el garaje real con una extensa gama de vehículos alemanes de la marca Mercedes-Benz. Mohamed VI, por su parte, ha continuado enriqueciendo este patrimonio comprando modelos deportivos y de alta gama pertenecientes a fabricantes como Ferrari, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar, Maseratti y Mercedes.

El Convenio de Wad-Ras, firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860 tras la llamada Guerra de África, impuso al Majzén una indemnización de 20 millones de duros, equivalentes a 400 millones de reales de vellón, cantidad que excedía holgadamente la capacidad de su tesoro y cuyo cobro se garantizó manteniendo ocupada Tetuán. La deuda abrió la vía al control europeo de las aduanas marroquíes y operó como lo que se ha hecho llamar como acumulación por desposesión, es decir, como transferencia de riqueza de la periferia al centro mediante mecanismos extraeconómicos, sin necesidad todavía de ocupación estable. Cuatro décadas después, París perfeccionó el procedimiento, cuando el empréstito de 1904, colocado por un consorcio bancario encabezado por la Banque de Paris et des Pays-Bas, entregó al Majzén 48 millones de los cuales veintidós millones y medio fueron a amortizar préstamos anteriores de 1902 y 1903, quince millones y medio a liquidar deudas menores, y solo diez millones y medio, menos del 20% de lo que habría que devolver, llegaron a las arcas del Estado marroquí.

En consecuencia, la deuda pública marroquí pasó del 5% del PIB en 1904 al 40% en 1910, a la vez que en 1907 ya equivalía a dieciséis años de ingresos estatales. El servicio quedó garantizado mediante la recaudación aduanera diaria y no se completó hasta 1929. El contrato preveía además la creación de la Banque d'État du Maroc, constituida en febrero de 1907 como sociedad anónima de derecho francés con sede en Tánger, que obtuvo el monopolio de emisión, la condición de tesorero pagador y el derecho preferente sobre los empréstitos futuros quedando el Estado marroquí despojado del control de su aduana y su moneda.

El Tratado de Fez del 30 de marzo de 1912 instauró el protectorado francés sobre aproximadamente el 90% del territorio, y el Convenio franco-español del 27 de noviembre del mismo año adjudicó a Madrid la franja norte montañosa, Tarfaya e Ifni, esto es el 10% restante y el económicamente menos aprovechable.

La apropiación de la tierra permite comparar ambas zonas. Al final del protectorado, los colonos europeos controlaban en el Marruecos francés alrededor de un millón de hectáreas agrícolas, de las cuales cerca del 25% procedía de la colonización oficial, es decir de la enajenación administrativa de tierras del Majzén y de las colectividades. En la zona colonizada por España la superficie fue muy inferior y la literatura la describe como una avanzadilla malograda, si bien reproducía el mismo dispositivo de expropiación administrativa y la misma segmentación laboral en la que el europeo dirigía y el marroquí ejecutaba por un salario sistemáticamente menor.

El subsuelo

El hierro del Rif y el fosfato del Atlántico son dos de los recursos que históricamente han perseguido las potencias imperialistas europeas. La Compañía Española de Minas del Rif, cuyas acciones comenzaron a cotizar el 21 de julio de 1908, extrajo del yacimiento de Uixán 32,5 millones de toneladas de mineral de alta ley entre 1914 y 1967, con Alemania e Inglaterra absorbiendo cerca del 73% de la producción, y repartió a lo largo de su existencia más de 2.100 millones de pesetas en dividendos entre un accionariado en el que figuraban el conde de Romanones, los Güell, los Comillas, la familia Zubiría y el propio Alfonso XIII.

En el lado francés, el residente general Hubert Lyautey nacionalizó las reservas de fosfato en 1920 y las puso bajo un monopolio estatal, el Office Chérifien des Phosphates, con la primera mina abierta ese mismo año en Khouribga y los primeros embarques desde Casablanca en julio de 1921. La literatura especializada explica el motivo, dado que el monopolio público se instituyó para impedir el acceso de intereses privados no franceses, que invocaban el principio de puerta abierta consagrado en Algeciras, y para garantizar que la producción alimentase a las industrias de transformación de abonos instaladas en Francia.

Respecto al caso saharaui, el Instituto Nacional de Industria constituyó en 1962 la sociedad que acabaría denominándose Fosfatos de Bucraa, en la que había comprometido más de 1.381 millones de pesetas de dinero público hasta 1970, con embarques que pasaron de 655.000 toneladas en 1973 a 2,7 millones en 1975. Ese mismo año, los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre transfirieron el 65% de la sociedad a Marruecos, reservaron el 35% al INI y reconocieron a ochocientos barcos españoles el derecho a faenar durante veinte años, contrapartidas recogidas en anexos secretos que no se conocieron hasta 1978. En 2002 la SEPI renunció a acudir a la ampliación con la que el grupo empresarial marroquí OCP completó el 100% del capital.

Resistencia y “capital humano”

La resistencia rifeña a todo ese saqueo desembocó en julio de 1921 en el conocido como Desastre de Annual, con unos diez mil soldados españoles muertos según la Real Academia de la Historia, y la represalia incluyó desde el verano de 1924 el bombardeo con iperita en poblados, zocos y cursos de agua, una de las primeras campañas de guerra química contra población civil de la historia contemporánea, que en cambio no ha tenido nunca ningún registro de víctimas constatado.

El flujo inverso, el de marroquíes movilizados para guerras europeas, está mejor documentado. Entre 1914 y 1918 se llevaron a servir en el ejército francés 40.398 marroquíes, junto a 173.019 argelinos y 80.339 tunecinos, y las pérdidas norteafricanas a 11 de noviembre de 1918 se cifraban en 28.200 muertos y 7.700 desaparecidos. Entre 1939 y 1945 combatieron en las filas francesas 85.000 marroquíes dentro de un contingente norteafricano de 239.000 hombres, y en noviembre de 1944 la mitad del ejército regular francés estaba compuesta por musulmanes del Magreb. En paralelo, entre 1936 y 1939 alrededor de 80.000 marroquíes combatieron en el bando fascista durante la Guerra Civil, con unas 30.000 bajas, de manera que el mismo régimen colonial que empobrecía el Rif convertía a sus hombres en carne de cañón para la contrarrevolución peninsular.

Por último, en la larga lista de explotación de las personas marroquíes para el beneficio de la industria de las potencias del norte en el siglo XX, se registra que entre 1956 y 1977, Félix Mora, antiguo militar francés contratado por las Houillères del Norte y de Lorena, “reclutó” a 78.000 marroquíes para las minas de carbón francesas, seleccionados en los zocos del Sous, del Atlas y de las provincias del sur sobre un universo que él mismo cifraba en cerca de un millón de candidatos examinados, con contratos iniciales de dieciocho meses y alojamiento en treinta y tres ciudades.

Apropiación después de la independencia

La independencia de 1956 clausuró la administración directa sin clausurar la apropiación, que pasó a apoyarse en contratos, concesiones y acuerdos comerciales. El Plan de Ajuste Estructural pactado con el Fondo Monetario Internacional en 1983 reorientó la economía hacia la exportación y la apertura al capital extranjero, y sobre esa base institucional se construyó la integración posterior.

La pesca ilustra el tránsito con nitidez, puesto que no exige inversión productiva alguna y consiste en la apropiación directa de un recurso ajeno. Tras el ingreso español en la Comunidad Europea la competencia pasó a Bruselas, que abonó 409,9 millones de euros por el acuerdo de 1992, 506,4 millones por el de 1995-1999 y 208,7 millones de euros por el protocolo de 2019-2023, cuyas 138 licencias correspondían en 93 casos a buques españoles y cuyas capturas se realizaban en más del 90% en aguas adyacentes al Sáhara Occidental ocupado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el 4 de octubre de 2024 los acuerdos pesquero y agrícola por ausencia de consentimiento del pueblo saharaui, y la Comisión respondió negociando con Rabat en apenas cinco días, entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025, un nuevo acuerdo comercial en vigor provisional desde el 3 de octubre que etiqueta los productos del territorio con el nombre de las regiones administrativas de la ocupación marroquí.

En cuanto a las cifras de mercado, el España desplazó a Francia como primer socio comercial de Marruecos en 2012 y alcanzó en 2025 un intercambio de 22.757 millones de euros, con exportaciones de 12.330 millones e importaciones de 10.426. Francia, por su lado, conserva el primer puesto en stock de inversión, con 8.400 millones de euros en 2023, el 30,8% del total, cerca de mil filiales que emplean directa e indirectamente a 150.000 marroquíes, un comercio bilateral de 14.800 millones de euros en 2024 y la condición de primer receptor mundial de financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo. En los flujos de 2024, Francia captó 13.550 millones de dirhams de los 43.800 millones de inversión extranjera directa recibida, cerca del 31%, seguida de Emiratos Árabes Unidos con 4.560, Alemania con 2.460, España con 2.340 y China con 2.080.

2. La situación socioeconómica

Los años de saqueo colonial y poscolonial descritos en el apartado anterior han provocado un deterioro notable en la capacidad de Marruecos para desarrollarse como economía capitalista. En cambio, los últimos años, a pesar de que el país siga siendo indiscutiblemente parte de la periferia se observan tendencias que pueden parecer contraintuitivas, porque algunas de ellas podrían indicar un aparente “crecimiento”. Por un lado, el producto interior bruto alcanzó 154.430 millones de dólares en 2024, el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento de 2025 en el 4,9% y proyecta un 4,4% para 2026, la inflación media prevista se sitúa en el 1,6% tras el pico del 8% de 2022, las reservas superan cinco meses de importaciones y en abril de 2025 el propio Fondo concedió una línea de crédito flexible de 4.500 millones de dólares, el 3% del producto, con carácter preventivo y en reconocimiento expreso de la solidez institucional del país. La pobreza multidimensional rural retrocedió además del 73,4% en 2001 al 19,4% en 2014 y al 11,2% en 2022, una de las reducciones más rápidas registradas en el Magreb.

A pesar de todo ello, las aparentes mejoras mencionadas no conforman el cuadro completo. La tasa de paro tocó un mínimo histórico del 8,9% en 2011, pero volvió al alza hasta llegar al 13,0% en 2025, con 1.621.000 parados, dentro de los cuales un 35,8% afecta a los jóvenes, alcanzando incluso el 48% en el medio urbano. Adicionalmente, el subempleo subió del 10,1% al 10,9%, con 1.190.000 personas afectadas en el último año. Se conoce que aproximadamente el 68% de los parados urbanos lleva más de un año buscando empleo. Catorce años después de su mínimo, el mercado de trabajo marroquí no ha recuperado la posición de partida y muestra síntomas de empeoramiento estructural.

En lo referido a la demografía, entre 2000 y 2024, la población marroquí en edad de trabajar creció un 47% mientras el número de ocupados avanzaba un 20,7%. Traducida a flujo anual, esa distancia equivale a 215.000 puestos menos cada año de los necesarios para mantener estable la tasa de empleo, y acumulada sobre 24 ejercicios supera los cinco millones de empleos que nunca llegaron a existir. La consecuencia se mide en la población que ni estudia ni trabaja, cifrada por el Alto Comisariado del Plan en 1,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años en 2023 y en 2,9 millones si el corte se amplía hasta los 30; esta cifra supone aproximadamente uno de cada tres jóvenes en edad laboral.

La serie del coeficiente de Gini (índice estadístico que mide la desigualdad) elaborada por el Alto Comisariado del Plan describe un descenso suave del 40,6% en 2001 al 39,5% en 2014 y al 38,5% en 2019, y un repunte repentino al 40,5% en 2022, prácticamente el nivel de comienzos de siglo. Igualmente, el ratio interdecil (medida estadística de desigualdad que compara los ingresos, salarios o riqueza de diferentes grupos de una población dividida en diez partes iguales) siguió la trayectoria de manera idéntica, desde 12,2 hasta un mínimo de 10,8 en 2019 y de vuelta a 11,8 en 2022. El dato más relevante se encuentra en la composición de ese retroceso, puesto que entre 2019 y 2022 el nivel de vida del quintil más pobre cayó un 4,6% anual frente al 1,7% del quintil más rico, es decir, los pobres se empobrecieron a una velocidad 2,7 veces superior.

Un segundo cambio, menos visible, resulta especialmente pertinente para el fenómeno migratorio. La pobreza monetaria pasó de explicar el 37,8% de la prevalencia de la pobreza multidimensional en 2014 al 52% en 2022, lo cual significa que la privación marroquí ha dejado de ser predominantemente de infraestructura y servicios para volverse predominantemente de ingreso. Los estudios empíricos marcan claramente que un país donde falta dinero genera propensión a emigrar de manera más directa que uno donde falta la escuela o el agua corriente, por cuanto el salario extranjero opera (o promete operar) como sustituto inmediato de la carencia. La provisión pública, entretanto, indica otras prioridades, con un gasto sanitario en torno al 3,4% del producto frente al 3,5% dedicado al Ejército en 2024 y al menos 5.000 millones de euros comprometidos para el Mundial de 2030 y la Copa de África, contraste que alimentó las protestas juveniles de GenZ 212 del otoño de 2025, saldadas con al menos tres jóvenes muertos a manos de la policía y más de 2.400 procesados.

El agua, el campo y la ciudad

El vínculo entre el modelo agroexportador y el desplazamiento de población dispone de series propias. La agricultura consume alrededor del 90% del agua extraída en un país situado en el puesto 22 del ranking mundial de estrés hídrico, cuyo segundo embalse, Al Massira, abastecedor de Casablanca, llegó a registrar en 2024 el 3% de su lámina media de una década antes según el análisis satelital de la cadena BBC sobre imágenes del satélite Copernicus. El Banco Mundial contabiliza unos 1,2 millones de empleos rurales perdidos entre 2015 y 2024, una caída del 23%, con 137.000 destruidos solo en 2024 tras el séptimo año consecutivo de sequía y otros 108.000 en el segundo trimestre de 2025.

El riego se usa principalmente para el tomate, los cítricos, la sandía, la fresa y el aguacate que Europa compra, y que, entre otros, El estado español importa por 2.456 millones de euros anuales. Ese mismo riego agota los recursos hídricos y expulsa a parte de la población rural hacia ciudades con un 48% de paro juvenil, desde donde con más fuerza salen los flujos migratorios dada la falta de condiciones básicas de subsistencia.

El valor de la fuerza de trabajo

Todo lo anterior converge en una magnitud que explica a la vez la deslocalización del capital y el desplazamiento de la fuerza de trabajo.

Un diferencial de esta magnitud entre dos territorios separados por catorce kilómetros de mar y unidos por una cadena de valor integrada produce necesariamente dos movimientos de sentido contrario, dado que el capital se desplaza al sur en busca de fuerza de trabajo barata y la fuerza de trabajo va al norte en busca de un salario mayor, con la diferencia de que el primero está protegido mediante tratados de inversión, seguros de crédito a la exportación y acuerdos de asociación, mientras el segundo es perseguido mediante vallas, devoluciones en caliente, controles policiales y, cada vez más, discursos de odio, señalamientos y lichamientos.

La subjetividad de la migración

Según la octava oleada del Arab Barometer, el 55% de los marroquíes de 18 a 29 años ha pensado en emigrar, frente al 24% de las generaciones mayores. La comparación regional sitúa a Marruecos en una posición intermedia y no excepcional, con Túnez en el 71%, Líbano en el 58%, Marruecos en el 55% y Jordania en el 54% entre otros, y reproduce de manera matemática el mapa del saqueo imperialista europeo. El Afrobarómetro, con trabajo de campo entre enero de 2024 y septiembre de 2025, eleva al 45% la proporción de la población marroquí total que ha considerado emigrar, un 16% de ella con frecuencia, y establece que el 53% de quienes se lo han planteado estaría dispuesto a hacerlo de manera irregular.

Las razones económicas suman el 45%, pero la formación aporta un 18%, el rechazo a la corrupción un 15% y las razones políticas un 13%. La investigación cualitativa de Dominique Jolivet, publicada en 2025 a partir de entrevistas en Tánger, converge en el mismo resultado al identificar la búsqueda de sanidad y educación fiables, protección social, autonomía personal y capacidad de planificar una vida estable.

Las remesas

Las transferencias de los marroquíes residentes en el extranjero alcanzaron 122.000 millones de dirhams en 2025, frente a 118.900 en 2024 y 115.260 en 2023, equivalentes a algo más de 11.300 millones de euros y a una horquilla del 7,5% al 8,6% del PIB según la fuente y el año. Solo los residentes en el Estado español enviaron 1.589 millones de euros en 2025, frente a 487 en 2015 y 757 en 2019, un incremento del 226% en una década que convierte al Estado español en segundo emisor mundial de migración marroquí con cerca del 13% del total, solo por detrás del Estado francés con alrededor del 30%.

La función macroeconómica de ese flujo se aprecia en la balanza de pagos. En 2024, el déficit comercial de bienes ascendió a 306.470 millones de dirhams, y más del 77% quedó cubierto por dos partidas, los ingresos por turismo, con 112.500 millones, y las transferencias de la diáspora, con 117.700 millones, mientras la balanza de rentas primarias, donde se registran la repatriación de beneficios del capital extranjero y los intereses de la deuda, acumulaba un déficit de 21.600 millones hasta septiembre.

3. Los bulos  

Afirmaciones contrastadas con estadística oficial

El vocabulario bélico de la “invasión”, que no responde a otra cosa que justificar cualquier acción o discurso racista, atribuye a la entrada irregular un peso que la estadística no respalda. Frente a 1.288.562 inmigraciones procedentes del extranjero registradas en 2024 tanto de Europa como de países extracomunitarios, las 63.970 llegadas irregulares de ese mismo ejercicio, récord de la serie, representaron alrededor del 5% de las entradas, y en 2025 descendieron a 36.775. La población migrante ascendía a 9,96 millones de personas en total a comienzos de 2025, el 20,28% del total, cuyos flujos llegan mayoritariamente en avión y con documentación en regla.

La población extranjera presenta una tasa de actividad del 68,49% frente al 57,21% de la española, once puntos de diferencia que responden a su concentración en edades laborales. La Seguridad Social superó en marzo de 2026 los 3,21 millones de afiliados extranjeros, el 14,4% del total, y el 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral de marzo de 2022 corresponde a trabajadores de otras nacionalidades. Los marroquíes constituyen la primera nacionalidad afiliada extranjera con 373.436 cotizantes al cierre de 2025; esto sin contar a quienes tienen que trabajar bajo condiciones de irregularidad.

La distribución sectorial además pone al migrante en la peor posición, puesto que los extranjeros representan el 42,3% del empleo doméstico, el 39,4% del régimen agrario, el 29,1% de la hostelería y el 24,3% de la construcción, esto es, los cuatro nichos de menor salario, mayor temporalidad y menor densidad sindical de la economía española. En cuanto a la contribución fiscal, el Consejo Económico y Social cifra en torno al 10% de los ingresos de la Seguridad Social la aportación de la afiliación extranjera frente a un gasto público asociado próximo al 1%, desproporción que obedece a la estructura de edades y cuya proyección a largo plazo dependerá del nivel salarial en que se inserte esa población, de manera que su eventual coste futuro no es un atributo de su origen sino una función de los salarios que recibe.

Respecto a la delincuencia y la supuesta “inseguridad”, la cuenta agregada sirve de argumento simple. Entre 2005 y 2025 la población con nacionalidad extranjera casi se duplicó, de 3,7 a unos 7 millones, y en ese mismo periodo la tasa de criminalidad convencional descendió hasta 40,6 infracciones por cada mil habitantes, en la franja más baja de la serie histórica y alrededor de nueve puntos por debajo de la de 2005.

La ley como productora de irregularidad

Los cálculos hechos a partir de lo observado con la medida planteada para la regularización extraordinaria de 2026, se ha observado que más de un millón de personas que ya vivían y trabajaban en el Estado español lo hacían sin poder cotizar ni optar a una laboralidad regular, no por falta de voluntad sino porque la norma les impedía acceder a un contrato. La irregularidad aparece así como un mecanismo jurídico mediante el cual la burguesía se aprovecha de fuerza de trabajo extraordinariamente devaluada y sin derechos exigibles.

El régimen de contratación en origen de Huelva muestra el mismo principio. En la campaña 2025/26 fueron contratadas más de 21.200 personas, de las cuales un 81% fueron marroquíes, mediante permisos que alternan nueve meses de trabajo con tres de retorno obligatorio, gestionados con la agencia pública de empleo marroquí y sin posibilidad de cambiar de empleador. Vemos cómo la frontera no solo filtra el trabajo, también fija las condiciones en las que se le permite entrar.

Subcontratación del control fronterizo

La Unión Europea comprometió 222 millones de euros entre 2021 y 2024 para “gestión migratoria” y prevé aportar otros 190 hasta el final del marco presupuestario en 2027, cantidades que distintas fuentes agregan en un techo superior a 500 millones para el septenio, frente a los 343 millones del periodo 2014-2020. A ello se suman las partidas españolas bilaterales, entre ellas los treinta millones de 2019, más vehículos, drones, escáneres, cámaras térmicas, radares y formación policial. Tras la crisis de julio, Bruselas desbloqueó otros 115 millones de fondos de emergencia para reforzar la frontera de Ceuta y agilizar retornos, y el programa español del Fondo de Asilo, Migración e Integración alcanzó los 812 millones tras una ampliación de 244 en marzo de 2026.

Paradójicamente, la correlación del gasto con la magnitud del flujo migratorio se muestra de manera inversa. Las entradas terrestres por Ceuta pasaron de 753 en 2021 a 3.523 en 2025, esto es, se multiplicaron por más de cuatro durante el mismo periodo en que la financiación europea para contenerlas alcanzaba su máximo histórico, dejando claro, al igual que pasa en todas las fronteras del mundo, que los flujos migratorios no son dependientes de las dificultades del camino, sino de las condiciones del país de origen; a más dureza en las fronteras, más peligro para la vida de las personas, pero no afecta de forma persistente en el flujo migratorio.

4. La migración como herramienta política

Desde la entrada de Vox en el Congreso en noviembre de 2019, la actividad parlamentaria sobre migración se disparó hasta 3.144 iniciativas entre diciembre de 2019 y junio de 2021, el 8,1% de todas las de la Cámara y el doble de lo registrado en las dos legislaturas anteriores y con una sobrerrepresentación abrumadora, dado que esa formación, con el 14,9% de los escaños, registró 1.013 iniciativas frente a las 329 del PP y unas pocas decenas de cada uno de los restantes. En ese mismo registro, por cada referencia a personas migrantes aparecieron 4,75 referencias a la “irregularidad” o la “ilegalidad”, y la infancia migrante acumuló 363 menciones bajo una etiqueta abreviada.

En el ámbito de la prensa, sobre unas treinta mil informaciones analizadas en una década por el proyecto Inmigracionalismo de Red Acoge, el 50,32% no emplea la palabra persona para referirse a quienes migran, y en el corpus de 2022 más del 80% de las piezas no incluye ninguna voz migrante, de modo que la selección de fuentes policiales, gubernamentales o diplomáticas decide de antemano que se trata de un asunto de “orden público”. En redes, el monitor del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó en julio de 2026 un total de 57.406 contenidos de odio, un 40,7% más que en junio, con 9.590 concentrados en los días 30 y 31, las personas del Norte de África como diana en el 68% de los casos, un 40% de mensajes deshumanizadores y la supuesta “inseguridad ciudadana” como desencadenante en el 48%.

La opinión pública registra este efecto mediático con un claro reflejo de la irracionalidad que lo caracteriza. En septiembre de 2024 la inmigración pasó en tres meses del noveno al primer puesto entre los “problemas” del país, del 11,2% al 30,4% de menciones, pero caía al quinto lugar cuando se preguntaba por los problemas que afectan personalmente al encuestado, y en ese mismo barómetro el 87,3% atribuía el aumento de la inmigración a las desigualdades entre países ricos y pobres. En julio de 2026, la inmigración escaló al segundo puesto con un 23,4%, por detrás de la vivienda, citada por el 43%. De esta manera se ve cómo los marcos discursivos reaccionarios van adquiriendo calado en la sociedad, a pesar de que, paralelamente, las mismas personas que responden que la migración es “uno de los mayores problemas”, no lo ponen como problema propio, y además entienden que el principal causante de los flujos migratorios es, y ha sido durante largos años, la desigualdad.

Los datos llevan a extender el marco de aceptación de los discursos que estigmatizan y deshumanizan a las personas migrantes más allá del fascismo y los sectores abiertamente reaccionarios. En Melilla, el 24 de junio de 2022, fue el mismo presidente del Gobierno español quien calificó lo ocurrido de “asalto violento bien resuelto”, agradeció la actuación marroquí y atribuyó la responsabilidad a “las mafias”, y la Fiscalía archivó la causa en diciembre empleando el término “avalancha”. El acuerdo político del Pacto Europeo de Migración y Asilo se cerró en diciembre de 2023 bajo presidencia española del Consejo, y la externalización financiada por Madrid y Bruselas forma parte de la misma arquitectura. Tras la crisis de 2026, el foco gubernamental volvió a situarse en las redes de tráfico y en la integridad territorial, con los telediarios de las cadenas públicas legitimando y reproduciendo los discursos de la “falta de seguridad” o justificando actitudes hostiles contra las personas migrantes, que se han saldado con gravísimos episodios de violencia.

5. Influencias internacionales

El 10 de diciembre de 2020 se produjeron tres movimientos encadenados marcando un cambio de táctica explícito en EEUU, dado que estos respaldaron la ocupación marroquí sobre el Sáhara Occidental, Marruecos normalizó relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham y ambos socios abrieron a Rabat un mercado de armamento.

Por su lado, el Estado español se sumó al reconocimiento quince meses después, en marzo de 2022. Israel reconoció formalmente la “soberanía marroquí” sobre el Sáhara Occidental el 17 de julio de 2023. Francia lo hizo mediante carta del 9 de julio de 2024, hecha pública el 30, seguida de una visita de Estado en octubre con veintidós acuerdos por una suma declarada de hasta 10.000 millones de euros, entre ellos un memorando de 350 millones entre la Agencia Francesa de Desarrollo y OCP, un contrato ferroviario con Alstom y una inversión de Safran cercana a 130 millones. El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2797 con once votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, texto registrado como proyecto de EEUU que establece por primera vez en cinco décadas que una “autonomía genuina” bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable, sin suprimir formalmente el principio de autodeterminación.

Tras la formalización de las relaciones entre la Casa Blanca y la monarquía marroquí, la industria militar ha sido el terreno sobre el que se han realizado la mayoría de acuerdos mercantiles. Las ventas militares estadounidenses activas con Rabat suman 8.545 millones de dólares, entre ellas lanzadores HIMARS por 524,2 millones notificados en abril de 2023, misiles AMRAAM por 88,37 millones y bombas GBU-39B por 86 millones notificados en diciembre de 2024, más 478 millones recibidos desde 2013 por el programa de excedentes. El inventario acumulado incluye veinticinco cazas F-16C/D Block 72, treinta y seis helicópteros Apache, misiles antibuque Harpoon, ocho radares Sentinel y, procedentes de operaciones anteriores, 222 carros Abrams M1A1 y 600 vehículos M113.

Por encima de cualquier lista se sitúa la hoja de ruta de Defensa 2026-2036 firmada en Washington el 16 de abril de 2026, que otorga a Rabat acceso durante una década al armamento reservado a los socios de la OTAN. A ello se añade un umbral cualitativo distinto del material, puesto que en el ejercicio African Lion de abril de 2026 las fuerzas aéreas estadounidenses ejecutaron con Marruecos la primera prueba de enlace de datos tácticos cifrados Link 16 con un país del continente africano, con bombarderos B-52 volando junto a F-16 marroquíes.

Israel, manteniéndose en la estela de su aliado estadounidense, también ha vendido a Marruecos alrededor de 2.000 millones de dólares en armamento desde 2020, el 24% de las importaciones militares marroquíes, lo que le sitúa como tercer proveedor, con ventas como el sistema Barak MX por 500 millones en 2022, el lanzacohetes PULS por 150 millones en 2023, el satélite Ofek 13 en 2024, treinta y seis obuses ATMOS 2000 y la inauguración de una fábrica de drones merodeadores en territorio marroquí en 2025. El peso de los cuatro países de los Acuerdos de Abraham en las exportaciones militares israelíes pasó del 12% en 2024 al 15% en 2025.

Qué obtiene Washington

El apoyo estadounidense trae consigo varios intereses. El primero es geográfico: Marruecos controla la orilla sur de uno de los pasos marítimos más transitados del planeta, alberga en Tánger Med el primer puerto del Estrecho, con 11.106.164 contenedores equivalentes movidos en 2025, un 131,3% más que en 2019, mientras Algeciras retrocedía alrededor de un 8%, y construye en Dajla, dentro del Sáhara Occidental, un puerto de unos 1.200 millones de euros y entre 35 y 37 millones de toneladas de capacidad para 2028, eje de una Iniciativa Atlántica que ofrece salida al mar a Malí, Níger y Burkina Faso, cuyos gobiernos expulsaron a las tropas occidentales.

El segundo es mineral. El 4 de febrero de 2026, Washington y Rabat firmaron un memorando sobre minerales críticos que alcanza depósitos submarinos atlánticos solapados con las aguas que el estado español reclama en torno a Canarias, donde el Monte Tropic alberga unas 2.670 toneladas de telurio, cerca del 5% de las reservas conocidas, además de cobalto y tierras raras.

El tercero es industrial. El acuerdo de libre comercio de 2004, el único de Estados Unidos con un país africano, convierte a Marruecos en plataforma de acceso al mercado estadounidense para el capital chino de baterías, desde la gigafactoría de Gotion en Kenitra, con un programa de hasta 6.500 millones de dólares, hasta la planta de precursores que CNGR comparte con el holding real en Jorf Lasfar.

El cuarto interés concierne al paso de hidrocarburos entre Europa y Africa, dados los enormes acuerdos entre estados unidos y Europa para que este supla la mayor parte del gas que ya no recibe el viejo continente desde Rusia. En este aspecto, los hechos disponibles son los siguientes: tras el cierre del Gasoducto Magreb-Europa decidido por Argelia en noviembre de 2021, el Estado español invirtió el flujo y envió a Marruecos un récord de 10.375 gigavatios hora en 2025, más del 90% de la capacidad del tubo, además de 3.743 gigavatios hora netos de electricidad, en torno al 8% de la demanda marroquí. Al mismo tiempo, el 30% del gas importado por España en 2025 procedía de Estados Unidos, proporción que alcanzó el 44,4% en enero de 2026, parte del cual se regasifica y reexporta hacia el sur.

A pesar de lo anterior, de cara al futuro cercano se proyecta el Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, cuyo acuerdo intergubernamental firmaron los jefes de Estado de la CEDEAO en Freetown el 19 de julio de 2026. La infraestructura recorrería alrededor de 6.800 kilómetros y trece países costeros, con una inversión estimada entre 25.000 y 27.000 millones de dólares, una capacidad de 30.000 millones de metros cúbicos anuales de los cuales hasta 15.000 se destinarían a Marruecos y Europa, sede de la sociedad del proyecto en Casablanca, decisión final de inversión prevista antes del cierre de 2026 y primer gas en 2031. El proyecto compite directamente con la ruta transahariana que promueve Argelia, cuyo principal proveedor de armamento es Rusia.

Consultas de Interés

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2025). Resolución 2797 (2025) (S/RES/2797). Naciones Unidas.

Consejo Económico y Social. (2019). La inmigración en España: efectos y oportunidades (Informe n.º 02/2019). https://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf

Fundación porCausa y Political Watch. (2021). La política del miedo. Una radiografía de la narrativa de las migraciones en el Congreso de los Diputados. https://porcausa.org/wp-content/uploads/2021/11/PorCausa_La_Politica_del_miedo_2.pdf

Haut-Commissariat au Plan. (2026). Situation du marché du travail en 2025. Royaume du Maroc. https://www.hcp.ma/Situation-du-marche-du-travail-en-2025_a4248.html

Hickel, J., Hanbury Lemos, M. y Barbour, F. (2024). Unequal exchange of labour in the world economy. Nature Communications, 15(1), Artículo 6298. https://doi.org/10.1038/s41467-024-49687-y

Las conversaciones institucionales para estructurar este nuevo marco de asociación estratégica entre Bruselas y Rabat se venían gestando desde hacía varios años en las oficinas europeas. Sin embargo, las discrepancias diplomáticas en el ámbito internacional sobre el estatus del Sáhara Occidental habían paralizado el diálogo hasta fechas recientes. Fuentes europeas citadas por Euronews confirmaron que la firma del texto ya estaba programada para finales de este año antes de que estallara el episodio de Ceuta. Lejos de suspender el proceso, los hechos han propiciado un incremento en las dotaciones económicas que se contemplaban inicialmente.

Este paquete toma como precedente directo el acuerdo firmado por la UE con Egipto en 2024, el cual estuvo dotado con una partida de 7.400 millones de euros destinada formalmente a “estabilizar la economía de El Cairo, dinamizar la región y reforzar la gestión del control migratorio”.

La postura europea quedó resumida el pasado 2 de agosto en la carta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En la misiva, la alta mandataria señaló de forma explícita que los servicios europeos se encuentran trabajando con las autoridades marroquíes en “una asociación más estructurada y con visión de futuro con la UE”. En el mismo escrito, Von der Leyen anticipó que el bloque comunitario prevé mejorar de forma sustancial “la gestión de fronteras y los sistemas de alerta temprana, así como nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos”.

Los desembolsos destinados por la UE a la represión migratoria en territorio marroquí responden a una política presupuestaria constante que se ha prolongado a lo largo de los últimos diez años. Entre los ejercicios de 2014 y 2020, Bruselas asignó 346 millones de euros específicamente concebidos para reforzar la vigilancia en la frontera sur. Además, el bloque europeo ha comprometido más de 5.000 millones de euros en inversiones globales enfocadas al “desarrollo económico y comercial” del Reino alauí. En el tramo más reciente de esta serie presupuestaria, a finales de 2025, la Comisión Europea resolvió transferir 160 millones de euros a Rabat dentro de un plan de “cooperación regional” más amplio valorado en 675 millones de euros.

Esta última partida aprobada a finales del año pasado formaba parte de un programa plurianual orientado a respaldar la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo impulsada por el rey Mohamed VI en 2013, la cual fue presentada originariamente como una normativa “humanista” orientada a “garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes en tránsito”.

Durante la reunión del Consejo de Asociación entre la UE y el Reino de Marruecos celebrada a comienzos de año en Bruselas, las representaciones diplomáticas ya destacaron “la gran importancia que concede a la cooperación con Marruecos en la gestión y gobernanza de las migraciones como parte de un enfoque integral, equilibrado y mutuamente beneficioso”.

Paralelamente, los foros de periodistas de ambas orillas del estrecho se han multiplicado, especialmente orientados al éxito mediático del Mundial 2030. En noviembre de 2024, el 40º Congreso de Periodistas de ambas orillas reunió en Tarifa a unos 60 profesionales españoles y marroquíes, mientras que en mayo de 2025 el Instituto Cervantes y el Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí firmaron un convenio en Tetuán para ofrecer cursos de español con descuentos de hasta el 75% a periodistas marroquíes y talleres de periodismo deportivo. Estos encuentros, que incluían propuestas de creación de una plataforma digital común y un observatorio de medios, se presentan como “espacios de diálogo”, pero también han sido señalados como mecanismos de normalización de la narrativa oficial marroquí en el espacio mediático español.

De hecho, más allá de los acuerdos institucionales, existen denuncias de una estrategia de lobby y gestión de imagen pública por parte del régimen de Rabat. Según reportes publicados en algunos medios españoles como El Confidencial Digital, Marruecos lleva años contratando agencias de comunicación en el Estado español para monitorizar la cobertura sobre el país y “ofrecer” enfoques positivos a los periodistas, un “servicio” particular que, según las mismas fuentes, solo Marruecos y Arabia Saudí mantienen en España. La revista digital Atalayar, que se define como un espacio “entre dos orillas”, ha sido señalada como un medio que promueve y defiende los intereses de Marruecos, con una línea editorial consistentemente favorable a la política del régimen alauí —incluyendo su posición sobre el Sáhara Occidental— y que fue presentada con apoyo institucional español. Junto a otros medios como Marruecom o La Hora de África, formaría parte de una red de influencia que, según investigaciones periodísticas, cuenta con financiación o apoyo desde Rabat.

Aliados de Marruecos en la derecha mediática española

Sin embargo, la influencia del Mazjén no es solo externa. Dentro del entramado de la derecha mediática se perciben diferentes posturas públicas hacia el Estado marroquí. Por un lado, se aprecian figuras como el del director de La Razón, Francisco Marhuenda, que ha calificado recientemente a Marruecos como una “democracia” mientras denunciaba la sumisión del Gobierno de Pedro Sánchez a Rabat, en medio de la crisis migratoria en Ceuta y las tensiones diplomáticas. Anteriormente, en una intervención en el programa La Sexta Noche, del canal de televisión laSexta, Marhuenda aseguró que “el Sáhara Occidental no existe”, según recogió el El Salto en su momento. Más tarde, en abril de 2025, en una entrevista concedida a la cabecera marroquí Mares30, el director de La Razón sostuvo abiertamente que “el Sáhara tiene que ser integrado en Marruecos”.

La Razón no es el único medio de derechas que mantiene simpatías con el régimen de Rabat. El diario conservador ABC, según un estudio académico publicado en 2025 en el European Journal of Communication, alineó su cobertura con la del Gobierno de Sánchez tras el giro de 2022 sobre el Sáhara Occidental, apoyando el plan de autonomía de Marruecos y normalizando la narrativa oficialista, aunque fuera impulsada por el PSOE. Esta doble estrategia que conjuga una crítica selectiva orientada a estigmatizar principalmente a la población marroquí migrante mientras se mantiene una amistad tácita o un alineamiento abierto con el régimen, revelando que la derecha mediática se mueve en función de los intereses y las redes clientelares del momento, pero siempre dentro de las líneas rojas que marca la política exterior de Estado, ideológicamente transversal en los principales medios. Esto permite a ciertos medios y sectores políticos derechistas articular discursos donde se presentan como “críticos con Marruecos” poniendo el foco en las personas migrantes de origen marroquí sin comprometer las líneas maestras del Estado y las grandes empresas del Ibex35, que tienen grandes intereses económicos y acuerdos de cooperación con la oligarquía marroquí.

Censura del régimen alauí: silencio ante las protestas de Marruecos e indiferencia con los ahogados en el mar

La otra cara de esta cooperación es la restricción de la libertad de prensa para los corresponsales españoles en Marruecos. El Código de Prensa marroquí protege “líneas rojas” como la figura del rey, el islam y la unidad territorial, lo que ha llevado en ocasiones a expulsiones y limitaciones de acreditación a periodistas extranjeros. Este mismo año, RTVE y EFE emitieron comunicados criticando las expulsiones de sus periodistas en la zona fronteriza de Fnideq durante una crisis migratoria. Un alto cargo marroquí responsable de acreditaciones fue condecorado por España en 2023, en un gesto que algunos sectores han denunciado como una normalización de estas prácticas restrictivas contra la libertad de información.

Lo cierto es que un escenario en el que la información sobre el país vecino no siempre fluye con la independencia de la que presume la “prensa democrática”. En octubre de 2025, mientras el país vecino ardía en llamas —seis días de protestas masivas impulsadas por el movimiento juvenil GenZ 212, varios manifestantes asesinados por la Gendarmería, cientos de heridos y más de 400 detenidos—, la mayoría de los grandes medios españoles mantuvieron un silencio atronador. Los jóvenes marroquíes, movilizados en redes como TikTok, Instagram y Discord bajo el lema “No queremos Mundial, queremos hospitales”, salieron a las calles de Casablanca, Rabat, Tánger y Agadir para denunciar el despilfarro en infraestructuras para el Mundial 2030, la precariedad sanitaria y un desempleo juvenil que roza el 47%. El rey Mohamed VI ordenó el despliegue del ejército y la policía intensificó su represión, arrestando incluso a niños y utilizando munición real. Sin embargo, la cobertura en la prensa española fue prácticamente inexistente en los grandes medios, un silencio que contrasta con la atención que estos mismos medios dedican a la crisis migratoria en Ceuta, presentando a quienes huyen de la miseria y la represión como “invasores”.

Esta doble vara de medir es la que marca las pautas ideológicas y culturales a la población española: indiferencia ante la represión interna de Marruecos y alarma cuando su población huye. Esto, junto con la normalización de las muertes “fronterizas”, revela la complicidad estructural del cuarto poder: mientras hoy denuncia la “invasión” sentando un marco discursivo que legitima la violencia contra trabajadores marroquíes que escapan de la pobreza, calla cuando éstos se ahogan en el mar tratando de huir o caen muertos o presos bajo las balas y las rejas por el mismo “régimen amigo”, a quien nadie parece cuestionar de verdad.

Apretón de manos bajo de la mesa

Toda esta red de influencia mediática que el Reino de Marruecos ha desplegado en el Estado español, que va desde los grandes acuerdos institucionales hasta la actividad de lobbies que ejercen su influencia sobre los medios de comunicación e imponen restricciones abiertas a la prensa, muestra una realidad más compleja y una integración profunda de intereses mucho más profunda de lo que estos mismos medios quieren presentar con un presunto “enfrentamiento” entre “Marruecos” y “España”. Lo que se oculta tras la retórica del conflicto es, en realidad, un apretón de manos entre las oligarquías, la clase política y los grandes medios de comunicación de ambos lados del Estrecho, que utilizan el discurso del enfrentamiento nacionalista para dividir a las clases trabajadoras española y marroquí mientras mantienen intactos sus privilegios.

Durante el período de entreguerras y la estrategia del Frente Popular francés se publicaron periódicos como Clarté y Maroc Rouge. La figura central en la estructuración de las primeras células comunistas fue Léon René Sultan, un abogado judío argelino de nacionalidad francesa. Los grupos se disolvieron oficialmente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque se reorganizaron en la clandestinidad. El Partido Comunista Marroquí (PCM) se fundó formalmente en noviembre de 1943, a partir de estos grupos preexistentes desde 1920, con Léon Sultan como primer secretario general. Tras su muerte en 1945, la dirección pasó a Ali Yata, nacido en Tánger en 1920, que impulsó un proceso de “marroquinización” del partido: el paso de una base predominantemente europea a una mayoría musulmana y con liderazgo local. En sus primeros años, el PCM mantuvo posiciones contradictorias hacia el nacionalismo marroquí, al que llegó a calificar en ocasiones de “provocación fascista hitleriana”, por temor a que la independencia solo sustituyera el protectorado francés por la influencia estadounidense. Sin embargo, bajo la dirección de Yata, el partido se alineó con la lucha independentista: firmó el Manifiesto de la Independencia en 1944, celebró su I Congreso en abril de 1946 —con un llamamiento a la unidad por la independencia, las libertades democráticas y la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera— y publicó en agosto de 1946 el manifiesto “Por la unificación y la independencia de Marruecos”, que propugnaba la formación de un frente nacional. En 1946, el sultán Mohamed V recibió a dirigentes del PCM, lo que otorgó al partido cierto reconocimiento. Los comunistas también participaron en la resistencia armada contra las autoridades coloniales francesas entre 1953 y 1956, y sus publicaciones principales fueron Hayat ech Chaab y Al-Mukafih. Los judíos marroquíes —Léon Sultan, Edmond Amran El Maleh, Abraham Serfaty, Simon Lévy, entre otros— tuvieron un protagonismo muy destacado en la militancia y la dirección del partido, que apostó por el antifascismo y la liberación nacional. La historiadora Alma Rachel Heckman ha documentado cómo estos militantes pasaron poco a poco de ser “judíos del sultán” a “comunistas del sultán”, y cómo más tarde el Estado marroquí los integró como símbolos de “convivencia”. Tras la independencia en 1956, el PCM reclamó la consolidación de la soberanía nacional, la evacuación de tropas extranjeras, nacionalizaciones, reforma agraria y mejoras sociales. Sin embargo, el nuevo poder monárquico no toleró la existencia de un partido que, aunque minoritario, representaba una oposición. El PCM fue ilegalizado en 1959-1960 con un decreto de suspensión que argumentaba su “incompatibilidad con el islam y la monarquía”. Sin embargo, el partido continuó operando en la clandestinidad. En julio de 1968 se refundó como Parti de la Libération et du Socialisme (PLS), que reconoció explícitamente la monarquía y el islam como religión de Estado para intentar legalizarse, pero fue prohibido de nuevo igualmente en 1969. En agosto de 1974, bajo el liderazgo de Ali Yata, se creó el Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), que abandonó formalmente la nomenclatura comunista y se adaptó al sistema legal alauí. El PPS se convirtió en el heredero oficial del PCM y ha participado en la vida parlamentaria del régimen desde entonces, con resultados electorales que históricamente han oscilado entre el 2% y el 6% de los votos, e integrándose en coaliciones gubernamentales desde finales de los años noventa. La transformación del PCM fue completa: de partido revolucionario clandestino a socio posibilista del sistema. Ali Yata, que dirigió el partido durante cinco décadas, terminó apoyando la Marcha Verde en 1975 y las reivindicaciones territoriales expansionistas del régimen, alejándose definitivamente de cualquier posición revolucionaria. Sin embargo, los movimientos comunistas no desaparecieron en Marruecos. Paralelamente al proceso de integración del PCM/PLS/PPS surgió una corriente marxista-leninista revolucionaria. En 1970, un grupo de disidentes —entre ellos Abraham Serfaty y el poeta Abdellatif Laâbi— fundaron Ila al-Amam (“Adelante”), una organización clandestina que criticaba al PCM por reformista, promonárquico y por su insuficiente apoyo a causas anticoloniales como Palestina o el Sáhara. Ila al-Amam defendía la revolución popular, la república democrática y el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, con una fuerte implantación estudiantil a través de la UNEM. Esta organización fue duramente reprimida durante los “años de plomo”: sus militantes ufrieron detenciones masivas entre 1972 y 1977, torturas y muertes en huelga de hambre como la de Saïda Menebhi. Abraham Serfaty, ingeniero de origen judío, pasó 17 años en prisión y se convirtió en un símbolo de la izquierda revolucionaria marroquí. Ila al-Amam se disolvió progresivamente y en 1995 varios de sus exmiembros dieron origen a Annahj Addimocrati (Vía Democrática Obrera), legalizada en 2004. Esta formación opositora, que se define como heredera del movimiento marxista-leninista marroquí, sigue activa en la actualidad: celebró su sexto congreso en agosto de 2026, donde reafirmó su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y su apuesta por “un Magreb de los pueblos, democrático y libre de tiranía”. Annahj Addimocrati mantiene sus principios marxistas, antifascistas y anticoloniales, ha boicoteado todas las elecciones celebradas desde su creación, está presente en el movimiento sindical, apoya las protestas juveniles e interviene en movimientos sociales más amplios. El movimiento comunista marroquí nunca alcanzó una base de masas comparable a la de los partidos comunistas europeos, pero su influencia se extendió al sindicalismo, la intelectualidad, las luchas anticoloniales y los debates sobre las libertades políticas y civiles en Marruecos. Su trayectoria ilustra las dificultades de implantar el marxismo en un contexto monárquico y postcolonial en el Sur Global.

Los debates centrales que han marcado al movimiento comunista en el país han sido la tensión entre nacionalismo e internacionalismo, la postura ante el islam y la monarquía, el papel de los judíos marroquíes en la “marroquinidad” y la estrategia de lucha, que atravesó desde la vía parlamentaria y las alianzas con la fuerzas democráticas hasta la lucha clandestina de Ila al-Amam y el trabajo de masas público de Vía Democrática Obrera bajo condiciones políticas restringidas.

Las cifras publicadas por la plataforma confirman que la edad media de quienes optan por alquilar una habitación se sitúa en estos momentos en los 31 años, rompiendo el mito de que se trata de una fórmula reservada para la juventud. Si bien los jóvenes de entre 18 y 24 años siguen constituyendo el grupo mayoritario con un 44% de la cuota, y la franja de 25 a 34 años representa un 33%, la incorporación de perfiles senior es una realidad cada vez más visible. Por debajo de los mayores de 55 años se sitúan los adultos de entre 45 y 54 años, que suponen el 7% de quienes comparten casa, mientras que el tramo de 35 a 44 años alcanza el 5%.

La razón fundamental que explica esta deriva es la, aunque cada vez menor, enorme brecha económica entre arrendar una propiedad completa o pagar únicamente por un cuarto. De acuerdo con las mediciones publicadas por el Observatorio del Alquiler, el coste medio de una vivienda entera se sitúa en 1.211 euros mensuales. Por el contrario, el precio medio de alquiler de una habitación es de 425 euros al mes.

En la Comunidad de Madrid, una habitación cuesta de media 550 euros al mes, frente a los 1.637 euros que exige un piso completo. En Barcelona, los importes ascienden hasta los 600 euros por cuarto y los 1.646 euros por el inmueble entero. 

Para poder sufragar de manera individual los 1.211 euros del alquiler medio bajo la regla de no destinar a vivienda más de un 30% del salario, un ciudadano tendría que percibir un salario neto mensual de 4.037 euros. La brecha se dispara exponencialmente en los mercados más tensionados. En Madrid se requeriría una nómina neta de 5.450 euros mensuales para asumir en solitario un piso completo, y 1.833 euros en el caso de un dormitorio. En Barcelona, la exigencia salarial para no rebasar el umbral se eleva hasta los 5.490 euros netos al mes para una vivienda entera y a los 2.000 euros para una habitación.

Por comunidades autónomas, Catalunya encabeza la lista de participantes en huelgas con 169.186 trabajadores afiliados, seguida de la Comunidad Autónoma Vasca (99.699), el País Valencià (61.257), Galiza (40.818) y la Comunidad de Madrid (37.577). En cuanto a las jornadas no trabajadas, el liderazgo también corresponde a Catalunya (271.726), seguida del País Valencià (246.892), el País Vasco (182.180), Andalucía (143.807) y Galiza (120.835). Estas cifras muestran una conflictividad laboral generalizada que afecta a todos los territorios, aunque con especial intensidad en los núcleos industriales y de servicios públicos.

La cifra de más de un millón de jornadas no trabajadas en solo siete meses es la constatación numérica de un descontento que no ha dejado de crecer.El incremento de la conflictividad coincide con el estancamiento de la negociación colectiva, la paralización de la reducción de jornada en el Congreso y el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Los sindicatos han advertido de que la situación podría agravarse en los próximos meses si el Gobierno español no cumple los compromisos adquiridos en materia de registro horario y condiciones laborales. Mientras tanto, las patronales achacan el aumento de la conflictividad a una supuesta “inseguridad jurídica”, aunque el pasado febrero los márgenes empresariales alcanzaron un récord histórico del 13% de rentabilidad y la productividad creció el doble que los salarios.

El dato de 2026 es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la evolución histórica de la conflictividad. Durante todo el año 2024, el total de jornadas no trabajadas por huelgas en el Estado español fue de 703.178, una cifra que ya ha sido ampliamente superada en los primeros siete meses de 2026. Y si se retrocede a 2023, el dato anual fue de 709.900 jornadas, también por debajo del registro actual. Que en apenas medio año se haya superado el cómputo de cualquier ejercicio completo de la última década y media indica que el ciclo de protesta laboral ha entrado en una fase de intensidad desconocida desde los años de la crisis gran crisis financiera. La pregunta que queda en el aire es si el otoño, tradicionalmente una época de movilizaciones, consolidará esta tendencia o si el “diálogo social” de los sindicatos mayoritarios logrará reconducir un antagonismo que ya ha dejado su huella en las estadísticas oficiales.

Más huelgas sectoriales y locales que nunca; sin huelga general desde 2012

La paradoja de los datos es evidente: mientras la conflictividad laboral alcanza cifras desconocidas desde hace más de una década y las bases obreras protagonizan un aumento sin precedentes de huelgas sectoriales, los sindicatos mayoritarios se mantienen al margen de las movilizaciones generalizadas y firman convenios que degradan las condiciones salariales de los trabajadores. CCOO y UGT no han convocado una sola huelga general estatal de 24 horas desde las de marzo y noviembre de 2012, situándose así en el extremo bajo del ranking europeo de convocatorias de paros masivos, según los datos del Instituto Sindical Europeo (ETUI) y de Eurofound. Mientras tanto, Grecia ha registrado varias huelgas generales anuales en los últimos años, Francia ha protagonizado frecuentes jornadas de movilización masiva y Portugal vivió en diciembre de 2025 su primera huelga general en doce años. Con los nuevos datos de conflictividad laboral sobre la mesa, se puede ratificar que la baja posición de las centrales sindicales mayoritarias españolas en el ranking europeo no se debe a una falta de iniciativa combativa desde las bases obreras —que bate récords de la última década y sigue siendo uno de los países con mayor número de huelgas sectoriales en Europa, especialmente en transporte, sanidad y educación—, sino a una decisión política de sus cúpulas, que han optado por la vía de la concertación institucional en lugar de la movilización mientras se embolsan millones de euros en subvenciones e Inspección de Trabajo les abre expendientes por irregularidades con sus propios trabajadores.

Toda una generación sin huelgas generales

La ausencia de huelgas generales durante más de una década tiene consecuencias palpables: toda una generación de trabajadores que padece el empobrecimiento ha crecido sin haber vivido una movilización de ese calibre, sin haber visto a su alrededor la capacidad de la clase trabajadora para paralizar el país. Cuando generaciones enteras crecen sin experimentar una huelga general, es natural que desconecten del mundo sindical y de su función histórica, dando pie a fenómenos como que el 54,5% de los jóvenes de entre 16 y 30 años que no sabe exactamente qué es un sindicato. La huelga general, que en el imaginario obrero europeo fue durante décadas el recurso supremo de la clase trabajadora para paralizar el país y forzar cambios económicos y políticos, se ha convertido para muchos jóvenes en un concepto abstracto, casi arqueológico, asociado a imágenes en blanco y negro.

Según el estudio de USO, solo el 22,7% de los jóvenes encuestados sabía explicar correctamente qué es una huelga general, mientras que un 38,9% la confundía con una huelga sectorial o una manifestación, y un 38,4% directamente admitía no tener ni idea. Este vacío de conocimiento implica la ausencia de una cultura de movilización masiva entre las nuevas generaciones, normalizando la precariedad, debilitando la capacidad de presión colectiva y reforzando la percepción de que la lucha de la clase trabajadora es cosa del pasado, una idea que casa perfectamente con el discurso empresarial y político que busca desmovilizar a los trabajadores.

Mientras los sindicatos mayoritarios no convocan huelgas generales, las generaciones jóvenes no saben qué son, y al no saber qué son, no las reclaman, lo que permite a las cúpulas sindicales seguir ancladas en la concertación institucional sin temor a ser desbordadas por unas bases que, sin embargo, sí se movilizan en huelgas sectoriales. Los datos de conflictividad de 2026 —más de un millón de jornadas perdidas— demuestran que la combatividad existe; lo que falta es una organización dispuesta a canalizarla y a convertirla en una fuerza política capaz de interrumpir el funcionamiento normal del capitalismo. Esa ausencia tiene nombres y apellidos: la burocratización sindical que, alimentada por subvenciones estatales y liberados pagados por las empresas, ha convertido la defensa de los trabajadores en un negocio de gestión de la precariedad en lugar de en una herramienta de lucha y transformación social.

Esta magnitud representa el 18% de la renta nacional total, la proporción más elevada contabilizada desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. De forma paralela, la porción del ingreso nacional destinada a los empleados en concepto de salarios y prestaciones descendió al 60%, situándose en su punto más bajo desde los años cincuenta, mientras que los márgenes de beneficio empresarial se elevaron hasta el 19,4%, una cota inédita desde la década de 1940.

Esta brecha responde a la capacidad de los grandes grupos empresariales para capturar valor mediante ganancias de eficiencia derivadas de la adopción masiva de la inteligencia artificial y el mantenimiento de un elevado poder de fijación de precios en el mercado. No obstante, este incremento de la rentabilidad corporativa contrasta con la realidad de las familias estadounidenses, cuyos ingresos reales por hora cayeron un 0,2% interanual en julio de 2026, evidenciando una pérdida paulatina de poder adquisitivo frente a la persistencia de la inflación. En términos de contexto macroeconómico, esta desproporción resulta relevante dado que el consumo de los hogares representa históricamente cerca del 70% del PIB de Estados Unidos.

A las cinco de la tarde, la Organització Juvenil Socialista había convocado una columna en la Plaza Joanic para responder y no normalizar la presencia del grupúsculo fascista en la calle. La columna marchó por la calle Bailèn hasta llegar al cruce con la calle Rosselló. Allí, los Mossos cargaron contra los antifascistas, aunque la columnalogró llegar hasta el Passeig de Sant Joan, donde había otra columna de antifascistas esperando.

En este momento, los dos bloques tomaron la plaza Mossèn Jacint Verdaguer. De esta manera, impidieron a Núcleo Nacional llegar al lugar donde habían convocado su concentración. El grupúsculo, que no llegaba al centenar de personas, se refugió detrás de los Mossos, y tal como hicieron el jueves con Aliança Catalana, la policía protegió a los fascistas.

Núcleo Nacional huye escoltado por los Mossos

Los antifascistas permanecieron en la plaza hasta que los fascistas huyeron sin poder celebrar su acto. En los minutos siguientes, mientras la manifestación continuaba, la policía cargó varias veces, pero tuvo que recular ante la fuerza de la convocatoria antifascista. Los Mossos d’Esquadra llegaron a cargar hasta tres veces contra los manifestantes antifascistas, y herido hasta a una cincuentena de personas.

Al acabar, hubo un discurso a cargo de la Organització Juvenil Socialista. Entre cánticos y aplausos resaltaron que “Hoy miles de personas hemos echado a Núcleo Nacional de Barcelona, plantando cara, tal y como ayer lo hicimos contra Aliança Catalana”, y también reafirmaron la necesidad de luchar contra el fascismo, defender el derecho de autodeterminación de Catalunya y construir un frente de clase.

Posteriormente al ataque, grandes columnas de humo han podido verse desde imágenes satelitales del sur de la península arábiga.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha reaccionado con dureza mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, en el que ha condenado “en los términos más enérgicos” estos ataques. En el citado escrito, el Ejecutivo de Riad sostiene que las ofensivas armadas procedían directamente de territorio iraquí. 

Pese a la severidad de los ataques y la existencia de víctimas con heridas de diversa consideración, Riad ha decidido mantener una posición de “prudencia estratégica”. Las autoridades saudíes confirmaron que en esta ocasión no responderán militarmente a las ofensivas, argumentando que su intención es “apoyar los esfuerzos del Gobierno iraquí” en el desarrollo de sus propias investigaciones internas para esclarecer quiénes ejecutaron los disparos. No obstante, la diplomacia saudí ha querido dejar clara su postura de firmeza al recalcar que el Reino se reserva plenamente “el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad, sus instalaciones, sus ciudadanos y los residentes en su territorio”. Hasta el momento, las autoridades del Gobierno de Irak no se han pronunciado formalmente sobre lo sucedido ni han emitido valoraciones públicas al respecto.

El incidente ha tenido lugar de forma paralela a la rápida ofensiva militar lanzada en Yemen por el movimiento Ansarroláh, que este mismo jueves lograron tomar el control de varias localidades estratégicas situadas alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb. Esta zona es un punto neurálgico para el tránsito del comercio marítimo mundial y la navegación petrolera hacia el mar Rojo y el canal de Suez. La reactivación del frente yemení adquiere gran relevancia estratégica para Riad, dado que Arabia Saudí encabeza y respalda a la coalición que apoya a las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.La relevancia operativa del oleoducto Este-Oeste radica fundamentalmente en su capacidad para actuar como una vía de escape indispensable frente a posibles bloqueos o perturbaciones en el estrecho de Ormuz.

El incidente se inició cuando los asaltantes intentaron arrancar un faldón decorativo con la bandera arcoíris que lucía en el chiringuito popular. Al percatarse de la maniobra, Rosón y Fernández intervinieron para frenar los destrozos y proteger la estructura, momento en el que la agresión verbal degeneró en violencia física. Conforme al relato facilitado por Fiestes Populares, tras propinarles múltiples golpes, el grupo de atacantes huyó a la carrera de la plaza al grito de “Arriba España”. Ambas víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En el centro sanitario se les practicaron diversas pruebas médicas, entre ellas varios escáneres para descartar daños internos de gravedad, y uno de los agredidos precisó puntos de sutura antes de que ambos recibieran el alta médica.

Ataques fascistas recurrentes

Este grave ataque no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un contexto de creciente tensión y proliferación de ataques fascistas en la vía pública registrados en Asturies en los últimos meses. La violencia de cariz fascista está dejando episodios preocupantes a nivel de calle en diversas comarcas. Un precedente de similar gravedad tuvo lugar el pasado 15 de junio durante las fiestas de Cagüeñes, en el municipio de Xixón. En aquella ocasión, un menor de 15 años fue acorralado y agredido por un grupo de unos quince individuos de entre 20 y 30 años que vestían camisetas blancas con la bandera española bordada.

Aquel ataque contra el adolescente se desencadenó únicamente porque el joven vestía una camiseta de estilo deportivo con la palabra “Asturies” escrita en el pecho. Los agresores acorralaron al menor, le profirieron graves amenazas y llegaron a golpearle en la cara con una botella de cerveza. La agresión física solo se detuvo cuando el chico manifestó que tenía quince años, momento en el que los atacantes temieron meterse en problemas legales, aunque continuaron persiguiéndole e insultándole por el recinto festivo. Testigos presenciales indicaron que ese mismo grupo provocó diversos altercados y peleas violentas durante toda la noche sin que la Policía ni los vigilantes del evento intervinieran para frenarlos. La familia del menor criticó duramente la inacción de los guardias de seguridad de la fiesta, quienes desestimaron el testimonio del joven argumentando que “no tenía pruebas” y que “podría estar inventándoselo”.

El desmantelamiento de los “Whiteboys”

El pasado 13 de mayo, se desmanteló de la mayor organización juvenil fascista en la región, conocida como los “Whiteboys”. El operativo concluyó con la detención de 19 personas de entre 14 y 22 años, todas ellas asturianas y con una ideología abiertamente nazi y supremacista, lideradas por dos menores afincados en Xixón. A esta red se le atribuyen al menos 14 agresiones físicas, acosos y cacerías organizadas contra colectivos vulnerables, entre los que figura una paliza a un miembro del Sindicato de Estudiantes. En los registros domiciliarios realizados en Xixón, se les incautaron hachas, cuchillos, una pistola de aire comprimido y abundante material con simbología nazi.

A pesar de la desarticulación de esta estructura criminal por parte de las fuerzas de seguridad en mayo, las agresiones de corte fascista han continuado reproduciéndose en espacios festivos y populares. Un precedente cercano de extrema gravedad tuvo lugar el pasado 15 de junio durante las fiestas de Cagüeñes, en el municipio de Gijón. En aquella ocasión, un menor de 15 años fue acorralado y agredido por un grupo de unos quince individuos de entre 20 y 30 años que vestían camisetas blancas con la bandera de España bordada.

Concentración este sábado por la tarde

Ante el ataque sufrido en la caseta de la Catedral y la reiteración de agresiones callejeras en Asturias, la plataforma Fiestes Populares ha reafirmado su intención de redoblar su presencia durante todo San Mateo realizando actos de repulsa contra la violencia fascista. Para mostrar este rechazo, AMA Asturies y diversos colectivos, entre ellos la Coordinadora Juvenil Socialista de Asturies, han convocado para la tarde de este sábado, a las 19:00 horas, una concentración de protesta frente a la Catedral de Uviéu con el objetivo de plantar cara al fascismo.

Según Harrera Sarea, en la ciudad han tenido lugar dos ataques racistas de este tipo en cuestión de pocos meses. De hecho, antes de lo sucedido ayer en Egia, durante el verano ocurrió otro hecho similar en la Parte Vieja: también en aquella ocasión dispararon a un migrante desde un balcón, hiriéndole en la espalda.

“En Donostia, el odio hacia las personas migrantes está llegando demasiado lejos”, han denunciado desde la Red de Acogida: “No podemos normalizar estos ataques, y mucho menos mirar hacia otro lado”

El suceso de mayor envergadura tuvo lugar en las inmediaciones de las naves industriales del polígono del Tarajal, muy cerca del paso fronterizo con Marruecos. En este lugar se había establecido un campamento informal compuesto por decenas de chabolas precarias levantadas con plásticos, maderas y residuos diversos. El fuego se declaró cerca de la medianoche y se propagó rápidamente debido a la alta combustibilidad de los materiales que rodeaban el recinto. Fueron los propios vecinos del área industrial quienes, alarmados por las densas columnas de humo y el avance del fuego, alertaron a los servicios de emergencias. Se procedió de inmediato a desalojar a las personas que dormían en los aledaños para impedir que resultaran afectadas por la inhalación de humo, logrando que no hubiera heridos.

Según informaron a la agencia EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, las hipótesis iniciales avanzan que la causa del incendio en el Tarajal podría haber sido una de las fogatas que los habitantes del asentamiento encienden habitualmente para preparar comida o calentarse durante las noches, aunque no está confirmado que esa fuera la causa. Dados los precedentes de pogromos racistas vividos recientemente y que hubo varios incendios simultáneos por toda la ciudad, el fuego podría haber sido provocado para tratar de matar a los migrantes llegados en julio.

La actividad de los bomberos durante la noche no se limitó de forma exclusiva al polígono del Tarajal. Casi a la misma hora, otro foco de considerables dimensiones requirió la presencia urgente de las dotaciones en las proximidades del polideportivo José Ramón Díaz-Flor. En ese punto, varios vehículos quedaron completamente calcinados bajo el fuego, lo que obligó a los bomberos a intervenir a marchas forzadas para evitar que las llamas alcanzaran a otros coches adyacentes o a la propia estructura del complejo deportivo público. Hubo más focos durante la madrugada en polígonos industriales adyacentes y diversos aparcamientos situados en distintos barrios ceutíes.

El 28 de mayo de 2021, en la UA se había organizado un acto en “defensa del español” y contra “la imposición del valenciano”. En el acto participaban diferentes personajes de la extrema derecha. Entre ellos, la ex miembro de VOX, Macarena Olona, o el periodista Fernando Sánchez Dragó. Ante la situación, diferentes organizaciones antifascistas decidieron confrontar el acto. Durante la jornada, la facultad de educación donde se llevaba a cabo el acto estuvo blindada con presencia policial, pero ninguno de los encausados fue identificado.

En verano, David García, diputado nacional de VOX, presentó la denuncia. El delito por el que se les acusaba era el de amenazas leves. A pesar de ello, debido a la insistencia del político de extrema derecha, las acusaciones suman un total de 12 años. Los encausados niegan su responsabilidad, declaran que la denuncia es falsa y piden su absolución.

En los últimos años, cada vez son más frecuentes este tipo de procedimientos. Este no es un caso aislado. En el País Valencià encontramos el caso de los Antifas de València o de Pego. Estos casos muestran claramente cómo esto es otro intento de intimidación contra la militancia política organizada para hacer frente a la extrema derecha, ya sea a nivel institucional o a pie de calle. Todo esto en un contexto marcado por el auge reaccionario.

Estos datos han sido adelantados por la revista alemana Der Spiegel tras acceder a la respuesta gubernamental formulada por el partido Die Linke. Las cifras aprobadas en los primeros seis meses de 2026 superan por más de cuatro veces el valor acumulado durante todo el año 2025, ejercicio en el que las autorizaciones de exportación militar a Tel Aviv ascendieron a 302 millones de dólares. El repunte es todavía más significativo si se compara con los registros históricos recientes que muestran que en 2023 se autorizaron licencias por valor de 380 millones de dólares y en 2024 la cifra había descendido hasta los 186 millones.

El catálogo del equipamiento militar autorizado por Berlín en esta última etapa incluye una variedad de sistemas tácticos y logísticos. Entre los permisos concedidos figura el respaldo a un importante proyecto de desarrollo naval, así como licencias específicas para el envío de partidas de armas pequeñas, municiones de diverso calibre, materiales explosivos de uso militar y vehículos aéreos no tripulados. Este levantamiento de restricciones altera la postura adoptada previamente por el canciller alemán, Friedrich Merz, quien en agosto de 2025 había ordenado la suspensión temporal y parcial de las licencias de exportación de todo aquel armamento “susceptible de ser empleado de forma directa en las operaciones militares dentro de la Franja de Gaza”.

Para recordar los hechos ocurridos hace dos años en la capital alavesa, la Ertzaintza cargó en la movilización del 48.º aniversario de la matanza de Gasteiz. Cerca del establecimiento El Corte Inglés, en el centro de la ciudad, los policías arremetieron contra los manifestantes, hirieron a varios manifestantes con proyectiles de foam y porras, y detuvieron a varias personas con gran violencia. Por si fuera poco, los ertzainas atropellaron a una persona con la furgoneta policial, aplastándole la pierna. En varias imágenes difundidas en las redes al final de las cargas se podía ver que los agentes también dispararon pelotas de goma ese día.

Aquel 3 de marzo se pudo confirmar que había al menos un agente de policía infiltrado en la manifestación, ya que en las imágenes difundidas por varios medios de comunicación se pudo ver que los ertzainas golpearon a un compañero vestido de paisano.

A diferencia de etapas anteriores caracterizadas por planes aislados, el informe subraya que este flujo de inversión de 2025 no se limita a grandes programas específicos, sino que se reparte de forma transversal entre armamento, capacidades aéreas, ciberdefensa, infraestructuras, logística e investigación y desarrollo. En el ámbito corporativo, el 43% del importe total contratado en 2025 ha sido absorbido por las 15 mayores empresas adjudicatarias del sector, concentrando la producción en polos tecnológicos situados en la Comunidad de Madrid, Sevilla, Albacete y Asturies.

La traslación de estas partidas al mercado se ha acelerado desde mediados de 2025, alcanzando niveles récord de adjudicación con un promedio cercano a los 2.000 millones de euros en contratos, principalmente orientados a la adquisición de equipamiento militar, servicios de mantenimiento, soporte informático y telecomunicaciones. Asimismo, los analistas de BBVA Research concluyen que, mientras el desarrollo terrestre y naval se apoya fundamentalmente en la industria estatal, la división aeronáutica opera bajo proyectos de cooperación europea como el Eurofighter, sector que constituye la base principal de las exportaciones militares españolas hacia la Unión Europea.

Los datos forman parte de un trabajo desarrollado por el consorcio de medios Investigate Europe y la red Reporters United, publicado en exclusiva por el diario Público. La información revela que universidades del Estado español, Países Bajos, Italia y Bélgica participan en 38 nuevos proyectos europeos junto a empresas e institutos israelíes vinculados a la industria militar o al desarrollo de tecnologías de “uso dual”. El volumen global de financiación asignado a las 34 universidades europeas alcanza los 15 millones de euros.

El desencuentro entre las declaraciones políticas y los contratos de investigación se refleja en el caso de la Universidad de Granada. Al inicio del curso, su rector, Pedro Mercado Pacheco, reivindicó la institución como “un espacio volcado en la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz”. La universidad granadina lidera una batalla legal que ha llegado al Tribunal Supremo frente al lobby sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), quien ha presentado demandas contra al menos ocho universidades españolas para revocar los acuerdos de suspensión de relaciones adoptados desde mayo de 2024.

Sin embargo, en mayo de 2025, la propia Universidad de Granada se incorporó formalmente al proyecto europeo Proactif. En este programa participa la firma de microchips Mellanox, de origen israelí, junto a grandes corporaciones europeas del sector militar como Safran y Leonardo. Aunque el objetivo declarado de Proactif es la “gestión de seguridad civil mediante vehículos no tripulados para la protección de infraestructuras críticas”, la documentación técnica del proyecto reconoce explícitamente su potencial de doble uso civil y militar. La tecnología desarrollada por Mellanox ha sido utilizada históricamente por firmas como Israel Aerospace Industries, fabricante de los drones empleadas por las Fuerzas de ocupación de Israel.

Desde la universidad se alude a que Mellanox fue adquirida por la compañía estadounidense Nvidia, si bien la firma sigue figurando bajo pabellón israelí en los registros oficiales de la Comisión Europea. Explicaciones similares han sido ofrecidas por la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Madrid, esta última implicada en el proyecto Smarty de inteligencia artificial. La madrileña admite “ser consciente del carácter dual de las investigaciones en ciberseguridad”, pero califica de “inadecuado” atribuir a “un único proyecto la totalidad de la actividad o la cartera de clientes de las empresas que componen un consorcio”.

La participación española se extiende a iniciativas como NeAIxt, un programa centrado en el desarrollo de memorias de acceso aleatorio con aplicaciones en la aviación y lo militar. En este consorcio participan la Universidad de Sevilla y la Universitat Autònoma de Barcelona junto a la empresa israelí Weebit Nano. Desde la universidad catalana señalan la “dificultad técnica” de controlar la composición de grandes consorcios internacionales “desde la posición de un socio minoritario”. A juicio de la UAB, “la única alternativa efectiva para impedir estas situaciones sería la renuncia total a las convocatorias europeas o una decisión unilateral de la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel”.

Casos en el resto de Europa

En Países Bajos, las universidades de Groninga y Eindhoven anunciaron la cancelación de su presencia en el proyecto React por la participación del Instituto Technion y de un docente con rango de teniente coronel en la reserva del ejército israelí. No obstante, semanas después rectificaron su decisión y continuaron en la investigación. El Instituto Technion está considerado como un pilar histórico del aparato tecnológico militar en su país, habiendo desarrollado los sistemas de análisis de datos y la maquinaria pesada empleada por las tropas israelíes. En Italia, la Universidad de Bolonia dio marcha atrás a finales de 2025 en sus planes de desenganche tras “evaluar los riesgos jurídicos y económicos de romper sus contratos”. En el Estado francés, el consejo rector de la Universidad Paris-Saclay desoyó las recomendaciones de su propio comité de ética y ordenó la continuidad en seis proyectos compartidos con socios israelíes.

Las entidades israelíes mantienen una presencia notable en la ciencia europea, figurando en 793 de los más de 19.000 proyectos aprobados en el marco de Horizonte Europa hasta mayo de 2026. Según el análisis de los datos oficiales, el 77% de esas iniciativas cuentan con la intervención de firmas o instituciones ligadas al Ministerio de Defensa israelí. Cuestionada por el impacto de estas alianzas, la Comisión Europea ha precisado que “el cumplimiento de los estándares éticos se evalúa de manera individual en cada expediente”, admitiendo al mismo tiempo que “resulta imposible descartar por completo que los avances tecnológicos financiados acaben teniendo aplicaciones en el terreno militar”.

La formación de extrema derecha AC ha vuelto a convocar por tercer año consecutivo un acto para la víspera de la Diada Nacional de Catalunya a las seis de la tarde. Por su parte, organizaciones antifascistas, la Esquerra Independentista, la Organización Juvenil Socialista (OJS), Top Manta, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, la coalición Prou Complicitat amb Israel, la Assemblea Educativa de Catalunya, la Xarxa de Casals i Ateneus, la Global Sumud Flotilla, CGT e IAC, han hecho un llamamiento para impedir que se realizara desde las cinco de la tarde.

Miles de antifascistas han intentado acceder al Fossar

La convocatoria antifascista ha superado con creces a los concentrados de Aliança Catalana, que han necesitado la colaboración del cuerpo de los Mossos d'Esquadra para poder llevar a cabo su acto. Miles de personas se han concentrado en diversos puntos alrededor del Fossar y han intentado acceder. Sus intentos han sido bloqueados por la policía, que en todo momento ha actuado en protección de la pequeña concentración de AC, que ha tenido menos adeptos que en años anteriores.

La mayoría de manifestantes antifascistas se han quedado bloqueados en las zonas del Passeig del Born, la calle Argenteria y el Pla de Palau. En el Passeig del Born ha habido múltiples cargas contra los manifestantes, y también han detenido al menos a dos personas, por el momento. La zona de la calle Argenteria ha estado llena de manifestantes antifascistas durante toda la tarde. Finalmente, el acceso del Pla de Palau ha servido para bloquear durante el breve acto de Aliança a una gran cantidad de manifestantes antifascistas. Después ha servido para evacuar rápidamente a los concentrados de AC, así como a todos los cargos del partido, incluida Sílvia Orriols.

La concentración de la formación de extrema derecha ha reunido a unas 350 personas. Esta se ha podido realizar gracias a la colaboración de los Mossos d'Esquadra, que han impedido que la concentración antifascista inundara el Fossar. La formación, que en las encuestas se sitúa como posible segunda fuerza política en Catalunya, no ha tenido una respuesta similar en las calles.

«Hay que confrontarlos en la calle, donde se vence al fascismo»

No es la primera vez que el antifascismo se moviliza en una fecha como esta. AC ha intentado normalizar su presencia en el Fossar de les Moreres en sus pocos años de existencia. Tras una acción antifascista la mañana de la Diada del Once de Septiembre de 2021, gracias a la cual fueron expulsados del Fossar, el partido fascista optó por hacer suya la tarde-noche del 10 de septiembre.

Desde entonces, fuertes dispositivos policiales han protegido a los seguidores de Sílvia Orriols, incluso con cargas contra antifascistas en el año 2024. El año pasado, los Mossos d'Esquadra impidieron que un grupo de manifestantes pudiera acceder al Fossar cuando Aliança Catalana se estaba concentrando allí. Ante la creciente normalización de la formación en estos espacios, la OJS ha afirmado: “No podemos normalizar a la extrema derecha en las calles, y menos permitir que quiera hacer suyos lugares de lucha y memoria como el Fossar de les Moreres. Hay que confrontarlos en la calle, donde se vence al fascismo”.

Hoy contra los neonazis de Núcleo Nacional en Barcelona

Hoy, 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, el antifascismo ha hecho un llamamiento a encontrarse a las 18h en la plaza Mossèn Cinto Verdaguer para hacer frente y rechazar la convocatoria de Núcleo Nacional. Una hora antes, a las 17h, la OJS ha convocado en la plaza Joanic de Gràcia para iniciar una marcha hasta la convocatoria unitaria, en la confluencia del paseo de Sant Joan y la avenida Diagonal. Será la segunda vez que Barcelona salga a la calle contra el partido neonazi españolista. Tal como ha explicado a la prensa: “Tanto Aliança como Núcleo Nacional son enemigos de los trabajadores de Catalunya y de nuestros derechos, que responden a los intereses de las oligarquías y pretenden dividirnos como clase”.

La dimensión técnica de este simulacro ha quedado documentada en un estudio publicado en la revista académica Frontiers in Psychiatry. La investigación detalla cómo los servicios funerarios militares emplearon más de 500 maniquíes y bolsas mortuorias reales para simular el traslado y tratamiento de miembros de las fuerzas armadas fallecidos. El ejercicio requirió pruebas de estrés en cámaras frigoríficas y la asistencia de capellanes para administrar servicios religiosos a bajas ficticias. Se trata de un despliegue operativo de esta naturaleza que no se ensayaba en Suecia desde principios de la década de 1950.

El operativo movilizó a más de 300 efectivos militares en estricta coordinación con la Iglesia de Suecia, la Agencia Tributaria y el organismo de reclutamiento del país. Según informó el medio especializado Defence24, fue la primera ocasión en la que todas las instituciones implicadas ensayaron de manera conjunta la totalidad de la cadena de gestión de muertos en guerra. El procedimiento abarcó desde la recogida de los cuerpos en el terreno de combate y su posterior identificación, hasta los trámites diplomáticos de notificación a embajadas aliadas, la comunicación al Comité Internacional de la Cruz Roja y la organización de sepulturas con honores militares.

Más allá del propio simulacro militar, la Iglesia de Suecia, que conserva la responsabilidad legal del sistema funerario estatal, mantiene directrices para planificar una capacidad de enterramiento equivalente al 5% de la población del país, lo que supone dar cobertura a unas 500.000 personas. Las autoridades matizan que este volumen “responde a una métrica estándar de la Guerra Fría diseñada para contingencias globales que incluyen tanto a víctimas civiles como militares, por lo que no constituye una previsión de bajas vinculada directamente a las maniobras Aurora 26”. Consultado sobre esta planificación, Jan-Olof Olsson, representante de la agencia sueca de defensa civil, explicó al diario Le Monde que este cálculo “no implica que el Gobierno anticipe una cifra semejante de muertos, sino que responde a la necesidad organizativa de disponer de una estimación previa para estructurar la respuesta institucional”.

Turquía habilitará 83.500 búnkers en 4 meses

El riesgo de una escalada militar también se ha extendido al flanco sur de Europa y Oriente Próximo. En Turquía, el Gobierno ha puesto en marcha un plan urgente para construir y rehabilitar más de 83.500 búnkeres y refugios distribuidos por todo su territorio en un plazo de 120 días.

La ejecución de este plan ha sido encomendada a la Administración de Desarrollo de Vivienda (TOKI). Las obras abarcarán las 81 provincias del país y tomarán como modelo de referencia los sistemas de protección implantados en Estados como Suiza e Israel. Los informes técnicos previos constataron que la red de refugios existente en Turquía era “escasa e inadecuada”.

Alemania como precursora

El reimpulso de las infraestructuras de defensa subterránea no es exclusivo de Ankara. En Alemania, el Gobierno han planteado la “necesidad de reestructurar en profundidad la red nacional de refugios” y ya el año pasado, comenzó a realizar simulacros similares a los suecos. El entonces presidente de la Agencia Federal de Protección Civil y Socorro en Casos de Catástrofe, Ralph Tiesler, reconoció en una entrevista reciente la transformación del paradigma de seguridad al afirmar que en Alemania “existió durante mucho tiempo la creencia generalizada de que la guerra no era un escenario para el que hubiera que prepararse, una percepción que ha cambiado radicalmente ante la preocupación por el riesgo de una gran guerra de agresión en el continente europeo”.

El plan de la Agencia Federal alemana contempla reacondicionar túneles, estaciones de ferrocarril metropolitano, garajes subterráneos y sótanos de edificios públicos para habilitar rápidamente un millón de plazas. Este proyecto, que incluye la expansión de la red de sirenas de alerta en todo el país, contempla una inversión estimada en 10.000 millones de euros a ejecutar en los próximos cuatro años, a los que se sumarán otros 30.000 millones de euros durante la década siguiente para completar las reformas.

Diversos testigos sobre el terreno confirmaron la salida de convoyes militares de las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido y respaldado por Arabia Saudí desde la ciudad portuaria de Moca en dirección hacia el sur. Previamente, las tropas habían abandonado el distrito de Hays, en la provincia de Al Hudeida, cediendo terreno en todo el frente costero. Para materializar esta maniobra, Ansarroláh completó durante la noche previa la toma de Hays para luego avanzar en abanico hacia el oeste, capturando la localidad de Al Jauja y la elevación del monte Al Nar. Desde esos puntos, convergieron sobre Moca desde dos flancos, alcanzando la pedanía de Yajtal, a unos 15 kilómetros al norte del puerto, mientras otro contingente avanzaba desde el este.

En paralelo a las operaciones terrestres, los ‘hutíes’ ampliaron su dominio marítimo al apoderarse de la isla de Zuqar, la más extensa del archipiélago de Hanish, ubicada en las aguas del sur del mar Rojo. Según han detallado fuentes militares, el asalto comenzó con intensos bombardeos mediante misiles balísticos lanzados desde la zona continental de Al Jauja, a unos 33 kilómetros de distancia. Tras los impactos, ejecutaron una operación anfibia transportando combatientes en embarcaciones ligeras hasta tomar el control efectivo del territorio insular.

La importancia de Zuqar

La pérdida de la isla de Zuqar constituye un duro varapalo logístico para el bloque prooccidental. Con una extensión de 130 kilómetros cuadrados y situada a unos 90 kilómetros al suroeste de Al Hudeida, entre las costas de Yemen y Eritrea, Zuqar ocupa un lugar neurálgico en el corredor que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el canal de Suez. La isla ya había sido tomada por Ansarroláh a finales de 2014, cuando recuperaron la capital, Saná, pero fue conquistada en 2015 por la coalición liderada por los saudíes. 

Desde entonces, albergaba instalaciones de las Fuerzas de Resistencia Nacional y servía como base estratégica para interceptar los envíos de armamento procedentes de Irán. Además, las instalaciones insulares habían sumado en 2025 una pista de aterrizaje de 2.000 metros de longitud, lo que elevaba notablemente su capacidad operacional.

Pakistán sopesa bombardear Yemen

Estos sucesos han desencadenado una rápida respuesta diplomática y militar a nivel internacional. Pakistán está evaluando llevar a cabo bombardeos aéreos contra las posiciones ‘hutíes‘ en territorio yemení a petición de Riad. La decisión se enmarca en la posible activación del pacto de defensa firmado el pasado 7 de agosto entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Denominado ‘Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca’, el tratado establece una cláusula de defensa mutua inspirada en el modelo de la OTAN, según la cual “cualquier agresión contra uno de los miembros es considerada un ataque contra el conjunto de los firmantes”.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, confirmó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Geo TV que el acuerdo podría ponerse en marcha de inmediato si las hostilidades de Yemen se extienden al suelo saudí. Asif remarcó que “ante una agresión no provocada”, el compromiso de asistencia militar de su país entrará en vigor sin vacilación. En la actualidad, Pakistán mantiene a más de 10.000 efectivos militares desplegados en Arabia Saudí. Altos funcionarios de seguridad paquistaníes indicaron que, de autorizarse finalmente las incursiones aéreas, estas podrían ejecutarse de forma reservada, sin que se haga público si las operaciones parten de las fuerzas armadas saudíes o de los escuadrones paquistaníes.

En su discurso, Elrich ha manifestado su sorpresa ante la postura mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado haber relacionado a Israel con los sucesos de Ceuta “sin aportar informes o pruebas documentales que respalden dicha hipótesis”. En este sentido, la diplomática ha lanzado una seria advertencia al declarar que “no trabajar con Israel sobre nuestra defensa también tiene un precio sobre los ciudadanos españoles”.

Cuestionada expresamente durante el turno de preguntas sobre si Israel reconoce de manera inequívoca la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ante eventuales reclamaciones formales por parte de Marruecos, Elrich ha evitado emplear la palabra ‘soberanía’. La diplomática ha defendido las “excelentes relaciones históricas que mantienen Rabat y Tel Aviv”. Asimismo, al ser preguntada por la negativa de su país a colaborar con la justicia española en la investigación del espionaje con el programa Pegasus a altos cargos como el presidente Pedro Sánchez o el mandatario francés Emmanuel Macron, Elrich ha rechazado cualquier responsabilidad estatal. La portavoz ha encuadrado la comercialización de este software dentro del ámbito “exclusivamente privado de una empresa comercial”.

Por su parte, el expresidente José María Aznar ha respaldado la posición de la diplomática israelí durante su intervención y ha vinculado directamente crisis de Ceuta con el cambio de rumbo en la política exterior española. Aznar ha afirmado que “estos días comprobamos con el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes”, enfatizando que Israel constituye “un socio estratégico con el que conviene contar en momentos de perturbación geopolítica”.

Para sorpresa de muchos, varias fuentes y perfiles identificaron a un ciudadano vasco en esa delegación de Núcleo Nacional: un joven llamado Aitor, originario de Donostia (Gipuzkoa), que en su día participó en espacios políticos abertzales. En la fotografía principal de esta noticia se puede ver a Aitor armado y llevando una esvástica nazi en el pecho de un chaleco táctico. Esta persona está, entre otras cosas, detrás de la firma Arbasoen Mendekua (@AMendekua44 en la plataforma X).

Además de su actividad en las redes sociales, también ha actuado en las calles, colocando pegatinas y otros materiales “a favor de Europa” y contra la inmigración. En febrero de 2025, Aitor y otra persona agredieron a un militante del Movimiento Socialista en Tolosa (Gipuzkoa), cuando este se enfrentó a ellos cuando intentaban colocar unas pegatinas con mensajes fascistas. Utilizaron gas pimienta contra él y huyeron.

Según informó la cuenta de X España en Guerra, el propio Aitor ha publicado en su cuenta de Instagram varios vídeos supuestamente grabados en Ucrania. En esas imágenes se puede ver al propio donostiarra disparando en un lugar desconocido.

Esta información ha hecho saltar las alarmas en diversos espacios antifascistas y ha tenido una amplia difusión debido a las comprobaciones de que varios miembros de Núcleo Nacional han estado recibiendo formación militar en Ucrania.

El pasado sábado, día 5, la fundación Egiari Zor y el Ayuntamiento de Hondarribia recordaron a Zabala mediante un homenaje. En el comunicad, destacaron que hace aproximadamente un mes el Gobierno español otorgó a Zabala el “reconocimiento y la reparación personal”. De todos modos, subrayaron que el hecho de que hoy en día el Estado pida perdón por la violencia de aquella época deja en evidencia que “hasta ahora las víctimas solo han recibido la indiferencia de las instituciones del Estado”.

Por otra parte, a través de un vídeo compartido en redes sociales, Kontseilu Sozialista Bidasoa ha recordado los hechos de aquel día y ha homenajeado al joven y su espíritu de lucha. En el contexto de la Transición, el año 1976 fue importante y estuvo lleno de movilizaciones: el dictador Francisco Franco había muerto apenas unos meses antes, las leyes principales del régimen actual no se habían creado, las proclamas a favor de las libertades y derechos políticos así como de la ruptura con el régimen tomaron las calles, estallaban conflictos laborales por todas partes… En Euskal Herria, además, la ikurriña todavía era ilegal y el Estado reprimía con dureza cualquier reivindicación política. Por todo ello, miembros de la comarca colocaron un panel con la frase “Josu Zabala. 1976-2026. Memoria borrokan eraiki” (“Construir la memoria mediante la lucha”) en la rotonda que une la avenida Jaizkibel con la calle Harresilanda de Hondarribia.

El resultado refleja una clara brecha entre los diferentes centros de producción de la multinacional. Las plantas con mayor volumen de empleo han decantado la balanza hacia la continuidad de la protesta. En el centro de San Pablo, situado en Sevilla, el apoyo a mantener la huelga fue abrumador, alcanzando el 76%. Por su parte, la factoría de Getafe, en Madrid, inclinó también el resultado hacia el mantenimiento de los paros, aunque con un estrecho margen del 46% frente al 45% que defendía frenar la huelga. El peso conjunto de estos dos centros neutralizó la postura mayoritaria del resto de las plantas, donde la plantilla votó a favor de interrumpir el paro. Cádiz registró un 94% de apoyos a la pausa, en las instalaciones de Illescas (Toledo) y Albacete fue el 60%, y el centro sevillano de Tablada alcanzó también un 60% favorable a la suspensión temporal.

El malestar de los trabajadores en las asambleas responde en buena medida a cómo se gestionó la negociación del acuerdo anunciado el pasado viernes por el ministro de Industria, Jordi Hereu. En las reuniones de mediación celebradas en el ministerio no se permitió la entrada de los representantes de los sindicatos CGT y ÚTIL, convocantes formales de la huelga y con una fuerte implantación entre el personal movilizado. Esta exclusión provocó indignación entre las bases, que interpretaron la maniobra como un “atropello” y un intento de sobrepasar a los verdaderos impulsores del paro en las plantas.

Ante la exigencia continuada de las asambleas y de las centrales CGT, ÚTIL y UGT desde finales de la semana pasada, la dirección de Airbus aceptó reunirse con el comité de huelga el martes por la mañana. Sin embargo, las posiciones no registraron avances. Según explicó Marc Vidal, representante del sindicato ÚTIL, la multinacional se negó a modificar el documento negociado el viernes en la sede ministerial y no se movió de su propuesta inicial. Ante este bloqueo, el comité de huelga acordó el martes por la tarde “pausar el conflicto” a las puertas de las instalaciones a partir del miércoles, con el objetivo de abrir “espacios de encuentro en asambleas” a lo largo de los días sucesivos.

Pese al resultado dividido en las votaciones, en el seno de la plantilla impera la lectura de que los compromisos alcanzados son fruto directo del esfuerzo acumulado durante semanas de paros. La propuesta trasladada a la plantilla contempla el mantenimiento de las subidas salariales vinculadas al IPC, la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos ejercicios y el restablecimiento del régimen de teletrabajo. Los trabajadores afirman que esas condiciones son consideradas como un logro directo de la organización y afirman que “en realidad es nuestro”, en referencia al paquete de mejoras conseguido frente a la cúpula.

Origen de la huelga

El origen de este conflicto laboral se remonta a los primeros días del mes de julio, cuando el anuncio de recortar las jornadas de teletrabajo actuó como la “gota que colmó el vaso” de unos empleados afectados por la devaluación paulatina de sus sueldos. Todo ello se produjo, además, en un contexto en el que la multinacional registraba cifras récord de beneficios económicos a nivel global. La suma de estos factores desencadenó cinco semanas de paros continuados con un elevadísimo nivel de seguimiento y varios momentos de tensión entre la plantilla y la dirección, a la que los empleados recriminan “una falta constante de escucha hacia las asambleas”.

Las diferencias sobre el cauce de la protesta ya se habían manifestado a finales de julio, momento en el que se votó un primer borrador de acuerdo entre la dirección de Airbus y los sindicatos CCOO, ATP y SIPA, rechazado por los trabajadores en una apretada votación. Tras la pausa de las vacaciones de agosto, las asambleas reanudaron su actividad aprobando la reanudación de la huelga con carácter indefinido desde el pasado 25 de agosto. Durante ese periodo, la dirección intentó vincular la reapertura de las conversaciones a la retirada de la protesta, pero la plantilla rechazó ese chantaje de forma repetida.

Los trabajadores de Airbus han convocado una manifestación en Madrid para el próximo sábado, 12 de septiembre. La marcha discurrirá desde la Plaza de Colón hasta la sede del Ministerio de Industria y contará con la participación de empleados venidos de los centros de trabajo de Madrid, Sevilla, Albacete, Toledo y Cádiz. 

Uno de los episodios más graves tuvo lugar el pasado domingo durante una manifestación racista convocada en el centro de la capital ceutí para exigir la devolución inmediata a Marruecos de todas las personas que habían cruzado la frontera. Soraya Eguizábal, de 13 años, nacionalidad española y la piel oscura, nació en Ceuta, al igual que su abuela materna, y reside en la zona con su familia. Aquella tarde, movida por la curiosidad al ver la marcha desde la ventana de su vivienda, decidió bajar a la calle junto a su prima para presenciar la concentración que se iniciaba en la plaza de los Reyes, justo frente a la Delegación del Gobierno.

Las dos menores caminaron junto a la comitiva de manifestantes mientras esta descendía en dirección a la frontera. Sin embargo, al aproximarse a las inmediaciones del puesto fronterizo del Tarajal, la situación dio un giro violento. Una mujer de unos sesenta años se desmarcó de la marcha, se dirigió directamente a Soraya y comenzó a increparla a gritos llamándola “invasora” y exigiéndole que abandonara el lugar. A pesar de que la niña respondió que acababa de salir de la casa de su madre, la mujer continuó persiguiéndola e increpándola de forma persistente.

Según relató la propia menor un día después de los hechos, la agresora comenzó a dirigirse al resto de los manifestantes señalándola de manera acusatoria. La mujer aseguró a viva voz ante la multitud que había visto a la niña el día anterior en el hospital padeciendo tuberculosis y otras afecciones, afirmando categóricamente que se trataba de “una de las personas que acababa de internarse ilegalmente en territorio español”. En medio del tumulto, varios asistentes comenzaron a grabar a la menor con sus teléfonos móviles y a sacarle fotos, mientras un grupo numeroso rodeaba a la niña exigiéndole que mostrara su Documento Nacional de Identidad para “demostrar su procedencia”.

Presa del pánico ante el acoso racista, la menor cedió y mostró su identificación a los presentes. Aunque una de las manifestantes llegó a disculparse tras comprobar la autenticidad del documento, buena parte del grupo continuó lanzando insultos y tildándola de “invasora”. Al acudir a solicitar auxilio a los efectivos de la Policía Nacional que custodiaban la movilización, los agentes se limitaron a recriminarles a la niña y a su prima que “si se iban a poner en esa actitud, lo mejor era que retrocedieran y abandonaran la zona”, según presenciaron varios periodistas en el lugar.

Al día siguiente, el lunes 7 de septiembre, la tensión se trasladó al corazón comercial de la ciudad autónoma, en pleno Paseo Sánchez Prados. Un grupo de personas atacó violentamente a Mohammed Charli, un ciudadano español, residente en Madird y con residencia legal desde hace más de una década, que se encontraba sentado en un banco junto a su sobrino cuando un individuo se le aproximó en actitud amenazante.

Según testificó Charli ante el diario EL PAÍS, un desconocido se dirigió a ellos y a otros jóvenes presentes exigiéndoles que se levantaran del banco al grito de “levantaos, hijos de puta, vuestro sitio no es aquí”. Al ponerse en pie para pedir explicaciones y responder de forma pacífica preguntando qué ocurría, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en el rostro. Una vez más, los racistas reclamaban que mostrara el DNI.

El despliegue de esta infraestructura de inteligencia interna choca de manera directa con la estrategia de comunicación que Anthropic ha mantenido desde sus inicios, mediante la cual buscaba proyectarse como “la alternativa ética y responsable” frente a competidores como OpenAI. A comienzos de este año, la empresa protagonizó un notable desencuentro con el Departamento de Guerra de Estados Unidos tras negarse a que el estamento militar utilizase sus herramientas en tareas de vigilancia masiva nacional o en el desarrollo de armamento autónomo. Sin embargo, ese distanciamiento institucional ha comenzado a diluirse a medida que la tecnológica oferta puestos de trabajo orientados a ventas en el sector militar.

La arquitectura de este sistema de vigilancia empezó a quedar al descubierto a raíz de las declaraciones realizadas en una entrevista en la que participaron Keon Ellison, gerente del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Anthropic, Zach Melvin, responsable de operaciones de seguridad de la firma, y James Neufeld, consejero delegado de Samdesk, una plataforma contratada por la tecnológica para la detección automatizada de “riesgos”. En dicha conversación, Ellison explicó cómo la tecnología de Samdesk permitió alertar con una hora de antelación sobre el adelanto de una manifestación organizada en una gran metrópoli por la que debía desplazarse un alto ejecutivo de la empresa. Gracias a esa información procesada en tiempo real, el equipo de seguridad pudo diseñar una ruta alternativa hacia la entrada de servicio de su hotel y evitar que el directivo se viera inmerso en la protesta.

El modelo operativo impulsado por la tecnológica sobrepasa la protección física de sus altos cargos y aspira a “predecir incidentes analizando patrones de conducta a lo largo del tiempo”. Según una información publicada en julio por el diario The Wall Street Journal, Anthropic ha comenzado a enviar notificaciones de forma periódica a diversos departamentos de policía de Estados Unidos tras catalogar a determinados individuos como “personas de interés” dentro de sus protocolos internos. Portavoces de la compañía confirmaron que rastrean “comportamientos preocupantes” mediante estos registros de seguimiento.

Un caso concreto de esta política fue revelado el mes pasado por el periódico local The San Francisco Standard, que dio a conocer que Anthropic denunció a un usuario ante la policía de San Francisco después de que este manifestara en la plataforma Claude que había adquirido un fusil semiautomático AR-15 y que tenía en el punto de mira al consejero delegado de la empresa, Dario Amodei. Aunque esta persona declaró posteriormente al diario que se trataba de un comentario frívolo en internet, la firma alertó de inmediato a la Policía.

El esfuerzo de la empresa por consolidar su equipo de vigilancia se refleja también en sus ofertas laborales. Una vacante publicada el mes pasado para contratar a un especialista en inteligencia empresarial, con una remuneración anual de entre 180.000 y 230.000 dólares, especifica entre sus atribuciones la investigación de “amenazas específicas, la recopilación de información en fuentes abiertas y el análisis de riesgos” que van desde la inestabilidad geopolítica y el cibercrimen hasta el activismo social.

Esta escalada de control social coincide con las presiones de diversos lobbies del sector, como la organización Americans for Responsible Innovation, para que la administración estadounidense clasifique la infraestructura de la inteligencia artificial, incluidos los centros de datos y las redes de suministro eléctrico, como “infraestructura crítica nacional”. Una declaración de esta naturaleza situaría a la IA al mismo nivel que los servicios de agua o electricidad, lo que proporcionaría a compañías como Anthropic, OpenAI o Google un acceso privilegiado a los productos de inteligencia de las agencias federales y permitiría a la Policía redefinir el activismo o la protesta contra la IA como una “amenaza extrema contra la seguridad nacional”.

Detrás de las pancartas se juntaron, en perfecta armonía, portavoces parlamentarios con los típicos matones nazis. Otro ejemplo que deja en evidencia que, en el caso del Estado español, presentar a una derecha moderada-liberal como agente contrapuesto a la extrema derecha y el fascismo no tiene sentido. No solo porque el PP es, como partido, la continuación del aparato político franquista. Sobre todo, porque toda la derecha comparte la misma estrategia de crecimiento: la construcción de un enemigo externo que amenaza la nación, la invasión musulmana que pone en riesgo los cimientos de la España cristiana y el estado de bienestar. Cuando bloquea la acogida de las personas refugiadas de Ceuta en otras comunidades autónomas, el PP crea el caldo de cultivo para que los matones fascistas quemen los asentamientos en las playas. Cuando queman los asentamientos en las playas, los fascistas crean un clima mediático que favorece la imagen de desgobierno y hartazgo que quiere proyectar el PP. Luego, hay una disputa en la propia derecha por capitalizar los frutos de esa estrategia, pero esto no altera que actúan como un conjunto.

Además, a grandes rasgos, podemos decir que toda la derecha comparte programa político. No tienen ninguna solución real para los problemas que señalan, pero los instrumentalizan para fortalecer la posición de la clase dominante: recortar derechos políticos, liberalizar mercados… Por supuesto cuentan con el inestimable apoyo de aparatos de estado como jueces y policías, medios de comunicación de toda índole, etc. Un conglomerado alineado internacionalmente con Washington, Tel Aviv y, pese a las apariencias de estos últimos días, Rabat.

Hoy por hoy, no existe una fuerza capaz de frenar este auge reaccionario. El reformismo institucional, encabezado por el gobierno del PSOE, se ha demostrado inútil contra la expansión de ideas reaccionarias. Por un lado, porque está atado a la misma agenda política oligárquica a la que está atada la derecha: fomentar las políticas de rearme, externalizar las fronteras, subordinación a Bruselas en materia económica… Aunque adopte un barniz progresista, en lo concreto la socialdemocracia no representa una alternativa real. Esto no hace más que alimentar la desafección por la política que acaba capitalizando la reacción. Y aunque parezca paradójico, la izquierda institucional, en el fondo, depende del miedo que genera la posibilidad del fascismo en el gobierno para continuar movilizando a un electorado completamente desilusionado. Por eso, no tiene interés en combatirlo hasta erradicarlo por completo.

Tampoco la izquierda menos vinculada a las instituciones está siendo capaz de contener el auge fascista. Los discursos puramente humanitarios son importantes en la medida en que contrarrestan la deshumanización del diferente que lleva a cabo el fascismo, pero no llegan a responder del todo a las grandes cuestiones de época. Tampoco la izquierda anclada en el relativismo posmoderno tiene una propuesta antifascista que funcione. Por lo menos, creo que ha cometido tres errores de calado. El primero creo que ha sido dar prioridad política absoluta a las reivindicaciones legítimas de sectores muy minoritarios en la sociedad, dejando de lado las reivindicaciones que afectan a la mayoría de la clase trabajadora. Segundo error, es priorizar lo simbólico, dejando de lado las mejoras efectivas en las condiciones de vida a costa de los intereses económicos de la clase dominante. El tercer error me parece la táctica de la transgresión que ha abanderado las luchas de las identidades, es decir, la táctica de cuestionar lo socialmente aceptado sin otro objetivo que el cuestionamiento mismo. Todo esto ha permitido crear una idea de la revolución infantil, y muchas veces individualista, alejada de los intereses de la mayoría y compatible con el poder de las élites. Y claro, ya están los fascistas para aprovecharse de esto.

Nuestro papel como comunistas y revolucionarios debe ser el de abordar el problema en su magnitud y complejidad. Nos toca organizar una respuesta integral: por un lado, frenar y combatir el auge del fascismo; por otro, canalizar el descontento popular no contra el más débil, sino contra un modelo social que perpetúa la miseria. Eso exige tiempo y paciencia, no dejarse cegar por las imágenes de fuerza que el fascismo intenta proyectar, y trabajar en sentar las bases para hacerle frente. Van algunas reflexiones al respecto.

Combatir el fascismo en las calles es necesario. Que sean lugares seguros para la militancia política y la clase trabajadora en su conjunto. Para ello, debe primar el criterio de la efectividad. Me parece clave no reproducir los estereotipos que el propio fascismo quiere proyectar sobre el antifascismo. Quieren presentarnos como algo ajeno a la mayoría social, mientras ellos se erigen en el sentido común de esa misma sociedad. Cada actuación en clave antifascista debe minar ese relato. Nuestra perspectiva debe ser la de dinamizar movilizaciones antifascistas superiores tanto cuantitativa como cualitativamente, eligiendo cuidadosamente el momento y aglutinando fuerzas que lo hagan posible.

Para ello, es prioritario prepararse para dar la batalla cultural. Hay que responder, desde una perspectiva revolucionaria, a las grandes cuestiones sobre las que crece el fascismo: la migración, la cuestión de género, las políticas climáticas… Siempre poniendo en el centro el interés universal, el interés internacional de la clase trabajadora; pero evitando respuestas demasiado abstractas. Y es que, en contra de lo que suele repetirse, considero que al fascismo no solo hay que combatirlo, también hay que discutirlo y desmontar todos y cada uno de sus argumentos. Además de desmontar los argumentos del fascismo, debemos intentar marcar agenda política con los temas que realmente afectan a la clase trabajadora, como, por ejemplo, la vivienda o el empobrecimiento generalizado. Solo así podremos arrebatarles la bandera de lo popular a los fascistas y devolverlos al lugar que les corresponde: el de perros guardianes y servidores de la oligarquía.

Las ecuaciones en cuestión se escribieron a mediados del siglo XIX y, a pesar de que se resuelven de manera aproximada, sostienen buena parte de la ingeniería aeronáutica, la predicción meteorológica y el estudio del flujo sanguíneo entre muchos otros campos. Sin embargo, dado su carácter, solamente podemos resolverlas de manera precisa en algunos casos concretos, y no sabemos cómo se comportan en muchos otros. Dentro de este desconocimiento, existe una conjetura, formalizada hace casi 90 años, que afirma que estas ecuaciones tienen solución para “todos” los casos y si esas soluciones son “amables”. Dicho de otro modo, si uno pone en marcha un fluido de la manera más tranquila y ordenada posible y deja que las ecuaciones hagan su trabajo, la duda es si el movimiento seguirá siendo suave para siempre o si, por el contrario, alguna parte del fluido puede acelerarse tanto que su velocidad crezca sin límite y se dispare hasta el infinito en un instante concreto.

Ese estallido es lo que los matemáticos llaman una singularidad, y su aparición significa que, a partir de ese momento, las ecuaciones dejan de describir nada, porque han dejado de tener solución en el sentido en que se les pedía.

Volviendo a lo que OpenAi dice haber logrado, es importante remarcar que ecuaciones de Navier-Stokes no se han resuelto en el sentido de haberse encontrado una fórmula general que sirva para calcular cualquier fluido, ni se ha descubierto que el agua o el aire se comporten de un modo nuevo. Lo que se afirma es haber construido un caso concreto, diseñado a propósito, en el que las ecuaciones fallan y presentan esa singularidad, falsando la conjetura de la existencia y suavidad de las soluciones.

Aun así, a pesar de que se haya anunciado el logro a bombo y platillo, las soluciones presentadas están aún pendientes de revisión ya que no ha habido ninguna supervisión de terceros a lo largo del proceso, lo que hace que todo lo que se dice haber logrado no tiene aún ningún respaldo firme.

Cómo se ha hecho, y a qué precio

La cronología que la propia empresa afirma que, con el uso de un modelo interno (notablemente más potente que cualquiera que hayan publicado), el 1 de septiembre, después de oír rumores de que otros investigadores estaban cerca de resolver problemas de esta lista, la compañía lanzó a ese modelo contra todos los Problemas del Milenio abiertos. El 5 de septiembre, unas 88 horas después del arranque, el sistema tenía la presunta demostración.

Aunque esas 88 horas pueden parecer “pocas” para la resolución de uno de los problemas del milenio, OpenAI desplegó cerca de 10.000 agentes trabajando a la vez, entendiendo por agente una copia del modelo que actúa de forma autónoma sobre una tarea, que puede ejecutar código, consultar una copia guardada de internet e intercambiar mensajes con otras copias. Esos agentes se organizaron en grupos, se les propusieron variantes distintas del problema para que exploraran caminos diferentes, y de vez en cuando se recogían los hallazgos parciales de unos grupos para repartirlos entre los demás. Sólo en esta parte del trabajo, los agentes se enviaron entre sí 2,7 millones de mensajes y produjeron alrededor de 130.000 millones de tokens, que son las unidades en que estos sistemas miden el texto que generan, equivalentes aproximadamente a fragmentos de palabra. Contando el resto de problemas atacados esa semana, las cifras suben a 4,9 millones de mensajes y aproximadamente 300.000 millones de tokens.

 Todo ese poder de computación tiene un coste asociado más que significativo y a pesar de que no hay declaraciones oficiales al respecto, Sébastien Bubeck, el matemático de OpenAI, situó el coste de cómputo del esfuerzo en varios millones de dólares, a precio de coste. Por su lado, TechCrunch, calculó que esos 300.000 millones de tokens valdrían unos 22,5 millones de dólares si un cliente cualquiera los hubiera pagado a las tarifas comerciales vigentes contabilizando únicamente el texto producido, cuando en un sistema de este tipo el volumen de texto leído por los agentes suele ser mayor, incluso en varios órdenes de magnitud (lo que elevaría el coste significativamente).

Polémicas asociadas

A las pocas horas del lanzamiento de la presunta demostración, han sido varias las polémicas que han saltado, poniendo en entredicho que la solución aportada fuera original, o se basa sobre conceptos que se han ido adelantando en los últimos días o meses por otros miembros de la comunidad científica. En este sentido, la empresa se cubre diciendo en su anuncio oficial que ningún dato privado ha sido usado para este propósito, pero al igual que ha sucedido en muchas otras polémicas relacionadas con la privacidad o temas similares, es una afirmación difícilmente demostrable en la práctica. De hecho, uno de los puntos más sonados nada más salir el anuncio, es que doce horas antes, el matemático Tristan Buckmaster, de la Universidad de Nueva York, y su colaborador Levent Alpöge (científicos que ya habían hecho avances en el campo pocos meses atrás) habían hecho públicos varios resultados sobre ecuaciones muy emparentadas con estas, también con ayuda de sistemas de inteligencia artificial y también verificados por ordenador.

Buckmaster ha afirmado que fue precisamente el rumor sobre su trabajo inédito lo que desencadenó la operación de OpenAI, y ha descrito presiones respecto a la autoría y al momento de publicar. La empresa responde que ni sus investigadores ni sus agentes tuvieron acceso a ese trabajo antes de que fuera público, aunque admite que no puede descartar que datos anonimizados procedentes del uso de sus productos hayan contribuido a mejorar sus modelos. Por otro lado, ambas partes se basan a su vez en los trabajos dos matemáticos del estado español, Diego Córdoba, del ICMAT de Madrid, y Luis Martínez-Zoroa, de CUNEF.

Si el resultado se sostiene, estaríamos ante el primer problema abierto de primera magnitud resuelto de manera predominantemente “automática”. Hasta ahora, la contribución de estos sistemas a la investigación matemática se había concentrado en tareas más acotadas, como resolver problemas difíciles pero pequeños, rastrear la literatura previa, llevar la contabilidad de un argumento ya diseñado por una persona o traducir a lenguaje de ordenador demostraciones que ya existían. Lo que distingue a este episodio no es solamente que el objetivo figure en una lista célebre con un premio asociado, sino que altera la relación habitual entre el tiempo y la dificultad en matemáticas.

En cambio, como en todo descubrimiento científico, el anuncio final solo representa una pequeña porción del trabajo de años. En este caso, el marco conceptual sobre el que se apoya la construcción mostrada, se puede considerar que comenzó (apoyado evidentemente en infinidad de trabajos anteriores) con la tesis doctoral de Martínez-Zoroa en 2021 y los trabajos posteriores junto a Córdoba como cimiento, y el propio Buckmaster describe casi un año de avances lentos antes de un salto repentino a mediados de agosto. Frente a eso, la ejecución que aquí se discute ocupa 88 horas, que, si bien han podido dar los últimos pasos, no suponen el total de la investigación.

Junto con lo dicho anteriormente, también se ha de considerar que el modelo que produjo el resultado no es público, de manera que nadie de fuera puede reproducir el proceso, sino únicamente auditar el producto final, y el anuncio funciona a la vez como resultado científico y como escaparate comercial de un sistema todavía no lanzado, lo que introduce un conflicto de interés evidente en la forma de presentarlo, alimentando más aún todo el resto de polémicas.

Por último, existe un problema de fondo que Terence Tao, un reconocido matemático, había advertido apenas cinco días antes. Este escribió que existía el riesgo de que un problema histórico se resolviese prematuramente empleando “la fuerza bruta de computación” de un modo que empobreciese el campo, dado que el valor de una pregunta abierta de esta clase reside sobre todo en las técnicas que obliga a inventar por el camino, y no tanto en el enunciado que finalmente queda cerrado, sobre todo si es con la presentación de un contraejemplo y no con una demostración que apele al todo del problema.

Qué se ha demostrado exactamente y qué no

El enunciado que Fefferman redactó para el Clay Institute no plantea una sola pregunta, sino que ofrece cuatro afirmaciones y pide la demostración de cualquiera de ellas. Las alternativas (A) y (B) piden demostrar que, en el espacio completo (R3) y en un espacio periódico (Z3) respectivamente, todo arranque suave produce una solución suave para todo tiempo, con la condición explícita de que no haya ninguna fuerza externa actuando sobre el fluido. Las alternativas (C) y (D) piden justamente lo contrario, esto es, exhibir un arranque suave y una fuerza externa también suave, sujeta a ciertas condiciones de decaimiento, para los cuales no exista ninguna solución suave y de energía acotada definida para todo tiempo.

El teorema principal del manuscrito afirma que, para cualquier valor positivo de la viscosidad, existen una fuerza externa infinitamente derivable y limitada a una región acotada del espacio y a un intervalo acotado de tiempo, junto con un campo de velocidades y una presión igualmente suaves, tales que el fluido arranca exactamente en reposo, su energía total permanece acotada durante todo el proceso, y sin embargo su velocidad máxima crece sin límite conforme se aproxima el instante crítico. De ahí se sigue que no puede existir una solución suave definida para todo tiempo con esa misma fuerza y ese mismo arranque, que es exactamente lo que pide la alternativa (C), y un corolario adicional traslada la construcción al espacio periódico para cubrir la alternativa (D).

El mecanismo, descrito, consiste por tanto en un remolino que se contrae sobre sí mismo de forma casi autosemejante, es decir, conservando la misma forma a escalas cada vez menores, y cuyo grosor se estrecha más deprisa que su longitud, de modo que el núcleo se convierte en una columna cada vez más esbelta que gira cada vez más rápido mientras su volumen se desploma. Ese desplome es lo que permite que la velocidad crezca sin acotación y que, pese a ello, la energía contenida en el núcleo tienda a cero, sin lo cual la construcción incumpliría el requisito de energía finita que el enunciado impone.

Por el contrario, a pesar de que el enunciado original solamente pida demostrar alguno de los puntos, no se han refutado las alternativas A ni B (ya que C no es excluyente con A ni D con B) y el problema en si mismo todavía queda abierto. La primera (A) dice que hay que demostrar que sin fuerza externa toda solución es suave, la segunda dice que pudiendo haber fuerza externa alguna solución no lo es. En consecuencia, la pregunta que la mayoría de físicos y matemáticos considera el auténtico corazón del asunto, la de si la viscosidad basta por sí sola para dominar al remolino, sigue abierta exactamente igual aunque se confirme la demostración.

Por último, cabe decir también que, sin desmerecer el posible hito, una afirmación universal, del tipo todas las soluciones suaves siguen siendo suaves podría tener un valor de conocimiento significativamente mayor, puesto que mientras que esta queda destruida por un único caso que la incumpla (lo presentado), para establecerla haría falta un argumento capaz de cubrir la totalidad de los casos posibles, una tarea mucho más compleja. De ahí que un contraejemplo sea, formalmente, una respuesta completa a la pregunta que refuta, pero, en términos de generalidad, un objeto más modesto que un teorema de regularidad global.

La difusión de este voluminoso archivo pone fin a una prolongada batalla judicial promovida por la organización 9/11 Health Watch, tras alcanzarse un acuerdo definitivo con la administración municipal que cierra dos demandas históricas. Durante un cuarto de siglo, el relato sobre la recuperación de la metrópoli estuvo marcado por el mensaje político de retornar a la normalidad en tiempo récord. Sin embargo, las decisiones operativas de aquellos días priorizaron la reapertura del distrito financiero de Wall Street sobre la vida y la salud de miles de trabajadores. Residentes, socorristas, voluntarios y trabajadores que acudieron a la zona afectada estuvieron expuestos a una densa nube de escombros pulverizados que contenía sustancias extremadamente nocivas como amianto, plomo, mercurio y más de 2.500 contaminantes tóxicos dispersados por toda la zona del desastre.

El impacto humano de aquellas omisiones gubernamentales ha terminado por superar las estimaciones más trágicas. Según coinciden diversos expertos en salud pública y periodistas de investigación, las secuelas médicas acumuladas a lo largo de los años han resultado devastadoras. Juan González, copresentador del programa informativo Democracy Now! y autor del libro Fallout: The Environmental Consequences of the World Trade Center Collapse, recordó las advertencias que formuló en su serie de artículos publicados poco después de las explosiones. 

González señaló que la realidad acabó confirmando los peores pronósticos sobre el riesgo sanitario y afirmó que “han muerto más personas a causa de enfermedades contraídas tras el derrumbe del World Trade Center que las que fallecieron aquel mismo día”, afirmación confirmada por los registros médicos de la ciudad, donde miles de diagnósticos de cáncer, afecciones respiratorias crónicas y patologías degenerativas están directamente vinculados a la inhalación del polvo de la Zona Cero.

A través de un comunicado oficial emitido por la Fuerza Aeroespacial del cuerpo militar iraní, Teherán confirmó la puesta en marcha de la operación denominada “Yahida Karrar”. Según el documento, la ofensiva tuvo como objetivo prioritario la base aérea de Al Azraq, una instalación militar clave situada en territorio jordano que alberga a un importante contingente de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Las autoridades de la Guardia Revolucionaria aseguraron haber lanzado una oleada de “misiles balísticos de combustible sólido y líquido” dirigida de forma específica contra un “hangar de mantenimiento, preparación y despliegue de aviones de combate F-35, F-16 y F-15, así como el refugio de las aeronaves” que causaron “graves daños al enemigo”, inutilizando parte de la capacidad de respuesta aérea estadounidense en la zona.

Pocas horas después de la incursión en suelo jordano, la Guardia Revolucionaria hizo pública una segunda acción ofensiva, esta vez enfocada en el ámbito naval. Las fuerzas iraníes afirmaron haber lanzado un nuevo ataque “con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53”, que corresponden a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones. Ambos navíos forman parte de la red de protección y patrulla marítima que Washington mantienen desplegada.

Irán argumenta que estas operaciones responden de forma directa a lo que describe como “acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes”. Apenas unas horas antes, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Alí Abdolahi había advertido de forma pública que “cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región”.

La escalada bélica se produjo inmediatamente después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos reivindicara la destrucción de cinco petroleros de bandera iraní en aguas de la región. Las fuentes militares estadounidenses justificaron este ataque contra la flota mercante iraní como “una medida de represalia por una agresión previa dirigida contra una de sus propias embarcaciones navales”.

Tras estos hechos, la Guardia Revolucionaria ha lanzado un ultimátum formal instando a las tripulaciones de los petroleros que se encuentran actualmente fondeados o atracados en los puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar “de inmediato” las naves.