En este punto, debemos preguntarnos qué causas estructurales producen la inmigración y qué mecanismos se utilizan para presentarla en sí misma como un problema. Desde una perspectiva nacionalista e imperialista, la inmigración supone un problema irresoluble asociado a dos factores: por un lado, pondría en riesgo el bienestar económico de un país, tensionando sus recursos limitados y, por otro lado, traería consigo el aumento del conflicto social, debido al supuesto carácter intrínsecamente negativo de otras culturas y nacionalidades. Esta perspectiva, sin embargo, esconde las causas estructurales de la inmigración: la división internacional del trabajo, basada en el saqueo imperialista de las burguesías occidentales. Su consecuencia más directa es que tres cuartas partes del proletariado internacional vive en condiciones de pobreza, en regímenes políticos autoritarios intervenidos por potencias extranjeras donde son reprimidos y sus derechos políticos están anulados. Esas son las causas por las cuales miles de personas se ven obligadas a abandonar su hogar. 

Sin embargo, los movimientos migratorios se nos presentan como un problema de “soberanía y estabilidad nacional”, no por ninguna esencia cultural, ni tampoco por la absurda idea de que los Estados europeos, envejecidos y con tasas de natalidad muy bajas, tienen un cupo poblacional y unos recursos escasos. La inmigración se convierte en un problema “social” sólo en la medida en que es gestionada bajo los preceptos de la lucha de clases y las políticas imperialistas. Es decir, es la criminal política migratoria europea la que militariza las fronteras externas e impone un estado de excepción permanente para el proletariado migrante dentro de ellas. Fruto de esa política racista y clasista, las personas que se ven obligadas a emigrar son violentadas a niveles indecibles, deshumanizadas y en algunos casos, embrutecidas. Además, es la política de clase imperialista la que impone un reparto de los recursos desigual e injusto. La burguesía occidental saquea, explota y esclaviza a las poblaciones del sur global y, mientras tanto, desmantela los “Estados de Bienestar” en Europa. No hay recursos que se deban limitar a una “comunidad nacional”, sino una clase oligárquica imperialista que quiere seguir enriqueciéndose a costa de la clase trabajadora internacional, y que compra la obediencia del proletariado autóctono (al que también está saqueando a calzón quitado) con la amenaza de vivir en la miseria a la que condenan a sus compañeros proletarios en la periferia. 

Pero, debemos sumar una dimensión más: además de convertir la inmigración en un problema social, las burguesías imperialistas y demás sanguijuelas fascistas utilizan la inmigración como un instrumento político. En el caso que nos ocupa, es evidente que Marruecos (con el apoyo de Estados Unidos e Israel, grandes amigos de Mohamed VI) ha utilizado como arma política la vida de miles de personas a las que su propio gobierno ha llevado a la más absoluta desesperación. Como ya ha señalado mucha gente, es evidente que detrás de esta operación está el interés de Marruecos por marcar al Gobierno español y su acercamiento a Argelia; así como el interés de Estados Unidos e Israel por marcar al Gobierno de Sánchez. Así de mal están las cosas… El ejecutivo de Sánchez no ha tomado ni una sola medida que lo aleje de la dirección impuesta por la OTAN y, sin embargo, un par de declaraciones verbales en tono humanista (que responden más a intereses electorales del PSOE que a ninguna declaración de intenciones real) son suficientes para que los yankis le aprieten las tuercas. 

Cabría hacer una reflexión más sobre la instrumentalización política de la vida de las personas, y es que las élites europeas están ahora probando de su propia medicina. Llevan décadas implementando una política migratoria basada en la externalización del control de las fronteras. Es decir, especialmente los últimos años, se han dedicado a cerrar pactos con países africanos y asiáticos para que sean éstos quienes “controlaran los flujos migratorios” antes de que llegaran a las puertas del “jardín europeo”. O dicho de otra forma, han dado recursos a las élites corruptas de otros países para que sean éstas quienes, lejos del ojo mediático europeo, apaleen a su propia población. Lo que vimos ayer en Ceuta no suele suceder porque detrás del alambre de espino y las concertinas hay un estado armado hasta los dientes contra su población. La consecuencia de todo esto es que esos mismos estados ganan capacidad de negociación y chantaje frente a Europa. Ese es el caso, especialmente de Turquía y también de Marruecos o Bielorrusia. 

Y como no, en la instrumentalización de la migración no podían faltar los partidos de extrema derecha y el fascismo. A nivel europeo, la extrema derecha en el gobierno de Finlandia ha pedido suspender el espacio Schengen e Italia parece haberlo implementado. Aunque el alcance real de lo sucedido está por ver (los datos del ministerio del Interior apuntan a que el 96% de las personas han sido “devueltas en caliente”), el escándalo internacional sirve a los partidos de ultraderecha para exigir más restricciones en la política migratoria europea. A nivel Estatal, por un lado, los partidos de derecha españoles hacen lo propio, utilizar la situación contra el gobierno de Sánchez y en favor de sus políticas racistas. Por otro lado, las organizaciones fascistas están aprovechando el momento para organizar cacerías contra las personas inmigrantes. Han convocado numerosas concentraciones y están interviniendo en pogromos racistas que se presentan como espontáneos. Los próximos días es previsible que la violencia escuadrista contra las personas racializadas aumente, organizada por grupos fascistas y con la cobertura de la policía y los medios de comunicación (Veamos si le dan el mismo tratamiento mediático que le dieron a los enfrentamientos con fascistas españolistas tras la Copa del Mundial de fútbol en Euskal Herria). Todos estos salvapatrias de gimnasio que dicen defender a España frente a una invasión marroquí, son realmente energúmenos que sirven a los intereses de Estados Unidos, y su acción heroica será pegar a mujeres, niños y adolescentes indefensos. No hay honor en agredir al débil para complacer al amo. 

Y, por último, debemos hablar del papel del PSOE. Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta y en sus declaraciones ha empleado el marco chovinista: ésto se trataría de un ataque a la integridad territorial de España. Aun así, ha evitado señalar a Marruecos y ha responsabilizado a “las mafias”. Es evidente que Sánchez está evitando a toda costa subir la tensión con Marruecos (y por ende, con Estados Unidos). Algo similar sucedió con el caso de espionaje destapado en 2022, en el que se reveló que el Gobierno de Marruecos había estado utilizando el sistema Pegasus para intervenir los teléfonos de Sánchez o Marlaska, entre otros. Tras la revelación, el Gobierno no hizo nada. Las aparentes tensiones entre los actores no deberían llevarnos a equívoco: el PSOE puede estar electoralmente enfrentado a algunos partidos, puede estar encarando momentáneamente algunos intereses de Marruecos, y puede incluso estar sufriendo la tensión con el bloque atlantista producida por algunas decisiones de marketing electoral. Pero nada de eso convierte al PSOE en un partido de izquierdas, ni en un partido opuesto a la OTAN y a su política migratoria. El PSOE es parte de la reacción, y no tiene ningún problema a la hora de llevar a cabo las reformas autoritarias. Cabe recordar que el actual Pacto Migratorio Europeo, el más restrictivo y reaccionario hasta la fecha, fue aprobado por el PSOE. 

Nos esperan unas semanas de mucha incertidumbre. El miedo es una herramienta política de primer nivel y la van a utilizar contra todos nosotros. Yo tengo miedo, pero de aquello que la clase trabajadora debemos temer: de los pogromos racistas, de los avances sociales y políticos del fascismo, de la militarización de las calles, de las reducciones en derechos políticos y económicos, de los retrocesos éticos… Los comunistas no podemos dar un paso atrás en la lucha contra el fascismo. 

A última hora de ayer se constató el regreso “de manera voluntaria” de cientos de migrantes a territorio marroquí a través del mar, registrándose una tasa de retorno de unas 250 personas por minuto durante la mañana del viernes, según datos de la Guardia Civil y la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hoy a Ceuta para “evaluar sobre el terreno la gravedad de la situación”. Durante su intervención ante los medios, el jefe del Ejecutivo ha definido los hechos acaecidos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Evitando reproches directos a las autoridades de Rabat, Sánchez ha agradecido la “cooperación prestada por Marruecos para agilizar las devoluciones” y ha atribuido el origen del suceso a “la difusión en redes sociales, por parte de mafias de tráfico de personas, de unalectura interesada sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo respecto al rechazo en frontera de quienes son interceptados en el mar”.

Para contener la crisis, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo se abre a estudiar una reforma de la Ley de Extranjería que garantice que las “repatriaciones en frontera se hagan de la manera más eficiente posible”. Como medida coyuntural a la espera de encaje legal, el Gobierno ha solicitado a la empresa Salvamento Marítimo (Sasemar) el despliegue de una barrera flotante de boyas en el espigón del Tarajal, en operativo conjunto con la Armada y la Guardia Civil, con el objetivo de “delimitar la línea fronteriza y facilitar el cumplimiento de la normativa administrativa”.

La magnitud del suceso ha generado severas réplicas en el ámbito comunitario europeo. El Gobierno de Italia ha anunciado la suspensión del acuerdo de Schengen con el Estado español, una restricción que, pese a la ausencia de frontera terrestre común, afectará de forma directa a las conexiones de pasajeros por vía aérea y marítima entre ambos países.

El operativo dio comienzo a raíz de la denuncia presentada por el explotador propietario de la vivienda, quien alertó a la Policía sobre la desaparición de 15.000 euros en billetes y otros 3.000 euros en monedas guardados en bolsas de plástico dentro de un armario. No obstante, las primeras inspecciones oculares realizadas por los investigadores en el inmueble levantaron sospechas sobre la veracidad del asalto. Los agentes constataron que la puerta de acceso presentaba marcas y muescas efectuadas deliberadamente para simular un forzamiento exterior y que únicamente se había desordenado la habitación donde se ocultaba la suma.

Las indicios recopilados por el grupo investigador señalaron como presunto autor al propio empleado encargado del mantenimiento y la vigilancia del recinto, un joven de 24 años. Tras apoderarse del efectivo, el trabajador huyó del lugar en una bicicleta transportando las bolsas amarradas al manillar.

Al momento de su detención por un presunto delito de robo con fuerza, el trabajador detalló a los agentes las horribles circunstancias en las que desempeñaba sus funciones y mostró el habitáculo donde dormía diariamente, que se trataba de un establo compartido con conejos y gallinas en cuyo suelo se encontraba un colchón rodeado de excrementos animales. La inspección confirmó que el hombre realizaba labores de custodia y cuidado de la propiedad en jornadas de hasta 15 horas continuas sin disponer de contrato de trabajo, debiendo además asearse en una ducha instalada al aire libre sin importar las condiciones climáticas.

A raíz de estas comprobaciones sobre el terreno, los efectivos policiales procedieron al arresto del dueño de la finca, un hombre de 55 años, como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los acuerdos tripartitos de Madrid en 1975 fueron un pacto del último franquismo para dejar su colonia del Sáhara Occidental en manos de Marruecos, negando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Más de 50 años después, el espíritu de esa descolonización traicionera pervive en el plan de autonomía de Marruecos que apoyan EEUU, la UE y España. Empecemos por los orígenes, pues: ¿qué supusieron aquellos acuerdos de Madrid?

Aquellos famosos acuerdos traían seis puntos fundamentales. El sexto punto decía que dichos acuerdos serían vinculantes desde el momento en que se publicaran en el BOE, algo que no se hizo nunca. Sin embargo, ello no dispensa al Estado español de su responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui. De hecho, en el marco de la ONU, España (y sus sucesivos gobiernos) sigue como potencia administradora responsable de iure en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, mientras no se culmine un proceso de descolonización en el territorio, esa responsabilidad subsiste.

España entró en 1883 en el territorio saharaui, para expoliar sus abundantes recursos, como el litoral de 1.500 kilómetros rico en bancos de pesca, las enormes reservas del segundo mejor fosfato de la Tierra, así como reservas de oro o petróleo. Todo ello en un territorio cuya población nómada está organizada en tribus.

Al morir Franco, todos sabemos la forma en la que se hizo la Transición: llegó el rey Juan Carlos apoyado por la CIA, y EEUU arropó también a Hassan II, que era su aliado en la zona, e hizo el paripé de aquel acuerdo que estipulaba que el territorio del Sáhara Occidental se repartiría entre Argelia, Mauritania, España y Marruecos. Se querían evitar así los conflictos, pero Argelia se negó, aduciendo que ya existía un pueblo soberano allí. Por ese apoyo a la lucha saharaui fue excluida del acuerdo. Mauritania sí que aceptó. Así, el Frente Polisario, creado dos años antes para luchar contra el ocupante español, continuó su lucha contra los dos nuevos ocupantes: Mauritania y Marruecos.

“Todos sabemos la forma en la que se hizo la Transición: llegó el rey Juan Carlos apoyado por la CIA, y EEUU arropó también a Hassan II [...]. Hizo el paripé de aquel acuerdo que estipulaba que el territorio del Sáhara Occidental se repartiría entre Argelia, Mauritania, España y Marruecos”.

Ante ese escenario neocolonial abierto por los acuerdos de Madrid, el Frente Polisario defiende la propuesta de ejercer el derecho de autodeterminación, construir una república democrática en el Sáhara, nacionalización de las minas de fosfato… Marruecos no ha cesado de intentar eliminar esta posibilidad, empezando con la invasión militar inmediatamente posterior a los acuerdos (la Marcha Verde) y ocupación hasta hoy, con la complicidad de Occidente.

Así es, el Sáhara fue una víctima más de la Guerra Fría. Francia siempre ha sido el interlocutor de Marruecos en Europa, y tanto la UE como EEUU van tras los recursos del Sáhara. De hecho, en los acuerdos de Madrid se estipulaba que España se quedaría con el 30% de las riquezas del Sáhara, algo que nunca se cumplió tras la invasión marroquí.

El Frente Polisario, por su parte, representaba la aspiración de independencia de los saharauis, formando la unidad popular por encima de tendencias de izquierda y derecha o jerarquías tribales. Entre 1975 y 1978 logró que Mauritania se retirara de la guerra y reconociera la causa saharaui, volviéndose parte de la alianza contra el ocupante marroquí. La guerra del Polisario contra Marruecos duró desde 1975 hasta 1991, pasando por diferentes etapas. En ese año llegó el Plan Baker de la ONU, una propuesta de negociación que culminaría en un referéndum de autodeterminación. El Frente Polisario aceptó incluso la pregunta propuesta por Marruecos para saber si el pueblo saharaui deseaba ser marroquí, dando una lección de democracia en las negociaciones al Estado marroquí. Ambas partes firmaron el acuerdo para llevar a cabo la consulta. Sin embargo Marruecos, con apoyo de la CIA, empezó a poner constantes trabas al proceso. Así, el plebiscito de la ONU no se ha culminado, hasta ahora.

Así hemos estado, muriendo como pueblo durante más de treinta años en los campamentos y las ciudades bajo ocupación marroquí. Sin poder acceder a estudios universitarios ni trabajos, en el punto de mira constante de la represión marroquí. Ello se une a las generaciones de jóvenes que fuimos obligados a emigrar a otros países para poder trabajar o estudiar. Pero todo eso no nos ha hecho olvidar nuestra causa, y por tanto volvimos a los campamentos y año tras año más jóvenes nos unimos al Polisario. Ha habido tal represión ante esto, que ha quedado claro que la única vía con Marruecos es la lucha armada. Más aún desde el 13 de noviembre del 2020, cuando Marruecos violó el acuerdo de paz y empezó la guerra silenciosa que se ha cobrado cientos de vidas saharauis (civiles, en más del 80%).

“Todo eso no nos ha hecho olvidar nuestra causa, y por tanto volvimos a los campamentos y año tras año más jóvenes nos unimos al Polisario”

¿Cómo ha sostenido Marruecos semejante invasión, colonización, represión y exterminio en flagrante violación de todo vestigio de derecho internacional?​

Ahora mismo, lo que más bloquea una solución, un proceso en el que podamos llegar a un acuerdo en el que se respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, es la complicidad de algunos países. Principalmente la UE, como Francia o el gobierno de Sánchez actualmente, pero junto a otros países como EEUU, Inglaterra o Israel. Tampoco se salva el Golfo Arábigo, que al fin y al cabo son una mini-copia de la dictadura marroquí en el territorio árabe, y por tanto obviamente están de acuerdo con su política, da igual en el Magreb o en el Golfo.

“Lo que más bloquea una solución [...] es la complicidad de algunos países”.

Este apoyo se debe a que el control del Sáhara no solo responde a los intereses del Estado marroquí. Las cuotas de pesca en el litoral que cede a la UE son un buen ejemplo de ello. El pulpo, por ejemplo, como hemos denunciado numerosas veces, se vende con la ayuda de la UE. Los barcos traen directamente el pulpo saharaui desde El Aaiún hasta Vigo, y lo etiquetan y empaquetan como “pulpo gallego”. Lo mismo ocurre con las sardinas, que las llevan hasta la ciudad marroquí de Gadir y las etiquetan como “sardinas de Gadir”. De hecho, antes las etiquetaban como “sardinas de Dajla, Marruecos”, siendo Dajla territorio saharaui ocupado. Así que el Frente Polisario y los simpatizantes de la causa saharaui, junto con defensores de derechos humanos, denunciamos y logramos que cambiaran eso, pero gracias a la complicidad de la UE siguen haciendo estas trampas en el etiquetado. También en la agricultura, donde los agricultores andaluces y canarios han sido pisoteados por el acuerdo que tiene el Estado español con Marruecos para adquirir productos del Sáhara Occidental. Son cientos las empresas (detrás de la mayoría de las cuales está el PSOE) que están operando en el territorio ocupado por Marruecos, como Repsol, las corporaciones que instalan allí los parques eólicos, Cepsa o la empresa vasca SIEMSA, entre otros. A algunas las hemos conseguido paralizar gracias a denunciarlas, dado que no han querido manchar su imagen. El Sáhara siempre ha sido una cesta de intereses, llena de recursos, y una zona estratégica en el Magreb no solo para Marruecos sino para diversos países.

“Son cientos las empresas [...] que están operando en el territorio ocupado por Marruecos, como Repsol, las corporaciones que instalan allí los parques eólicos, Cepsa o la empresa vasca SIEMSA”.

La cercanía del territorio saharaui a Argelia también tiene mucho que ver. Al fin y al cabo, Marruecos y Argelia son los dos países con mayor peso en la zona. Más allá de lo militar, Argelia destaca aún más que Marruecos por sus reservas de petróleo, de las que dependen muchos países como España. Es por esto que, para poder presionar a Argelia cuando convenga, EEUU, España o Francia realizan una política de chantaje a través de Marruecos, política que pagan los saharauis.

Para Marruecos la opresión del Sáhara también es una válvula de escape chovinista para la penuria que sufre su propio pueblo, cuyo 70% directamente quiere irse del país para no sufrir las pésimas condiciones de vida allí.

Efectivamente, Marruecos siempre ha visto el Sáhara como un pilar fundamental para la perpetuación de su régimen dictatorial alauita contra la población marroquí. Tratan de hacer creer al pueblo marroquí que tienen un problema en su frontera y que quieren quitarles un trozo de su tierra. Además, como ya hemos mencionado, Sáhara es un territorio con muchas riquezas, de lo cual carece Marruecos. A diferencia del despoblado desierto, Marruecos tiene una población de casi 40 millones de personas que apenas tienen para comer; más de 2 millones de marroquíes viven por debajo del límite de la pobreza multidimensional, más aún debajo de la monetaria. La mayoría de la juventud no acaba sus estudios y las únicas salidas que tiene son alistarse en el ejército o huir a Occidente en pateras.

“Marruecos tiene una población de casi 40 millones de personas que apenas tienen para comer [...]. El control del desierto [...] cumple un rol de estabilidad para la monarquía”.

El control del desierto, por tanto, cumple un rol de estabilidad para la monarquía. No solo mediante las riquezas que roban, sino en las oportunidades diplomáticas y comerciales que le brinda vendérselas a la UE y al resto de socios.

El muro construido en el Sáhara es igual al que Israel construyó en Palestina. Y no es la única conexión entre esos dos.

Así es. Los drones que ahora mismo utilizan para matar saharauis mayoritariamente son israelíes o de los ya mencionados países árabes (Emiratos y Arabia Saudí). Marruecos siempre ha tenido y sigue teniendo estrechas relaciones con el ensangrentado régimen de Israel. En todo, empezando por su pertenencia al pacto de Abraham. Incluso ha habido ahora ayudas al sanguinario régimen de Netanyahu. Eso lo sabe todo el mundo, existen informes que lo documentan. Hace poco la población marroquí salió a protestar a favor de Palestina y en contra de la política que lleva a cabo el régimen Alauita con Israel. El Estado marroquí tiene una “oficina de contacto” en Israel que prácticamente es una embajada, porque cumple las mismas funciones. Lo mismo hace Qatar, que para no enfadar a su población árabe declara que solo tiene una oficina en Tel Aviv.

“Marruecos siempre ha tenido y sigue teniendo estrechas relaciones con el ensangrentado régimen de Israel”.

A mí no me da miedo el agresor, me da miedo que la población árabe esté cada vez más dormida. Solo protestan los de siempre cuando ocurre lo de Palestina o lo del Sáhara, y los de siempre simplemente acabarán muertos o en las cárceles. Si los 300 millones de árabes salieran juntos a la calle serían imparables. La mayoría de los regímenes árabes, apoyados por EEUU e Israel, mantienen un régimen dictatorial apoyado por la CIA. Mientras hagan caso, mantienen su posición con asesinatos brutales.

“La mayoría de los regímenes árabes, apoyados por EEUU e Israel, mantienen un régimen dictatorial apoyado por la CIA”.

Volvamos ahora a los últimos acontecimientos. Tras pisotear los intentos de referéndum de 1991 y 2008, entre otros, Marruecos da un paso adelante y propone su plan de autonomía. No ya aprovecharse de la inoperancia de la ONU y su plan de referéndum, no ya colonizar el territorio con asentamientos ilegales. Directamente presenta un plan para anexionarse el Sáhara Occidental.

Marruecos no hace nada por su cuenta. Tras la primera guerra, que duró desde la Marcha Negra (aquella que ellos llaman la Marcha Verde) hasta los 90, Marruecos estuvo ganando tiempo con falsas negociaciones y soluciones. Cuando constató que la comunidad internacional les pedía una solución a ellos y el apoyo al Sáhara se iba apagando, presentó el plan de autonomía.

El Polisario y los saharauis hemos cedido mucho, hemos aceptado todo menos una autonomía. Cualquier cosa menos una solución que nos anexione a Marruecos. No somos marroquíes ni vamos a serlo. Este plan se ha apoyado en la política de hechos consumados. Al igual que Israel mata y construye asentamientos, es una realidad: Marruecos lleva desde 1975 beneficiándose de la situación, explotando nuestros recursos, reprimiendo a los saharauis en la zona ocupada o directamente expulsándolos al otro lado del muro, a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Quienes salimos perdiendo con el tiempo desgraciadamente somos nosotros.

Así, cuando llegó Trump, se apoyó en estos hechos consumados para, a través de Francia, apoyar el plan de autonomía presentado por Marruecos. Las resoluciones de la ONU, los derechos humanos, la legalidad internacional… pasaron a no valer nada. Muchos países cambiaron de posición y apoyaron este plan. Marruecos, por su parte, ha entendido la situación y ha ofrecido a Trump a cambio lo que quiera: ser más sionista que Netanyahu, el acuerdo de Abraham, debilitar a Argelia… Argelia siempre ha sido un problema para EEUU; un país estable y con conexiones gracias a sus depósitos de petróleo que ha apoyado sin titubear el derecho de los saharauis a la autodeterminación. Eso enfadó mucho a Trump.

“Cuando llegó Trump, se apoyó en estos hechos consumados para, a través de Francia, apoyar el plan de autonomía presentado por Marruecos. Las resoluciones de la ONU, los derechos humanos, la legalidad internacional… pasaron a no valer nada”.

Sin embargo, no solo fue cosa de Trump, tras él vinieron Macron y después Sánchez, bajo cuyo mandato 50 años después el Estado español vuelve a traicionar a los saharauis.

Claro, volvemos a lo mismo. El Sáhara para EEUU, Francia, Marruecos o el PSOE no ha sido más que un conjunto de intereses económicos. Han hecho numerosos intentos y reuniones secretas para negociar y llegar a algún acuerdo con Argelia por ejemplo para controlar sus hidrocarburos, y no lo han logrado. Ahí el Sáhara tiene un papel fundamental para presionar, y Occidente actúa de forma unida. Junto con esta política que dirige EEUU y presiona, ayudado por Francia, a países como el Estado español o Alemania para que la sigan, está la política de chantaje que lleva a cabo Marruecos contra el Estado español siempre: la droga, la inmigración, la radicalización religiosa… Y les da igual en qué forma; si a Marruecos le interesara, podría estar incluso detrás de radicales cristianos, por sus intereses hace cualquier cosa. También ha estado inmiscuido en los casos de corrupción del PSOE, el caso Pegasus (que a su vez es un programa israelí), etcétera.

Sánchez no solo ha cambiado de postura y se ha enfrentado a los saharauis, sino que se enfrenta a Argelia, con quien tener buena relación interesa mucho más al Estado español que tener como aliado a Marruecos. La decisión, por tanto, no se basa ni en la legalidad internacional, ni en intereses españoles ni nada. Ahora mismo hay 300.000 saharauis viviendo aquí, obtienen la nacionalidad española, y con una relación histórica profunda. Pudiendo haber optado por lo mínimo, como los gobiernos españoles anteriores, por la legalidad internacional, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y estar en contra de matar civiles, como lo hace con Palestina, ha optado por un giro de 180 grados. Eso indica que detrás hay algo más.

“Sánchez no solo ha cambiado de postura y se ha enfrentado a los saharauis, sino que se enfrenta a Argelia, con quien tener buena relación interesa mucho más al Estado español”.

Lo que ha hecho Sánchez es como iniciar una guerra directa y oficial contra los saharauis. Marruecos lleva años llevando a cabo una guerra silenciosa matando saharauis. Es un país que expolia nuestros recursos porque tiene más armamento, más aliados y más población, pero no tiene derecho. Por eso estamos dispuestos los saharauis a pagar con nuestras vidas o con lo que haga falta para defendernos.

Al aceptar el plan de autonomía y volver a la situación anterior, hubo que volver a sentarse en la mesa de negociación. El Frente Polisario aceptó negociar, y fue entonces cuando se vio que el plan solo eran cuatro hojas, era humo. Marruecos se echó atrás, y hasta los estadounidenses tuvieron que callar. La presión mediática y la campaña de Trump de que la cuestión se cerraría en 60 días ya no son sostenibles. Cuando el Polisario se sentó a negociar, para ver lo que traían, Marruecos ya no iba tan en serio con su intención de resolver un conflicto que, como hemos mencionado antes, es fundamental para que su población siga unida. Si acabara con la cuestión saharaui con una solución definitiva, ¿qué le diría a su población? Por eso acudió con una propuesta de autonomía de cuatro hojas. Ninguna comunidad autónoma del Estado español tiene un estatuto de autonomía de cuatro hojas. Todo lo prometido por Francia al respecto tampoco fue más que ruido.

Es más: si Marruecos no es capaz de ofrecer a su propia población un nivel de vida aceptable (aun expoliando los recursos de Sáhara), ¿cómo puede Occidente pedirle que lo haga con los saharauis, como se hace en Catalunya, por ejemplo? Por eso una mayoría aplastante de saharauis apuesta por la independencia. Podemos optar por numerosas soluciones posibles con Marruecos, para llegar a un acuerdo, pero que desemboque en la independencia total del Sáhara. Como miembro del Polisario, sé que podría haber numerosas soluciones: ciertos años de autonomía y después independencia, mandato de la ONU y después independencia… Pero renunciar a la autodeterminación, nunca.

“Ya somos casi cinco generaciones las que hemos nacido y vivido en los campamentos”.

¿Cuál es la situación en los campamentos?

Los campamentos, como sabéis, se encuentran en el lugar más inhóspito del planeta, en el sureste de Argelia. Es el único lugar en el que la seguridad está garantizada, pero la visa es cada vez más difícil. Ya somos casi cinco generaciones las que hemos nacido y vivido en los campamentos, donde prácticamente todo viene de fuera, desde la propia comida y la ropa. Incluso el agua potable, que viene de pozos cavados por ONGs del Estado español o de Naciones Unidas. Las temperaturas, ahora en verano, alcanzan los 57 grados a la sombra, y la gente vive en chabolas de tela que llamamos “jaimas”. Ya ni hablemos del tema sanitario o el educativo.

Todos los informes del gobierno saharaui en el exilio, e incluso aquellos dependientes de la UE o la ONU, confirman que viven en peores condiciones que en muchos otros lugares del continente. Sin embargo, estamos centrados en superar nuestra situación como pueblo, es la única vía para solucionar estos problemas: el reconocimiento del inalienable derecho de autodeterminación de nuestro país, de nuestro pueblo. Por eso estamos dispuestos a darlo todo en este camino hacia la libertad, porque los que más han dado son quienes caen por el camino, y más aún ahora con esta guerra silenciosa que libramos con Marruecos.

El eje central de la medida se apoya en los artículos 8 y 10 del proyecto normativo. El artículo 8 faculta a la Policía para emplear el reconocimiento facial en tiempo real en situaciones clasificadas de “urgencia” mediante la integración de herramientas de inteligencia artificial con las redes de videovigilancia de las ciudades, requiriendo para ello únicamente una comunicación oral al fiscal, sin necesidad de solicitar una autorización judicial previa. Por su parte, el artículo 10 regula la identificación a posteriori mediante la recolección preventiva y continuada, durante un periodo de siete días, de los datos biométricos, como el rostro o el iris, de todas las personas que transiten por un lugar donde se haya convocado una manifestación, quedando esa información almacenada a disposición de las autoridades judiciales.

De forma complementaria a este decreto, el grupo parlamentario Fratelli d’Italia ha presentado en la Cámara de Diputados una proposición de ley que busca tipificar como delito de asociación ilícita la participación en protestas públicas que “deriven en altercados”. La propuesta equipara los disturbios de calle a los delitos de mafia o ‘terrorismo’, incluyendo la confiscación de bienes para quienes formen parte de “grupos de tres o más personas coordinadas que cometan actos de resistencia a la autoridad o daños materiales”. La iniciativa, anunciada por la formación bajo la consigna de “tolerancia zero” como respuesta a las protestas ocurridas la semana pasada en Bolonia y la Val di Susa contra el TAV, establece además penas de uno a cuatro años de prisión por favorecimiento para quienes presten refugio, transporte o alimentos a los manifestantes.

La Comisión Europea ha intervenido desde Bruselas a través de un portavoz oficial para recordar que la legislación comunitaria “prohíbe el rastreo público y generalizado de los desplazamientos diarios de los ciudadanos”. Ante este escenario y tras el malestar expresado por sus socios de coalición de Forza Italia, el Gobierno aceptó introducir modificaciones leves en el texto antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros fijado para el 4 de agosto. Las correcciones consensuadas en comisión sugieren encomendar la autorización de los datos biométricos a un juez y prohibir que un arresto se fundamenta exclusivamente en los resultados de la inteligencia artificial, si bien la oposición recalca que estos cambios son superficiales y mantienen intacto el fondo de la medida.

Los acontecimientos se iniciaron a mediodía de ayer jueves, cuando alrededor de 1.000 personas se agolparon en los accesos al espigón fronterizo. Según informó la agencia Europa Press, numerosos grupos atravesaron la frontera a nado para dirigirse posteriormente hacia el centro urbano ceutí, consolidando un flujo ininterrumpido a lo largo de la tarde, coincidiendo con el despliege del ejército por parte de Moncloa.

En el plano bilateral, el ministro del Interior ha mantenido contactos continuados con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Ambos Ejecutivos han acordado “coordinar actuaciones para proceder a la entrega y devolución de todas las personas que hayan accedido de forma irregular”. Según pudo comprobar Europa Press, a última hora de la noche del jueves cientos de personas comenzaron a regresar “de manera voluntaria” a territorio marroquí a través del propio espigón del Tarajal. Según datos de la Guardia Civil dados a conocer esta misma mañana, unas 250 personas por minuto estarían regresando al lado marroquí de la frontera.

La dimensión del suceso ha provocado intensas reacciones en el ámbito de la Unión Europea. La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, manifestó este viernes su respaldo a estudiar la exclusión del Estado español del espacio Schengen debido a la situación en la frontera de Ceuta. Esta postura sigue la línea expresada este jueves por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien confirmó que su gabinete se encuentra analizando técnicamente esa misma posibilidad.

El análisis de las horas, elaborado a partir del seguimiento de los indicadores laborales entre los años 2019 y 2026, refleja que unas 160.000 personas realizan horas extras cada semana en Catalunya, lo que supone un incremento notable respecto a los 108.000 trabajadores registrados en el periodo previo a la pandemia. Del total de asalariados que prolongan su jornada, la mitad no percibe retribución ni compensación alguna. En conjunto, se efectúan semanalmente más de un millón de horas extraordinarias entre pagadas y no pagadas, volumen que, según los cálculos del sindicato, equivale a la pérdida potencial de aproximadamente 26.000 puestos de trabajo a jornada completa.

En la comparativa territorial, Catalunya se posiciona como la segunda comunidad autónoma donde se efectúa un mayor número de horas extras no remuneradas, situándose únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid y por delante del País Valencià y Andalucía. A escala estatal, el volumen total de horas extraordinarias sin cobrar asciende a 2,5 millones a la semana.

Este balance epidemiológico, que abarca contagios en 45 estados, supera el total acumulado a lo largo de todo 2025, periodo que ya había registrado marcas elevadas con 2.289 infectados y tres fallecimientos, entre los cuales figuraban dos niños pequeños. La cifra de infecciones confirmadas en lo que va de 2026 se sitúa como la más alta registrada en el país desde 1991, superando ampliamente los índices posteriores al año 2000, cuando la enfermedad se declaró oficialmente erradicada en Estados Unidos gracias a la efectividad de las campañas de vacunación.

El informe técnico emitido por la agencia federal especifica que el 93% de las personas diagnosticadas este año no estaban vacunadas. El impacto de la transmisión se concentra mayoritariamente en la población infantil, dado que el 69% de los contagios corresponde a niños de entre 0 y 9 años de edad.

La aceleración de los contagios coincide con un descenso continuado en la cobertura vacunal de los estudiantes de nivel preescolar. Las estadísticas de los CDC reflejan que la tasa de inmunización cayó del 95,2% en el ciclo escolar 2019-2020 al 92,5% en el periodo 2024-2025, situación que ha dejado a aproximadamente 286.000 niños desprotegidos ante el virus. Las autoridades recuerdan que para mantener la inmunidad de rebaño e impedir la circulación del virus en las comunidades se requiere mantener niveles de vacunación superiores al 95%.

La presión sindical y la movilización obrera también se han traducido en importantes victorias durante el mes de julio. Destacan la rotunda conquista del colectivo de transporte sanitario en Balears, que logró la adaptación y estabilidad de toda la plantilla subrogada, el blindaje de derechos mediante preacuerdos y convenios clave tras el pulso de la huelga en el metal de Pontevedra, el sector del calzado, BorgWarner y Denso Vigo, así como la reducción de daños en varios EREs al imponer la voluntariedad total de las salidas en Magnific y pactar prejubilaciones en Corteva. A esto se suman determinantes triunfos en el frente judicial, como la anulación del despido colectivo en LaLiga Studios, el varapalo a los cambios unilaterales en Amarradores de Bilbao y la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Iberdrola y Endesa a asumir el coste íntegro de las prejubilaciones en la central de Garoña.

Convenios colectivos y acuerdos recientes

• Acuerdo por el que se aprueban tablas salariales de 2026 y se modifica el Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU.
• Acta de la Comisión negociadora en la que se acuerda la actualización del complemento región para el año 2026 del Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.
• Convenio colectivo de conservas, semiconservas, salazones, ahumados, cocidos, secados, preparaciones, semitransformados y productos conservados de pescados y mariscos.
• Convenio colectivo de Heineken España, SA.
• Tablas salariales para el año 2025 del X Convenio colectivo de Iberia LAE, SA, Operadora y sus tripulantes pilotos.
• Tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.
• Acta de revisión salarial y la tabla salarial para el año 2026 del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales, SA.
• Acta con el acuerdo de actualización salarial para el año 2026 del Convenio colectivo de Nippon Sanso España, SLU.
• Acta del acuerdo de incremento salarial de las personas trabajadoras pertenecientes al Nivel III del I Convenio colectivo sectorial estatal de marcas de restauración moderna.
• Acta que contiene las tablas salariales para el año 2026 del VI Convenio colectivo de la Compañía Logística Acotral, SAU, y Acotral Distribución Canarias, SAU.
• Acuerdo de modificación del IX Convenio colectivo de Telefónica IOT & Big Data Tech, SAU.
• III Convenio colectivo de Swiftair, SA.
• IV Convenio colectivo de Agencia de Transportes Robles, SAU.
• Acuerdo de modificación parcial del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio).
• II Convenio colectivo de Avatel Telecom, SA.
• Acuerdo de revisión de las tablas salariales, para el período 1-4-2026 y el 31-3-2027, de Exide Technologies España, SLU.
• Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de F. Faiges, SL.
• Acuerdo de modificación parcial del Convenio Colectivo de Relyens Mutual Insurance, sucursal en el Estado español.

Transportes y logística

• Renfe (Estatal): El Sindicato Ferroviario convocó huelga los días 29 de junio, 15 y 31 de julio con más de 320 trenes cancelados; trabajadores de Miranda de Ebro se movilizaron contra traslados y despidos.
• Rodalies de Catalunya: Jornada de huelga el 29 de junio con servicios mínimos fijados al 66%.
• Transporte urbano e interurbano (Murcia y Cartagena): Convocatoria de huelga y movilizaciones con advertencias de paro indefinido tras romper las negociaciones.
• Transporte de mercancías (A Coruña, Galiza): Jornadas de huelga e intensificación de protestas por el convenio provincial.
• Transporte por carretera (Segovia, Castilla y León): Desconvocada la huelga en el sector de viajeros tras alcanzarse un acuerdo.
• Transporte por carretera (Estatal): UGT desconvocó la huelga de conductores profesionales tras llegar a un pacto con la patronal.
• Operadores logísticos (Sevilla, Andalucía): Principio de acuerdo para desbloquear la negociación y poner fin a la huelga.
• L'Oréal (Quer, Guadalajara, Castilla-La Mancha): Seguimiento masivo de la huelga parcial convocada por UGT en el centro logístico.
• Monbus (Santiago, Galiza): Manifestación del personal de la empresa para denunciar casos de represión sindical.
• Servicio de pasarelas de El Prat (Barcelona, Catalunya): Convocatoria de huelga que agravó la presión operativa aeroportuaria en verano.
• Servicio de asistencia PMR de Son Sant Joan (Palma, Illes Balears): La plantilla se reafirmó en la convocatoria de huelga indefinida.
• Transporte sanitario (Illes Balears): Desconvocada la huelga indefinida tras lograr la adaptación laboral de los trabajadores subrogados.
• Transporte sanitario (Canarias): Más de 2.000 trabajadores fueron a la huelga ante el bloqueo del convenio colectivo.
• Correos (Catalunya, Madrid y Lugo): Huelga de CCOO y CSIF en oficinas de Catalunya y Lugo contra los recortes estivales; CGT mantuvo paros en la Comunidad de Madrid.

Educación

• Profesorado de la enseñanza pública (Comunidad de Madrid): Anuncio de huelga indefinida a partir del 14 de octubre tras una marcha multitudinaria en la capital.
• Educadoras infantiles de la red 0-3 (Madrid): Superaron los 66 días de huelga indefinida denunciando pactos a sus espaldas y filtración de datos por parte de la Administración.
• Profesorado de la enseñanza pública (País Valencià): La asamblea docente votó suspender la huelga indefinida pero acordó continuar con el calendario de protestas.

Salud

• Centro Municipal de Emergencias (Málaga, Andalucía): Los operadores de las líneas 080 y 092 llevan en huelga indefinida desde el 10 de junio.
• Operadores del 112 (Granada y Estatal): Acumulan más de un año en huelga denunciando la precariedad de sus condiciones laborales.
• Auxiliares sanitarios y de enfermería (Canarias): Elevan la presión con amenazas de huelga para exigir el paso al grupo profesional C1.

Industria y grandes empresas

• Airbus (Getafe, Sevilla y Cádiz): Huelga en varias plantas con paralizaciones en las factorías por reclamos salariales y recortes en el teletrabajo.
• Nissan (Barcelona, Catalunya): La plantilla aprobó en referéndum un ERE de 194 despidos auxiliares con indemnizaciones de hasta 50 días.
• Corteva (Tamón, Asturies): Huelgas y cortes de tráfico contra el cierre de la planta; cerrado un principio de acuerdo con prejubilaciones y 19 recolocaciones.
• Tubacex (Araba): Aplicación de un ERTE de casi ocho meses sin acuerdo sindical que fue impugnado por ELA y LAB.
• Nidec Arisa (La Rioja): Preacuerdo de ERE (53 despidos, 26 de ellos voluntarios) y ERTE ratificado por la plantilla.
• BorgWarner (Vigo, Nigrán y O Porriño, Galiza): Seguimiento del 100% en la huelga indefinida, desconvocada tras lograr un preacuerdo.
• Stellantis (Madrid): ERE para 175 empleados y ERTE en la planta de Villaverde por reducción en la previsión de producción.
• DOW (Tarragona, Catalunya): Traslado de las movilizaciones al Parlament, Congreso y Bruselas contra 138 despidos.
• Leche Pascual (Gurb, Barcelona, Catalunya): ERE para los 80 trabajadores de la planta, provocando encierros y protestas en Madrid.
• Ubisoft (Barcelona, Catalunya): Cierre de dos estudios, 51 despidos y tres semanas de paros parciales de la plantilla.
• Ence y Ceasa (Navia, Asturies): Cinco días de huelga con seguimiento total tras el despido forzoso de varios operarios.
• Cementos Portland (Olazti, Nafarroa): Tercera jornada de huelga.
• Refinería de Repsol (A Coruña, Galiza): Convocatoria de tres días de huelga por la CIG para exigir empleo e inversiones.
• Maderas de Llodio (Araba): Fin a 260 días de huelga tras alcanzar un acuerdo, con la oposición explícita de CCOO.
• Iberdrola (Estatal): Huelga estatal masiva promovida por CCOO y UGT ante los 16 meses de parálisis en el convenio.
• Sidenor (Hego Euskal Herria): Denuncia por el despido represivo de 4 trabajadores que ejercían actividad sindical.
• Iberfoil (Aragón): Acuerdo de ERE que redujo el impacto a 40 despidos.
• Steelgran Componentes (Estatal): Cierre definitivo de la fábrica dejando a 50 operarios en la calle.
• Cerámica Cuesta Vila (Toro, Zamora): Cese definitivo de actividad tras más de seis décadas de funcionamiento.
• Bomberos industriales de Mercedes (Gasteiz, Araba): Despido de la totalidad de la plantilla encargada de la seguridad de la fábrica.
• Benteler (Estatal): Planteamiento de un ERTE tras perder un contrato clave con Renault.
• Iberia (Estatal): Reapertura del ERE voluntario tras quedarse a 152 bajas de lograr el objetivo fijado.

Servicios, manufactura, primer sector y otros

• Comercio de Alimentación / Supermercados (A Coruña, Galiza): Huelga de cuatro días y bloqueo logístico en San Xoán exigiendo mejoras en el convenio.
• Supermercados (Hego Euskal Herria): Huelga de ELA y LAB para frenar la estatalización de sus convenios provinciales.
• Alcampo (Estatal): Cierre de 16 establecimientos y despido de más de 500 trabajadores.
• Grupo Tendam (Región de Murcia): Huelga y movilizaciones durante la campaña de rebajas por mejoras laborales.
• Cadena Q (Estatal): Cierre definitivo tras 60 años de actividad, afectando a 140 empleados.
• Magnific - antes Freepik (Málaga, Andalucía): ERE para el 30% de plantilla por reestructuración hacia la IA, fijando 100 salidas voluntarias tras el pacto.
• Lastminute (Madrid): ERE para un tercio del personal justificado por la automatización e IA.
• Concentrix - servicio H&M (A Coruña, Galiza): Convocatoria de huelga y protestas contra un ERE de destrucción de empleo.
• Vass (Estatal): ERE anunciado para el 13% de la plantilla en España.
• Bit2Me (Estatal): Planteamiento de ERE para el 20% de los empleados ante la coyuntura del sector cripto.
• Bibliotecas Municipales (Barcelona, Catalunya): Continuación de la huelga indefinida en verano por la parálisis en la negociación del convenio.
• Museo Reina Sofía (Madrid): Huelga indefinida del personal del servicio de atención al público.
• FCC Limpieza y Recogida (Zaragoza, Aragón): Votación de la plantilla para convocar huelga indefinida durante las Fiestas del Pilar.
• Valoriza (Cambados, Vilanova y Meis, Pontevedra): Convocatoria de huelga en la recogida de basura por discrepancias económicas.
• Servicio de basuras (Las Cabezas de San Juan, Sevilla): Diez días de huelga de recogida de basura en plena ola de calor.
• Servicio de basuras (Sóller, Mallorca, Illes Balears): Desconvocada la huelga tras un acuerdo de última hora con la empresa municipal.
• Servicio de basuras (Poio y O Porriño, Pontevedra): Desconvocadas las huelgas tras el compromiso de apertura de mesas de negociación.
• Servicio de limpieza urbana (Sagunt, València): Desconvocada la huelga tras alcanzarse un acuerdo entre trabajadoras y la empresa SAG.
• Servicios de limpieza urbana (Las Palmas de Gran Canaria): Suspensión de la huelga dando un voto de confianza a la gestión municipal.
• Limpieza, basuras y jardinería (Sant Antoni, Eivissa, Illes Balears): Inicio de huelga indefinida reclamando un convenio adecuado.
• Socorristas (Málaga, Andalucía): Denuncia pública por el despido de seis miembros del comité en plena huelga de playas.
• Socorristas (Sant Antoni, Eivissa, Illes Balears): Amenaza de huelga indefinida denunciando salarios reducidos y falta de personal.
• Concesionaria del agua (Pontevedra, Galiza): Convocatoria de huelga de la plantilla fijada para el 30 de junio.
• Planta de jabón Lagarto (Zaragoza, Aragón): Cierre definitivo de la fábrica tras 55 años de producción.
• Mercazaragoza (Zaragoza, Aragón): Impulso de un ERE para al menos 20 trabajadores ante la crisis del matadero municipal.
• EDAR de Ricao (Cangas de Onís, Asturies): Concentraciones sindicales exigiendo la readmisión de trabajadores despedidos.
• Sector de Artes Gráficas (Nafarroa): Seguimiento masivo de la huelga ante la negativa patronal a negociar el convenio.
• TYC Narcea (Vega de Rengos / Uviéu, Asturies): Acampada indefinida en la capital y formalización del despido de 56 mineros.
• Colegio Público de Torija (Guadalajara, Castilla-La Mancha): Las trabajadoras de la limpieza suman cuatro meses sin cobrar sus sueldos.
• ITV Bergara y Zarautz (Gipuzkoa): Huelga indefinida que disparó las listas de espera en las inspecciones estivales.
• Helados Casty (Talavera de la Reina, Toledo): Huelga indefinida tras recurrir CCOO la suspensión cautelar de la misma.

Banca y finanzas

• BBVA Technology (Estatal): Nuevas jornadas de huelga contra la congelación salarial en pleno escenario de beneficios récord.
• Banco Santander (Estatal): Acuerdo firmado con sindicatos para un plan de prejubilaciones desde los 55 años cobrando hasta el 95% del salario.
• Santander y BBVA (Estatal): Negociación de salidas voluntarias ante el recorte previsto de hasta el 30% de plantillas por el avance de la IA.

Frente jurídico: sentencias, resoluciones y represión sindical

• Juzgados de lo Social (Barcelona, Catalunya): Saturación del 20% en juzgados laborales, llegando a fijar juicios a partir de finales de 2028.
• LaLiga Studios (Estatal): La justicia anuló el despido colectivo dictaminando la readmisión inmediata de toda la plantilla.
• Amarradores de Bilbao (Bizkaia): La Justicia dio la razón al sindicato LAB y tumbó las modificaciones laborales impuestas.
• Central Nuclear de Garoña (Burgos, Castilla y León): El Tribunal Supremo obligó a Iberdrola y Endesa a costear íntegramente las prejubilaciones de la planta.
• Glovo (Barcelona / Estatal): Impugnación del ERE por parte de CGT ante los tribunales por falta de justificación causal.
• Juzgado de València (País Valencià): Imputado el agente antidisturbios que agredió por la espalda a una docente durante las protestas educativas.
• Cetursa (Granada, Andalucía): La empresa reconoció judicialmente haber vulnerado el derecho de huelga de sus trabajadores.
• FCC (Zaragoza, Aragón): La dirección emprendió acciones legales contra CCOO y CGT ante la convocatoria de huelga en Fiestas del Pilar.

Boletín de luchas obreras en La Pirenaica Digital.

De acuerdo con fuentes cercanas al asunto citadas en el informe, se prevé que las primeras unidades producidas sean entregadas a lo largo de este año a los principales fabricantes chinos de semiconductores, entre los que figuran Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor y ChangXin Memory Technologies. Los sistemas de litografía DUV por inmersión, diseñados para imprimir patrones de circuitos sobre obleas de silicio, representan la tecnología más avanzada a la que tienen acceso los productores del país asiático tras el bloqueo comercial impuesto para impedirles el acceso a equipos de ultravioleta extremo (EUV).

El volumen de fabricación de estas herramientas nacionales mantendrá un ritmo inicial acotado, estimado en unas cinco unidades durante este año y aproximadamente veinte para 2027. La identidad de la empresa estatal responsable de la manufactura no ha sido revelada debido a la “alta sensibilidad geopolítica del proyecto”. Pese a que el desarrollo de esta tecnología propia podría desafiar con el tiempo la hegemonía de ASML en el mercado chino, analistas del sector señalan que el sistema actual aún presenta “rezagos en rendimiento y fiabilidad en comparación con las herramientas occidentales, por lo que requerirá pruebas adicionales antes de alcanzar la producción en masa”. En paralelo, el gigante asiático continúa trabajando en un prototipo de máquina EUV doméstica, el cual se encuentra aún en fase inicial de pruebas.

La consolidación de esta alternativa local cobra especial relevancia ante las intenciones de Estados Unidos de endurecer las restricciones a las exportaciones de herramientas litográficas y a los servicios de mantenimiento dentro de fronteras chinas. No obstante, el impacto en los mercados financieros internacionales fue inmediato, puesto que las acciones del gigante neerlandés sufrieron un retroceso superior al 7%, encaminándose a su peor jornada bursátil desde el pasado 8 de junio.

La incertidumbre también ha afectado a otras compañías internacionales expuestas a la cadena de suministro de componentes para chips, registrando caídas en firmas como BE Semiconductor Industries, cuyos títulos bajaron cerca de un 8,5%, Soitec, con un descenso del 5%, e Infineon Technologies, que cedió casi un 3%.

Poco antes de las 13:00 horas, alrededor de 1.000 personas se agolpaban en las inmediaciones del espigón del Tarajal. Según informa la agencia Europa Press, numerosos grupos lograron romper el cordón policial desplegado en la zona española para contener la entrada durante la tarde, dirigiéndose posteriormente hacia el centro de la localidad.

Son al menos 15 las personas que han ‘muerto’ ahogadas durante la huida de ayer. La letalidad en la frontera marítima ha experimentado un notable incremento en 2026, ya que son 38 las personas que se han ahogado en aguas ceutíes en lo que va de año.

Durante la tarde, Moncloa anunció que desplegaría al ejército para “restablecer el orden” en la frontera. Poco antes, las autoridades locales de Ceuta pidieron al gobierno central “refuerzos” para gestionar “una crisis fronteriza que se había ido acumulando hasta desbordarse este jueves”. Sánchez afirmó por la noche que enviaría a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil a “mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”. También anunció que se unirá al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y visitará la ciudad durante el día de hoy.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con el respaldo de todos los grupos con representación en el Parlamento autonómico a través de una declaración conjunta, ha solicitado al Ejecutivo central que declare la “emergencia nacional” y que asuma un “mando único”. No obstante, el Ministerio del Interior ha descartado la activar este mecanismo argumentando que “la declaración de emergencia de interés nacional forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales”. A pesar del rechazo normativo, Madrid ha asegurado el “reforzamiento de efectivos” en la zona. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y se desplazará a Ceuta esta mi misma mañana. Asimismo, Interior ha indicado que “España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas”.

Reacciones

A través de una publicación en la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se ha mostrado “a favor” de suspender el espacio de libre circulación con el Estado español, argumentando que “la inmigración irregular e incontrolada supone una amenaza para la seguridad nacional”. Tajani ha añadido que “las imágenes procedentes de Ceuta demuestran que la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y, por tanto, europea, a más de 500.000 migrantes irregulares es profundamente errónea y fomenta el tráfico de seres humanos”. Ante estas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores español ha convocado al embajador italiano al considerarlas “inadecuadas”. Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se ha reafirmado en la postura de su canciller señalando en redes sociales que Roma está dispuesta a adoptar “medidas extraordinarias para defender sus fronteras”, incluida la “suspensión del espacio Schengen con España”.

Paralelamente, el ‘ICE europeo’, Frontex, ha ofrecido formalmente su “asistencia” al Gobierno español. Bien entrada la tarde, la agencia EFE ha verificado que las fuerzas marroquíes han empleado cañones de agua, gases lacrimógenos y material antidisturbios para dispersar a la multitud congregada en Castillejos y en los alrededores del perímetro fronterizo.

Desde Estados Unidos, la secretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo español en declaraciones a Fox News, señalando que el presidente Donald J. Trump “ha advertido durante mucho tiempo a Europa sobre lo que sucedería si continúan aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, incluida la facilitación de la migración masiva”. Por su parte, Trump ha expresado públicamente: “Gracias al muy respetado Mohammed VI, el Rey de Marruecos: ¡Qué gran honor! Espero poder viajar algún día por todo el recorrido de esta gran autopista, ¡ojalá pronto!”, aludiendo a que el monarca marroquí decidió llamar ‘Autopista Donald Trump’ a la nueva vía de más de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental ocupado. El suceso ha coincidido asimismo con la celebración del 27.º aniversario del “Día del Trono”, en el que Mohammed VI fue coronado. 

En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y el ministro Gideon Sa'ar han enviado felicitaciones oficiales a Mohamed VI y al ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, destacando la “consolidación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones”.

Danni Danon, embajador de Israel ante la ONU, ha realizado las siguientes declaraciones al respecto:

“España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política de inmigración. Quizás antes de que continúe dándonos lecciones, sea hora de que explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África”.

Durante la noche de ayer y a lo largo de esta madrugada, grupos de fascistas han tomado las calles de la localidad en busca de los migrantes recién llegados. Respaldados por discursos como el del líder de Vox, Santiago Abascal, y diversos sectores fascistas que han calificado la llegada masiva como una “invasión”. Decenas de individuos se han movilizado en ‘patrullas’ portando banderas españolas para cazar y agredir a las personas migrantes que acababan de bordear el espigón. Paralelamente, otro grupo de vecinos se ha concentrado frente a la delegación del Gobierno en la ciudad para protestar por la llegada de los llegados a nado, entre gritos de ¡“Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

Testigos presenciales y vecinos de la zona denuncian episodios de extrema agresión. Al grito de “¡Yo soy español, español, español!”, “¡Viva España!” y “¡Fuera invasores!”, los grupos racistas han recorrido varios barrios buscando a los huidos para hostigarlos y apalizarlos. Los altercados no solo han tenido como objetivo a los recién llegados que se encontraban en el casco urbano, sino también a vecinos y vecinas que intentaron increpar a los agresores o socorrer a las víctimas.

Según la información difundida por la agencia de noticias oficial saudí SPA, un total de catorce países han rubricado la declaración conjunta y el documento fundacional de este bloque defensivo. Los Estados firmantes son Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Catar, Turquía, Egipto, Pakistán, Jordania, Nigeria, Sudán, Yibuti, Somalia, Bangladés y el Gobierno yemení reconocido por Occidente. Las autoridades militares saudíes afirman que el pacto posee un carácter “puramente defensivo” y que desarrollará sus operaciones “en pleno cumplimiento del derecho internacional”, centrándose en el control del paso petrolífero, el intercambio de inteligencia, la ejecución de ejercicios militares conjuntos y el desarrollo coordinado de capacidades operativas.

El establecimiento de esta coalición responde al reciente bloqueo naval impuesto el pasado 20 de julio por el movimiento Ansaroláh de Yemen contra Riad. Esta vía de navegación se había convertido en la arteria principal para las exportaciones de petróleo del mayor productor de la OPEP tras las ‘complicaciones operativas’ en el estrecho de Ormuz. En las semanas previas al anuncio de la alianza, los ‘hutíes’ intensificaron sus ofensivas mediante drones y misiles contra infraestructura energética en suelo saudí y buques petroleros vinculados a Riad, como respuesta al bombardeo efectuado el pasado 13 de julio contra el aeropuerto de Saná.

Desde el Ministerio de Defensa saudí se informó de que los catorce países iniciales se encuentran completando los “procedimientos internos necesarios para la adhesión formal” al tratado, mientras que el resto de las delegaciones participantes en la cumbre de Riad manifestaron su respaldo a la medida y “avanzan en la consecución de sus respectivos consensos”. 

Según recoge el relato de hechos probados conformidad mediante en la resolución judicial, el policía acudió a las dependencias policiales sin estar de servicio, tomó las llaves de un vehículo rotulado de la flota municipal y abandonó el estacionamiento en dirección a la Cuesta de la Reina. Tras efectuar un breve recorrido por la zona urbana, el agente regresó a las instalaciones del cuerpo y, al realizar las maniobras de aparcamiento, golpeó una columna del garaje con la parte trasera de la patrulla. El texto judicial subraya que el acusado realizó dicha conducción “tras haber ingerido sustancias alcohólicas en cantidad suficiente como para quedar totalmente incapacitado para el manejo del vehículo, generando con ello un grave riesgo para la seguridad de la circulación”.

La investigación y la resolución judicial detallan, a su vez, que en el interior de la patrulla viajaban cuatro menores de edad sin ningún tipo de dispositivo de seguridad o cinturón adaptado, hallándose uno de ellos, de muy corta edad, sentado directamente sobre las piernas del propio conductor. El control arrojó un resultado de 0,79 miligramos de alcohol por litro en la primera medición y de 0,74 miligramos en la segunda prueba practicada media hora después, triplicando holgadamente la tasa máxima permitida por la normativa de tráfico.

Los compañeros que intervinieron en el arresto constataron en el expediente que “la merma de facultades del agente era patente, registrando síntomas sintomáticos de intoxicación etílica como halitosis notoria a distancia, ojos brillantes y un habla pastosa y repetitiva”. Al manifestar su conformidad con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal durante la vista en el juzgado pamplonés, el acusado se acogió a una reducción de un tercio en las penas inicialmente solicitadas. De este modo, la petición del fiscal, que ascendía a nueve meses de multa por cada uno de los dos delitos y a 18 meses de retirada del permiso de conducción, quedó rebajada definitivamente a seis meses de multa por delito y a un año de inhabilitación para conducir.

El expediente administrativo municipal refleja que el pasado 8 de enero el Ayuntamiento aprobó las bases de una oposición para cubrir una plaza de funcionario de carrera en la Policía Municipal, dependiente de la concejalía de Seguridad que ostenta la propia Orriols. No obstante, la publicación oficial del proceso en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona se retrasó seis meses, hasta el 11 de junio. 

Ese mismo día se activó de forma paralela la selección directa por urgencia para la plaza interina. Siete días después de finalizar el plazo de solicitudes, la alcaldesa firmó el decreto para validar la propuesta técnica del tribunal examinador, cuya designación dependió de ella misma, y, el pasado 17 de julio, su primogénita pasó a integrar el cuerpo. El 22 de julio, la corporación hizo pública la lista de aspirantes admitidos para la plaza fija pendiente de examen, entre cuyos nueve candidatos figura de nuevo la hija de la alcaldesa.

Esta serie de bombardeos coordinados se produjo apenas un día después del incidente más grave registrado en la zona en el marco de la contienda naval. El domingo 26, el buque mercante “Golden Leo”, con bandera de Guinea-Bisáu, se hundió definitivamente frente a las costas de Odesa tras ser alcanzado durante el fin de semana por al menos dos misiles rusos que lo dejaron ardiendo a la deriva hasta provocar su vuelco. La administración portuaria de Odesa confirmó la pérdida total de este carguero extranjero, marcando la primera destrucción completa de un mercante internacional de gran envergadura desde el inicio de la campaña intensiva contra el tráfico marítimo del mar Negro.

Para llevar a cabo estos ataques de saturación contra las defensas antiaéreas ucranianas, el ejército ruso ha incorporado de forma masiva los drones de largo alcance “Seeker”, dotados con tecnología de IA para la identificación y persecución autónoma de blancos navales. Desde el Kremlin se ha sostenido oficialmente que sus fuerzas “solo apuntan a instalaciones militares o de doble uso”, enmarcando esta escalada como una represalia por los ataques ucranianos con drones contra infraestructuras logísticas y plataformas comerciales en territorio ruso, especialmente en la región de Moscú.

Sin embargo, las fuentes ucranianas destacan que la mayoría de las embarcaciones e instalaciones atacadas en las últimas semanas estaban destinadas al transporte y almacenamiento de productos agrícolas como cereales, aceite de girasol y fertilizantes, bienes que Moscú califica como objetivos lícitos por su capacidad de generar ingresos para el estado ucraniano.

La ceremonia contó con un marcado carácter internacional tras graduar a más de 580 estudiantes procedentes de 73 países que compartieron aulas y centros asistenciales con los alumnos locales durante su periodo formativo. Entre los graduados destacan 53 médicos de origen palestino que culminaron su carrera en las aulas cubanas. El embajador del Estado de Palestina en Cuba, Ammar Zorba, asistió a la jornada académica y, a través de la representación diplomática de su país, expresó un reconocimiento explícito al Gobierno cubano, a su liderazgo histórico, al Partido, al claustro docente y al pueblo de la isla por “su contribución a la educación de los jóvenes palestinos y por su firme vocación humanista”.

El acto de graduación estuvo dedicado de manera oficial al “Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”. Entre las especialidades tituladas en esta jornada se encuentran médicos, estomatólogos, licenciados en Enfermería y especialistas en Tecnologías de la Salud, quienes se incorporarán a los servicios asistenciales de Cuba y de sus respectivos países de origen.

Durante la toma del juramento profesional, la nueva promoción de sanitarios se comprometió solemnemente a “respetar la dignidad y la autonomía de los pacientes, actuar sin ningún tipo de discriminación, preservar la confidencialidad médica y ejercer su labor con rigor científico, pensamiento crítico y ética”. Asimismo, los graduados ratificaron su voluntad de “mantener el principio de servicio social e internacionalista frente a las estrecheces impuestas por las medidas de presión de Washington”.

El reordenamiento del mapa industrial no se limita a la rivalidad entre Washington y Pekín, sino que refleja un cambio estructural profundo en la economía internacional. Los indicadores del Banco Mundial muestran que la participación agregada de la Eurozona en la manufactura global ha descendido hasta situarse en el 15%, mientras que la cuota de Japón ha caído de forma más pronunciada hasta ubicarse en torno al 5%. Mientras las economías occidentales han reorientado progresivamente sus estructuras productivas hacia los sectores de servicios, finanzas y tecnología, China ha concentrado la manufactura pesada y la producción en masa de bienes que abarcan desde la electrónica de consumo y la maquinaria industrial hasta los vehículos eléctricos, escalando de manera constante en la cadena de valor hacia productos más ‘complejos’.

Esta divergencia se ha acentuado a pesar de la estrategia proteccionista impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien tras su anuncio arancelario de abril reiteró su compromiso de “revitalizar la industria nacional” mediante impuestos a la importación aplicados a docenas de países. Si bien el Gobierno estadounidense sostiene que la actividad fabril en el país ha alcanzado su nivel más alto en cuatro años, apoyándose en los planes de expansión de firmas como AstraZeneca y GlobalFoundries, las métricas independientes muestran un panorama distinto. El Índice de Relocalización elaborado por la consultora internacional Kearney se mantuvo en terreno negativo en 2025, lo que pone de manifiesto las dificultades de la industria estadounidense para recortar la distancia que la separa de la capacidad productiva china.

Por su parte, la representación letrada de los encausados, ejercida por los abogados Gianluca Vitale y Lorenza Della Pepa, ha solicitado la inmediata excarcelación de sus defendidos, quienes han negado rotundamente cualquier implicación en los altercados durante la audiencia.

El operativo de represión desplegado con motivo de las movilizaciones había comenzado a ejecutarse con carácter “preventivo” con anterioridad a la manifestación del sábado. Las autoridades notificaron 16 órdenes de prohibición de estancia en el municipio, nueve decretos de alejamiento urbano (DASPO) y múltiples dictámenes de expulsión del territorio nacional dirigidos a activistas procedentes de Francia, Países Bajos y España. Asimismo, por resolución expresa del prefecto de la provincia, dos ciudadanos alemanes fueron expulsados del país “tras habérseles incautado material de ocultación facial, pasamontañas y tirachinas”, aplicándoles una prohibición formal de reingreso en Italia durante un periodo de tres años.

En el marco global de los controles policiales vinculados a la celebración del festival “Alta Felicità”, las fuerzas policiales han contabilizado un total de 3.300 personas identificadas en diversos puntos de la comarca. Según el desglose oficial, 1.800 identificaciones se efectuaron entre el jueves, viernes y sábado en las zonas de Venaus, Turín y las rutas de acceso a la manifestación; más de un millar se realizaron entre el domingo y el lunes durante el repliegue de los asistentes, mientras que las 436 personas restantes fueron identificadas de forma directa el sábado por la tarde tras los altercados. Las acciones de protesta se focalizaron en el enclave de Chiomonte, donde se ubica el “cantiere” principal de la infraestructura de alta velocidad, y en la infraestructura de San Didero.

La parálisis logística afecta de forma directa al abastecimiento de insumos básicos en un contexto de crisis alimentaria y energética. Según detallan las autoridades gubernamentales en La Habana, entre la carga retenida se encuentran equipos destinados al programa nacional de suministro de agua potable, un servicio cuya interrupción afecta diariamente a más de tres millones de personas. En sus declaraciones, Pérez-Oliva responsabilizó a quienes impiden el arribo de los fletes y a quienes se pliegan a las presiones estadounidenses, subrayando “Como si no bastara el cerco energético que se impone a nuestro país, como si no fuera suficiente el genocidio que ya se comete y el castigo colectivo que se impone en todo el pueblo de Cuba”.

El bloqueo comercial se ha intensificado tras la adopción de medidas por parte de grandes corporaciones marítimas internacionales en cumplimiento de la normativa estadounidense. Recientemente, la empresa estatal Medicuba denunció la inmovilización en el puerto colombiano de Cartagena de Indias de dos contenedores que transportaban un medicamento para el tratamiento de la epilepsia, después de que la naviera alemana Hapag-Lloyd se negara a entregar el flete aduciendo el acatamiento de las sanciones. Un episodio similar se registró en Jamaica, donde la naviera francesa CMA CGM retuvo decenas de contenedores con destino a la isla, entre los cuales se incluyeron insumos médicos de primera necesidad.

Este freno al suministro coincide con un punto crítico en el sistema eléctrico cubano, ya que, según datos de la estatal Unión Eléctrica, la isla registró este mismo miércoles un corte simultáneo del 74% del territorio en el momento de máxima demanda, la cifra más alta de afectación desde que existen registros oficiales.

Nacido el 7 de diciembre de 1947 en la ciudad de Kumamoto, al sur de Japón, Okamoto cursó estudios de Botánica y destacó por el dominio de varios idiomas antes de integrarse en la militancia armada. Su figura cobró relevancia internacional el 30 de mayo de 1972 al participar en el asalto al aeropuerto de Lod, operativo ejecutado por combatientes del Ejército Rojo Japonés en coordinación con el FPLP. Dicha acción, que la organización palestina enmarcó en su momento como respuesta a la incursión israelí contra el aeropuerto de Beirut en 1968, fue reivindicada públicamente por el entonces portavoz del grupo, Ghassan Kanafani, semanas antes de ser asesinado en un atentado en julio de ese mismo año.

Tras el ataque en el aeropuerto, Okamoto fue capturado y permaneció trece años recluido en prisiones israelíes, la mayor parte del tiempo bajo régimen de aislamiento, hasta su liberación el 20 de mayo de 1985 en el marco de la permuta de prisioneros denominada “Operación Galilea”, coordinada por el FPLP. Posteriormente, en el año 2000, el Gobierno de Líbano le concedió asilo político en reconocimiento a su trayectoria, fijando su residencia definitiva en Beirut, donde el FPLP le rindió un homenaje formal en 2016. En su declaración de despedida, la dirigencia de la organización reafirmó su compromiso con la línea ideológica del combatiente nipón y ratificó su voluntad de mantener la lucha armada.

Según detalla la FSB en su informe oficial, la administración de Telegram “no ha cumplido con la eliminación de numerosos canales, chats y bots” que, sostienen las autoridades, son “utilizados activamente por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y ciberfraude” en territorio ruso. Entre las herramientas específicas mencionadas por el organismo figura el bot de citas Leo Match, actualmente prohibido en Rusia. Las investigaciones oficiales afirman que agentes de inteligencia ucranianos habrían utilizado perfiles falsos de mujeres jóvenes en dicha herramienta para contactar y posteriormente chantajear a usuarios locales, derivando en la detención de 46 personas de entre 12 y 22 años desde julio de 2025 en diversas regiones rusas por presuntos ataques contra fuerzas policiales e infraestructuras energéticas y de transporte.

El empresario, quien se encuentra actualmente en el Estado francés, ha rechazado de manera reiterada las exigencias del gobierno ruso sobre la plataforma. A principios de 2026, Durov ya había informado sobre la apertura de investigaciones penales en su contra por parte de las autoridades de Moscú, calificando las acusaciones como pretextos para restringir el acceso a Telegram e intentar “suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.

Mediante este despido masivo, la compañía automotriz estima alcanzar un ahorro de 1.000 millones de euros anuales a partir de 2028. Según ha declarado la propia empresa, el mecanismo para llevar a cabo la reducción de plantilla “combinará programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas”. Estas últimas se ofrecerán únicamente dentro del territorio de Alemania, donde representarán la mayor parte del total de los recortes previstos.

En Alemania, donde BMW cuenta con unos 80.000 trabajadores, la medida afectará ante todo a aquellos empleados que no desempeñan sus funciones directamente en las líneas de producción, según detallaron las fuentes consultadas por Handelsblatt.

Las causas subyacentes a esta reorganización responden principalmente al deterioro de la actividad comercial de la marca en China. El mercado asiático, que en los años de mayor rentabilidad para el grupo llegó a generar cerca del 50% de los beneficios globales de la empresa, atraviesa actualmente una severa crisis que ha resentido de forma directa los resultados del fabricante de vehículos.

En su declaración pública, la coalición paramilitar, integrada por influyentes facciones como Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba, reiteró su “categórico rechazo” a las acusaciones formuladas por el Gobierno saudí el pasado lunes. En dicha jornada, Riad denunció que “milicias terroristas” habían lanzado drones desde Irak contra su infraestructura energética, una atribución que desmentieron tajantemente.

La Resistencia Islámica en Irak se constituyó formalmente en octubre de 2023 tras el estallido degenocidio en la Franja de Gaza y ha ejecutado múltiples ofensivas contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio en favor de Hamás y del Gobierno de Irán. No obstante, estas facciones también forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un conglomerado de grupos armados integrados en la estructura militar oficial del Ejército de Irak, si bien algunas de sus unidades continúan operando al margen de las Fuerzas Armadas pese a las tentativas del Gobierno de Bagdad por ejercer un control efectivo sobre sus acciones.

En la actualidad, el dispositivo estatal cuenta con 14 aviones anfibios Canadair operativos de propiedad pública y una treinta de helicópteros cuyos servicios se gestionan mediante licitaciones anuales con empresas privadas. En los últimos cinco años, el Ejecutivo ha adquirido siete nuevos hidroaviones para reforzar esta flota.

Por si esto fuera poco, España mantiene fuera de servicio o con capacidad muy limitada cerca de una decena de helicópteros Kamov Ka-32 desde 2024 porque el Gobierno español cumple con las directrices políticas de la Unión Europea que prohíben importar las piezas de recambio y a traer especialistas desde Rusia. Estas aeronaves de fabricación soviética son consideradas a día de hoy las más baratas y eficientes para labores antiincendios.

Sin embargo, esta cifra contrasta con las inversiones aprobadas para el Ministerio de Defensa desde el inicio de la guerra de Ucrania en gasto militar. Mediante programas plurianuales que superan los 60.000 millones de euros, el Estado español ha comprometido la compra de 45 cazas Eurofighter, 100 helicópteros militares NH-90, 348 vehículos blindados Dragón 8x8, cuatro fragatas F-110 y cuatro submarinos S-80.

Diversos análisis comparativos del presupuesto público ponen de manifiesto la diferencia de coste entre el equipamiento militar y los medios técnicos de protección civil. Un único caza Eurofighter, valorado en aproximadamente 150 millones de euros, equivale económicamente a unos cinco aviones anfibios Canadair CL-515. Del mismo modo, el presupuesto total destinado al programa del submarino S-80, que supera los 6.000 millones de euros, permitiría financiar más de un centenar de hidroaviones de última generación o más de un millar de aeronaves de menor tamaño dedicadas a la prevención y extinción de incendios en todo el territorio estatal.

A esta escasez de medios aéreos propios se suma la situación laboral del personal en tierra. La columna vertebral de la lucha contra el fuego la integran cerca de 50.000 bomberos y unos 30.000 efectivos de refuerzo forestal, de los cuales una parte sustancial es despedida cuando termina la temporada de verano. Representantes sindicales de comunidades como Madrid o Catalunya denuncian salarios que rondan los 1.300 euros mensuales, elevados niveles de subcontratación, deficiencias en los equipos de protección individual y falta de mantenimiento en los parques de bomberos.

El marcado desgaste de este recurso estratégico ha generado preocupación e incertidumbre entre los inversores y analistas del sector energético internacional, quienes evalúan el riesgo de que la menor capacidad de intervención pública derive en futuros repuntes históricos del precio del petróleo bruto. Los principales indicadores y mercados de previsión reflejan una postura cautelosa, estimando probabilidades reducidas de un pico de precios inmediato antes del cierre del tercer trimestre del año. 

Ante este escenario, los observadores del mercado permanecen atentos a los posibles anuncios sobre ajustes de producción que puedan emitir organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de la Energía, así como a las eventuales medidas del Gobierno de Estados Unidos para reponer sus reservas estratégicas en los próximos meses.

La militancia juvenil preocupa a la Europol

Otro aspecto que preocupa a la agencia es “el creciente número de jóvenes involucrados en el terrorismo de extrema izquierda y anarquista”, aunque en 2025 solo se registraron 13 detenciones en este ámbito. El informe alerta de que los jóvenes “interactúan en comunidades en línea donde comparten ideologías, accesos a materiales de propaganda e incluso recursos que pueden facilitar la planificación de actos”, y señala que “la rapidez con la que estos jóvenes pasan del consumo de propaganda a la acción” sería “preocupante”.

La “amenaza” que detecta la policía europea no es, por tanto, “la violencia” –en singular–, sino la posibilidad de que exista una alternativa al capitalismo. Por tanto, su definición de “terrorismo” es tan amplia que podría aplicarse prácticamente a cualquier forma de organización colectiva que cuestione el orden establecido.

El TESAT 2026, en definitiva, no es un diagnóstico objetivo de “la violencia política” –de hecho, tiende a infrarrepresentar la violencia fascista–: bajo la apariencia de la “neutralidad técnica”, legitima la criminalización de la disidencia y la vigilancia de quienes simplemente no aceptan el mundo tal como es, y se organizan para cambiarlo.

Junto a esto, el dirigente jeltzale ha vuelto a decir que hay un “problema de convivencia” en Donostia. Según el alcalde, se han basado en “cuatro razones principales” para prohibir la iniciativa: “cuestiones vinculadas al espacio público, a la salud pública, a la acción social y la cuestión de la seguridad”. “Teniendo en cuenta todos estos datos, hemos decidido que no regularemos esas cenas callejeras”, decía ayer.

Para lavar su imagen, Insausti ha añadido que destinará una partida presupuestaria mayor al programa Otorduak como “alternativa”, en teoría para dar “100 comidas más” al día. Los voluntarios de KAS, sin embargo, han denunciado reiteradamente que los recursos municipales no son suficientes para responder a la gravedad de la situación: actualmente, repartían la cena a unas 300 personas diariamente. Como advirtió una persona en la comparecencia de ayer, a menudo esa suele ser la única comida que realiza gran parte de las personas en situación de calle.

El Ayuntamiento decidió por primera vez prohibir las cenas solidarias en octubre de 2024, en el barrio de Egia. Los voluntarios de KAS, sin embargo, han continuado con total determinación dando cenas a cientos de personas en situación extrema, principalmente en tres puntos: Plaza Nueva (Plaza de la Constitución), Plaza Gipuzkoa y Anoeta. Ahora, el gobierno municipal del PNV y PSE-EE también ha prohibido la iniciativa solidaria en esos tres lugares. En las dos ocasiones en las que ha establecido la prohibición, el ayuntamiento ha cedido a las campañas de criminalización de partidos de extrema derecha y canales de divulgación reaccionarios: en las últimas semanas, por ejemplo, miembros del PP y de LQNTCDD han estado acercándose a las cenas solidarias y acosando a las personas asistentes.

Según la hoja de ruta china, el objetivo es demostrar la generación del primer kilovatio-hora de energía de fusión antes de 2030. Pekín no construye este imán para el proyecto internacional ITER, sino para su propio programa nacional, que incluye el EAST (en operación desde 2006), el BEST (en construcción, previsto para finales de 2027) y el CFETR, un prototipo de reactor comercial planeado para 2045-2050. El proyecto está alineado con el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y la estrategia de neutralidad de carbono para 2060, en línea con los objetivos de autosuficiencia tecnológica establecidos por el Partido Comunista Chino, especialmente después de las restricciones occidentales a la exportación de tecnología.

El imán ha superado recientemente la aceptación formal de un comité de expertos interno, y la noticia ha sido replicada por medios chinos como CGTN, Global Times y China Daily, e internacionales como India Today. Los medios occidentales no le han prestado demasiada atención.

Los orígenes soviéticos del programa

Para comprender el recorrido histórico de este proyecto hay que remontarse siete décadas atrás, concretamente a la Unión Soviética de los años 1950, cuando los físicos Andrei Sajarov e Igor Tamm concibieron el tokamak —un acrónimo ruso para “cámara toroidal con bobinas magnéticas”— como una forma de confinar plasma con campos magnéticos en forma de rosca, imitando las reacciones del Sol. Los primeros tokamaks soviéticos, como el T-1 y el T-3, sorprendieron al mundo en 1968 al alcanzar temperaturas de 10 millones de grados, desatando una “fiebre del tokamak” que eclipsó a otros diseños. En las décadas siguientes, Estados Unidos construyó el TFTR en Princeton y Europa puso en marcha el JET en el Reino Unido, que en 1997 logró 16 megavatios de potencia durante medio segundo —un récord que demostró que la fusión era físicamente posible, pero no rentable: consumía más energía de la que generaba.

China, que llegó tarde a esta carrera, se propuso superar a sus competidores. En 2006, el instituto ASIPP de Hefei puso en marcha el EAST, el primer tokamak superconductor del mundo, diseñado no para generar electricidad, sino para resolver el problema más espinoso: mantener el plasma estable durante largos periodos. Los récords se acumularon: 120 millones de grados durante 101 segundos en 2021, y 403 segundos en modo de alto confinamiento en 2023. En 2025 el EAST alcanzó 100 millones de grados Celsius durante 1066 segundos, marcando un nuevo récord mundial.

BEST, el reactor que albergará el imán ahora completado, no es un prototipo experimental sino el primer intento serio de un tokamak que genere más energía de la que consume (Q > 1), y supone la primera vez en la historia que un país afronta en solitario la ingeniería de un reactor de tamaño casi comercial, sin esperar al proyecto internacional ITER, cuya construcción en Francia comenzó en 2010 con retrasos y sobrecostes.

El análisis sobre la tipología de la asistencia brindada muestra que el 50% de las personas atendidas recibió asesoramiento jurídico y político para abordar su situación particular. Por su parte, en un 20% de los casos fue necesaria una intervención directa mediante negociaciones con la propiedad, firma de contratos, respaldo legal o gestiones orientadas a resolver el litigio. Otro 20% de las atenciones correspondió a consultas iniciales para la resolución de dudas u orientación previa, mientras que únicamente el 10% de los conflictos desembocó en un proceso público de lucha impulsado de manera colectiva, lo que demuestra que la mayor parte de la labor diaria de los sindicatos transcurre al margen de los focos mediáticos.

En el apartado de las problemáticas gestionadas, los procedimientos de desahucio se posicionaron como la causa principal por la que los afectados acudieron al Sindicato, representando seis de cada diez conflictos analizados durante el año. El informe destaca de forma significativa que la mayoría de estos desalojos no trajeron causa de impagos prolongados de la renta, sino de la finalización de los contratos de alquiler y de las subidas del precio de los arrendamientos planteadas para la renovación contractual, las cuales resultan inasumibles para la economía de los hogares trabajadores. La gravedad de estas situaciones se refleja en el hecho de que el 60% de los procedimientos de desahucio afectaba a viviendas con menores de edad a cargo. La inmensa mayoría de los expedientes correspondió a inmuebles en régimen de alquiler ordinario, registrándose también una presencia notable en alquileres sociales y en subarriendos de habitaciones, modalidad esta última caracterizada por una elevada inseguridad jurídica al carecer frecuentemente de contratos escritos.

El balance pone asimismo el foco en la ineficacia de los mecanismos de protección pública, constatando que en la mayoría de los casos evaluados la moratoria de desahucios no llegó a aplicarse a pesar de haber sido formalmente solicitada por las familias afectadas. Tras haber finalizado la vigencia de dicha medida protectora, la organización sindical prevé un incremento en el número de ejecuciones de desalojos de cara al próximo curso. El informe desmitifica también el perfil habitual del arrendador al revelar que una parte muy sustancial de los litigios tiene como interlocutores a pequeños propietarios particulares y no exclusivamente a grandes fondos de inversión. Desde la perspectiva del Sindicato Socialista de Vivienda, este dato evidencia que “la problemática no deriva únicamente de la actuación de grandes actores financieros, sino de un modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad privada y la búsqueda de rentabilidad económica”.

Mujer trabajadora, monoparentalidad y violencia machista

Por lo que respecta a la radiografía sociológica de los usuarios, las mujeres representaron el 61% del total de personas atendidas durante el ejercicio 2025/2026. Un 19% del conjunto de los casos correspondió a familias monoparentales, de las cuales nueve de cada diez estaban encabezadas por una madre. El documento establece además una vinculación directa entre la precariedad residencial y la violencia machista, señalando que al menos una de cada diez mujeres atendidas había sufrido violencia machista, dándose la circunstancia de que casi ocho de cada diez casos de violencia machista correspondían a familias monoparentales. Visto desde otra perspectiva, prácticamente una de cada cuatro familias monomarentales asistidas presentaba antecedentes de violencia machista. Paralelamente, el informe certifica una presencia muy superior al peso demográfico de la población migrada y racializada, grupo que soporta de forma desproporcionada la precariedad del mercado laboral y residencial.

Empresas de desocupación y violencia rentista

En lo relativo al hostigamiento e intervenciones extrajudiciales, el balance recoge doce actuaciones vinculadas a empresas de desocupación en el transcurso del año, destacando que en ninguno de los casos estas entidades lograron ejecutar la expulsión de los inquilinos gracias a la respuesta organizada. No obstante, se contabilizaron 62 casos de amenazas o coacciones graves por parte de los arrendadores y 16 cortes ilegales de suministros básicos como vía de presión. El 71% de las personas expuestas a estas prácticas de acoso eran de origen extranjero y un tercio pertenecía a familias monoparentales. Ante este contexto, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria hace un llamamiento a la población trabajadora a organizarse de forma colectiva a través de los sindicatos locales, cuyos puntos de contacto están disponibles en la dirección web “https://kontseilusozialista.eus/es/euskal-herriko-etxebizitza-sindikatu-sozialista/etxebizitzarekin-arazorik/”. La entidad recuerda que su labor es de carácter voluntario y gratuito y solicita el apoyo económico mediante donaciones a la cuenta bancaria “ES32-3035 0086 62 0860062114” para dar continuidad a la defensa del derecho a la vivienda.

Ante la resolución, un amplio conjunto de personas y organizaciones ha impulsado un manifiesto de apoyo al medio de comunicación en el que expresan su profunda preocupación por el procedimiento de la AEPD. Las entidades firmantes sostienen que el trabajo periodístico de La Directa constituye un “ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz, amparado por el artículo 20 de la Constitución Española”, y recuerdan que “la función democrática esencial de los medios incluye el control de los poderes públicos, especialmente cuando se investigan actuaciones policiales secretas que afectan a derechos fundamentales”. La relevancia pública de las informaciones es indiscutible, puesto que los hallazgos del medio motivaron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Catalunya, dieron lugar a numerosas iniciativas y preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y contaron con una amplia cobertura en medios internacionales de referencia como The Guardian o La Repubblica.

A pesar de la repercusión pública de los hechos y de que la redacción del medio adoptó diversas medidas para proteger la identidad real de los agentes, la AEPD ha concluido que determinados datos y fotografías difundidos “resultan incompatibles con la legislación vigente en materia de protección de datos”. Esta postura ha encendido las alarmas en el sector periodístico y en los movimientos sociales, donde se advierte de que la amenaza de sanciones económicas y la obligación de retirar contenidos ejercen un grave “efecto intimidatorio y de mordaza” sobre el periodismo de investigación. Según denuncian las organizaciones de apoyo, estas medidas resultan equiparables a las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es silenciar e inhibir la publicación de informaciones que puedan resultar incómodas para las instituciones públicas.

Los colectivos firmantes señalan además que la decisión de la AEPD “sienta un precedente sumamente peligroso para el conjunto de los profesionales de la información que investigan abusos o actuaciones irregulares en el seno de los cuerpos policiales”. Se subraya, asimismo, que el criterio aplicado en el Estado español contrasta con la respuesta institucional adoptada en el Reino Unido ante escándalos similares. En el contexto británico, la revelación de que agentes infiltrados mantuvieron relaciones íntimas bajo identidades falsas llevó tanto a las fuerzas policiales como al Gobierno a asumir sus responsabilidades, pedir disculpas públicas a las víctimas e indemnizarlas. En aquel caso, las identidades y fotografías de los policías implicados se publicaron con total libertad en los medios de comunicación y continúan siendo accesibles en la actualidad sin que se impusiera sanción alguna a las cabeceras que informaron sobre los hechos.

Las víctimas palestinas derivadas de estos ataques han aumentado significativamente en el periodo analizado. Las conservadoras cifras oficiales indican que seis palestinos fueron asesinados y 140 resultaron heridos durante la primera mitad de 2026 a causa de las agresiones de los colonos. El balance supera de forma drástica las estadísticas del segundo semestre de 2025, periodo en el que se contabilizaron 82 heridos y ninguna víctima mortal, así como las del primer semestre de 2025, cuando se registraron tres asesinados y 112 heridos.

La situación se ha intensificó notablemente durante el último fin de semana, en el que los informes militares registraron una cifra inusual de 30 “delitos de odio nacionalista” protagonizados por colonos. A lo largo de las incursiones ocurridas el pasado sábado, cuatro palestinos fueros asesinados por disparos de las fuerzas israelíes, unas ochenta personas fueron detenidas y varias mezquitas sufrieron incendios intencionados provocados por colonos.

Diversos organismos de derechos humanos han señalado que los colonos judíos se encuentran cada vez más armados y actúan con mayor audacia en la zona, contando con un amplio respaldo político y operando habitualmente bajo la protección directa o junto a las fuerzas de ocupación israelíes. Esta situación se produce al mismo tiempo que los partidos políticos israelíes azuzan ya la precampaña de las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.

En el ámbito de la custodia policial, la investigación recoge denuncias sobre detenidos que sufrieron bofetadas, puñetazos, patadas por parte de múltiples agentes en los calabozos y agresiones con porras en la cabeza o las costillas durante su arresto o traslado. El organismo señala también deficiencias estructurales continuadas en las instalaciones madrileñas de Leganitos, Tetuán y en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla, destacando la falta de luz natural, los problemas graves de ventilación y la ausencia de timbres de llamada en los calabozos. La delegación europea advirtió con preocupación que tres internos del centro sevillano que alegaron haber sufrido agresiones por parte de funcionarios fueron trasladados de manera repentina a otros penales coincidiendo exactamente con el inicio de la visita del CPT.

La situación resulta especialmente crítica en los centros penitenciarios andaluces de Algeciras, Huelva y Puerto III, donde el informe identifica “un patrón recurrente de malos tratos ejercidos por funcionarios en zonas carentes de cobertura por cámaras de videovigilancia”. Entre los casos documentados figura la reducción con puñetazos y patadas a un interno en silla de ruedas con esclerosis múltiple en Algeciras, agresiones a porrazos contra una reclusa en estado de agitación y severas golpizas a prisioneros inmovilizados en Puerto III, donde se constataron impactos con porras en la planta de los pies, la cabeza y el torso. En la cárcel de Huelva, el personal médico del CPT certificó agresiones a internos esposados, incluyendo golpes con detectores metálicos de objetos y el impacto repetido de la cabeza de un preso contra la pared.

A este panorama de violencia se suma una deficiencia estructural en la asistencia sanitaria en los penales españoles, marcada por la existencia de más de un centenar de vacantes médicas a nivel estatal que provocan demoras de meses en la atención. El CPT constató además que los exámenes médicos obligatorios tras un incidente violento se realizan frecuentemente a través de rejas y con la presencia de los propios guardias implicados, lo que invalida la confidencialidad médica. En el área de la salud mental, la escasez de especialistas provoca que entre el 50% y el 60% de la población reclusa se encuentre medicada con psicofármacos sin la debida revisión periódica, con cifras concretas del 46% en Puerto III, el 55% en Huelva y el 55% en Madrid VII. Como muestra de la sobrecarga, en Puerto III un único psiquiatra tenía asignadas 87 consultas en una sola mañana, una carencia que aboca a muchas familias a pagar especialistas privados para que atiendan a sus allegados en prisión, además de detectarse prescripciones prolongadas de fármacos adictivos o combinaciones no justificadas por diagnósticos neurológicos.

Las irregularidades se extienden al centro de menores Vicente Marcelo Nessi de Badajoz, donde el CPT acreditó un “ambiente marcadamente carcelario”, el uso de celdas de aislamiento en sótanos sin inodoros ni timbres y el empleo de fuerza excesiva por parte del personal de seguridad privada. El informe destaca el uso de porras de goma contra menores y la fijación de estos a las camas por las extremidades, una práctica prohibida por la normativa vigente para menores de edad.

Su posicionamiento público llega justo después de que medios estadounidenses informaran de que algunos altos funcionarios de Estados Unidos estudian prohibir a empresas del país usar modelos chinos con pesos abiertos y después de que varias compañías tecnológicas firmaran una carta en defensa de estos modelos. En cambio, Amodei sí reclama otras medidas. El CEO de Anthropic propone impedir la venta a China de chips avanzados y equipos para fabricarlos, perseguir el contrabando y las vías alternativas para obtenerlos, combatir las operaciones industriales de “destilación” de modelos y someter a “pruebas obligatorias de seguridad” a todos los modelos suficientemente capaces, tanto abiertos como cerrados. Según Amodei, los modelos chinos podrían acercarse a los estadounidenses mediante la destilación, que permite desarrollar modelos con menos capacidad de computación que un entrenamiento desde cero. Su principal preocupación declarada es que ”gobiernos autoritarios desarrollen sistemas más avanzados que los estadounidenses y los utilicen para obtener superioridad militar o reforzar la represión”, mientras que también señala los posibles usos de modelos potentes para ciberataques y ataques biológicos. El avance de los modelos chinos ya está teniendo efectos sobre las empresas estadounidenses. Según CNBC, la proporción de tokens utilizados por compañías estadounidenses mediante modelos chinos en OpenRouter superó el 30% semanal desde el 8 de febrero y llegó hasta el 46%, frente a una media del 11% durante los doce meses anteriores y del 4,5% durante la primera mitad de 2025. La startup estadounidense Lindy trasladó en junio el 100% de su tráfico desde Claude, de Anthropic, a DeepSeek y su CEO, Flo Crivello, afirmó a CNBC que la decisión “le permitirá ahorrar millones de dólares en cuestión de meses”.

CNBC también recoge que modelos chinos de código abierto pueden ser entre un 60% y un 90% más baratos que los principales modelos de Anthropic y OpenAI. En Vercel, el modelo GLM 5.2 de Z.ai registró, según su responsable de infraestructura, un crecimiento de aproximadamente 27 veces en el volumen diario de tokens y de alrededor del 80% en el número de clientes durante su primera semana completa. El debate también afecta a la estructura económica del sector. El analista tecnológico Ben Thompson sostiene en el portal Stratechery que la IA se acerca a una situación en la que la “inteligencia” para determinadas tareas puede convertirse en una mercancía, haciendo que la estructura de costes de los modelos tenga cada vez más peso. Thompson señala que los modelos chinos están reduciendo la distancia con los sistemas estadounidenses y recoge el lanzamiento de Kimi K3 y Qwen3.8 Max, además del giro de Alibaba hacia los pesos abiertos.

Mientras Amodei sostiene que las restricciones deben centrarse en “chips, destilación y seguridad”, Thompson considera que la cuestión central “no es prohibir los modelos abiertos, sino evitar la dependencia tecnológica de China”, y propone que Estados Unidos permita expresamente recopilar datos para entrenar modelos como “uso legítimo” y limite las condiciones de servicio que impiden la destilación.

El debate enfrenta así dos posiciones dentro del propio sector tecnológico estadounidense: Anthropic reclama limitar determinadas vías de acceso de China a capacidad de computación y conocimiento de modelos, mientras otros actores defienden una expansión de los modelos abiertos para reducir costes y aumentar la competencia.

Tras la conclusión del encuentro en el Despacho Oval, el mandatario ucraniano calificó la conversación como “buena” mediante un comunicado difundido en la red social X, donde transmitió sus condolencias por la muerte de Graham, a quien definió como “un verdadero amigo de Ucrania”. Durante la cita, Zelenski y Trump trataron la concesión de licencias para la producción local en territorio ucraniano de interceptores de misiles Patriot. Esta negociación da continuidad al compromiso anunciado por el presidente estadounidense a principios de mes durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, orientada a reforzar las capacidades militares de Kiev.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo estadounidense se reunió de forma privada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que constituyó su primer cara a cara desde el inicio de la guerra contra Irán. Ni la Casa Blanca ni el Gobierno de Israel emitieron ningún informe oficial sobre el contenido específico de las conversaciones.

En una entrevista concedida este martes por la mañana a la cadena estadounidense Fox News, el presidente Trump desestimó las informaciones que apuntaban a que Netanyahu planeaba presentarle datos de inteligencia sobre la instalación nuclear subterránea iraní del monte Pickaxe. Al respecto, el mandatario estadounidense afirmó que “no necesito que Bibi me diga eso” y sostuvo que el primer ministro israelí saca a relucir dicho asunto “porque quiere que permanezca involucrado” en el conflicto.

Kiev amenaza a Teherán

Paralelamente a los contactos diplomáticos desarrollados en Washington entre EEUU, Ucrania e Israel, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que urgió a Teherán a abstenerse de brindar “cualquier apoyo” a Rusia. El intercambio directo se produjo tras la denuncia del Gobierno iraní sobre un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas el pasado fin de semana contra un carguero de su bandera en el mar Caspio, en el que falleció un marinero. Teherán advirtió que “no quedaría impune”.

Durante la llamada, Sibiga negó rotundamente que “Kiev tenga como objetivo a la población o a buques civiles”, asegurando que los ataques militares ucranianos “buscan únicamente contrarrestar la agresión rusa” para “evitar una escalada innecesaria”.

La cifra total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el Estado español ascendería a 32 en lo que va de año, sumando un acumulado de 1.374 víctimas mortales desde que se iniciaron los registros oficiales en 2003.

Este nuevo caso ha coincidido con la reunión del Comité de Crisis convocado este mismo martes por el Ministerio de Igualdad, en coordinación con los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, siendo la sexta convocatoria de este órgano en lo que va de 2026. El encuentro ha tenido como objetivo “analizar la ola de crímenes machistas registrada durante los meses de junio y julio”, periodo en el que diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y ocho menores han quedado huérfanos. 

Fuentes del departamento han destacado que cuatro de las diez víctimas se encontraban en proceso de separación y que al menos siete aún convivían con el agresor en el momento del crimen, lo que eleva a 20 la cifra total de menores huérfanos por violencia de género en el presente ejercicio. Durante la sesión de trabajo no se han anunciado medidas concretas de aplicación inmediata, más allá de hacer hincapié en la “necesidad de reforzar la implicación de los entornos familiares y sociales”. 

En contraste, Argelia, que también enfrenta una oleada de incendios forestales con miles de focos y decenas de miles de hectáreas quemadas, despliega activamente material aeronáutico ruso. Su Ejército y Protección Civil utilizan helicópteros soviéticos Mi-26 –cuyos primeros prototipos datan también de los años 80–, con capacidad de hasta 15.000 litros de descarga, y aviones anfibios rusos Beriev Be-200, de los años 90, con capacidad de entre 12.000 y 13.000 litros, además de Mi-17 soviéticos de los 70 y una flota mixta con otras aeronaves arrendadas. En picos de actividad, Argelia ha llegado a movilizar hasta 18 medios aéreos, combinando apoyo militar y civil, sin que las sanciones europeas afecten su operatividad. El Gobierno argelino ha presentado el despliegue como un éxito operativo, mientras la prensa del país destaca en la coordinación entre el Ejército y Protección Civil de los últimos días.

Esta asimetría vuelve a poner en evidencia las consecuencias colaterales de las sanciones contra Rusia sobre la seguridad civil en la UE. Mientras España, como miembro de la UE y la OTAN, ha visto reducida su capacidad de respuesta ante incendios en plena temporada —con decenas de grandes fuegos y miles de hectáreas arrasadas por las llamas—, Argelia, país norteafricano aliado histórico de Rusia y gran compradora de material militar y de uso dual de Moscú, mantiene acceso estable a piezas y soporte técnico, lo que le permite afrontar mejor los incendios.

España, en cambio, no ha logrado sustituir los Ka-32 con medios equivalentes en coste-eficacia: los Super Puma o Airbus son más caros y, según expertos, ofrecen menor rendimiento en condiciones de viento cruzado y valles estrechos. Es decir, las propias autoridades españolas reconocen que los helicópteros soviéticos de hace 40 años siguen siendo los mejores del mercado para apagar incendios, mientras que los modelos fabricados en Occidente en todo este tiempo son mayormente caros y menos eficientes. Este caso vuelve a ilustrar el estancamiento se innovación técnica de las economías de mercado y el llamado “efecto boomerang” de las sanciones europeas contra Rusia por la guerra en Ucrania, donde se aprecia cómo a menudo choca con las necesidades materiales más urgentes de la población, que paga el precio de las decisiones políticas de sus dirigentes en forma de menos medios para combatir incendios, mientras Argelia, considerado “país tercermundista”, afronta los incendios de forma más efectiva.

La cuestión ha suscitado debate político en España. Algunos sectores critican la rigidez de las sanciones, y varios medios han señalado que el Gobierno no ha presionado a Bruselas para obtener “exenciones temporales” en equipos de protección civil. En Argelia, en cambio, la prensa local celebra la movilización nacional y el papel de los medios rusos como un factor importante para contener los incendios.

El contraste entre la parálisis técnica en España y la operatividad en Argelia subraya una contradicción que trasciende la logística y los aspectos puramente técnicos: las sanciones, en teoría diseñadas para debilitar al Estado ruso, están debilitando la capacidad de respuesta de emergencia de los países que las aplican.

El mandatario germano ha instado a la presidencia irlandesa a presentar en octubre una nueva propuesta de negociación que resulte “realista” y contemple cifras revisadas, tras el fracaso del primer borrador elaborado por la anterior presidencia chipriota, el cual no logró recabar el consenso entre los Veintisiete. Para justificar la posición de Berlín, Merz ha recordado que el Ejecutivo alemán prevé reducir la plantilla de empleados públicos un 8% durante los próximos cuatro años, por lo que ha defendido que las nuevas cuentas de la UE deben incluir “recortes generales de varios cientos de miles de millones de euros”. Asimismo, ha reclamado una disminución de la burocracia comunitaria y ha rechazado fijar límites a los pagos directos que los Estados conceden a las empresas.

En el marco de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han planteado ocho propuestas de financiación que la presidencia irlandesa deberá evaluar, entre las que se incluyen gravámenes a los criptoactivos, a las apuestas en línea y un impuesto digital a las grandes multinacionales. Sobre este último punto, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, se ha mostrado cauteloso y ha advertido de que la imposición de una tasa digital a las grandes tecnológicas sería “complicada” en el contexto del actual acuerdo comercial entre Bruselas y Washington. Martin, cuyo país alberga las sedes europeas de numerosos gigantes del sector tecnológico, ha evitado dar cifras concretas sobre el presupuesto definitivo y ha reitierado su “compromiso de actuar como mediador imparcial para facilitar un acuerdo” antes de que concluya su mandato al frente del Consejo.

Además de las negociaciones presupuestarias, la cita bilateral en la capital irlandesa ha servido para abordar el proceso de ampliación de la Unión Europea. A este respecto, Friedrich Merz ha expresado el respaldo explícito de Alemania para que Montenegro pueda culminar su proceso de adhesión de forma plena antes de que finalice la presente década. Del mismo modo, en relación con las aspiraciones comunitarias de Ucrania, el canciller alemán ha defendido la fórmula de una “membresía asociada” como una fase intermedia y paso previo fundamental antes de su eventual integración definitiva en la Unión.

De acuerdo con reportes emitidos por medios como The New York Times y declaraciones de integrantes del Congreso estadounidense, las primeras acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrán como objetivo el estado de Ohio, donde durante la campaña presidencial de 2024 Trump promovió desinformaciones y bulos sobre la comunidad haitiana. Diversos legisladores del Partido Republicano han manifestado su respaldo a las informaciones periodísticas sobre las redadas planificadas por el DHS. En declaraciones concedidas este lunes a la cadena de televisión Fox News, el congresista federal por Ohio, Michael Rulli, afirmó que “lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio” y añadió que la meta es “saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio”.

A pesar de que las intervenciones iniciales se focalizan en Ohio, donde habitan aproximadamente 14.000 haitianos beneficiarios del TPS, el mayor grado de preocupación se sitúa en el estado de Florida. Según las métricas divulgadas por la organización civil FWD.us, en dicho estado reside casi la mitad de la población afectada por la medida, alcanzando un total estimado de 158.000 personas. En el plano social, la misma organización alertó de que la ejecución de las deportaciones significará que unos 50.000 menores de edad que ostentan la ciudadanía estadounidense queden privados de al menos uno de sus progenitores.

Por su parte, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional justificaron la cancelación del estatus al sostener que “la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente”, concedida en 2010 tras el devastador terremoto que asoló al país caribeño. Esta posición contrasta con los datos expuestos por organizaciones que remarcan la persistencia de una severa crisis social y de seguridad en la isla, marcada por un registro de casi 6.000 homicidios durante el año 2025 y la falta de un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.

El libro ha sido coordinado por el académico de la UNED Alfredo Hidalgo Lavié, vinculado a actividades universitarias sobre la “cultura judía” y la “democracia israelí”. También es miembro del Comité Asesor del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Bar-Ilan, una institución académica israelí. En 2024 impulsó la creación de un grupo de profesores en la UNED para “luchar contra el antisemitismo”, calificando los movimientos estudiantiles propalestinos que se manifiestan contra el genocidio en las universidades como “corrientes radicales y antisemitas”.

En la misma línea, el autor define esta última obra como un “antídoto frente a la desinformación y el antisemitismo”, términos utilizados habitualmente por la Hasbará (el aparato de propaganda del Estado de Israel) para criminalizar la solidaridad con Palestina, en contacto estrecho con individuos y organizaciones sionistas del mundo entero.

En el vídeo de Radio Sefarad, el diputado de EH Bildu aseguraba que la nueva obra coordinada por este profesor es “beneficiosa para el conjunto de la sociedad” y “necesaria” teniendo en cuenta el “desconocimiento” sobre “el asunto”.

Radio Sefarad, medio de comunicación vinculado a la Federación de Comunidades Judías de España y alineado con el Estado de Israel, recogió y difundió las declaraciones de Iñarritu en un vídeo-reportaje en su página web. En ellas, el diputado de EH Bildu insiste en la “labor pedagógica” del la obra, que fue presentada abiertamente como “herramienta de lucha” por sus propios autores.

La participación publicitada de Iñarritu en este evento en Madrid es visto en sectores propalestinos como un apoyo directo a una operación de propaganda fomentada por una organización sionista mientras el Estado de Israel comete crímenes contra la humanidad y amenaza con escalar en su guerra contra Irán. Además, Iñarritu destaca como un diputado con un marcado perfil internacional dentro de EH Bildu, una formación política que se declara “propalestina”: en octubre de 2025 anunció que “cortaría todas las relaciones con Israel” en todos los municipios donde gobierna. Mientras tanto, Iñarritu se presenta como diputado en un vídeo público donde apoya el libro de un profesor abiertamente proisraelí, que presume de contactos con la embajada de Israel en la propia presentación. Esto abre algunas interrogantes sobre los límites y la coherencia de los posicionamientos públicos personales de los cargos electos de EH Bildu, donde el propio Iñarritu ya ha protagonizado otros episodios relacionados con su simpatía proisraelí.

Dedicado a “los caídos en los atentados terroristas y en la guerra” y agradecimientos a Felipe González

Al inicio de su intervención, Hidalgo dedicó la obra a “los caídos en los atentados terroristas y en la guerra”, mostró sus agradecimientos a “todos los amigos de la embajada de Israel” y recordó que muchos de los coautores de la obra “envían sus saludos desde Israel”.

Además, recordó el aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre España e Israel en 1986 de la mano del expresidente Felipe González, un paso que calificó de “valiente”. “Hoy necesitamos personas valientes así”, afirmó Hildago, parafraseando el eslogan “hay que hacer algo, hazlo ya”, atribuido a una figura del público. "Hace falta acción", concluyó.

“Un arma de lucha”

El académico explicó que el libro que ha coordinado es “de carácter puramente divulgativo”, destinado a “públicos no judíos” y a “una mayoría silenciosa que expresa su solidaridad y su comprensión de manera confidencial y en privado hacia todos los que amamos el mundo judío en general, el mundo sefardí en particular y también a Israel”. Durante la presentación se elogió varias veces al Estado de Israel e hicieron llamamientos a “combatir el antisemitismo”.

Esteban Ibarra, uno de los 70 coautores del libro y miembro del “Movimiento Contra la Intolerancia”, hizo varias declaraciones explícitas desde el público. Para empezar, afirmó que el libro llega en un momento de “antisemitismo global sin precedentes”, ante el cual considera que la obra funciona como “arma de lucha” para una batalla que “hay que librar en todos los órdenes y a todos los niveles”: “Hay que achicar los espacios, reducir la base social del antisemitismo, y combatir políticamente: ¿Por qué no tenemos una ley contra el antisemitismo?”. Ibarra destacó el papel de “los resistentes que ha habido contra el antisemitismo en la historia de la humanidad, los de hoy y los de mañana, porque habrá lucha mañana”, insistiendo en que “la lucha contra el antisemitismo” es “una lucha por la universalidad de los Derechos Humanos”. “Siempre se olvida que el redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue René Cassin, judío, y además defensor del Estado de Israel. Eso hay que decirlo continuamente, porque hay muchos que manosean los Derechos Humanos y son profundamente antisemitas”, sentenció Ibarra, retomando el mencionado eslogan: “Y con el libro en la mano, haz algo”.

Con este cambio legislativo, la duración total de la instrucción militar para los jóvenes austríacos se elevará de seis a nueve meses. La estructura del nuevo modelo establece que los conscriptos completarán un periodo inicial continuo y deberán cumplir los tres meses restantes de manera fraccionada a lo largo de los diez años posteriores a su incorporación. En lo que respecta a la prestación social sustitutoria, las autoridades confirmaron que el periodo obligatorio se mantendrá en nueve meses, aunque a partir de 2027 se incorporará la posibilidad de realizar dos meses “voluntarios” adicionales. 

A fin de “incentivar la incorporación de los jóvenes” al ejército, el plan incluye un aumento en la retribución económica de los conscriptos, cuyo salario mensual se incrementará de 625 a 1.000 euros. Asimismo, el texto normativo introduce por primera vez en la legislación del país el derecho a días de vacaciones durante el Servicio Militar. Estas reformas se enmarcan en una estrategia más amplia iniciada tras la guerra de Ucrania en 2022, mediante la cual Austria, país que forma parte de la Unión Europea pero no de la OTAN, prevé aumentar de forma sostenida su presupuesto militar con el objetivo de alcanzar el 2,0% del PIB para el año 2032.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación en Viena, el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, mostró su “satisfacción por el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas” y remarcó que el “principio rector” de la iniciativa radica en “fortalecer el servicio militar obligatorio ante el nuevo contexto geopolítico”. El jefe del Ejecutivo concluyó la presentación asegurando que “con estas medidas protegemos el país y a las personas en nuestro país”.

Etxeto afirmó que EHKS ha difundido mensajes contra Israel en los sanfermines de Iruñea (Nafarroa) y en las fiestas de Baiona, a través de pancartas gigantes y fotografías de solidaridad. En sus palabras, mostrar apoyo a Palestina es legítimo, pero no difundir “mensajes de odio” contra Israel. Además, puso en duda que los grupos políticos tengan derecho a poner una txosna, y retomó la polémica generada el año pasado por la colocación de una bandera de Israel en el puente principal de la capital labortana. Debido a esa bandera de Israel, el año anterior hubo polémica y protestas en Baiona, y por ello Etchegaray ha decidido retirar este año todas las banderas internacionales. Pues bien, un año después, Etxeto, del PS, ha reivindicado que las banderas de Israel y de Palestina “deberían colocarse una al lado de la otra en el puente”.

En lo relativo a lo dicho sobre EHKS, el alcalde de centro-derecha Etchegaray expresó su total conformidad, añadiendo que los miembros de EHKS son “extremistas” en dos sentidos: en el eje izquierda-derecha y en la cuestión nacional. Únicamente planteó un desacuerdo, precisamente sobre las banderas del puente.

A continuación, Déborah Lupiens-Suarès, del partido de macronista Renaissance, tomó la palabra. Ella defendió que el antisionismo es el “nuevo antisemitismo”, y ligado a ello, dio paso a que los políticos del pleno municipal se mostraran a favor de prohibir y silenciar las opiniones contrarias a la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, Lupiens-Suarès logró equiparar el antisionismo y el antisemitismo, y nadie se le opuso.

Jean-Claude Iriarte, de EH Bai, coalición ‘gemela’ de EH Bildu en Ipar Euskal Herria, también tomó la palabra en la sesión, y dijo estar de acuerdo “palabra por palabra” con lo expresado por Etxeto, sumándose a la criminalización de las reivindicaciones a favor de la libertad de Palestina. Lo único que añadió fue que, supuestamente, “se debe diferenciar entre el Gobierno de Israel y el Estado de Israel”.

El sector hidrocarburífero representa aproximadamente una cuarta parte del PIB venezolano. Por ello, la flexibilización de las sanciones aprobada en enero prometía ser “el principal motor de reactivación económica” para un país fuertemente golpeado por años de sanciones y medidas de presión por parte de Washington, situación que se ha visto gravemente agravada tras dos devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. No obstante, diversos analistas coinciden en que los signos de recuperación en Venezuela son “extraordinariamente modestos”, lo que confirma que Washington no ha desembolsado la totalidad de los ingresos petroleros hacia las arcas de Caracas.

Francisco Rodríguez, economista venezolano e investigador en el Center for Economic and Policy Research con sede en Washington, precisó que la tasa oficial de crecimiento del primer trimestre se situó en un 2,5 %, la cifra más baja registrada en casi cinco años, y afirmó que “Venezuela probablemente no creció a un ritmo superior a pesar de los mayores ingresos petroleros del primer trimestre porque Estados Unidos no transfirió al Gobierno venezolano la totalidad de dichos recursos”. En la misma línea, José Guerra, economista y exlegislador opositor, cuestionó abiertamente la falta de información disponible al señalar: “¿Dónde está el dinero? No hay transparencia y el Gobierno de Estados Unidos no nos informa”. Las estimaciones iniciales de la ONU fijan los costes de reparación de infraestructuras y edificaciones dañadas en al menos 37.000 millones de dólares.

En las instancias de poder estadounidense han proliferado relatos divergentes sobre la naturaleza del control de estos recursos. En la orden ejecutiva original promulgada en enero, la Casa Blanca estipuló que los fondos “continuarían siendo propiedad soberana del Gobierno venezolano“ y que “se depositarían en cuentas del Gobierno estadounidense bajo una capacidad gubernamental y de custodia”. Sin embargo, el Departamento de Energía de Estados Unidos declaró posteriormente que los recursos “se desembolsarán para el beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo de forma pública el pasado mes de junio que Estados Unidos logró recuperar el coste de la intervención militar “28 veces” a través del petróleo, añadiendo que Washington está “ganando mucho dinero” con las operaciones. Durante dicha intervención, el mandatario estadounidense llegó a manifestar que se trataba de “48 minutos para ganar esa guerra” y aseguró haber retirado “millones de barriles de crudo”.

Versiones contradictorias y opacidad

Las explicaciones técnicas brindadas por los altos funcionarios de la administración no han despejado los recelos en el Capitolio. En una comparecencia ante el Congreso celebrada el pasado mes de abril, el alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, aseguró que se habían transferido alrededor de 3.000 millones de dólares a Venezuela y que la firma de auditoría KPMG supervisaba las cuentas bancarias, comprometiéndose a entregar informes trimestrales al Legislativo. Pese a ello, los miembros demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes han denunciado no haber recibido documentación alguna desde entonces. Durante otra audiencia parlamentaria celebrada el pasado miércoles, Kozak reiteró la postura oficial manifestando que “es su dinero, pero... tienen que obtener nuestro permiso”, explicando que se han autorizado partidas para salarios del sector público y suministros de la industria petrolera.

Tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro mantuvieron que “se han desembolsado miles de millones de dólares en la economía venezolana mediante mecanismos de liquidez e impositivos orientados al gasto oficial”. No obstante, el portal digital habilitado por las autoridades de Caracas para fiscalizar las transferencias únicamente contabiliza una entrada confirmada por valor de 300 millones de dólares correspondiente al pasado mes de marzo.

La falta de claridad ha despertado duras críticas de legisladores de ambos partidos. El congresista demócrata Joaquin Castro declaró al Financial Times que “la invasión de Trump a Venezuela ha consistido en petróleo, poder y corrupción desde el primer momento, con miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos controlados por la administración Trump sin transparencia ni salvaguardias”, denunciando que el Congreso se mantiene ‘a oscuras’. Paralelamente, en una audiencia celebrada este pasado martes, la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, reclamó la divulgación pública e inmediata de todos los informes financieros por “la importancia de la transparencia sobre hacia dónde va el dinero”.

Ayer, 27 de julio, la Policía Nacional ha detenido a varias personas en Bizkaia a raíz de esos altercados de Bilbo. Entre los detenidos hay al menos dos jóvenes, uno de Romo y otro de Muskiz, pero por el momento no está claro cuántas personas han sido detenidas en total, ni dónde.

Noticia en desarrollo

Según informó la propia compañía desde Alemania, la supresión de estos 5.000 empleos se gestionará “de manera progresiva” hasta 2035. El conjunto de estas medidas fue consensuado con el comité de empresa e incluye de forma paralela un compromiso de inversión acumulada por valor de 2.100 millones de euros destinados al “desarrollo y modernización de las factorías germanas de Zuffenhausen y Weissach”.

El acuerdo laboral alcanzado entre la dirección y los representantes de los trabajadores contempla asimismo otros ajustes significativos en las condiciones de la plantilla. Entre ellos destacan la reducción de la paga extraordinaria de Navidad en un 40% y la restricción del modelo de trabajo a distancia, que pasará de doce a únicamente ocho días permitidos al mes.

La difusión de este plan por parte de Porsche precede a la presentación de sus resultados financieros del primer semestre de este año, programada para este miércoles. El anuncio ocurre tras darse a conocer el pasado viernes los balances semestrales del Grupo Volkswagen, en los cuales la corporación reportó un descenso en sus beneficios del 30,7%, situándose en 3.103 millones de euros durante la primera mitad de 2026. En ese mismo periodo, el grupo vendió cuatro millones de vehículos a nivel global, lo que supuso una caída del 8,4% respecto al primer semestre de 2025, impulsada por severas contracciones de ventas en el mercado de China. 

Durante el recorrido hacia los terrenos de las obras en las localidades de San Didero y Chiomonte, la marcha derivó en acciones de resistencia para frenar el avance de la maquinaria pesada. Los manifestantes superaron los cercados perimetrales, logrando detener temporalmente la actividad en la autopista A32 y la línea ferroviaria adyacente. Desde el movimiento se subrayó que estas acciones “responden de forma legítima a años de continuada militarización del valle, la destrucción sistemática del entorno natural y la persistente presión ejercida por la Policía sobre las comunidades locales”.

Tal como detalló el medio Radio Onda d'Urto, la Prefectura y la Questura de Turín aplicaron desde días antes medidas de control masivo, restricciones de circulación y órdenes de alejamiento en un intento de amedrentar a la población y criminalizar el derecho a la protesta. Durante los días 26 y 27 de julio, la desproporcionada presencia de agentes derivó en numerosas intervenciones violentas que dejaron decenas de personas heridas entre los manifestantes, así como en la identificación e interrogatorio de cientos de asistentes en los accesos al valle. Organizaciones sociales han denunciado la estrategia institucional y mediática orientada a desacreditar a la protesta, ocultando el carácter “marcadamente pacífico, diverso y popular” de la gran mayoría de los participantes.

A través de un comunicado emitido en sus canales de difusión e Instagram, el movimiento No TAV celebró la jornada como “una gran victoria de lucha para el Val di Susa”. Transcurridos quince años desde la histórica experiencia de la Libera Repubblica della Maddalena, la organización ratificó que “la solidaridad vecinal y la conciencia ecológica continúan plenamente vigentes” en la región. No TAV reafirmó su “determinación de seguir defendiendo el territorio frente a los abusos policiales, la represión del Estado y la imposición de grandes obras destructivas”.

Bajo el lema “Mallorca al límite”, decenas de miles de personas recorrieron el centro de la capital mallorquina para denunciar el crecimiento sin freno del turismo y sus efectos sobre el acceso a la vivienda, el colapso de los servicios públicos y la precarización laboral. La protesta, convocada por cerca de un centenar y medio de entidades sociales y culturales baleares, salió de la plaza de España poco después de las 19:00 horas y recorrió avenidas como Via Roma, la Rambla, la calle Unió y el Born antes de llegar a Ses Voltes.

Tensión y brutalidad policial

La tensión estalló cuando la Policía Nacional cerró los accesos a Ses Voltes con el recinto todavía medio vacío, donde estaba previsto leer el manifiesto final, impidiendo que buena parte de los asistentes pudiera escuchar la lectura.

La situación desembocó en varias cargas contra los manifestantes, con agentes haciendo uso de defensas extensibles y proyectiles de goma. El balance ha sido de varias personas heridas, algunas con heridas en la cabeza, y algunos turistas ajenos a los incidentes también resultaron afectados por los disparos de pelotas de goma. Uno de los afectados por los disparos es un fotoperiodista que cubría la manifestación.

Según la Organització Juvenil Socialista de Mallorca, las cargas han sido “completamente desproporcionadas respecto al transcurso de la manifestación”, y señalan que la movilización había transcurrido sin incidentes hasta que la dirección policial impidió el paso de los manifestantes a la lectura del manifiesto y comenzó a cargar de manera indiscriminada.

Criminalización de la lucha contra el turismo

Parte de la gran afluencia de este año se atribuye también al malestar generado por un caso reciente de represión policial contra el activismo antiturístico. Hace dos semanas, la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de 28 años acusadas de causar daños a cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, donde la noche del 31 de mayo un grupo de activistas había hecho pintadas en los escaparates y había repartido folletos. Se les imputan delitos por daños al patrimonio y organización criminal, y quedaron en libertad con cargos; la investigación continúa abierta a la espera de localizar a una tercera persona a la que las cámaras de seguridad también grabaron.

Diversas organizaciones sociales mallorquinas han denunciado la contundencia del despliegue policial y la acusación de organización criminal como “un intento de disciplinar a quien denuncia la turistificación”. La Guardia Civil y la Policía Nacional, por su parte, han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran “disponer de los medios necesarios para garantizar el orden público” y “advierten de que quien cometa delitos contra intereses turísticos acabará detenido y a disposición judicial”.

Tercer verano consecutivo de protestas

Es el tercer verano que miles de personas salen a las calles de Palma para protestar contra el modelo turístico de masas y para denunciar cómo este crecimiento desmesurado impacta en la oferta de vivienda disponible, en el colapso de los servicios, en la precarización laboral y, en general, en la calidad de vida de los habitantes de la isla. Los convocantes denuncian que el número de visitantes que recibe el archipiélago se ha duplicado en las últimas dos décadas hasta superar los 19 millones anuales, y que más de 105.000 viviendas están destinadas actualmente a uso turístico en las islas.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el sábado a través de una publicación en la red social X que las fuerzas armadas de su país lograron “resultados muy sólidos con ataques de largo alcance en el mar Caspio”. Zelensky precisó que los impactos alcanzaron embarcaciones empleadas para el transporte de cargamento militar vinculado a Irán, así como a un buque de guerra.

La reacción diplomática de Teherán se extendió hacia el ámbito internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó en redes sociales que sostuvo conversaciones telefónicas con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Araghchi señaló que dejó en claro ante ambos representantes que lo ejecutado por el gobierno de Kiev “no puede quedar sin respuesta”.

El propio Donald Trump confirmó este viernes que emisarios estadounidenses mantienen ya conversaciones con representantes del Gobierno iraní con el fin de “explorar vías de distensión”. Sin embargo, este cese de los ataques aéreos no ha significado un alivio en la presión militar marítima. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aclaró este sábado 25 en un comunicado publicado en X que el bloqueo naval contra Irán “permanece en pleno efecto” y reveló que sus fuerzas han “interceptado y desviado a doce buques comerciales que intentaban dirigirse a puertos iraníes, además de haber abordado otros dos mercantes para verificar el cumplimiento del cerco”.

Como síntoma del anuncio, el Gobierno de Catar ha anunciado este sábado que reanudará a partir del domingo toda la navegación marítima civil, la cual permanecía suspendida desde hacía más de diez días por la escalada militar. No obstante, las autoridades iraníes han mantenido una postura de firmeza. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, advirtió que las acciones ofensivas contra los intereses de Washington en la región continuarán “hasta la rendición total del enemigo”.

La salida del ya exministro constituía la exigencia central de la organización juvenil, que lo señalaba como responsable político de las graves filtraciones e irregularidades detectadas en las pruebas oficiales de acceso a la universidad, especialmente en el examen NEET-UG, la prueba nacional para ingresar en las carreras de Medicina. Además de la renuncia de Pradhan, el CJP “confirmó” que el Gobierno liderado por el primer ministro Narendra Modi aceptó conceder indemnizaciones económicas a las familias de los aspirantes al NEET que se suicidaron en el contexto de esta crisis académica, así como retirar las denuncias y causas penales abiertas contra los estudiantes que participaron en las marchas. Ante los medios de comunicación desplazados a Nueva Delhi, los portavoces del movimiento señalaron que retiraban las protestas de “buena fe” al ver atendidas sus principales demandas.

La renuncia de Pradhan se hizo pública este mismo sábado por la mañana, escasas horas antes de que expirase el plazo límite otorgado por los manifestantes al Ejecutivo. En su carta oficial de dimisión dirigida a Narendra Modi, el exministro argumentó que dejaba el cargo para “evitar que elementos antinacionales se beneficiaran de la inestabilidad en Jantar Mantar y en el resto del país, buscando asimismo garantizar la unidad nacional y permitir que los estudiantes indios se desligaran de complicaciones legales para centrarse en sus estudios”.

Este pacto frena, al menos de manera temporal, semanas de agitación estudiantil que comenzaron como un fenómeno satírico en redes sociales y escalaron hasta una huelga de hambre de 26 días, restricciones en el acceso a internet móvil en la zona central de Delhi y amenazas disciplinarias en los campus universitarios. La tensión vivió su punto más crítico durante la marcha hacia el Parlamento del pasado 20 de julio, en la que miles de manifestantes, familias y docentes sufrieron brutales cargas policiales, uso de gases lacrimógenos y detenciones. Activistas de la organización AISA denunciaron que la Policía aisló y golpeó a más de cincuenta manifestantes, bloqueando la asistencia médica e hiriendo a varios estudiantes con proyectiles de perdigones, mientras el movimiento mantiene abierta su exigencia de responsabilidades a la jefatura de la policía local.