Para justificar este intento de externalizar sus costes operativos hacia el Estado, Garamendi argumentó en la misma cita que “el gasto en enfermedades comunes lastra la competitividad empresarial”, obviando la responsabilidad de las empresas en la salud de sus plantillas. La estrategia de la Patronal pasa por el chantaje financiero, sosteniendo que “mientras la Administración no endurezca los controles sobre los trabajadores enfermos, el tejido empresarial no debería asumir estos costes”. Entre las medidas más regresivas exigidas figuran la exoneración fiscal total para eliminar por completo las cotizaciones sociales en los contratos temporales destinados a sustituir a los empleados enfermos, así como la supresión de cargas en bajas de larga duración para dejar de cotizar por aquellos trabajadores cuyos procesos superen el año de vigencia. Además, propusieron una privatización del control médico al exigir traspasar mayores competencias de fiscalización a las mutuas, adelantando los reconocimientos obligatorios a los tres, seis y nueve meses para presionar la vuelta al trabajo.

La postura de la dirección de la CEOE se vio radicalizada durante la jornada por las demandas de las patronales territoriales, que evidenciaron una agenda de recortes de derechos laborales fundamentales. Rosa Santos, directora de empleo de la organización, tildó de “lastre” las bajas de cerca de un millón y medio de personas, desviando el foco de las patologías derivadas de las pésimas condiciones de trabajo para culpar exclusivamente a supuestas ineficiencias del sistema de salud. Por su parte, la patronal madrileña, representada por Laly Escudero, adoptó una línea aún más dura al exigir la vuelta del despido por bajas médicas para recuperar la polémica figura legal que permitía despedir de forma procedente a un trabajador por acumular bajas justificadas intermitentes. También reclamaron una clara vulneración del secreto médico al exigir el “derecho legal de las empresas a conocer el diagnóstico específico de la incapacidad del empleado”, y propusieron castigos económicos colectivos condicionando los complementos salariales de la empresa al índice de absentismo general del centro de trabajo.

El encuentro empresarial de este martes dejó también otro “curioso” momento, tras las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, quien criminalizó a los trabajadores más jóvenes acusándolos de “falta de fortaleza mental” y llamándolos “memos”.

Beneficios empresariales récord

En 2025, el total de las empresas cotizadas españolas registraron beneficios récord, alcanzando un total de 71.118 millones de euros de beneficio neto, un 4,36% más que en 2024. El Ibex 35 aportó la mayor parte de estos resultados, con alrededor de 65.000 millones de euros, impulsado principalmente por el sector bancario y las energéticas. Solo la banca generó cerca de 34.000 millones de euros, destacando Banco Santander con 14.101 millones (+12%) y BBVA con 10.511 millones, seguidos de cerca por Iberdrola, con alrededor de 6.250 millones. 

Según los términos oficiales de las instituciones de la Unión, el pacto expirará formalmente el 31 de diciembre de 2029, una fecha fijada estratégicamente a menos de un mes de que concluya el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque la Comisión Europea mantiene la prerrogativa de proponer una prórroga del acuerdo. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, defendió la ratificación a través de una declaración en sus redes sociales oficiales, donde manifestó que “el comercio transatlántico es una relación incomparable que merece ser preservada porque beneficia a las empresas y al empleo”.

Para la entrada en vigor definitiva de este acuerdo arancelario, que también extiende la suspensión de gravámenes a las importaciones de bogavante estadounidense, todavía se requiere la ratificación formal por parte del Consejo de la Unión Europea, un mero trámite institucional que está programado para el próximo 25 de junio. De cumplirse este más que probable calendario, el tratado comenzará a aplicarse de manera efectiva antes del 4 de julio, cumpliendo así con la fecha límite que en su día impuso el presidente Donald Trump, quien previamente había acusado a las autoridades de la Unión Europea de retrasar de forma deliberada la implementación del pacto.

Asimismo, el representante de la patronal castellano-manchega aseguró que los trabajadores jóvenes “denuncian por acoso a los empresarios cuando estos simplemente les exigen que cumplan con su jornada laboral y sus horarios correspondientes”. En su condición de gestor de bajas a través de la mutua Solimat, declaró que desde estas entidades se emiten constantes propuestas de alta dirigidas a los médicos de atención primaria del sistema público de salud, aunque recordó que son estos facultativos de la sanidad pública quienes mantienen la última palabra legal para reincorporar a los trabajadores a sus puestos.

Por otra parte, el presidente regional de la CEOE extendió sus críticas hacia la gestión de la administración pública local y los planes de empleo impulsados por los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Según expuso en una segunda intervención dentro del mismo foro, dichos planes institucionales “llegan a generar unos 25.000 puestos de trabajo iniciales que, a los pocos días de su activación, derivan en cerca de 20.000 bajas médicas”. Nicolás trató de argumentar que “esta situación de absentismo inmediato se produce debido a la ausencia de reconocimientos médicos obligatorios previos a la contratación laboral, lo que impide evaluar la idoneidad física y mental de los aspirantes antes de formalizar la vinculación”. 

Las autoridades sanitarias detallaron que, a pesar de la gravedad de la situación, un total de 48 pacientes han logrado recuperarse por completo de la enfermedad, incluyendo a ocho personas que recibieron el alta médica en la provincia de Ituri durante la última jornada. No obstante, la presión sobre el sistema asistencial sigue siendo crítica, con 363 pacientes que permanecen bajo un estricto aislamiento clínico. La respuesta médica e institucional se mantiene desplegada de forma simultánea en las tres provincias afectadas del noreste congoleño, que abarcan Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur. Asimismo, la crisis sanitaria ya muestra ramificaciones transfronterizas, habiéndose confirmado en la vecina Uganda un total de 19 contagios y dos víctimas mortales asociadas directamente a esta misma ola infecciosa.

La velocidad de la propagación ha generado serias advertencias por parte de los organismos humanitarios internacionales que operan en la región. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras alertó de que las medidas implementadas sobre el terreno “todavía no son proporcionales a la magnitud de la crisis”, advirtiendo que el avance de los contagios “sobrepasa la velocidad de los esfuerzos de contención actuales”. En este mismo sentido, Olivier le Polain, miembro de la OMS desplegado en Kivu Norte, advirtió que el virus se está expandiendo “de manera casi diaria” hacia nuevas zonas sanitarias, lo que sugiere que la escala real de la epidemia es muy superior a la registrada en las estadísticas oficiales. Esta nueva crisis sanitaria tiene lugar poco después de que la RDC decretara, en diciembre de 2025, el fin de su anterior brote en la región de Kasai.

Esta movilización de ayer es la reacción directa a una operación de persecución política dirigida por la Audiencia Nacional y ejecutada por la Comisaría General de Información en colaboración con Israel, que ha culminado con el arresto de dos personas en Bilbo y Getxo bajo el amparo de un secreto de sumario. Las organizaciones criminalizadas, la plataforma de solidaridad con Irán Iranekin Bat y la red de apoyo a los presos palestinos Samidoun, han salido al paso para desmontar la versión policial que pretende vincular de forma absurda a los detenidos con la organización libanesa Hezbollah. Tal y como han denunciado públicamente, la acusación se reduce al ejercicio de la libertad de expresión y de información a través de la gestión de Frontflict, un canal informativo en Telegram que se limita a difundir en castellano la realidad del genocidio que sufre el pueblo palestino, la agresión bélica contra Irán y Líbano y la actividad de los movimientos de la Resistencia.

Desde el movimiento internacionalista se insiste en que este procedimiento judicial representa “la culminación de una burda campaña de señalamiento, mentiras y acoso mediático orquestada por sectores de la prensa española para complacer los intereses del Estado de Israel y del Gobierno español, buscando silenciar de raíz cualquier denuncia contra la ocupación del Líbano y Palestina”. La defensa de los activistas ha expuesto las graves debilidades de un expediente que pretende penalizar actividades totalmente públicas y legales, como la asistencia de los militantes a un ciclo de conferencias políticas celebrado entre mayo y junio en Hego Euskal Herria, que contó con la presencia oficial del embajador de la República Islámica de Irán, Reza Zabib.

Las organizaciones han criticado las “burdas y falsas incriminaciones añadidas al caso” con el único fin de “inflar” la acusación, tales como un supuesto “intento de boicot a la Vuelta Ciclista a España o vinculaciones extemporáneas con la ya desaparecida ETA”. Ante el inminente traslado de sus compañeros a Madrid, los movimientos se han reafirmado en su derecho inalienable a la solidaridad internacionalista y han convocado una rueda de prensa este viernes, 19 de junio, a las 17:00 horas en el Edificio de La Bolsa de Bilbo, con el objetivo de detallar las medidas de respuesta frente a lo que consideran “un intolerable montaje político-policial”.

Por su parte, las organizaciones y plataformas de apoyo a las que pertenecen los detenidos han ofrecido una versión detallada que contradice y contextualiza los hechos. La plataforma Iranekin Bat y la red de apoyo a Palestina Samidoun han confirmado que los dos arrestados son compañeros e integrantes de sus colectivos, precisando además que uno de ellos es el administrador del canal informativo Frontflict en Telegram. De acuerdo con el comunicado emitido por Iranekin Bat este mismo martes, las detenciones representan “la culminación de una campaña de señalamiento, mentiras y persecución mediática iniciada semanas atrás por sectores de la prensa española”, señalando de forma específica una reciente publicación del diario El Confidencial que imputaba delitos de “terrorismo” a sus miembros. La propia plataforma subraya que dicha publicación admitía que ningún juez de la Audiencia Nacional había encontrado previamente bases objetivas racionales para inferir la comisión de ilícito alguno.

Iranekin Bat enmarca este procedimiento judicial de los aparatos estatales y policiales encabezados por el Gobierno español en colaboración con el Estado de Israel para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino y silenciar a quienes denuncian el genocidio y la ocupación del Líbano, entre otros. Según la información facilitada por los portavoces de la defensa, el expediente instruido para criminalizar su causa penaliza tanto su participación en el ciclo de cuatro conferencias ofrecidas a finales de mayo y principios de junio en diversas capitales de Hego Euskal Herria por el embajador de la República Islámica de Irán, Reza Zabib, y su personal consular, como falsas incriminaciones que pretenden vincularlos con un boicot a la Vuelta Ciclista a España e incluso con el apoyo a la extinta ETA.

Ante el traslado de ambos militantes a la Audiencia Nacional en Madrid, Iranekin Bat se ha reafirmado públicamente en su derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, así como en su compromiso de apoyo al Eje de la Resistencia palestina y libanesa y a la legitimidad internacional del Estado iraní, cuyas fronteras diplomáticas y consulares están plenamente reconocidas por las autoridades españolas. Para responder formalmente a lo que califican como una “caza de brujas y un montaje represivo”, las organizaciones han convocado formalmente a una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, a las 17:00 horas, en el Edificio de La Bolsa de Bilbo.

Apenas se hizo pública la autorización y el visto bueno de la Casa Blanca al proceso, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá reaccionaron de manera conjunta mostrando su “total disposición” a levantar las sanciones pertinentes a Irán. Esta medida, evidencia la falta de una iniciativa estratégica autónoma por parte de los estados europeos, los cuales han condicionado sus políticas de presión económica a los movimientos geopolíticos dictados previamente por el Gobierno estadounidense. Los líderes de estos cinco estados, que coinciden esta semana con Trump en la cumbre del G7 en Évian (Estado francés) confirmaron además que preparan “una misión de carácter estrictamente defensivo para recuperar el control y la libre circulación en el estrecho de Ormuz”.

La posición del bloque europeo respecto a las decisiones de Washington quedó reforzada por las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se sumó de inmediato a la retórica del pacto exigiendo “el restablecimiento de la libertad de navegación sin derechos de tránsito” y reclamando un alto el fuego “genuino” en el Líbano, una postura respaldada por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien calificó de esencial el cese de los combates en territorio libanés. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ofreció la “experiencia negociadora del continente” para la fase definitiva del acuerdo nuclear, recordando de manera implícita que el marco previo negociado por Alemania, Francia y el Reino Unido quedó anulado en 2018 cuando el propio Trump decidió retirar unilateralmente a Estados Unidos del tratado original. 

Mientras tanto, el Gobierno de China y las monarquías del Golfo, incluyendo a Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, expresaron su respaldo al texto con especial énfasis en la seguridad de Ormuz, al tiempo que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió sobre “la necesidad de evitar provocaciones antes de la cita del viernes”, recordando el intenso vaivén de declaraciones en el que Trump llegó a proclamar el pacto hasta en 40 ocasiones antes de confirmarse. No obstante, la efectividad del acuerdo dictado por Washington afronta serias divisiones sobre el terreno, dado que el Gobierno de Israel y todo su arco parlamentario ya han manifestado su firme rechazo al pacto y han asegurado que sus tropas no se retirarán del sur del Líbano.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió a la afirmación de Israel de que no se retirará del Líbano afirmando "Sabemos que Israel nunca toma ninguna acción sin consulta y coordinación directa con Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos a Estados Unidos directamente responsable si no logra obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones como parte del Acuerdo de Memorando de Entendimiento, con las consecuencias necesarias".

Ante las declaraciones de dirigentes israelíes, la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido esta mañana un comunicado oficial con una postura tajante en la que condicionó la validez de cualquier tratado a la situación de sus aliados regionales, afirmando textualmente que "defienden a Gaza", y que "tanto el Líbano como Gaza serán las prioridades" de su acuerdo, advirtiendo de que, de no cesar los ataque israelíes sobre ambos territorios, "no habrá acuerdo".

Por su parte, según registros de la FINUL, Israel ha lanzado más de 133 proyectiles y dos ataques aéreos entre la medianoche y las 16:00 horas locales de ayer, un período en el cual no se notificó ningún ataque por parte de Hezbollah, confirmando que los grupos de la Resistencia han cumplido con el cese el fuego incluido en el memorando de paz, cosa que exigen ahora a Israel.

A pesar de ser valorado por sectores de la formación como una alternativa de liderazgo frente al primer ministro Keir Starmer, el antiguo ministro respaldó la “reestructuración” del sistema de asilo que encabeza la actual ministra del Interior, Shabana Mahmood. Burnham argumentó que las autoridades británicas “deben hacer un uso mucho más riguroso de los mecanismos de detención para impedir que las personas cuyas solicitudes carezcan de fundamentos legítimos permanezcan en el territorio”. Asimismo, defendió la “urgencia de agilizar los procesos de evaluación técnica para ejecutar de forma acelerada la repatriación y devolución de los migrantes a sus países de origen, evitando así la acumulación de expedientes rezagados en las oficinas ministeriales”.

Por otra parte, el regidor del Gran Mánchester dirigió duras críticas hacia la gestión logística del Ministerio del Interior en lo relativo a la distribución territorial de los solicitantes de asilo dentro de las fronteras británicas. Según denunció Burnham, el Gobierno central ha “sobrecargado a las comunidades económicamente más deprimidas basándose únicamente en criterios de menor coste de la vivienda, eximiendo a las zonas más prósperas de asumir una cuota proporcional de acogida”. El candidato concluyó su intervención demandando una consulta formal obligatoria con las administraciones locales antes del reparto de migrantes y reiteró que la prioridad del Estado debe ser la “erradicación del caos operativo en las costas”.

Ante la gravedad de las imputaciones, la dirección ejecutiva de la editorial ha remitido un requerimiento formal a la Oficina de Protección de la Constitución de Hamburgo exigiendo el cese inmediato de las afirmaciones falsas, la rectificación pública de los datos erróneos y la retirada de la circulación del informe viciado, una reclamación que hasta la fecha no ha recibido réplica oficial por parte de la institución gubernamental. El desglose de la documentación demuestra que la manifestación anual en Berlín es coordinada por una coalición independiente de partidos de izquierda, organizaciones sociales y colectivos autónomos en la que el periódico no tiene participación orgánica, limitándose su presencia a la cobertura informativa y a la instalación de un puesto de venta de libros. El periódico denuncia que estas acusaciones “forman parte de una estrategia de desprestigio e intimidación que se extiende a otras delegaciones regionales, como la de Turingia”, donde se ha intentado criminalizar al rotativo mediante teorías de contacto indirecto por incluir en sus páginas suplementos de la organización de solidaridad Rote Hilfe.

Según denuncian miembros de junge Welt, el impacto de este señalamiento sistemático “trasciende el ámbito reputacional y genera severas consecuencias económicas y logísticas para la supervivencia del medio de comunicación”. La inclusión histórica del diario en los informes del Ministerio Federal del Interior bajo la etiqueta de “organización extremista de izquierda que aspira a un orden marxista-leninista” faculta legalmente el bloqueo de sus campañas publicitarias en estaciones ferroviarias, redes de transporte público y cadenas de radiodifusión estatales. Asimismo, la dirección del periódico subraya que el estigma oficial “disuade a potenciales suscriptores, encarece de forma desproporcionada el alquiler de espacios para eventos culturales propios, como la Conferencia Internacional Rosa Luxemburg, y ahuyenta a colaboradores, columnistas y socios comerciales”, cumpliendo de este modo el objetivo explícito admitido por el propio Gobierno Federal en una respuesta parlamentaria de 2041, consistente en debilitar el tejido financiero y el "sustento vital" del medio disidente.

La resolución de esta disputa se encuentra paralizada en los tribunales ordinarios de la República Federal, evidenciando una dilatación de los plazos que la defensa califica de “obstrucción procesal”. Aunque el Tribunal Verfassungsgericht dictaminó en 2005 que señalar a medios de comunicación en estos informes vulneraba la libertad de prensa, el Tribunal Administrativo de Berlín desestimó una demanda principal de junge Welt en una vista celebrada bajo la presidencia del magistrado Wilfried Peters, actual jefe de los servicios de inteligencia de Brandeburgo, quien justificó la vigilancia estatal basándose en 'normativas antisubversivas' de la época de la Guerra Fría. Tras la presentación de un recurso de apelación por parte de la editorial, las instancias judiciales competentes acumulan cerca de veinte meses de inactividad sin emitir un veredicto sobre la admisión del trámite, lo que obligará al periódico a recurrir ante el Tribunal Constitucional Federal y las cortes europeas empleando fondos obtenidos mediante campañas de solidaridad y donaciones de sus propios lectores.

Tras la ceremonia de firma, el ministro canadiense David McGuinty compareció en una rueda de prensa institucional para desglosar el alcance del tratado. El representante norteamericano subrayó que esta cooperación bilateral "no solo fortalece los lazos de confianza mutua, sino que mejora la preparación técnica de los ejércitos para responder con eficacia y de manera coordinada a los desafíos emergentes de seguridad". Asimismo, McGuinty reiteró la vigencia del compromiso de Canadá dentro de su actual estrategia integral para el Indo-Pacífico, orientada de forma prioritaria a respaldar de manera activa un ordenamiento marítimo que "respete la libre navegación".

La cooperación militar entre ambos países experimentará nuevos avances en el corto plazo, según confirmaron las propias delegaciones oficiales al medio Philippine Daily. Teodoro ratificó que los equipos técnicos trabajan actualmente en los detalles de un próximo convenio enfocado en el intercambio de inteligencia militar, una herramienta considerada clave para salvaguardar la integridad de las operaciones bilaterales en curso. De manera paralela, las autoridades confirmaron que la agenda estratégica compartida se ampliará de manera progresiva hacia la ciberseguridad, los programas de formación y entrenamiento de tropas, y la participación en actividades multilaterales de cooperación marítima.

Tensiones con Pekín

Este fortalecimiento de los lazos entre Manila y Ottawa coincide con un incremento de las tensiones diplomáticas en el Mar de China Meridional, donde el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas presentó este mismo martes una protesta formal contra el Gobierno chino tras la detección de una estructura flotante en el disputado banco de arena Scarborough/Huangyan. Según informaron las fuerzas armadas y la guardia costera filipinas, la reclamación responde al "temor de que dicha instalación preceda a una modificación e infraestructura permanente en el atolón deshabitado". Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, desestimó desde Beijing las objeciones de Manila y ratificó la "indiscutible" soberanía china sobre la isla y sus aguas adyacentes, defendiendo que actividades como la investigación científica entran dentro de los derechos legítimos de su Estado e instando a la contraparte filipina a frenar lo que consideró "provocaciones marítimas".

La complejidad geopolítica de la zona, donde también interactúan reclamaciones territoriales de Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, mantiene una atención regional constante, especialmente debido a los tratados de seguridad vigentes entre Washington y Manila, bajo los cuales la administración estadounidense ha reiterado su "obligación legal de intervenir en favor de Filipinas en caso de que sus fuerzas armadas, aeronaves o embarcaciones sufran una agresión militar en los sectores en disputa".

La jueza Carr argumentó en su dictamen que el Gobierno británico "mostró una posición equilibrada al proscribir a Palestine Action", señalando explícitamente que la organización "promueve la violencia de manera excesiva hasta el punto de constituir terrorismo", añadiendo en su argumentación que las tácticas del colectivo "difieren de movimientos históricos como el de las sufragistas". Esta interpretación jurídica se ampara en la legislación antiterrorista aprobada en el año 2000, la cual define el terrorismo en un sentido amplio que incluye "daños graves contra edificios, infraestructuras o propiedades con fines políticos, ideológicos o religiosos, diseñados para influir en el Gobierno o intimidar al público". De este modo, la corte de apelaciones deja sin efecto el criterio del Alto Tribunal de febrero, el cual sostenía que, si bien Palestine Action "actuaba al margen de la ley con fines de intimidación y mediante la delincuencia", su clasificación más severa resultaba "desproporcionada en relación con las libertades fundamentales de expresión y manifestación", sugiriendo que sus miembros debían ser procesados únicamente de manera individual.

A este respecto, el pasado sábado 13, el juez Jeremy Johnson impuso penas de prisión contra cuatro integrantes de la organización, con penas de hasta ocho años y ocho meses de prisión por las incursiones en las fábricas de la israelí Elbit Systems UK, en Bristol. Lo hizo, además, dictando una sentencia sin precedentes en la historia jurídica del Reino Unido al aplicar un agravante por "vínculo terrorista" a los cuatro activistas.

Por su parte, diversas organizaciones de derechos civiles, juristas y colectivos de defensa de los derechos políticos han denunciado que la ratificación de esta prohibición sienta "un peligroso precedente que redefine la frontera entre la desobediencia civil y el terrorismo", argumentando que la medida "criminaliza la solidaridad internacional y limita severamente el derecho a la protesta" en el país. Frente a estas críticas, el Ministerio del Interior británico insiste en que las restricciones responden "de manera estricta a imperativos de seguridad pública y protección de infraestructuras estratégicas", negando cualquier tipo de motivación política en la persecución de la causa. Debido al profundo calado constitucional del litigio y al rechazo de los activistas ante la resolución de la corte de apelaciones, la defensa legal de la cofundadora de Palestine Action ha manifestado su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, instancia definitiva que deberá pronunciarse sobre el caso en los próximos meses.

Por otro lado, el Ejecutivo israelí adoptó una postura aún más distanciada del pacto cuando el primer ministro, Benjamín Netanyahu, junto a sus ministros de Defensa y Seguridad Nacional, confirmó de forma oficial que "el Estado de Israel no detendrá sus incursiones ni replegará a sus soldados", argumentando que "los compromisos adquiridos por potencias extranjeras no limitan su agenda de seguridad ni su combate contra Hezbollah".

En un discurso televisado seguido de una rueda de prensa este lunes, Benjamín Netanyahu aseguró de manera tajante que "la lucha no ha terminado", a pesar del acuerdo anunciado la noche anterior entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, el mandatario defendió "la legitimidad y los resultados" de la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero contra Irán, detallando que, junto a las fuerzas estadounidenses, ejecutaron "el mayor ataque en la historia de Israel".

Reforzando esta línea de desentendimiento institucional frente al alto el fuego, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, emitió el primer comunicado oficial del liderazgo de su país sobre el armisticio, ratificando que el Ejército israelí "no tiene la menor intención de retirarse del sur del Líbano". Katz reveló que comparte con Netanyahu una política clara e inamovible de permanecer en las zonas ocupadas en el Líbano, Siria y Palestina sin ningún tipo de límite temporal. El titular de Defensa especificó que estas áreas fronterizas serán "completamente vaciadas de residentes locales" y que "toda la infraestructura calificada de terrorista, tanto en la superficie como en el subsuelo, incluyendo las viviendas de los pueblos de la línea de contacto, será destruida". A esta negativa se sumó el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien exigió públicamente "seguir destruyendo casas y expulsando a la población" del sur del Líbano. Por su parte, el líder de la oposición al gobierno de Netanyahu, Naftali Bennett, declaró ayer que "[si gano las elecciones de otoño] En el frente militar, regresaré a la doctrina de seguridad de guerras rápidas, poderosas y decisivas, en lugar de la estrategia de Netanyahu de alargar las cosas".

Hezbollah cumple con el alto el fuego

Mientras tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, denunció este lunes desde Nueva York que la FINUL registró el lanzamiento de más de 133 proyectiles y dos ataques aéreos procedentes de Israel hacia el sur del país entre la medianoche y las 16:00 horas locales, un período en el cual no se notificó ningún ataque por parte de Hezbollah. Estos datos dan continuidad a la tendencia observada durante el fin de semana previo al anuncio, cuando la UNIFIL detectó 1.374 trayectorias de proyectiles, de los cuales el 97% (1.328) fueron atribuidos a las fuerzas israelíes.

Basándose en el artículo 578.1, la Fiscalía ha acusado a las dieciséis personas encausadas de "enaltecimiento del terrorismo". Para este delito se prevén penas de entre uno y tres años de prisión, y en el caso de los de Berango, el Ministerio Fiscal ha solicitado penas de dos años de cárcel para todos ellos. Además, en los casos en los que se considera que existe "reincidencia", ha señalado que las penas deberían ser aún mayores, aunque sin concretar detalles.

En el primer día del juicio, cobró especial importancia el asunto del "colaborador" desconocido mencionado por la Guardia Civil para blindar sus informes policiales. En la base de las acusaciones, una de las principales pruebas es que un 'informante secreto' trasladó a los guardias civiles los supuestos discursos que se escucharon en el acto, pero, aún a día de hoy, no se ha mostrado ninguna grabación ni transcripción original de dichos discursos como prueba. Respecto a este tema, la Fiscalía ha afirmado que esto se ha debido a "la necesidad de mantener en secreto la fuente de información". La defensa, por su parte, ha cuestionado que dichas grabaciones existan; y, en caso de existir, ha dado a entender que tal vez habrían sido obtenidas de manera ilegal. Una de las acusaciones, concretamente la de la Fundación Villacisneros, ha destacado en sus conclusiones finales la "presunción de veracidad" que se debe otorgar a los agentes policiales.

En defensa de los derechos civiles y políticos

El único testigo que ha hablado a propuesta de la defensa ha abierto la sesión de hoy para desmentir la información que aparece en los informes policiales sobre una de las personas acusadas: le achacan haber gritado "Gora ETA militarra" (Viva ETA militar), pero el testigo ha explicado que eso no es verdad. Después de eso se ha dado la palabra a los encausados y, aunque la mayoría ha decidido no declarar, algunos han ofrecido explicaciones.

Uno de los que ha hablado ante el tribunal ha sido Hegoi Uriarte, quien ha negado la acusación de haber realizado un "enaltecimiento del terrorismo" el 13 de marzo de 2022: "Creo que ni ese acto ni este juicio tienen nada que ver con el enaltecimiento".

El encausado Sendoa Aratz Jurado también ha optado por tomar la palabra y ha dicho que no es verdad que hablara en el recibimiento. "Pero podría haberlo hecho, de hecho, estábamos allí ejerciendo nuestros derechos civiles y políticos; el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión, el derecho de reunión y el derecho a la participación política efectiva", ha añadido.

El cambio de criterio administrativo ha situado a los trabajadores sociales ante un severo dilema deontológico al entender que actuar sin comunicación previa condena a las personas sin techo a una situación de absoluta indefensión, rompiendo de forma drástica sus procesos de intervención social y provocando la pérdida recurrente de documentación básica. Fuentes conocedoras del conflicto aseguran que los Equipos de Calle desobedecieron inicialmente la directriz municipal para proteger a los usuarios, una reacción ante la cual el Ayuntamiento optó por dejar de comunicar a estos empleados el momento exacto en el que se iban a producir las intervenciones de limpieza en la vía pública. Los profesionales afectados han optado por mantener el anonimato ante el temor a sufrir represalias laborales o castigos en la negociación en curso de su nuevo convenio colectivo, lo que ha silenciado de forma temporal la contestación interna en el funcionariado.

Por su parte, el Área de Asuntos Sociales del Consistorio madrileño no ha desmentido la existencia de esta orden interna al ser consultada por los medios, limitándose a argumentar que estas intervenciones "son de carácter puntual" y "se ejecutan exclusivamente cuando un espacio público presenta síntomas de degradación o puede generar un problema de salud pública tanto para los vecinos como para las propias personas sin hogar". Sin embargo, personal de Samur Social ha confirmado bajo condición de anonimato que, al no existir un aviso previo, la inmensa mayoría de las veces no hay nadie en los asentamientos temporales cuando llegan las cuadrillas, lo que deriva en que todas las pertenencias encontradas sean arrojadas directamente a la basura, constando casos recientes de destrucción de medicaciones críticas e identificaciones legales.

Esta realidad ha sido ratificada por personas afectadas en el entorno de la estación de tren de Príncipe Pío, como José David Sánchez, quien lleva ocho años viviendo en las calles de la capital y denuncia que los servicios de limpieza arrasan con campamentos enteros sin consideración, destruyendo carpas y pertenencias de compañeros que se encontraban ausentes en ese instante. En estos operativos exprés intervienen de manera conjunta la Policía Municipal, los empleados del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y trabajadores de Samur Social, excluyendo deliberadamente a los Equipos de Calle, quienes denuncian que esta dinámica "destruye el vínculo de confianza que construyen día a día" con la población vulnerable. A pesar de que la administración local califica las intervenciones de "esporádicas", los registros internos de los propios trabajadores sociales dibujan una campaña sistemática y diaria, contabilizándose tres protocolos de limpieza en diferentes puntos de la ciudad el pasado 22 de mayo, seis el 27 de mayo, siete el 9 de junio y cinco más el 10 de junio.

El ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, detalló al término de las sesiones que existió una unanimidad prácticamente absoluta entre las delegaciones para extender el mecanismo de protección, pero con un firme consenso respecto a la exclusión de los ciudadanos sujetos a regulaciones de movilización militar en su territorio de origen. Forssell aseguró que la Comisión Europea incluirá "con total seguridad" esta cláusula restrictiva en su próxima propuesta legislativa. Pese al "rechazo" expresado por la delegación española, al ser el consenso general "amplio", Madrid no bloqueó la orientación política de la reunión.

Por su parte, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, refrendó la posición de los ministros de Interior en una comparecencia de prensa posterior al encuentro en Luxemburgo, señalando que la adopción de estas limitaciones "no solo responde a la voluntad de control del bloque europeo, sino que coincide plenamente con las demandas explícitas de las propias autoridades de Kiev para sostener sus capacidades de defensa en el frente". Brunner confirmó que los servicios técnicos de la Comisión Europea han "escuchado con detenimiento" las peticiones del bloque y prevén presentar el borrador definitivo de la propuesta normativa en las próximas semanas.

El operativo policial arrancó de forma simultánea con intensos registros tanto en dependencias oficiales como en inmuebles particulares situados en puntos estratégicos de la localidad, tales como la barriada de Arrayanes y la zona de la Estación de Linares-Baeza, extendiéndose las pesquisas a otros municipios colindantes de la provincia andaluza. Los investigadores de Asuntos Internos accedieron a varios despachos de la comisaría linarense con el objetivo de incautar documentación, dispositivos informáticos y material potencialmente incriminatorio relacionado con las actividades delictivas bajo sospecha.

Sin embargo, ayer, domingo, la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares decretó la puesta en libertad de los cuatro agentes detenidos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la puesta en libertad provisional de todos ellos, aplicando únicamente las medidas cautelares de comparecencia, retirada del pasaporte y prohibición de salida de territorio estatal, añadiendo que en la causa se investigan presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a un grupo criminal, entre otros.

Las líneas de investigación criminal se centran en esclarecer el grado y la naturaleza de los vínculos entre los agentes de Estupefacientes en libertad y las organizaciones delictivas asentadas en el entorno de la provincia. Aunque las autoridades mantienen un estricto hermetismo institucional debido al estado activo de las diligencias, las investigaciones tratan de determinar si los funcionarios incurrieron en conductas ilícitas como la filtración de información confidencial sobre futuros operativos de asalto, la oferta de protección logística a las actividades de los clanes o cualquier otra fórmula de cooperación necesaria con las redes criminales.

El origen de la investigación se encuentra en las sospechas iniciales de un sargento primero, quien detectó una llamativa divergencia entre los trabajos facturados y el estado real de las obras ejecutadas en las instalaciones. Tras esta alerta, el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de València halló indicios sólidos de corrupción interna y transfirió las diligencias a Asuntos Internos para continuar el caso junto a la Fiscalía. Los investigadores judiciales sostienen la existencia de indicios sólidos que imputan indiciariamente al teniente coronel los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, de forma eventual, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

El perfil del principal investigado presenta una 'paradoja' notable, ya que es doctor en Derecho, habiéndose doctorado precisamente con una tesis sobre las sanciones privativas de libertad en la Administración militar, con un enfoque especial en el ámbito de la Guardia Civil. Además, en su historial de honores destaca que en 2013, cuando ostentaba el rango de comandante, fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Según el informe de Asuntos Internos, el mando militar habría identificado y explotado un vector crítico de vulnerabilidad institucional en la contratación pública, viendo una ventana de oportunidad en el ecosistema de gestión centralizado de los adelantos de caja fija que estaban bajo su estricto control. De este modo, habría maximizado la "promiscuidad" en las funciones administrativas y creado redes de confianza que, torticeramente usadas, permitieron el encubrimiento de irregularidades a través de un control absoluto sobre los anticipos y la validación final de las facturas.

La red de empresas beneficiadas y volumen de contratos

A través de este entramado jerárquico, el mando militar favoreció de forma directa a una red de mercantiles contratistas, destacando el papel del empresario Carlos G. M., cuyas firmas comerciales vinculadas, Destino Empresarial SL y Works Pretor SL, recibieron adjudicaciones públicas por un importe acumulado de 952.664,89 euros desde el año 2008. El análisis de los activos financieros determinó que el 82% de los ingresos totales de las empresas de este contratista provenían exclusivamente de los fondos gestionados de forma directa por el propio teniente coronel. Además, Asuntos Internos descubrió las debilidades estructurales de la trama al constatar que Destino Empresarial SL, utilizada como vehículo principal de los manejos del militar, declaraba apenas un empleado en sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, a pesar del enorme volumen de contratos públicos que recibía.

La fiscalización de los contratos ha puesto de relieve una estrecha alianza de carácter personal y profesional entre los implicados. Un albañil subcontratado por el entramado, identificado como Rares L., confesó ante los instructores que el empresario Carlos G. M. y el jefe de la Unidad de Gestión Económica mantenían una relación de amistad de más de tres décadas e incluso planificaban constituir una sociedad mercantil conjunta tras la jubilación del Policía. Las indagaciones corroboraron este vínculo al acreditar, entre otros, que ambos se alojaron junto a sus respectivas parejas en un hotel de cuatro estrellas del Mar Menor, en Murcia, durante el año 2018. Las declaraciones del subcontratista y los mensajes de WhatsApp intervenidos demostraron que las obras en los cuarteles se encomendaban directamente mediante el fraccionamiento sistemático de facturas y la inclusión de trabajos nunca realizados. Posteriormente, el empresario extraía el excedente económico en metálico y se lo entregaba en mano al militar, eludiendo el rastro bancario para financiar reformas particulares que eran camufladas documentalmente como gastos de la Guardia Civil. 

Respecto al fraude inmobiliario detectado en Setaigües, el auxilio judicial prestado por la Agencia Valenciana Antifraude a la Fiscalía Anticorrupción ha permitido cuantificar un desvío pericial inicial de 144.730 euros destinado de forma específica a la compra y rehabilitación integral de tres propiedades inmobiliarias ubicadas en este municipio valenciano para su posterior venta con fines especulativos. En la primera operación, realizada en el año 2020, el teniente coronel adquirió en mano por 15.000 euros una vivienda en ruinas de 1900 sin movimientos bancarios que lo justifiquen. La reconstrucción fue asumida por la constructora Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil, que declaró un coste de reforma de apenas 15.919 euros frente al valor real de 104.505,35 euros determinado por la tasación pericial. Además, cinco de los proveedores que la equiparon no cobraron factura al oficial, pero figuraban como beneficiarios de 102 contratos públicos de la Guardia Civil. Al año siguiente, en 2021, el mando militar adquirió un segundo inmueble deteriorado de 1910 por 12.000 euros, desembolsando una parte en efectivo. Tras una reconstrucción total valorada pericialmente en 67.428 euros, ejecutada por proveedores que acumulaban 66 contratos públicos vigentes, la vivienda fue puesta a la venta en internet por 115.000 euros. Ese mismo año, el investigado y su esposa, compraron un corral industrial de 1898 por 3.000 euros abonados íntegramente en metálico. Las mejoras se encargaron al contratista Gustavo William R. R. por un importe oficial de 2.500 euros, muy inferior al coste real, y en el posterior registro de este domicilio la Guardia Civil localizó múltiples enseres cuyas facturas originales habían sido pagadas con cargo al presupuesto general del erario público.

Sobrecostes y desmanes en los acuartelamientos oficiales

Los fondos necesarios para sostener este enriquecimiento patrimonial ilícito fueron detraídos de forma continuada de las partidas presupuestarias reservadas para el mantenimiento de las instalaciones oficiales de la GC. El informe técnico de la Agencia Valenciana Antifraude destapó desmanes alarmantes en varios acuartelamientos, comenzando por el cuartel de Benimaclet, sede central de la VI Zona en València, donde se localizaron sobrecostes calificados de extremos que alcanzaron el 348% sobre el valor real de mercado. Una situación análoga se detectó en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en la capital valenciana, donde se constató un desajuste del 72% mediante la facturación de actuaciones en el subsuelo imposibles de verificar y la inclusión formal de puertas inexistentes. Finalmente, en la residencia de descanso de Almardá de Sagunt, la inspección pericial afloró un sobrecoste del 122% que incluía conceptos fraudulentos como el cobro de tareas de desbroce sobre un arbolado que no existía en las parcelas, confirmando un entorno de total impunidad propiciado por el teniente coronel mediante el cómputo de horas de trabajo ficticias y la duplicación sistemática de conceptos.

Las ramificaciones de la causa penal han dejado al descubierto otros delitos graves de los colaboradores de la red. Durante la diligencia de registro efectuada en la vivienda de uno de los empresarios imputados en la trama, los investigadores de la Guardia Civil hallaron un arsenal clandestino compuesto por una pistola marca Star del calibre nueve milímetros largo y una semiautomática Smith & Wesson de nueve milímetros Parabellum, así como abundante munición, todo ello sin poseer ninguna licencia. Ante la solidez de las pruebas del hallazgo, el contratista alcanzó un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal, asumiendo los hechos delictivos a cambio de una rebaja en la petición de la condena, y aceptó formalmente una pena de seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

La movilización, que comenzó a las 12:00 del mediodía desde la plaza de Beasain (Gipuzkoa), reunió a miles de personas bajo el lema de rechazo a una "riqueza manchada con la sangre del genocidio y el apartheid". La plataforma ha criticado con dureza la reunión de los accionistas, afirmando que se han citado para "repartirse unos beneficios criminales que aumentan año tras año y avalar las cuentas de la empresa". En concreto, denunciaron que este año se distribuirán 52 millones de euros entre los accionistas, lo que calificaron como la mayor cifra registrada en la historia de la firma.

Contratos millonarios y expansión colonial

Palestinarekin Elkartasuna calificó estos ingresos de "criminales" al considerar que consolidan las estructuras de un Estado genocida. En detalle, explicaron que CAF, junto a la firma israelí Saphir, mantiene contratos millonarios para la construcción de las líneas de tranvía en Tel Aviv y Jerusalén. Según la plataforma, estos proyectos fortalecen la economía de la colonización y dotan a Israel de infraestructuras permanentes que garantizan a perpetuidad la ocupación de las tierras palestinas, al conectar las colonias sionistas entre sí y con el núcleo urbano de Jerusalén, provocando el aislamiento de la población nativa.

La responsabilidad de la empresa vasca también ha sido señalada en el ámbito internacional. La organización recordó que la ONU incluyó a CAF en su base de datos de empresas que colaboran con la ocupación y se benefician de ella. Asimismo, las actividades de la compañía han llegado a la vía judicial tras las denuncias presentadas por varios colectivos civiles ante la Fiscalía contra la dirección de CAF y su director general, Andrés Arizkorreta.

La plataforma enfatizó que la viabilidad de parte del negocio de CAF depende directamente de la estabilidad de Israel, la cual está ligada a la culminación de su proyecto colonial. "Para mantener este negocio, el apartheid y el genocidio deben continuar. Hay que decirlo claro: Israel, el apartheid y el genocidio también empiezan en CAF", sentenciaron.

Acusaciones de complicidad al Gobierno Vasco

El colectivo advirtió que la compañía ferroviaria cuenta con el respaldo de las instituciones públicas de la CAV. En este sentido, denunciaron la complicidad del Gobierno Vasco, institución que posee al menos una participación del 3% en el capital de la empresa, lo que la convierte en "responsable de estos contratos criminales". Según los portavoces, a pesar de que una gran parte de la sociedad vasca rechaza estos proyectos, el Ejecutivo autonómico sigue destinando fondos públicos a respaldar a quienes consideran cómplices de la situación.

Durante la jornada, los manifestantes también respondieron a las recientes declaraciones de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), manifestando que el problema radica en que, para la clase política vasca, las empresas e instituciones involucradas son aliadas, mientras que los palestinos oprimidos quedan fuera de sus cálculos electorales.

Finalmente, Palestinarekin Elkartasuna hizo un llamamiento a mantener la presión social y económica. Exigieron la necesidad de seguir exponiendo estas relaciones económicas y los "beneficios manchados de sangre" para forzar la ruptura de cualquier vínculo con Israel, recordando que la colonización no se ha detenido y que las resistencias en Palestina y los pueblos de la región continúan luchando, por lo que instaron a proseguir con las movilizaciones.

El recuento definitivo de las papeletas ratificó las proyecciones iniciales difundidas por la televisión pública suiza, consolidando la victoria del rechazo por un margen de algo más de 300.000 votos. En total, más de 1.800.000 ciudadanos votaron en contra de la reforma constitucional, frente a los cerca de 1.490.000 electores que respaldaron la propuesta de la ultraderecha. La iniciativa rechazada planteaba la obligatoriedad de que el Gobierno adoptase "medidas urgentes de contención" si la población del país alcanzaba los 9,5 millones de habitantes antes del año 2050, con el objetivo último de evitar que la población sobrepasase la barrera de los diez millones de residentes a mediados de siglo.

Geográficamente, el resultado del referéndum evidenció una notable división entre las distintas regiones de la Confederación Suiza. Los cantones ubicados en el oeste del país, de mayoría francófona, como Ginebra, Vaud, Neuchâtel y Jura, así como los cantones de Basilea y Berna, lideraron la oposición a la propuesta con una rotunda negativa. Asimismo, en Zúrich, que figura como uno de los cantones demográficamente más significativos y poblados del país, el 'no' se impuso con solvencia al superar el 60% de los sufragios emitidos. Por el contrario, las regiones de la Suiza central y oriental mostraron una tendencia inversa, siendo los cantones de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus y Appenzell Innerrhoden los que manifestaron un mayor apoyo a las restricciones poblacionales.

La reconstrucción técnica del siniestro, fundamentada en grabaciones de vídeo internas provistas por la propia compañía, desmintió las versiones preliminares que sugerían una caída menor desde un andamio de dos metros, exponiendo en su lugar una grave negligencia de supervisión en el área de producción del cohete Starship. Bautista estaba contratado por Delta Fabrication and Machine Inc., una empresa subcontratada por SpaceX que, al igual que la firma matriz, ha evitado responder a las solicitudes de aclaración de los medios de comunicación. Expertos en seguridad en la construcción, como el doctor Ahmed Al-Bayati de la Universidad Lawrence Tech y el doctor Hongwei Hsiao, exjefe de tecnología protectora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), señalaron de forma unánime que el trabajador cumplió rigurosamente con los protocolos individuales de anclaje, pero determinaron que la responsabilidad recae de forma directa sobre la empresa, que omitió señalizar o acordonar una viga que un superintendente de la contrata ya había detectado y reportado como inestable antes del suceso.

Un patrón recurrente

Esta última tragedia no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de siniestralidad documentado en SpaceX. Una profunda investigación desarrollada por la agencia de noticias Reuters desveló la existencia de al menos 600 lesiones laborales graves que SpaceX omitió reportar de manera oportuna a las autoridades federales durante más de una década. Entre los casos registrados figuran más de un centenar de trabajadores con cortes severos, 29 con fracturas óseas o dislocaciones, 17 con manos o dedos aplastados, cinco electrocuciones, cinco quemaduras graves, ocho accidentes con amputaciones resultantes y nueve traumatismos craneoencefálicos. Dentro de este historial de fatalidades destaca la muerte previa de Lonnie LeBlanc, que falleció en junio de 2014 en la planta de McGregor, Texas, tras salir despedido de un remolque al carecer la factoría de cintas de sujeción para la carga, un incidente que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) resolvió con un acuerdo informal y una multa de apenas 7.000 dólares. Asimismo, en enero de 2022, el técnico Francisco Cabada sufrió una fractura de cráneo que lo mantiene en coma tras salir proyectada una cubierta defectuosa durante una prueba de presión apresurada del motor Raptor V2 en Hawthorne, California, un siniestro por el cual la agencia estatal CalOSHA impuso una sanción de 18.475 dólares que SpaceX recurrió judicialmente intentando rebajarla a 475 dólares. La demanda llegó posteriormente a un acuerdo confidencial en 2025, del que no se han revelado detalles.

Los testimonios de más de tres docenas de empleados y exingenieros de la compañía, como el especialista en aviónica Tom Moline, describen un entorno de trabajo "caótico y extenuante", donde el personal, a menudo carente del entrenamiento adecuado y sometido a jornadas de más de 80 horas semanales, se ve forzado a omitir las normas básicas de prevención de riesgos para cumplir con los plazos de lanzamiento impuestos por Musk. Las estadísticas oficiales de la OSHA correspondientes al año 2022, ejercicio en el cual SpaceX comenzó a reportar sus datos tras años de sistemático incumplimiento normativo, reflejan que la tasa de siniestralidad en las dependencias de Brownsville fue de 4,8 lesiones por cada 100 trabajadores, una cifra seis veces superior a la media de la industria aeroespacial estadounidense, fijada en el 0.8. En la planta de McGregor el índice se situó en el 2.7, mientras que en Hawthorne alcanzó el 1.8. Exsupervisores del complejo tejano, como el soldador Travis Carson y el operario Phillip Fruge, denunciaron además que las tareas de ensamblaje se realizaban en carpas playeras desprovistas de sistemas de ventilación bajo temperaturas que superaban los 37 grados, obligando a los soldadores a inhalar polvo de cromo altamente tóxico e inyectándoles fluidos intravenosos para devolverlos a la línea de producción cuando sufrían golpes de calor.

Beneficios billonarios con ayuda pública

El contraste financiero ante esta precariedad laboral resulta mayúsculo, puesto que la "muerte" de Bautista coincidió cronológicamente con la tramitación de los documentos financieros de SpaceX para formalizar su próxima salida al mercado bursátil, operación en la que la corporación ostenta una valoración estimada de 1,75 billones de dólares, sustentada en parte por los 11.800 millones de dólares en fondos públicos asignados por la NASA en su condición de contratista estatal prioritario. Pese a que la investigación del caso de Batista dio por concluidas las indagaciones al "no apreciar indicios de criminalidad ordinaria", la agencia federal OSHA mantiene abierta una inspección exhaustiva sobre el accidente que podría prolongarse durante un plazo de seis meses. Esta nueva investigación se suma a un paquete previo de siete sanciones de carácter grave impuestas por la administración federal en Starbase a causa de grúas sin inspeccionar y anomalías logísticas, cuya cuantía total ascendió a 115.850 dólares, un importe residual para las finanzas de la multinacional y que actualmente se encuentra bajo la impugnación de los servicios jurídicos de SpaceX.

La concentración contaba con una de las caras más conocidas de la organización, Isabel Peralta. Un activo político de los fascistas que destaca por haber sido imputada y condenada por sus saludos fascistas en público.

En los últimos meses, la organización fascista suma varios fracasos públicos. En València, donde pretendían realizar una "marcha", el grupúsculo fascista no fue capaz de reunir a más de unas decenas de personas. Una vez más, no fue más que un grupo de gente con banderas y pancartas con mensajes xenófobos, escoltada por la policía. Algo similar ocurrió en Palma (Mallorca), donde pretendían homenajear a los asesinos del ejército franquista, solo una docena de personas escoltadas, otra vez por la policía, se presentó allí.

Cabe destacar también el fracaso que supuso el aterrizaje de la organización en Catalunya en enero de este año. En este acto, supuestamente, pretendían abrir una delegación en Barcelona. La presión hizo que los fascistas realizaran el acto en un local alquilado a 40 km de Barcelona, en Sentmenat (Vallès Occidental).

Por su parte, la minúscula concentración del sábado duró menos de una hora, y se suma a la ya larga lista de fracasos públicos de los fascistas. A su vez, la Policía cargó duramente contra los más de 2.000 antifascistas allí congregados para hacerles frente.

Bajo consignas globales contra el capitalismo, el imperialismo y el fascismo, la columna humana avanzó de forma pacífica hasta que, para dispersar a los manifestantes, la policía empleó una gran cantidad de gas lacrimógeno y un camión de bomberos equipado con un cañón de agua.

Hacia el final de la tarde, en torno a las 16:30 horas, la situación se tensó en los alrededores del parque de Mon Repos. Tras registrarse daños materiales en las sedes de corporaciones financieras y consultoras multinacionales como UBS y PwC, así como en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las Policía denegó súbitamente la autorización de la protesta y desplegó un fuerte operativo de dispersión, que incluyó varios disparos de balas de goma.

Alice Lefrançois, secretaria del sindicato suizo SIT, criticó con dureza la actuación policial en declaraciones a la emisora pública RTS. Lefrançois calificó la actuación de la policía como "intimidatoria y totalmente desproporcionada", señalando que la propia intervención y provocación de los agentes fue el detonante de los "disturbios" reportados por varios medios derechistas.

¿Qué se debate en Évian?

El foro del G7 reúne a los jefes de Estado de las economías más industrializadas de occidente para coordinar las directrices de la economía política mundial. En la agenda de esta cumbre se priorizan las estrategias de liberalización de mercados, la privatización de servicios públicos, el control geopolítico de los recursos y las políticas de austeridad fiscal.

Frente a esto, los manifestantes contra la cumbre señalan que las decisiones de este bloque "profundizan la brecha de desigualdad global, precarizan las condiciones laborales y agravan la crisis climática al priorizar los beneficios de las corporaciones transnacionales sobre los derechos humanos y ambientales".

En Belfast, una multitud se congregó de manera masiva frente a las puertas del Ayuntamiento para denunciar los actos racistas perpetrados a principios de semana, siguiendo la estela marcada por sindicatos y organizaciones obreras en los días previos. La respuesta antifascista replicó con especial contundencia en Glasgow, donde la tensión originada en Belfast se había extendido desde la noche del martes, provocando asaltos racistas en el centro de la ciudad y el confinamiento preventivo de una mezquita local ante el hostigamiento de encapuchados unionistas. La protesta de este sábado, organizada por la plataforma Stand Up to Racism Glasgow a las 13:00 horas en las escalinatas de Buchanan Street, frente al Royal Concert Hall, congregó a una multitud antifascista que superó por un amplísimo margen a un reducido grupo de nazis a los que protegieron los efectivos de la policía escocesa desplegando un fuerte cordón a su alrededor. 

Mientras el pequeño grupo ultraderechista, compuesto en su mayoría por hombres con el rostro oculto tras pasamontañas, profería consignas islamófobas y realizaba saludos nazis, la masiva movilización antirracista, respaldada por el sindicato Unite y diversas organizaciones de base, respondió de inmediato ahogando sus proclamas con cánticos de bienvenida a los refugiados y coreando de forma unánime el lema: "Escoria nazi, fuera de nuestras calles".

La primera de las contramanifestaciones, convocada por la coalición conocida como el "campo largo", que reúne al sindicato CGIL, Alianza Verdes y Izquierda (AVS), el Movimiento 5 Estrellas (M5S), Rifondazione Comunista y diversas asociaciones vecinales, comenzó su recorrido en el Coliseo. La marcha discurrió de manera multitudinaria por la Via dei Fori Imperiali hasta llegar a la Piazza Vittorio, desbordando las previsiones iniciales de los organizadores y extendiéndose hasta el Piazzale del Verano. Bajo lemas como "El mundo es de quien se mueve" y "Nosotras somos vida", este bloque contó con la participación activa del secretario de la CGIL de Roma y Lazio, Natale di Cola, la responsable de la secretaría del Partido Demócrata (PD), Marta Bonafoni, el historietista Zerocalcare y el activista de la ONG Mediterranea, don Mattia Ferrari. Durante el trayecto, los manifestantes rindieron homenaje al obrero migrante Octay Stroici, fallecido en accidente laboral hace siete meses en la zona, mediante un acto reivindicativo del sindicato de la construcción Fillea.

De forma paralela, una segunda columna de protesta organizada por la Unione Sindacale di Base (USB), el partido Potere al Popolo, las organizaciones estudiantiles OSA y Cambiare Rotta, y el movimiento por el derecho a la vivienda, partió desde el Piazzale del Verano con destino a Porta Pia, donde se ubica la sede del Ministerio de Infraestructuras. Al llegar a este punto, los manifestantes, que los organizadores calculan en más de 20.000, prendieron fuego a réplicas de plástico de una excavadora y un tanque, elementos simbólicos asociados a la retórica política del ministro nazi de dicha cartera, Matteo Salvini, a quien los colectivos señalaron como el responsable político de la campaña contra la inmigración. Esta marcha se caracterizó por una alta y visible participación de jóvenes y trabajadores migrantes, un sector que la USB también movilizó durante la misma jornada mediante concentraciones análogas en otras ciudades del país como Milán, Turín, Génova, Bérgamo y Livorno.

Por su parte, las agrupaciones de extrema derecha fragmentaron sus actividades en tres puntos específicos de la capital. La organización fascista CasaPound llevó a cabo una manifestación nacional en el marco de la campaña europea sobre la "remigración", un concepto promovido originalmente por el partido Alternativa para Alemania (AfD) , cuyo trazado se restringió a los barrios de Piazza della Libertà y Piazza Risorgimento. Coincidentemente, asociaciones ultracatólicas provida marcharon entre la Piazza della Repubblica y San Giovanni, mientras que otra facción de corte ultraderechista se reunió en el Auditorium para la presentación del nuevo movimiento de los "legionarios" del general Roberto Vannacci.

Minutos después del anuncio de Sharif, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el compromiso mediante una publicación en su plataforma Truth Social. En su mensaje, el mandatario estadounidense declaró "cerrado" el acuerdo con Teherán y autorizó plenamente la apertura sin peajes del estrecho de Ormuz, ordenando simultáneamente el levantamiento inmediato del bloqueo naval que mantenían las fuerzas armadas norteamericanas en la región. Por su parte, la televisión estatal iraní confirmó poco después desde Teherán la culminación de la guerra en todos los frentes. No obstante, la postura de las autoridades iraníes sostuvo que Washington "se vio obligado" a finalizar el conflicto con Irán y sus aliados, manteniendo su incredulidad sobre si el gobierno israelí detendrá efectivamente su ocupación y bombardeos.

El diario New York Times detalla que el principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, viajarán a Ginebra para firmar el acuerdo con el vicepresidente JD Vance este mismo viernes, día 19.

Israel vuelve a atacar Beirut

El anuncio de este tratado de paz coincidió con un incremento de la tensión diplomática entre Washington y Tel Aviv, derivado de un ataque israelí perpetrado esa misma mañana contra Beirut, el cual dejó un saldo de al menos tres personas muertas y seis heridas. El propio presidente Trump criticó la ofensiva militar en Líbano a través de sus canales oficiales, señalando que la acción "no debió producirse" debido a la proximidad del cierre de las negociaciones con el gobierno iraní. Dese Teherán, pocas horas antes del anuncio del acuerdo, diversas fuentes gubernamentales habían declarado que el nuevo ataque israelí sobre Dahiye, al sur de Beirut, "no quedaría sin respuesta" y habrían cancelado las negociaciones, por lo que, según fuentes estadounidenses citadas por Reuters, Trump habría intermediado in extremis para convencer a Irán de detener la respuesta que "era ya inminente" en las últimas horas de la noche, según reportaron medios iraníen como la agencia Tasnim, y siguieran negociando.  

De hecho, el ataque israelí habría logrado lo opuesto a lo que, aparentemente, buscaba. Poco después del anuncio del acuerdo, el vicecanciller iraní afirmó que "Algunas de las revisiones que buscamos en el acuerdo fueron facilitadas por los eventos que ocurrieron en Líbano y por las declaraciones emitidas por las fuerzas armadas, que ayudaron a avanzar las negociaciones. Las fuerzas armadas estaban preparadas para dar una respuesta contundente. La demostración de fuerza militar y las amenazas que se hicieron ayudaron en el proceso de finalizar el texto y avanzar ciertos temas que quedaban por resolver antes de que el texto pudiera ser finalizado."

Contenido del acuerdo

Por el momento, lo único confirmado por ambas partes es el propio acuerdo de paz, el fin de los bloqueos navales y la reapertura completa de Ormuz y el cese de hostilidades en todos los frentes. Aún así, según informaciones preliminares del periódico israelí Maariv, Netanyahu habría comunicado a Trump que "no se siente interpelado" por el acuerdo, y que mantendrá, por tanto, a las fuerzas de ocupación en el Líbano, declaraciones que el fascista Ben Gvir ha suscrito al completo esta mañana.

Irán, a través de la agencia Fars ha enfatizado que las normas de tránsito del Estrecho serán reguladas conjuntamente por la propia República Islámica y Omán, añadiendo que la cuestión nuclear se discutirá durante un periodo de negociación de 60 días de hoy en adelante. A su vez, el ejército de Irán afirma que "El pueblo iraní, las fuerzas armadas y los grupos de la Resistencia han demostrado que Estados Unidos e Israel no tienen más opción que aceptar la derrota".

Puntos del acuerdo según el medio semioficial iraní Mehr:

• Alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, incluido Líbano.
• Compromiso de EE.UU. de no interferir en los asuntos internos de Irán.
• Fin del bloqueo naval y reapertura del Estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días.
• Retirada militar de EE.UU. de las áreas circundantes a Irán.
• Suspensión de las sanciones relacionadas con el petróleo y restablecimiento del acceso de Irán a sus ingresos.
• 300.000 millones de dólares en planes para la reconstrucción por parte de EE.UU. y sus aliados.
• 60 días de negociaciones hacia un acuerdo final centrado en el programa nuclear y un amplio alivio de sanciones.
• Irán reafirma que no desarrollará armas nucleares conforme al TNP.
• Ningún nuevo despliegue de tropas de EE.UU. o sanciones durante las negociaciones.
• Liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante el período de negociación.
• Creación de un mecanismo de monitoreo y respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU al acuerdo final.
• Los programas de misiles y el apoyo de Irán a grupos aliados regionales quedarían excluidos de las conversaciones.

Por su parte, Estados Unidos, vía Trump y su mano derecha JD Vance, afirma que Teherán "no obtendrá nunca jamás" la bomba nuclear y que, tras eliminar las minas que actualmente hay en el Estrecho, el petróleo "volverá a fluir de nuevo".

Puntos del acuerdo según el medio estadounidense Axios:

• Extensión del cese al fuego actual por 60 días (renovable por mutuo acuerdo). Incluye alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano.
• Reapertura inmediata y sin peajes de Ormuz. Irán debe remover minas y asegurar que el tráfico vuelva a condiciones pre-guerra en 30 días. EE.UU. levantaría su bloqueo naval.
• Irán se compromete a no desarrollar ni adquirir armas nucleares. Se establece un marco para negociar de 60 días.
• Alivio de sanciones condicionado al cumplimiento iraní.
• No interferencia interna en Irán y "soberanía" de este.
• No hay compromiso de retirada de fuerzas de áreas alrededor de Irán.

Donde dije digo

Respecto a las críticas por su promesa inicial de un "cambio de régimen" en Teherán como excusa para lanzar la agresión contra Irán, según The Wall Street Journal, el mandatario habría afirmado que "Nunca me importó el cambio de régimen. Este es el tercer grupo con el que hemos tratado, y este es el grupo más racional hasta ahora."

Es más, tal y como han venido advirtiendo diversos analistas internacionales, la "victoria" que vende Trump no es más que una "vuelta a la casilla de salida", pues Irán ya estaba dispuesto a negociar su estatus nuclear antes de la guerra y el cierre de Ormuz no fue sino una consecuencia de esta misma. En cambio, Irán habría logrado un levantamiento de sanciones, mayor control reconocido sobre el Estrecho, vincular la "tregua" con Líbano y el haber "ganado el pulso" a la coalición occidental encabezada por Washington y Tel Aviv.

El vuelco se ha producido a una velocidad notable. Entre 2011 y 2025, los lugares de culto de todas las confesiones minoritarias de la comunidad pasaron de 729 a 1.167, un aumento cercano al 60%, y solo en la capital crecieron de 390 a 594. Buena parte de ese empuje es evangélico, hasta el punto de que el propio Observatorio calcula que durante el último lustro se ha inaugurado un templo nuevo cada cuatro días. El fenómeno se lee a pie de calle, donde antiguos bajos comerciales, locales de barrio y hasta naves industriales de los polígonos se reconvierten en salas de oración.

La historia, sin embargo, arranca mucho antes y desde un lugar bien distinto. El protestantismo echó raíces en Madrid en el último tercio del siglo XIX, con las primeras capillas y las congregaciones que acabarían cristalizando en la Iglesia Evangélica Española y en la Iglesia Española Reformada Episcopal. El franquismo cerró aquel paréntesis y empujó el culto a la clandestinidad, de modo que la legalidad no regresó hasta la Constitución de 1978 y el acuerdo de cooperación que el Estado firmó con la federación evangélica en 1992. 

Lo que convirtió esa minoría en multitud fue, sobre todo, la influencia de la inmigración junto con la proliferación de las redes de influencia en las clases más bajas. A medida que crecía la comunidad latinoamericana y, en menor medida, la africana, se multiplicaron las iglesias pentecostales y neopentecostales en barrios proletarios como Usera, Tetuán, Carabanchel o Lavapiés y a lo largo del corredor del Henares. A ese caudal se suma el pueblo gitano, entre el que la Iglesia Evangélica de Filadelfia se ha convertido, desde los años sesenta, en una referencia mayoritaria. De esta manera, se puede observar que la mezcla de cuatro factores ha llevado el movimiento a explotar de la manera en la que lo ha hecho. 

En primera instancia la presencia de nuevas familias evangélicas migradas principalmente desde Latinoamérica da el pistoletazo de salida. De la mano del aumento cuantitativo de la inmigración, ligado a un empeoramiento de las condiciones materiales de la población general observable en el paulatino incremento de la carencia material y social del 7,7% al 8,3% en cinco años (2019-2024), se refuerzan las redes de influencia del evangelismo en las capas más pobres. Junto con ello, el auge de la reacción y la alta tasa de riesgo de exclusión social de los migrantes no provenientes de la Unión Europea que alcanzó el 60,4% en 2024, facilitan también un refuerzo de las redes evangelistas, que termina por culminar con las concesiones y apoyo institucional por parte de la derecha conservadora, a la cual le es funcional desde un punto de vista partidista y discursivo.

Bajo el término evangelismo caben miles de denominaciones e iglesias independientes que comparten un puñado de convicciones, a saber, la Biblia como autoridad suprema, la conversión personal entendida como un “nuevo nacimiento”, la centralidad de la cruz de Cristo y el deber de difundir la fe. A ese tronco protestante se ha superpuesto, durante el último siglo, el énfasis pentecostal en la “acción directa del Espíritu Santo”, con sus dones de lenguas, sanidad y profecía, y con unos discursos que individualizan y llevan al campo de lo abstracto todo el peso de la miseria.

Qué es el evangelismo y de dónde viene

El linaje arranca en la Reforma protestante de 1517, cuando la ruptura con Roma consagró la idea de que el creyente accede a Dios sin más mediación que la Escritura. De aquel tronco brotó, en los grandes despertares religiosos del siglo XVIII y de la mano de predicadores como John Wesley y George Whitefield, el impulso propiamente evangélico, que el historiador David Bebbington resumió en cuatro rasgos: la conversión personal, el amor a la Biblia, la insistencia en la cruz y el activismo misionero. Ser evangélico, formalmente y en sentido amplio, se puede describir con ese estilo de fe antes que en asociación directa a la construcción de una sola institución.

El punto de inflexión llegó en 1906. En una misión modesta de la calle Azusa de Los Ángeles, delante de una congregación de personas marginadas y negras, bajo la dirección del predicador William J. Seymour (hijo de esclavos liberados) estalló un avivamiento cuya marca distintiva se vendía como el bautismo en el Espíritu Santo, expresado en el hablar en lenguas, la sanidad por la fe y la profecía. Junto con ello, el contexto del acontecimiento es lo que define en cierta manera la forma en la que el evangelismo, y en concreto el pentecostalismo y sus derivados, han conseguido expandirse de manera tan acelerada, ya que es precisamente ese público –el más desfavorecido, el que queda aislado de la sociedad– el sujeto “preferido” del movimiento para captar en sus filas y seguir expandiéndose.

Los especialistas suelen ordenar esa expansión en tres olas sucesivas, una clasificación acuñada por el teólogo C. Peter Wagner que puede tomarse como mapa aproximado. La primera ola es el pentecostalismo clásico nacido en 1906, organizado en denominaciones como las Asambleas de Dios, hoy la mayor del mundo con más de 85 millones de fieles repartidos por casi ciento cincuenta países. La segunda es el movimiento carismático que, desde 1960, introdujo la práctica pentecostal en las iglesias históricas, incluida la Renovación Carismática Católica surgida en 1967, que reúne al grueso de los carismáticos del mundo dentro de iglesias tradicionales. La tercera, el neopentecostalismo o movimiento neocarismático, despegó hacia 1980 con el énfasis en “señales y prodigios” y agrupa un conjunto de “megaiglesias” independientes y redes de “apóstoles y profetas”, entre ellas la llamada Nueva Reforma Apostólica. Es la más reciente y, a la vez, la que más deprisa crece.

Situar cada rama exige bajar a las cifras. El cristianismo reúne hoy unos 2.645 millones de personas. De ellas, los católicos son alrededor de 1.273 millones, los protestantes unos 629 millones y los llamados independientes otros 409 millones, en su mayoría pentecostales que no se reconocen en la etiqueta protestante, mientras que los ortodoxos rondan los 292 millones. Sobre esos grandes troncos se superponen dos categorías transversales que no deben sumarse a las anteriores ni entre sí, los evangélicos, unos 420 millones, y los pentecostales y carismáticos, alrededor de 663 millones que las proyecciones empujan por encima de los mil millones en 2050. El conjunto se fragmenta, además, en unas cincuenta mil denominaciones y cerca de cuatro millones y medio de congregaciones.

Bajo esa diversidad religiosa late un mismo motor de supuestos teológicos compartidos. El creyente da por sentada una relación directa y sin intermediarios con la divinidad, lee la Biblia de forma literal, vive la conversión como una ruptura personal, espera que la fe produzca efectos visibles –la curación, la prosperidad, una vida transformada– y se siente obligado a propagarla. A esos supuestos se añade una condición social muy concreta, la de que el movimiento prende con más fuerza allí donde el salario, tanto de manera directa (en forma de sueldos) como indirecta (por medio de ayudas y servicios) es menor, ofreciendo una comunidad y un consuelo moral que la propia sociedad no ha sido capaz de aportar.

De esta manera, se forman comunidades enteras cuya única esperanza para mejorar sus condiciones de vida se basa en términos completamente abstractos e inmateriales, y que expanden una visión individualizada de afrontar los problemas, principalmente mediante el culto y los actos de fe en general. Todo ello, sin que entre en ningún momento en conflicto con la propia formacion de dichas comunidades o redes de apoyo para “ayudar al prójimo”, ya que se hace en pos de la expansión ideológico-religiosa y de la realización individual de cara a cumplir con los presupuestos morales que prometen un “retorno de prosperidad”.

El mapa del crecimiento

El primer rasgo que ordena el fenómeno es geográfico. En 2025, el 69 % de los cristianos del planeta reside en el Sur global, una proporción que en 1900 apenas alcanzaba el 17,6 % y que las proyecciones del CSGC empujan hasta el 78 % en 2050. África rebasó a América Latina como el continente con más cristianos en 2018 y absorbe ya cerca del 70 % de todo el crecimiento cristiano mundial. El evangelismo, sin embargo, no avanza de manera uniforme, sino que se acelera –en torno al 1,3 o el 1,5 % anual, frente al 1 % que registra el cristianismo en su conjunto– precisamente en las regiones donde la desigualdad y la urbanización corren más deprisa.

América Latina ofrece la radiografía más nítida de ese trasvase. Durante casi todo el siglo XX, desde 1900 hasta los años sesenta, al menos nueve de cada diez latinoamericanos se declaraban católicos. Para 2014, según el estudio de referencia del Pew Research Center, la identificación católica había caído al 69 % de los adultos, mientras los protestantes trepaban hasta el 19 % y los no afiliados alcanzaban el 8 %. El movimiento de fondo es un “mercado” religioso en el que la gente cambia de adscripción y diferentes instituciones o estados favorecen a unos y a otros en función de sus intereses, ya que quienes fueron criados como católicos pasaron del 84 % al 69 % y quienes fueron criados como protestantes treparon del 9 % al 19 %. En países como Nicaragua, uno de cada cuatro habitantes es hoy un excatólico, una proporción que ronda el 20 % en Brasil y el 14 % en Venezuela.

Dentro de esas regiones, el crecimiento también se sostiene sobre los sectores más expuestos. En Brasil, donde los evangélicos representan hoy el 26,9 % de la población, el 55,4 % de ellos son mujeres, su composición es menos blanca que la media nacional y su empuje resulta más intenso en la periferia amazónica en expansión, hasta el punto de que en los estados de Acre y Rondônia ya superan a los católicos. La conversión, además, viene marcada por el desplazamiento, pues en Brasil, la República Dominicana o Nicaragua los conversos han cambiado de lugar de residencia con mucha más frecuencia que los católicos, y la mayoría abandona el catolicismo antes de cumplir los veinticinco años. Los estudios que sentaron las bases de este campo, los de David Martin y Andrew Chesnut, anudan la conversión a la urbanización, al desarraigo que impone la pobreza y al imán que ejercen unas comunidades de ayuda.

La economía interna del movimiento

Si el crecimiento se nutre de los de abajo, los recursos se concentran arriba. El caso mejor documentado es el de Edir Macedo, que fundó en 1977 la Igreja Universal do Reino de Deus y controla un imperio mediático en el que destaca la cadena RecordTV. Forbes lo incorporó por primera vez a su lista de multimillonarios entre 2013 y 2015, con 1.100 millones de dólares, y las estimaciones de 2025 que recogen MinistryWatch y Fox Business sitúan su fortuna en torno a los 1.900 millones, una cifra que lo coloca cerca del puesto 1.950 entre los mayores patrimonios del mundo. La misma iglesia inauguró en 2014, en São Paulo, una réplica del Templo de Salomón cuyo coste se calculó en 300 millones de dólares y que se alza al doble de altura que el Cristo Redentor.

La fortuna de Macedo es el vértice más visible, pero la pregunta de fondo es si la extracción de recursos de los más pobres en forma de estafa piramidal constituye un rasgo de raíz o una suma de casos aislados. En el centro de la cuestión está el diezmo, la entrega del diez por ciento de los ingresos presentada a menudo como una “obligación bíblica innegociable”, a la que se añade la siembra de fe, esto es, la idea de que la donación se devuelve multiplicada, en ocasiones prometida como un “ciento por uno”. La confesión positiva, que enseña a declarar en voz alta la riqueza y la salud para hacerlas venir, completa un dispositivo cuyo armazón teológico, formulado por figuras como Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, describe “un contrato entre el fiel y Dios” por el cual la fe y el dinero se canjean por la promesa del bienestar material.

Esa teología de la prosperidad goza de una aceptación abrumadora, ya que el 65 % de los pentecostales del mundo afirma que Dios “concederá riqueza y salud a quien tenga fe suficiente”. El giro doctrinal es notable, pues invierte la vieja tradición cristiana que veía en la pobreza y el sufrimiento una forma de “nobleza espiritual” y los convierte ahora en una anomalía, casi en una maldición, que el creyente debe vencer aportando de manera individual. El resultado no es el monto de cada ofrenda, sino la dirección del flujo, ya que multitud de aportaciones menudas de fieles de renta baja convergen en patrimonios y medios de comunicación reunidos en muy pocas manos, a menudo al amparo de exenciones fiscales. En 2007, una investigación del Senado de Estados Unidos impulsada por el senador Chuck Grassley examinó las finanzas de seis de estos ministerios, y organizaciones de raíz cristiana como el Movimiento de Lausana han descrito el modelo, sin rodeos, como una forma de extracción de recursos de los más necesitados.

El engranaje encaja, además, con una transformación económica más amplia. A medida que el neoliberalismo impuso desregulaciones económicas durante las últimas décadas del siglo XX, con privatizaciones y recortes, el pentecostalismo ocupó el vacío asistencial y se ofreció como una red de protección privada allí donde la pública no existía. Diversos economistas han descrito la teología de la prosperidad como un mecanismo de reproducción del propio neoliberalismo, ya que inocula un optimismo de mercado sin el cual el apoyo masivo a un sistema profundamente desigual difícilmente se sostendría, mientras anula cualquier posibilidad de organización en claves revolucionarias y emancipadoras. El terreno natural de esa fe es la economía informal, que en el África subsahariana supone el 72 % del empleo no agrícola, el 71 % en Asia, el 51 % en América Latina y el 47 % en Oriente Medio y el norte de África.

En ese mundo de trabajo precario y sin contrato, la iglesia funciona como una incubadora de emprendedores. Frente al protestantismo clásico, pensado para el obrero industrial disciplinado, el pentecostalismo premia la independencia, la iniciativa y la automotivación, las cualidades que exige sobrevivir en un mercado sin red. La creencia en la meritocracia es, por ello, casi unánime entre sus fieles, y alcanza al 89 % de los protestantes en Perú, al 83 % en Puerto Rico o al 77 % en Honduras cuando se les pregunta si el esfuerzo basta para triunfar. La doctrina, que en sus orígenes era una prosperidad dura centrada en la confesión y el diezmo, ha derivado hacia una prosperidad blanda, una ética del trabajo que santifica la adquisición de habilidades y la acumulación de capital humano y consagra, en suma, al trabajador bajo el capitalismo, especialmente en sus formas más desreguladas.

Pentecostalismo y neopentecostalismo

Conviene distinguir las dos grandes corrientes que el lenguaje corriente confunde. El pentecostalismo clásico, nacido en 1906 y encarnado en denominaciones como las Asambleas de Dios o las Assembleias de Deus brasileñas, gira en torno al bautismo del Espíritu, el don de lenguas, la sanidad y una ética de sobriedad, y arraigó sobre todo entre las clases populares. El neopentecostalismo, surgido medio siglo después, conserva esos dones pero los reorienta hacia la prosperidad material, la estética empresarial, las megaiglesias y los grandes medios, adaptando el movimiento a las formas más agresivas del neoliberalismo.

El primero es la guerra espiritual, una visión del mundo como “campo de batalla entre Dios y los demonios” en la que la pobreza, la enfermedad, la adicción e incluso el adversario político se interpretan como fortalezas demoníacas que hay que combatir y atar. El segundo es la teología del dominio, que ordena a los creyentes ocupar las llamadas siete montañas de la sociedad –el gobierno, los medios, la educación, la familia, la religión, la economía y la cultura– en lugar de retirarse del mundo. Donde el pentecostalismo antiguo invitaba a apartarse de lo terrenal, el neopentecostalismo predica abiertamente la conquista del poder, y en esa mutación reside buena parte de su empuje político.

Esas ideas adoptan formas distintas en cada lugar. En Brasil cristalizan en la Universal de Macedo, en las Assembleias de Deus, en la cadena RecordTV y en un Templo de Salomón erizado de menorás. En Estados Unidos toman el rostro de los telepredicadores de la prosperidad y de las redes apostólicas que ganan peso en la política. En el África subsahariana o en Nigeria alimentan megaiglesias autóctonas de enorme tamaño. Y en Europa replican, con asombrosa fidelidad, el modelo latinoamericano. El Estado español es hoy uno de los escenarios más claros de esa influencia, con cerca de 1,5 millones de evangélicos y una red de lugares de culto que ha pasado de menos de mil en 2004 a 4.455 en 2024.

El epicentro es la Comunidad de Madrid, donde los más de 800 templos evangélicos —en torno al 70 % de todos los lugares de culto minoritarios— han superado ya a las 702 parroquias católicas de la capital. No son catedrales, sino bajos comerciales, antiguos talleres y naves de polígono en barrios obreros como Usera, Vallecas o Carabanchel, una geografía que calca la lógica de la economía informal y busca la proximidad con la población inmigrante y trabajadora que más necesita la red de apoyo. Y, como en América Latina, esa masa crítica ha atraído al poder político. La derecha madrileña, y en particular el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha tejido alianzas rápidas con estas redes para capturar el llamado voto latino, según han documentado sociólogas como Mar Griera. El Partido Popular incorporó a su aparato a Gustavo Eustache, un inmigrante venezolano con un pasado laboral disperso que encarna al trabajador neoliberal móvil y que en 2023 llegó a diputado de la Asamblea de Madrid, y la pastora neopentecostal Yadira Maestre, presentada por cargos del partido como la unificadora de las iglesias evangélicas de la región, bendijo en un acto televisado dirigido a los hispanos al alcalde José Luis Martínez-Almeida, a la propia Ayuso y al líder estatal Alberto Núñez Feijóo.

De ese conjunto se desprenden los peligros políticos e ideológicos del fenómeno. El primero es la conversión de un electorado disciplinado y dócil a la consigna de sus pastores en un poder de veto reaccionario, movilizado contra el aborto, el matrimonio igualitario y lo que incluyen en lo que llaman “ideología de género”. El segundo es la despolitización de la clase obrera, ya que al traducir el malestar estructural a un lenguaje individualizante y espiritual se desactiva la protesta y se desdibuja a los responsables de la desigualdad y desplaza a quien intenta combatirla. El tercero es la afinidad autoritaria de la teología del dominio, pues una doctrina que sacraliza la toma del poder y trata al adversario como una fuerza demoníaca resulta, por construcción, hostil. A ello se suman la fusión con el etnonacionalismo, la teocracia milenarista y el militarismo que importa el “sionismo cristiano”, los ataques a otras religiones, el negacionismo científico y el daño a la salud pública.

El poder político

El peso demográfico se ha traducido en poder institucional medible. La bancada evangélica del Congreso brasileño, el Frente Parlamentario Evangélico activo desde 1986 y formalizado en 2003, ronda los 203 diputados y senadores, y si fuera un partido sería el tercero del país, por detrás solo del MDB y del Partido de los Trabajadores. Ese bloque actúa de la mano de los lobbies del agronegocio y de las armas, en la alianza conocida como BBB por las iniciales de boi, bala y bíblia —buey, bala y Biblia—, y se opone de forma sistemática al aborto, al matrimonio igualitario y a lo que denomina “ideología de género”.

Su capacidad para inlfuir en las elecciones está documentada. En 2018, Jair Bolsonaro obtuvo el voto evangélico en una proporción de 68 a 32, mientras el voto católico se repartía casi por igual entre él y Fernando Haddad, y los modelos aplicados a los datos de LAPOP calculan que cerca del 16 % del efecto total de votar a Bolsonaro se explica únicamente por la identidad evangélica y la asistencia al culto, de modo que sin ese bloque su victoria habría sido matemáticamente imposible. Bolsonaro, bautizado en el río Jordán en 2016 por un pastor de las Assembleias de Deus, había prometido un juez del Supremo terriblemente fundamentalista, y parte de ese liderazgo figuró entre los movilizados en el intento de ruptura institucional de comienzos de 2023.

El patrón se repite por toda la región. En Colombia, que cuenta con unas 6.000 iglesias evangélicas y cerca de diez millones de fieles, los pastores movilizaron desde el púlpito el voto contra el acuerdo con las FARC en el plebiscito de 2016, con el argumento de que los pactos escondían (de nuevo) “ideología de género”, y la victoria del No se atribuyó en buena medida a esa campaña. En Costa Rica, el predicador Fabricio Alvarado alcanzó la segunda vuelta presidencial en 2018; en Chile, dirigentes como José Antonio Kast integraron a pastores en el núcleo de sus campañas; y durante la crisis que derribó a Evo Morales en Bolivia en 2019, varios líderes entraron en el palacio presidencial blandiendo biblias. El voto evangélico no es monolítico, pues alberga algunos liderazgos “progresistas” y minorías de izquierda, pero su tendencia agregada y dominante es inequívocamente conservadora y reaccionaria.

El ejemplo más paradigmático se dio también en Latinoamérica. Guatemala dio a la región su primer jefe de Estado evangélico, el general Efraín Ríos Montt, en el poder entre 1982 y 1983 y condenado más tarde por genocidio contra la población maya en una guerra que dejó cerca de 200.000 muertos. Aquella expansión no fue en absoluto espontánea, ya que en mayo de 1980 el llamado Documento de Santa Fe, redactado por asesores de Ronald Reagan, recomendó combatir la teología de la liberación y promover en su lugar a las iglesias protestantes conservadoras llegadas de Estados Unidos, con el objetivo declarado de sustituir a unos católicos socialmente activos por una población que viera el cambio social en clave individual y espiritual.

Estados Unidos, el voto en bloque

En Estados Unidos, donde el movimiento está más y mejor estudiado, la alineación resulta estable y cuantificable. El voto evangélico blanco a los candidatos republicanos a la presidencia se ha sostenido alrededor del 80 % durante dos décadas, con un 79 % para Bush en 2004, un 73 % para McCain en 2008, un 79 % para Romney en 2012 y entre el 80 % y el 82 % para Donald Trump en 2016, 2020 y 2024. En los comicios de 2024, los sondeos a pie de urna de Edison Research otorgaron a Trump un 82 % frente al 17 %, con los evangélicos como el 27 % del electorado. El PRRI estima que los cristianos blancos suponen alrededor del 41 % del país, pero cerca del 70 % del Partido Republicano.

Esta arquitectura tiene su propia genealogía. La Mayoría Moral, fundada en junio de 1979 por Jerry Falwell y disuelta en 1989, y más tarde la Coalición Cristiana de Pat Robertson, organizaron a este electorado en torno al rechazo del aborto y de los derechos LGTB. El contraste interno también se deja contar, pues los protestantes negros votaron en torno al 90 % por la candidata demócrata en 2016 y un 83 % en 2024, mientras que el 63 % de los protestantes hispanos respaldó a Trump en 2024. La etiqueta evangélica también cobija, por tanto, realidades políticas opuestas, aunque su núcleo más numeroso y movilizado sea el del votante blanco conservador.

Conviene añadir, no obstante, que el bloque muestra un pequeño retroceso en el último año. Una encuesta del Pew Research Center de enero de 2026 reveló que la aprobación de Trump entre los evangélicos blancos había caído del 78 % registrado a comienzos de 2025 al 69 %, mientras que el respaldo a la totalidad o a la mayor parte de su programa retrocedía ocho puntos y la confianza en su conducta ética se desplomaba quince. Otros sondeos posteriores rebajaron esa aprobación hasta el 64 % en la primavera de 2026, en un clima de tensión económica y de descontento por la guerra con Irán. La cifra sigue muy por encima del 37 % que Trump cosecha entre el conjunto de los estadounidenses, de modo que la lealtad evangélica permanece firme como dato comparativo.

Política exterior

El movimiento proyecta también su influencia más allá de las fronteras nacionales. El sionismo cristiano, anclado en la teología dispensacionalista del siglo XIX según la cual “el regreso de los judíos a su tierra” y la fundación del Estado de Israel en 1948 anticipan “el fin de los tiempos”, eleva el apoyo político, financiero y militar a Israel de la diplomacia ordinaria a un mandato espiritual innegociable. Esa visión se institucionalizó en 1980 con la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén y se ha amplificado con organizaciones como Christians United for Israel, fundada en 2006 por el pastor y televangelista John Hagee, que afirma contar con más de 10 millones de miembros. Según la Jewish Virtual Library, la entidad rebasó el millón en marzo de 2012, los 5,1 millones en diciembre de 2018 y los 10 millones en 2023.

Gráfico 10 · El crecimiento declarado de Christians United for Israel

La organización presionó a favor del traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2018 y de la ayuda militar de urgencia tras la operación de la resistencia palestina en octubre de 2023, y su réplica latinoamericana ha alterado las posiciones de varios Estados, ya que Guatemala, bajo el evangélico Jimmy Morales, fue de los primeros en seguir a Washington trasladando su embajada, y Bolsonaro prometió hacer lo propio en Brasil por exigencia de su base carismática. El Templo de Salomón de São Paulo, con sus menorás gigantes y banderas israelíes en los actos de la derecha, condensa esa identidad de “nación judeo-cristiana” que importa a la política doméstica un marco etnonacionalista, fundamentalista y militarista. Lo que conviene retener es que una base de millones de fieles se ha transformado en respaldo organizado para una política exterior muy concreta: el apoyo incondicional a Israel. Pero ese apoyo no puede venderse simplemente desde la “simpatía hacia el pueblo judío”, sino de una creencia milenarista sobre el fin de los tiempos según la cual “el regreso de los judíos a Tierra Santa es el paso previo a la segunda venida de Cristo”, momento en el que –según esa doctrina– “los judíos deberán convertirse al cristianismo o perecer”. Es decir, ironicamente, los fieles defienden a Israel como instrumento de un relato religioso cuyo final no contempla la supervivencia ni de los judíos como tales ni de los palestinos.

Brasil como caso de estudio

El caso brasileño concentra casi todas las tendencias anteriores y permite seguirlas en serie histórica. Los evangélicos pasaron del 6,6 % de la población en 1980 al 9 % en 1991, al 15,4 % en 2000, al 21,6 % en 2010 y al 26,9 % en 2022, esto es, 47,4 millones de personas, según el censo del IBGE. En ese mismo lapso, los católicos se desplomaron desde cerca del 90 % en 1970 hasta el 56,7 % en 2022, equivalente a 100,2 millones de fieles. El IBGE ha contabilizado la apertura de unas 14.000 nuevas iglesias evangélicas cada año.

El crecimiento, con todo, pierde fuelle. La variación fue del 6,0 % en 2000, del 6,3 % en 2010 y del 5,2 % en 2022, de manera que la proyección sobre el momento en que los evangélicos superarán a los católicos se ha retrasado del año 2032 a alrededor de 2049, según los cálculos del demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. La fotografía de conjunto muestra un trasvase religioso masivo y sostenido, pero a un ritmo que ya no se acelera.

Una mirada más reciente complica todavía más el relato. Un estudio constató en enero de 2026 que, en buena parte de América Latina, quienes abandonan el catolicismo no engrosan necesariamente las filas protestantes, sino que se declaran sin religión, hasta el punto de que los no afiliados ya superan a los protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México. El protestantismo, lejos de barrer el continente, se ha mantenido relativamente estable durante la última década, con Brasil como gran excepción, pues allí los protestantes treparon hasta el 29 % en 2024. La ola evangélica, en suma, ni es uniforme ni avanza en línea recta.

El precio de la expansión

El avance del movimiento ha dejado huellas, aun cuando parte de la evidencia sea más cualitativa que numérica. En Brasil, varios templos de religiones afrobrasileñas han sufrido ataques y una sacerdotisa afrobrasileña fue asesinada, y las encuestas de 2024 señalaron a los sectores evangélicos como el grupo religioso percibido como más intolerante del país. En el terreno sanitario se han documentado casos en que la enseñanza de la curación por la fe interfirió con tratamientos médicos al presentar dolencias como el VIH o la epilepsia en clave “demoníaca”. En el plano del conocimiento, algunas figuras prominentes han rechazado la ciencia del clima y promovido el creacionismo frente a la enseñanza de la evolución. Y en el plano económico, distintos estudios reparan en la paradoja de una base de renta baja que respalda agendas de recorte del Estado social —resumidas en la fórmula ‘más Dios, menos Estado’— del que esa misma base depende.

Fuentes de interés

Pew Research Center (Religion in Latin America, 2014, y su capítulo sobre creencias; Catholicism Has Declined in Latin America, enero de 2026

 White Evangelicals Remain Among Trump’s Strongest Supporters, febrero de 2026; Global Christianity, 2011)

 Center for the Study of Global Christianity, World Christian Database y World Christian Encyclopedia, 2025

Britannica y World Assemblies of God Fellowship para las Asambleas de Dios

Organización Internacional del Trabajo para la economía informal

Los creyentes de este movimiento, conformado mayormente por las ramas pentecostalistas y dispensacionalistas, asumen que la historia de la humanidad está dividida en dispensaciones y que la actual fase histórica exige la “restauración de Israel” para desencadenar los eventos descritos en el libro de las revelaciones, lo que transforma una expectativa mística en un movimiento político concreto que legitima al Estado de Israel y su genocidio bajo argumentos teológicos.

Esta alianza estratégica comenzó a institucionalizarse formalmente tras la fundación del Estado de Israel en el año 1948, un hito interpretado por estos sectores como la “prueba irrefutable” de la veracidad profética, lo que llevó a sucesivos gobiernos israelíes a implementar la denominada “diplomacia de la fe” para asegurarse el apoyo de estos grupos. El andamiaje transnacional se consolidó en 1980 con el establecimiento de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén (ICEJ), un organismo que coordina hasta el día de hoy a redes globales bajo liderazgos como el del apóstol brasileño Renê Terra Nova, y se potenció en el año 2007 con la creación de la Fundación Aliados de Israel (IAF) por iniciativa del exministro israelí Benny Elon, con el objetivo explícito de subsidiar y articular a legisladores cristianos para contrarrestar campañas de boicot como el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). A este entramado se sumó la organización estadounidense Capitol Ministries, fundada en 1996, la cual en el año 2017 abrió oficinas de cabildeo e instrucción bíblica para altos funcionarios públicos en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, expandiéndose en 2018 hacia Brasil en paralelo a la creación de la Coalición Latina para Israel (LCI), presidida por Mario Bramnick, quien intensificó los viajes por la región para conmemorar hitos como los 70 años de la fundación de Israel.

Esta convergencia entre dogmas espirituales y estructuras estatales llegó a su punto más álgido en mayo del año 2018, cuando Guatemala se convirtió en el segundo país del mundo en trasladar su sede diplomática oficial de Tel Aviv a Jerusalén, emulando la polémica medida adoptada por la administración de Donald Trump. El mandatario guatemalteco de ese periodo, Jimmy Morales, ejecutó la mudanza cediendo de forma directa a las presiones de la Alianza Evangélica de Guatemala, organismo que aglutina a más de 40.000 iglesias en todo el país. Una dinámica de presión similar se vivió en Brasil durante la gestión de Jair Bolsonaro entre los años 2019 y 2022, quien llegó a recibir el premio Amigo de Sión en 2019 de manos del Museo de Amigos de Sión de Jerusalén por su alineamiento con Benjamin Netanyahu, aunque en el gigante suramericano el poderoso sector ganadero local logró frenar el traslado definitivo de la embajada para proteger el multimillonario comercio de carne con el mundo árabe.

Turismo religioso

En la actualidad, la relación entre el evangelismo y el sionismo internacional se sostiene sobre una de las industrias más lucrativas de turismo religioso global, sustentada en corrientes proféticas. Agencias de viajes transnacionales y organizaciones como la ICEJ o IAF se lucran activamente con la organización de masivas peregrinaciones hacia Tierra Santa, bajo la convicción teológica de que el acercamiento físico y el respaldo político a Israel “acelerarán la prosperidad individual y pavimentarán el camino hacia el Apocalipsis, la instauración del Reino de Dios y la segunda venida de Jesucristo”.

Este flujo continuo de visitantes, con una participación masiva proveniente de Sudamérica, se traduce en una inyección multimillonaria de divisas para el Estado de Israel, consolidando en las iglesias una percepción proisraelí rígidamente anclada en el Israel imaginario del Antiguo Testamento. Esta asimilación doctrinal ha provocado que un gran número de congregaciones adopten símbolos netamente judíos en su cotidianidad, desplegando la bandera del Estado de Israel en sus púlpitos e incorporando de forma sistemática elementos rituales como el shofar, el talit y la kipá en sus cultos.

Durante su mandato se concentró lo más brutal de una guerra que, entre 1960 y 1996, dejó alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos, en su inmensa mayoría pueblos originarios. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó masacres en centenares de aldeas, calificó de genocidio la campaña contra el pueblo maya y situó entre 1978 y 1984 el grueso de las violaciones de derechos humanos del conflicto. En 2013, un tribunal guatemalteco lo condenó a 80 años de prisión por genocidio, en una sentencia histórica que la Corte de Constitucionalidad anuló diez días más tarde bajo la presión de sectores del ejército y de la oligarquía. Murió en 2018, procesado de nuevo, sin condena firme.

El detalle que convierte este episodio en algo más que la biografía de un dictador, es contra quién se dirigía aquella violencia. Para los sectores más fanáticos de la Iglesia El Verbo, la pastoral católica inspirada en la teología de la liberación resultaba sospechosa de subversión. En aquellos años, las comunidades eclesiales de base organizaban a campesinos y jornaleros en torno a una idea sencilla, a saber, que la pobreza no era un designio divino, sino el fruto de un sistema esencialmente injusto. El pentecostalismo que crecía a su lado ofrecía justo lo contrario, esto es, una lectura individual de la miseria, la promesa de la “salvación personal” y la obediencia entendida como virtud, un mensaje que desactivaba la protesta en lugar de articularla.

Esa funcionalidad no pasó inadvertida en Washington. En diciembre de 1982, Ronald Reagan se reunió con Ríos Montt y lo describió como “un hombre de gran integridad personal entregado a la democracia”, al tiempo que sostenía que las organizaciones de derechos humanos le hacían un flaco favor. Al día siguiente, una unidad de élite del ejército masacró a más de ciento sesenta vecinos de la aldea de Las Dos Erres, decenas de ellos niños. Predicadores estadounidenses recaudaron fondos para el régimen, convencidos de estar conteniendo al comunismo. Los historiadores discuten cuánto hubo de plan deliberado y cuánto de afinidad espontánea, pero la función política queda fuera de toda duda.

Por mucho que el evangelismo se presente pegado a lo social, ofrezca consuelo, comunidad y una mano tendida a los más desfavorecidos, en el caso guatemalteco queda patente que esas formas no sirvieron para defender a los trabajadores del campo, sino para sustituir y deslegitimar al único movimiento que entonces intentaba organizarlos desde unas bases religiosas.

En este sentido, los sondeos anuales desarrollados por la consultora Gallup muestran variaciones significativas en el porcentaje de ciudadanos que se describen como cristianos evangélicos o “renacidos”, alcanzando un 36% en 2021. Esta sólida base de creyentes se organiza de forma descentralizada a través de templos independientes y masivas mega-iglesias, clasificadas formalmente por albergar a más de 2.000 miembros activos, entre las que sobresalen la Lakewood Church en Houston con 52.000 integrantes y LifeChurch.TV con 46.000 afiliados en sus encuentros en línea, además de redes de gran alcance como la de la mega-iglesia Saddleback, cuyo pastor mantiene contactos con senadores con el fin de captar el voto en una malla de más de 40.000 iglesias asociadas.

Influencia legislativa

Esta considerable influencia se canaliza hacia el aparato de toma de decisiones del Estado por medio de una activa movilización en los procesos electorales y la presión de grupos de interés. Históricamente, la vinculación entre los líderes evangélicos y el poder ejecutivo ha condicionado periodos enteros de la diplomacia estadounidense, tal como ocurrió durante la administración del presidente Dwight Eisenhower entre los años 1953 y 1961, etapa en la cual el reverendo Billy Graham ejerció un influjo de vital importancia al actuar como asesor presidencial y estrechar la alianza de la religión con la política oficial del gobierno, una proximidad que también se mostró en discursos emblemáticos anticomunistas. El poder electoral de este bloque se tornó sumamente evidente en los comicios presidenciales del año 2004, donde se calculó que el 40% del voto total obtenido por George W. Bush provino de evangélicos.

Uno de los mecanismos más tangibles y económicamente documentados de esta proyección global es la financiación pública estatal hacia las denominadas Organizaciones Basadas en la Fe o FBOs por sus siglas en inglés. A través de un análisis del volumen de recursos públicos provistos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, un estudio del diario Boston Globe reveló la ingente cantidad de dinero destinada a estas entidades de carácter religioso durante las administraciones de Bush y Obama entre los años 2001 y 2007. Las partidas presupuestarias detallan que la USAID otorgó a estas organizaciones confesionales 440 millones en 2003, 419 millones en 2004, 375 millones en 2005, 552 millones en 2006, alcanzando una cifra máxima de 586 millones de dólares en el año 2007. Estas asignaciones millonarias no solo respondieron a razones pragmáticas de eficiencia logística, sino también a motivaciones ideológicas compartidas por los mandatarios sobre el rol de la moralidad individual en la salud pública, permitiendo que agrupaciones evangélicas operaran programas humanitarios e iniciativas de evangelización incluso en zonas de guerra en países de mayoría musulmana como Afganistán e Irak.

Por otra parte, la capacidad de presión del activismo evangélico ha dejado una huella indeleble en la legislación internacional estadounidense mediante la promoción y aprobación de leyes orientadas a la “defensa de la libertad religiosa y los derechos humanos” en el exterior. Entre estos logros legislativos destaca de manera principal la firma de la Ley de Libertad Religiosa Internacional en el año 1998, la cual estableció una comisión encargada de calificar “el respeto a este derecho a nivel mundial” y facultó la imposición de sanciones económicas a los Estados con valoraciones deficientes según los estándares estadounidenses. De igual modo, la influencia del movimiento se manifestó en la aprobación de la Ley de Paz de Sudán para respaldar directamente a las facciones cristianas del sur frente a Jartum, en la Ley de Derechos Humanos de Corea del Norte, y en la propuesta de la Ley para el Avance de la Democracia en el año 2005.

La era Trump

En la historia reciente, esta dinámica alcanzó un punto de máxima visibilidad bajo la presidencia de Donald Trump, cuyo gabinete incorporó a prominentes cristianos evangélicos en puestos clave como el secretario de Estado Mike Pompeo, y recurrió al uso instrumental de la religión en la arena geopolítica, ejemplificado cuando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyó a 28 empresas chinas en la lista de entidades ‘no deseadas’ en el año 2019 bajo el argumento de “abusos contra minorías religiosas”.

Asimismo, el peso de esta comunidad se evidenció durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, un evento que dejó un saldo de aproximadamente 6 millones de muertos en el país y ante el cual el mandatario atendió las demandas evangélicas decretando la reapertura de los templos en mayo de 2020 y anunciando simultáneamente el retiro estadounidense de la Organización Mundial de la Salud, una medida celebrada por los líderes conservadores debido a los históricos cuestionamientos evangélicos hacia dicha entidad por sus “políticas favorables aborto y control de la natalidad”. Toda esta red de influencia política, financiera y doctrinal cuenta además con plataformas de difusión masiva de alcance global, tales como la Trinity Broadcasting Network, una cadena televisiva transnacional que llegó a registrar 2.000 millones de visualizaciones en el año 2010, consolidando el papel central de los medios de comunicación en la diseminación de su mensaje e influencia por todo el planeta.

Esta laxitud punitiva y la falta de recursos en el ámbito de la inspección laboral contrastan de forma notable con el despliegue policial y la capacidad recaudadora destinados a la seguridad vial en todo el territorio estatal. La Dirección General de Tráfico (DGT) cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos superiores a los 540 millones de euros, una cifra histórica impulsada por un ritmo sancionador constante con una multa cada cinco segundos. Para garantizar este nivel de vigilancia, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cuenta de forma permanente con unos 9.000 agentes desplegados en las carreteras, una inversión material y humana que sostiene una tendencia a la baja en la mortalidad vial desde hace años, ya que en 2025 se registraron 1.119 muertes por accidentes en vías interurbanas, 35 menos que en 2024, un 3% menos. De esas 1.119, 151 fueron durante la jornada laboral, por lo que la cifra de muertes de tráfico excluyendo las muertes laborales sería de 968.

Por el contrario, la supervisión de las condiciones de seguridad en el entorno laboral presenta un panorama de precariedad de recursos humanos que impide replicar este modelo de éxito en la seguridad y reducción de la mortalidad en las empresas, a pesar de registrarse una cifra de "muertes" anuales equiparable a la de las carreteras. En 2025 se contabilizaron 735 "fallecidos" en accidentes laborales para lo que en todo el Estado, existen únicamente 1.000 inspectores de Trabajo y Seguridad Social, complementados por 1.051 subinspectores laborales, lo que deja la vigilancia de millones de centros productivos en manos de poco más de dos mil profesionales. Diversos analistas señalan que si las administraciones públicas priorizasen la detección de las infracciones laborales con el mismo empeño y volumen de medios que se aplica en la red de carreteras, se lograría reducir drásticamente el número de accidentes graves que concluyen en fallecimientos, incapacidades permanentes o secuelas físicas severas para los trabajadores.

Según las informaciones publicadas por GEDAR LANGILE KAZETA, la SEPI autorizó en 2021 la concesión de esta ayuda a Tubos Reunidos, proceso en el que podrían haber intervenido la exmiembro del PSOE Leire Díez y Santos Cerdán con el fin de facilitar dicha operación financiera. Las hipótesis apuntan a que habrían percibido una contraprestación económica por estas gestiones. No obstante, el PSOE no es la única formación política salpicada por este escenario de corrupción, ya que el PNV también estaría involucrado, y se indaga si algún miembro de la formación actuó como mediador para que Tubos Reunidos pudiera acceder a este rescate público.

Ante las recientes revelaciones de corrupción vinculadas al PSOE, las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno español se han pronunciado. EH Bildu se ha mantenido leal al Ejecutivo, y su portavoz, Mertxe Aizpurua, se ha manifestado en contra de un adelanto electoral; por el contrario, el PNV ha reclamado la convocatoria anticipada de comicios, a pesar de que las sospechas en torno a la trama sugieren una confluencia de intereses entre el PSOE y los jeltzales. En este sentido, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido a Sánchez que "dé un paso al frente y convoque las elecciones", argumentando, entre otros motivos, las "dificultades del Gobierno para sacar adelante las leyes y las sucesivas polémicas por corrupción".

La última negociación entre Previnsa y los operarios comenzó al conocerse la decisión de Mercedes. Los empleados han defendido durante todo el mes que los despidos deberían cancelarse, argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales, como el derecho a la huelga. Sin embargo, la intención de la subcontrata en el proceso de negociación ha sido ejecutar los despidos y fijar sus condiciones para asumir el menor coste posible.

Finalmente, Previnsa no ha ofrecido condiciones de calidad a los bomberos afectados, ni en lo relativo a las indemnizaciones ni a las recolocaciones. Esto ha provocado la ruptura de la negociación, por lo que los trabajadores solo percibirán las indemnizaciones mínimas de 20 días por año trabajado.

Los bomberos de Mercedes comenzaron la huelga indefinida el 15 de enero para exigir, principalmente, la mejora de sus condiciones laborales y que se garantizaran las medidas de seguridad. El 12 de marzo, cuando estaban a punto de cumplir dos meses en huelga, celebraron una manifestación multitudinaria por las calles de Gasteiz. Mercedes ha tenido subcontratado el servicio de bomberos a través de Previnsa, pero desde que en primavera rompió el contrato y provocó el despido de los bomberos, se ha lavado las manos. Ha sido Previnsa, en última instancia, quien ha materializado las medidas de represalia iniciadas por Mercedes en perjuicio de los bomberos, dejándolos a todos en la calle y con las indemnizaciones mínimas.

Respecto a los antecedentes del caso, en un primer juicio los seis activistas originales resultaron absueltos del cargo de 'allanamiento agravado', después de que hubieran pasado más de un año en prisión preventiva, superando el límite legal habitual de seis meses sin juicio en Gran Bretaña. Debido a que el jurado no logró un veredicto consensuado sobre los daños materiales, se ordenó la repetición del proceso exclusivamente para esos cargos. En este segundo juicio, el jurado halló culpables de' daños criminales' a Charlotte Head, Leona Kamio, Fatema Rajwani y Samuel Corner por sabotear equipos y drones, absolviendo a los otros dos implicados.

Es crucial señalar que el jurado dictaminó únicamente sobre estos delitos comunes y en ningún momento los condenó por 'terrorismo', ya que la aplicación del "vínculo terrorista" fue una prerrogativa adoptada de forma unilateral por el juez Jeremy Johnson durante una audiencia preliminar celebrada en marzo de 2025, una decisión que se le ocultó al jurado y a la opinión pública hasta la conclusión del litigio este junio.

Un hecho sin precedentes

Mientras que otros dos activistas procesados, Jordan Devlin y Zoe Rogers, han sido absueltos de todos los cargos durante el litigio, esta resolución judicial marca la primera ocasión en el sistema legal británico en que se utiliza dicha tipificación penal contra manifestantes de acción directa sin daños personales.

El magistrado de la causa, el juez Jeremy Johnson, justificó la aplicación del artículo 69 de la Ley de Sentencias argumentando "poseer la certeza de que las acciones de los acusados involucraron un daño grave a la propiedad con el propósito explícito de avanzar una causa política e ideológica". Según el dictamen, el sabotaje estuvo diseñado para "intimidar al Gobierno británico y a un sector del público", categoría en la que incluyó explícitamente a los empleados y proveedores de la firma armamentística. Con esta resolución, Charlotte Head y Leona Kamio han sido condenadas a seis años de privación de libertad cada una, Fatema Rajwani ha sido condenada a cinco años y ocho meses, y Samuel Corner afrontará la pena más alta con un total de ocho años y ocho meses de prisión.

Vulneración de derechos y "pruebas" convenientes

La decisión del tribunal provocó el rechazo inmediato de la defensa, encabezada por el abogado Rajiv Menon KC, quien denunció una "grave vulneración al derecho a un juicio de carácter justo". La controversia jurídica se agudizó tras la presentación por parte de la fiscalía, a escasos días de la audiencia, de un informe pericial forense "independiente" que tasó los perjuicios en la infraestructura, sistemas informáticos y equipamiento militar de Elbit Systems en poco más de 1,2 millones de libras esterlinas. Menon cuestionó con dureza que dicha evidencia fuera aportada veinte meses después de los hechos y con posterioridad al cierre de las reclamaciones de seguros de la compañía en marzo, impidiendo que los peritos de los acusados pudieran evaluar y responder al documento, al cual calificó como "un texto plagado de conjeturas y testimonios de oídas". El letrado argumentó que resultaba contradictorio que la Corona prohibiera a los acusados exponer sus motivaciones ideológicas durante el juicio oral para luego introducir de forma encubierta dichos factores en la fase de sentencia con el fin de elevar severamente las condenas.

Más de cien detenidos

El dictamen judicial desató escenas de alta tensión tanto dentro como fuera de la sede judicial de Woolwich, donde los familiares y simpatizantes de los acusados manifestaron su frustración desde la galería del público mientras observaban cómo los jóvenes eran retirados del banquillo. En el exterior del recinto, cientos de manifestantes se congregaron en señal de repulsa a la medida, lo que motivó un fuerte despliegue policial. De acuerdo con informes oficiales de la policía, la jornada concluyó con la detención de más de cien personas bajo el cargo de "exhibir pancartas y consignas de apoyo" a Palestine Action.

Según las declaraciones de Díaz-Canel, entre las principales directrices destaca la ampliación de las actividades permitidas para las empresas estatales, mipymes y cooperativas, limitando al mínimo las prohibiciones con el objetivo de "impulsar productivamente el país, crear riqueza, y distribuir esa riqueza con justicia social". Asimismo, el plan gubernamental estipula eliminar la obligatoriedad de recurrir a intermediarios estatales para las operaciones de comercio exterior, lo cual se complementará con la eliminación de trabas administrativas para "incentivar la inversión extranjera directa" en la isla.

El sector turístico también sufrirá cambios, mediante la inclusión de nuevos actores y modalidades operativas, una estrategia diseñada para aprovechar la infraestructura hotelera frente a la retirada de algunas grandes cadenas debido a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, se autorizarán proyectos de inversión impulsados por cubanos residentes en el exterior, y se otorgará una "robusta autonomía" a los municipios para gestionar sus ingresos en divisas, promover inversiones y ejecutar operaciones comerciales directas en función de su desarrollo local.

Para "optimizar la gestión" del país, de aprobarse la iniciativa, se implementará una reestructuración en el aparato del Estado y del Gobierno que implicará una reducción importante de ministerios y cargos públicos, cuyos ahorros presupuestarios se destinarán a apoyar programas sociales y a "avanzar hacia una reforma salarial en el sector presupuestario". A su vez, la reforma prevé dotar de mayor autonomía a la Empresa Estatal Socialista, permitiéndole operar en el mercado cambiario, realizar alianzas con cualquier actor económico y diseñar sus propios sistemas de salario a partir de sus ingresos, al tiempo que se avanzará gradualmente en la eliminación de subsidios a productos para sustituirlos por el subsidio directo a personas en situación de vulnerabilidad.

El anuncio presidencial se enmarca en un contexto de fuerte agresión multidimensional por parte de Washington, cuya administración ha intensificado el cerco energético, permitiendo la entrada de solo un barco de petróleo a la isla en los últimos cinco meses y ha realizado varias acciones de amedrentamiento del Gobierno cubano, tales como la imputación formal de Raúl Castro o el aumento de las sanciones. Díaz-Canel denunció estas acciones como una política injerencista acompañada de una "guerra psicológica para amedrentarnos", y rechazó firmemente la retórica de catalogar a Cuba como un Estado fallido, resaltando que "un país en esa condición no habría podido sostenerse ni funcionar ante tales presiones".

El proceso de negociación sumó tensiones cruzadas el pasado jueves, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró a través de su red social TruthSocial que ya se habían pactado los puntos finales del borrador. Sin embargo, la delegación de Teherán desmintió de inmediato dicha afirmación argumentando que las partes aún no daban el visto bueno definitivo al texto. Esa misma noche se constató un repunte de la hostilidad en el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas de Washington denunciaron haber sido "blanco de un ataque iraní ejecutado mediante el uso de drones".

Hay pacto, pero ¿qué incluye?

Durante la jornada de este viernes, la agencia de noticias iraní Mehr publicó un borrador que contiene los catorce puntos defendidos por Teherán, en el cual se supedita la firma de la paz a la liberación inmediata de sus activos financieros congelados, a la obtención de garantías firmes de que Israel no atacará territorio libanés y al aplazamiento por un plazo de sesenta días de las conversaciones sobre el programa nuclear y el estatus del estrecho de Ormuz. En paralelo, el ministro de Turismo de Irán, Reza Salehi Amiri, compareció para refrendar que "la paz es viable", señalando de forma directa al Gobierno de Israel como el actor que ha bloqueado la consecución de preacuerdos políticos en las mesas de negociación.

Horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicó en X un mensaje en el que confirmaba que "un memorando de entendimiento nunca había estado tan cerca de formalizarse" e invitaba a "no especular con el contenido del acuerdo".

Sin embargo, en paralelo a su mensaje en X, el propio Araghchi ofreció declaraciones ante la televisión estatal IRIB, recogidas por medios como Xinhua News o la agencia Anadolu, detallando que el preacuerdo estipula "el fin de la guerra en todos los frentes, exigiendo la salida de las tropas israelíes de las zonas ocupadas en el Líbano", y subrayó que "la soberanía del estrecho de Ormuz corresponde exclusivamente a Irán y Omán". El jefe de la diplomacia iraní aclaró que la temática nuclear y el levantamiento de sanciones "quedan totalmente excluidos de esta etapa por tratarse de líneas rojas que se derivarán a futuros acuerdos", al tiempo que advirtió que su país "no cederá" ante las presiones de Washington. De acuerdo con la versión defendida por el negociador jefe iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, las cláusulas acordadas habrán de cumplirse "de manera estricta y sin pretextos" por ambas partes.

La confirmación del avance diplomático llegó también desde Islamabad, donde el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció oficialmente en su cuenta de X que se ha alcanzado un texto final consensuado "gracias a los esfuerzos de mediación" de su Ejecutivo. Sharif denunció la existencia de "campañas de desinformación destinadas a sabotear el proceso" y tomó la palabra a Araghchi, asegurando que "la paz se encuentra en su punto más próximo".

Este mensaje fue replicado por el propio Donal Trump, dando veracidad al anuncio, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sugirió públicamente que la firma del acuerdo de paz definitivo "podría celebrarse este mismo fin de semana en algún punto de Europa".

Guerra de relatos

Casi de forma simultánea, un alto cargo de la Administración estadounidense informó en una conferencia telefónica con periodistas que la Casa Blanca confía "en un 85%" en que el documento se firmará en los próximos días, afirmando que el borrador actual "satisface plenamente los objetivos centrales fijados por Donald Trump desde el inicio de la guerra en febrero". Conforme a esta fuente anónima, las condiciones estadounidenses, contrapuestas a las expuestas por las autoridades iraníes, obligarían a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, desmantelar su infraestructura nuclear, entregar su uranio enriquecido para su posterior destrucción y cesar el financiamiento de "actividades violentas" en Oriente Medio, recibiendo a cambio un alivio gradual de las sanciones comerciales.

El cierre de la jornada estuvo marcado por una nueva declaración del presidente Donald Trump en TruthSocial, donde acusó formalmente a las autoridades de Teherán de "actuar sin buena fe" y de "filtrar a los medios de comunicación una versión de los términos del acuerdo que no se corresponde con los compromisos adquiridos por escrito". Trump tildó las declaraciones de la contraparte como "débiles y falsas".

La resolución del conflicto no ha estado exenta de fricciones internas y ha quebrado la unidad de la representación social. La Organización de Trabajadores de Aragón (OSTA), tercera fuerza sindical integrada en la negociación, se ha desmarcado por completo del documento regulador al considerar que los incrementos proyectados son ´"deficitarios" y se sitúan potencialmente por debajo del SMI. Desde la dirección de OSTA se argumenta que el texto definitivo "no atiende a las reclamaciones estructurales que motivaron el inicio de las protestas, tales como la garantía del poder adquisitivo indexado a la inflación, la inclusión de un plus industrial específico o la reducción efectiva de la jornada laboral para los empleados del sector".

La división en la mesa negociadora se ha replicado en las bases. Durante la mañana del 9 de junio, una asamblea general celebrada en la capital aragonesa, que congregó a cerca de 400 huelguistas, escenificó la polarización del colectivo ante las condiciones ofrecidas por las empresas. La votación consultiva efectuada a mano alzada arrojó un resultado de práctica paridad, dividiendo al auditorio a la mitad entre quienes defendían la aceptación inmediata de los términos de la patronal y quienes propugnaban la continuidad y el endurecimiento de las medidas de presión.

El impacto socioeconómico de estas dos semanas de movilizaciones ha golpeado de forma directa al tejido manufacturero de Aragón. Grandes corporaciones con plantas logísticas y de producción en la provincia, entre las que destacan firmas como Stellantis en su factoría de Opel, el grupo electrodoméstico BSH Balay o la multinacional textil Inditex, sufrieron alteraciones severas en su actividad diaria y se vieron obligadas a detener de forma temporal cadenas enteras de montaje ante la falta de condiciones higiénicas adecuadas. Paralelamente, el desarrollo del conflicto ha estado condicionado por la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya gestión ha sido objeto de críticas por parte de los comités de huelga debido al establecimiento de unos servicios mínimos que en dependencias municipales prioritarias alcanzaron el 100%.

La envergadura de la crisis que la jerarquía católica intenta contener se refleja en las estadísticas de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia española. Según el informe del Defensor del Pueblo de 2023, las estimaciones técnicas apuntan a que aproximadamente 236.000 personas han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos católicos, una cifra que se eleva hasta las 445.000 víctimas si se amplía el foco a todo el entorno religioso en general. Para ilustrar la gravedad sistémica del problema, los expertos señalan que si las 236.000 víctimas directas de la Iglesia se posicionaran en una fila continua, esta ocuparía una extensión de entre 130 y 170 kilómetros de longitud; una columna humana que, partiendo desde Cádiz en dirección al norte, superaría ampliamente la ciudad de Sevilla y alcanzaría el entorno geográfico de Córdoba o Puertollano.

A pesar de la magnitud de este escenario, la agenda papal optó por el aislamiento institucional frente a los colectivos de víctimas. A las puertas de la delegación vaticana, familias de afectados y portavoces históricos como Juan Cuatrecasas, de la asociación Infancia Robada, expresaron su profunda indignación ante un cordón de seguridad que les impidió el acceso. Durante la tensa espera, los arzobispos y cardenales españoles Juan José Omella y José Cobo, junto a los obispos Ángel Pérez Pueyo y Arturo Ros, se acercaron a los manifestantes para intentar rebajar la tensión. Fue el propio arzobispo de Madrid, José Cobo, quien trasladó a los afectados una propuesta de última hora consistente en remitirlos a un futuro encuentro con el Papa en Roma, aunque sin fijar ninguna fecha en el calendario. Los colectivos rechazaron de inmediato el ofrecimiento por considerarlo una maniobra evasiva que llega "tarde y mal".

El contraste entre la retórica oficial y los hechos documentados este lunes en Madrid ha agudizado los reproches hacia el Vaticano. Horas antes del controvertido encuentro, el Papa León XIV se había convertido en el primer pontífice en admitir públicamente ante el episcopado español la existencia de esta "plaga", exigiendo "compromisos de verdad, justicia y prevención". Sin embargo, el comunicado posterior de la Santa Sede evitó cualquier mención a las protestas exteriores y se limitó a destacar el "afecto" del Papa hacia los seis denunciantes autorizados. 

La ruta argelina, que abarca los trayectos con destino a las costas de Alacant y zonas limítrofes desde la llegada de la primera patera en el año 2007, muestra un patrón recurrente que la ONG lleva detectando desde 2025, caracterizado por el hallazgo constante de personas fallecidas en los litorales con signos evidentes de ahogamiento reciente. 

 A pesar de este notable repunte en el Mediterráneo, la ruta atlántica, que conecta el continente africano con el archipiélago de las Islas Canarias, se mantiene como el corredor migratorio más letal en lo que va de año, acumulando 635 víctimas mortales debido a las peligrosas condiciones de navegación en el océano. Los analistas de la organización estiman que la gravedad de la situación equivale a la pérdida de una vida humana cada dos horas y 45 minutos. El balance demográfico del informe determina que entre los fallecidos se encontraban 129 menores de edad.

Las acciones se han registrado en áreas especialmente afectadas por el turismo y el incremento de los precios del alquiler. Entre las zonas señaladas se encuentran distritos y barrios como Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Latina, Lavapiés, Carabanchel, Tetuán y Ciudad Lineal. Las fuentes vecinales y los colectivos responsables de la acción argumentan que estas zonas "están sufriendo un proceso acelerado de gentrificación, donde el tejido social tradicional se está viendo desplazado por la proliferación de los hoteles encubiertos gestionados, en muchos casos, por empresas multipropiedad y fondos de inversión".

Mientras que colectivos y sindicatos de vivienda denuncian que este modelo turístico reduce la oferta de vivienda residencial y eleva los alquileres, las plataformas turísticas siguen aumentando en número. Sin embargo, los activistas responsables de los sabotajes insisten en que el actual sistema urbanístico "prioriza el beneficio financiero privado sobre el derecho a la vivienda, dificultando el acceso de las familias trabajadoras a una casa en sus barrios de origen".

Los ingresos de origen público del partido ascendieron a 8.058.844 euros en 2024, ligeramente por debajo de los 8,88 millones del año anterior. Dentro de esta partida destacan las llamadas “aportaciones de grupos institucionales”, que sumaron 5.610.061 euros –el grueso de la financiación pública–, seguidas de las “subvenciones anuales para gastos de funcionamiento” (2.402.922 euros). También figuran 33.835 euros por “imputación de subvenciones para gastos de seguridad” y 12.024 euros en “otras subvenciones”.

Los ingresos “privados” alcanzaron 5.168.170 euros. De ellos, las cuotas de afiliados aportaron solo 1.020.523 euros, mientras que las aportaciones de cargos públicos supusieron 2.461.453 euros –es decir, casi la mitad del financiamiento privado procede en realidad de los sueldos de los propios representantes electos del PNV, por lo que supone una financiación pública indirecta. Además, el partido contabilizó un “exceso de provisiones” de 1.673.654 euros, una partida que engorda los ingresos sin que la memoria especifique su origen. Las donaciones y legados apenas alcanzaron 6.000 euros.

En el capítulo de gastos de personal, concretamente en la partida de “sueldos, salarios y asimilados”, se situó en 2.218.532 euros. Sumando las cargas sociales (623.829 euros), el gasto total en personal alcanzó 2.842.361 euros. Con el importe destinado exclusivamente a sueldos (2,22 millones), el PNV podría contratar a un número variable de liberados: tomando el salario mínimo interprofesional de 15.876 euros brutos anuales alcanzarían 140 puestos; con un sueldo ordinario de 35.000 euros (más típico de un cargo liberado de un partido), la cifra podría ser de 63. En conjunto, el rango estimado se sitúa entre 63 y 140 liberados a jornada completa durante todo el año a sueldo del partido.

Los “otros gastos de la actividad ordinaria” sumaron 8.041.847 euros, de los cuales 7.791.543 corresponden a “servicios exteriores” (alquileres, asesorías, publicidad, etc.). La amortización del inmovilizado fue de 1.822.512 euros. La actividad electoral arrojó un resultado negativo de 967.421 euros: los ingresos electorales públicos fueron de 2.465.971 euros (1.747.729 por resultados y 718.242 por envíos), pero los gastos electorales alcanzaron 3.433.393 euros. A ello se sumaron gastos financieros netos por 156.776 euros, lo que condujo a las pérdidas finales de 310.514 euros.

El PNV, una de las formaciones con mayor implantación institucional en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, depende abrumadoramente del dinero público (el 60% de sus ingresos ordinarios son públicos, y si se suman los electorales y el dinero público indirecto vía aportaciones de sueldos de cargos públicos, la cifra se dispara). A pesar de ello, acumula dos años consecutivos de pérdidas, lastrado por unos costes electorales muy superiores a las subvenciones que recibe.

Con lo que gasta en sueldos de su estructura –2,2 millones– podría mantener a más de un medio centenar de liberados, aunque el partido no ha detallado cuántas personas tiene en nómina ni a qué se dedican. En términos generales, resulta llamativo que pese a recibir 8 millones anuales de las arcas públicas, el partido gobernante en la CAV, que a menudo se presenta como “buen gestor”, seguía cerrando el ejercicio en números rojos.

De acuerdo con las proyecciones financieras recogidas en el documento de la entidad global, la operación bursátil elevará el valor de mercado de SpaceX hasta los 1,77 billones de dólares, consolidando a la firma dentro del grupo de las diez empresas con mayor cotización en los mercados internacionales. Desde la perspectiva de Oxfam, esta acumulación sin precedentes representa el "síntoma de décadas de marcos regulatorios y políticas fiscales diseñadas de manera favorable para los grandes patrimonios". Nabil Ahmed, director sénior de justicia económica de Oxfam América, manifestó mediante un comunicado institucional emitido desde Estados Unidos que el ascenso del empresario a este estatus financiero "constituye un nuevo precedente oligárquico".

Ingresos de fondos públicos

El estudio de la organización hace hincapié en la estrecha vinculación entre el crecimiento de SpaceX y el sector público de los Estados Unidos. La firma aeroespacial obtiene actualmente una quinta parte de sus ingresos totales directamente de contratos con el Gobierno federal. El análisis de Oxfam sostiene además que Musk supo aprovechar su estancia y las sinergias políticas durante la administración de Donald Trump para proteger y expandir sus activos financieros. La entidad subraya que los beneficios derivados de la salida a bolsa no solo favorecerán al fundador de la red social X, sino que también incrementarán el capital de fondos de inversión de riesgo, directivos corporativos y diversos funcionarios públicos con conexiones dentro del ámbito político de la capital norteamericana.

A fin de ilustrar la dimensión global de la riqueza proyectada, el informe de la ONG incluye diferentes estimaciones estadísticas sobre su impacto potencial en la economía social. Oxfam afirma que la implementación de un gravamen único del 10% sobre la futura fortuna billonaria de Musk bastaría para financiar la erradicación de la pobreza extrema en todo el mundo durante el periodo de un año, una medida que permitiría mejorar de forma inmediata las condiciones de vida de más de 800 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Como datos complementarios para dimensionar el volumen del patrimonio, el texto calcula que el empresario requeriría de 2.740 años para agotar sus fondos bajo un ritmo de gasto de un millón de dólares diarios, y concluye que, incluso si decidiera realizar una donación de cien dólares a cada uno de los habitantes actuales de la Tierra, continuaría figurando dentro de la lista de los diez hombres más acaudalados de todo el mundo.

En el desglose de los presupuestos militares de 2025, Estados Unidos se mantuvo a la cabeza del gasto global con 954.000 millones de dólares, a pesar de registrar una reducción del 7,5% en comparación con el año anterior. China ocupó la segunda posición con 336.000 millones de dólares, seguida por Rusia con 190.000 millones y Alemania en el cuarto puesto. India se consolidó en el quinto lugar mundial tras registrar un incremento del 8,9% respecto al ejercicio previo, situando su gasto militar en 92.100 millones de dólares. Según el SIPRI, los quince países con mayores presupuestos de defensa acumularon el 80% del gasto global total.

El análisis de transferencia de armamento sitúa a Ucrania, India, Arabia Saudí, Qatar y Pakistán como los cinco principales receptores de armas en el periodo quinquenal comprendido entre 2021 y 2025, aglutinando en conjunto el 35% de las importaciones mundiales.

Potencias nucleares

El ámbito de la seguridad nuclear muestra dinámicas de expansión en la región de Asia del Sur. Los datos del SIPRI señalan que, a comienzos de enero de 2026, India disponía de aproximadamente 190 ojivas nucleares, tras haber ampliado ligeramente su arsenal durante 2025. El programa de modernización de Nueva Delhi se orienta de forma prioritaria hacia el desarrollo de sistemas de entrega de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en territorio chino, sin descuidar el frente con Pakistán. Por su parte, Islamabad mantuvo el desarrollo de nuevos sistemas de lanzamiento y la acumulación de material fisible durante 2025, contando con un inventario estimado de 170 ojivas nucleares y proyecciones de crecimiento para la próxima década. A nivel global, los nueve países dotados de armamento nuclear sumaban unas 12.187 armas atómicas al inicio de este año, de las cuales 9.745 se consideraban operativamente disponibles.

El informe dedica un apartado específico a la inestabilidad en las fronteras del sur de Asia, subrayando la gravedad de la crisis militar acontecida entre el 7 y el 10 de mayo de 2025. Durante este periodo, India y Pakistán protagonizaron un intenso intercambio de fuego transfronterizo. Las fuerzas armadas indias ejecutaron ataques contra bases aéreas y de misiles pakistaníes que presuntamente albergaban capacidades nucleares, si bien ambas administraciones adoptaron medidas posteriores para frenar una escalada mayor. Una de las novedades tácticas documentadas por el SIPRI en este conflicto fue la integración formal y abierta de operaciones cibernéticas en el enfrentamiento armado por parte de ambos Estados, una tendencia de digitalización bélica observada también en los choques entre Rusia y Ucrania, así como entre Irán e Israel.

El Ayuntamiento ha presentado el desalojo como "necesario" y ha tratado de justificarse apelando al "grave riesgo existente para la seguridad de las personas que permanecen en el recinto". El gobierno municipal ha utilizado los cuatro incendios producidos en extrañas circunstancias en febrero como excusa para ejecutar el desalojo.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas. No obstante, a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en alrededor de 70 personas. Asimismo, en coordinación con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

El Ayuntamiento ha tratado de mostrarse amable enviando a los servicios sociales municipales para prestar una "atención individualizada" a las personas que vivían en el recinto. A pesar de esto, la mayoría de las personas no han obtenido una alternativa residencial, un recurso de acogida o un programa de inserción.

Colectivos y entidades sociales denuncian que los recursos de emergencia habitacional son "insuficientes" ya que los albergues y centros de acogida tienen una capacidad limitada, y algunas plazas son temporales o cuentan con requisitos de acceso.

Criminalización de la pobreza

Sin embargo, los habitantes de la antigua prisión de Palma no solo han sufrido la negligencia institucional a la hora de aportar soluciones a sus precarias condiciones sociales y económicas. También han sido víctimas de una campaña de criminalización.

Ya en febrero, un macrooperativo identificó a más de 170 residentes de la antigua prisión. Ahora, tras haber ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día. De esta manera, pretenden evitar que ninguno de los desahuciados pueda volver. Además, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto próximamente.

La actuación institucional choca frontalmente con la realidad de la ciudad y de las islas. A día de hoy, en el archipiélago, la compra de una vivienda de 80 metros cuadrados requiere más de quince años de salario bruto íntegro, el peor dato de todo el Estado español.

El Sindicato de Vivienda de Palma denuncia que los precios han crecido a un ritmo mucho más acelerado que los salarios, haciéndolos insuficientes para cubrir los más mínimos costes de vida. El Sindicato alerta de un aumento del sinhogarismo y la precariedad residencial en la isla, ya que cada vez hay más personas viviendo en habitaciones realquiladas, en edificios realquilados o incluso en la calle.

Según denuncian, los recursos sociales están muy tensionados y totalmente saturados; tanto los albergues como las pensiones o los centros de acogida no tienen capacidad suficiente para responder a las necesidades del creciente número de personas que se ven en situación de sinhogarismo. Ante esta situación, el Sindicato hace un llamamiento a sumarse a la concentración convocada esta tarde a las 19:00 horas en la Plaça de Cort.

La situación es límite, ya que se ha denunciado la aparición en plataformas digitales de listas con direcciones particulares de personas racializadas y familias migrantes residentes en la capital. Ante el riesgo aún mayor que esto supone, el sindicato Collective Action Tenants Union (CATU) de Belfast reaccionó con celeridad, estableciendo canales de asistencia y acompañamiento permanente para blindar los hogares afectados. De forma paralela, en los vecindarios de tradición republicana donde se registraron incursiones aisladas de individuos encapuchados que intentaban coaccionar a los residentes extranjeros para que abandonaran sus casas, las organizaciones activaron de inmediato mecanismos de respuesta.

En este contexto, organizaciones históricas y de base como Lasair Dhearg y el Movimiento Socialista Republicano (RSM) han emitido manifiestos públicos de solidaridad demostrando un firme compromiso por no permitir a las bandas fascistas pasearse libremente por las calles. Ambas agrupaciones han dejado claro que "el racismo y los racistas no serán tolerados en nuestras comunidades. Habrá respuesta ante cualquier incidente de este tipo". El RSM ha confirmado el despliegue operativo de sus miembros sobre el terreno con el fin específico de resistir y responder ante cualquier intento de hostigamiento o agresión, garantizando así un cordón de seguridad en las zonas residenciales más expuestas. Asimismo, plataformas como Acción Antiimperialista (AIA) de Irlanda y el recién fundado Conradh na Saoirse Náisiúnta (CSN) se han sumado al llamamiento del RSM.

A través de su red social Truth Social y en una posterior comparecencia ante los medios de comunicación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump detalló que los puntos finales para detener la guerra "contaban ya con la aprobación en concepto y detalle de todas las partes involucradas". El mandatario citó de manera expresa el consenso de una coalición de países que incluye a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto. El jefe del Ejecutivo estadounidense vinculó la "paralización" de la ofensiva militar a estos supuestos avances y anticipó que la firma formal de la transacción diplomática "se llevará a cabo previsiblemente en algún punto de Europa en los próximos días". De igual manera, defendió que el pacto "garantizaría de forma prioritaria que Irán nunca desarrolle armas nucleares", al tiempo que advirtió que el bloqueo naval estadounidense sobre la región permanecerá "en plena vigencia hasta que el proceso concluya formalmente".

El poder de la palabra

Este modus operandi de Trump es ya ampliamente conocido. Y es que han sido, al menos, 38 las ocasiones en las que ha afirmado tener "listo" un acuerdo de paz, con la intención de controlar y bajar a su antojo el precio del crudo. Tanto es así que el propio Trump destacó el impacto financiero del anuncio de ayer manifestando que la Bolsa de Nueva York reaccionó con un incremento de mil puntos tras sus declaraciones y pronosticó un descenso inmediato en los precios internacionales del petróleo.

Durante el trascurso de la agresión contra Irán, Trump ha venido emitiendo estas declaraciones durante el fin de semana, periodo durante el cual las bolsas permanecen cerradas, de modo que al abrirse primero las asiáticas y luego las europeas durante la mañana del lunes, los precios del crudo caen, poco antes de que el anuncio del mandatario sea desmentido por sus propias acciones o palabras. 

Irán desmiente (de nuevo) a Trump

Frente a la versión de Washington, la agencia de noticias oficial iraní Fars, citando a una fuente de alta fidelidad dentro del Gobierno de Teherán y a miembros del propio equipo negociador, desautorizó por completo el anuncio de la Casa Blanca y negó que las autoridades de la República Islámica hayan dado su visto bueno a texto alguno. Horas antes del anuncio de Washington, la Guardia Revolucionaria de Irán había reivindicado una oleada de ataques con drones contra bases militares de Estados Unidos situadas en Bahréin y otros emplazamientos estratégicos del Golfo, acciones justificadas por Teherán como una represalia ante las agresiones previas ejecutadas por las fuerzas norteamericanas en los últimos dos días.

Bajo este escenario de crisis auspiciado por las administraciones de EEUU e Israel, el FMI ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la eurozona, situándolas en un 0,9% para 2026 y en un 1,2% para 2027, lo que representa una disminución de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, frente a los cálculos previos a la agresión de este año. De forma paralela, las proyecciones de inflación se han elevado hasta el 2,8% en 2026 y el 2,3% en 2027, situándose 0,8 y 0,4 puntos por encima de lo estimado inicialmente. Para contrarrestar esta inercia de precios, el Fondo establece un incremento en los tipos de interés de 50 puntos básicos durante el transcurso de 2026, admitiendo que dicha medida "causará un perjuicio directo en el tejido económico de las familias y las corporaciones europeas".

A la hora de evaluar las herramientas de protección pública, el FMI determina "de manera tajante" que "no está justificado un apoyo fiscal generalizado por parte de los Estados". Según los criterios del Fondo, estas subvenciones "desincentivan el ahorro de energía y provocan efectos indirectos nocivos sobre otros países importadores de combustibles".

La postura del organismo también se extiende a la regulación empresarial y a la política impositiva. Respecto al Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio diseñado por la Comisión Europea para respaldar a las firmas 'afectadas por los costes de la energía', el Fondo advierte que "la flexibilización de las normas debe supervisarse minuciosamente para no ralentizar la transición ecológica", insistiendo en que todo soporte adicional tiene que ser limitado. Asimismo, el FMI rechaza de forma expresa las peticiones reiteradas del Estado español, Alemania, Italia, Austria y Portugal para que Bruselas habilite un marco legal que permita aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las corporaciones energéticas. El informe técnico desaprueba recurrir de manera repetida a estos gravámenes extraordinarios, argumentando que "se corre el riesgo de desalentar las inversiones necesarias en el sector".

Los hechos que originaron la denuncia ocurrieron presuntamente la noche del pasado jueves durante la celebración de la cena oficial de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca, según las informaciones publicadas por el medio digital Salamanca 24 horas. De acuerdo con fuentes conocedoras del caso citadas por la agencia EFE, las dos jóvenes acudieron al complejo hospitalario de la ciudad durante el fin de semana tras experimentar malestar generalizado y lagunas de memoria respecto a una parte de la noche, lo que motivó la apertura inmediata del protocolo sanitario correspondiente a sospechas de sumisión química. A pesar de que las primeras analíticas practicadas en el centro médico no han detectado la presencia de sustancias tóxicas, la vía judicial continúa su curso. Este martes, ambas mujeres ratificaron sus declaraciones en el Tribunal de Instancia de Salamanca, concretamente ante la sección de instrucción de la plaza 3 en funciones de guardia, donde una de ellas testificó que el concejal la había acompañado hasta su domicilio.

En el plano de la defensa, el entorno cercano de Alejandro Pérez de la Sota ha trasladado a la agencia EFE que el abogado y concejal aún no ha recibido la notificación formal de la denuncia en sede judicial, por lo que "se mantendrá en silencio hasta conocer de manera precisa los hechos que se le imputan". No obstante, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha confirmado públicamente la existencia de una conversación telefónica privada con el edil, en la cual Pérez de la Sota negó todas las acusaciones vertidas en su contra. Ante la gravedad de la situación, el regidor municipal ha solicitado formalmente al concejal, quien accedió al consistorio en las elecciones de 2023 bajo las siglas de Vox, que realice una manifestación pública aclaratoria para "dar cuenta de la situación ante la ciudadanía".

La vinculación de Euspel con el ámbito político e instructivo del fascismo españolista se manifiesta de forma directa en diversas plataformas y actividades formativas compartidas. De acuerdo con los datos recabados, el sindicato ha promocionado entre sus afiliados las conferencias de Samuel Vázquez, actual portavoz de Vox en materias de Inmigración, Seguridad y Asuntos de Interior, y se adhirió en 2021 a una plataforma auspiciada por JUSAPOL y su brazo JUPOL para movilizarse contra la reforma de la Ley Mordaza.

Paralelamente, la investigación detalla los nexos con la empresa Desokupa a través de la plataforma Grappling Policial y Militar, dirigida por Octavio De Paula, un agente en activo de la comisaría de Irun que instruye a dicha compañía privada haciendo uso del uniforme oficial, y en la cual colabora Rafael Carriet, representante y antiguo integrante de las listas electorales de Euspel en Araba. Esta sintonía operativa también se reflejó en las declaraciones del líder de Desokupa, Daniel Esteve, tras un desalojo en Abadiño en 2021, y en la posterior difusión por parte de esta firma de un documento confidencial con imágenes de personas detenidas por la Ertzaintza durante la Aste Nagusia de 2023.

Los vínculos asociativos e ideológicos se extienden a otras organizaciones integradas por miembros de la policía vasca, como la asociación 'Ertzainas Mila Esker', cofundada por el instructor de tiro y candidato de Euspel en 2017, Isidoro Aguayo. En el año 2023, dos de los fundadores de esta asociación acudieron con el uniforme reglamentario a un acto en Madrid para ser condecorados por la agrupación Santos Ángeles Custodios de España, cuyo secretario general es Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Francisco Franco.

Impunidad y 'compadreo' institucional

Esta proliferación de simbología y afinidades dentro del lobby fascista viene acompañada por un apoyo y una impunidad institucional total. El actual consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, admitió oficialmente en junio de 2025 que desde el año 2020 el Ejecutivo autonómico no había incoado ningún tipo de procedimiento disciplinario motivado por la exhibición de tatuajes o símbolos fascistas entre los agentes del cuerpo policial.

En el plano judicial, el sindicato ejerce actualmente un papel activo de acusación en los tribunales de Gasteiz. A través del letrado penalista José Antonio Bitos, quien además representa al lobby de los Mossos d'Esquadra, USPAC, Euspel actúa como acusación particular contra 19 jóvenes antifascistas que plantaron cara a Falange el 12 de octubre de 2025 en la capital alavesa, para cada uno de los cuales solicita una pena de cuatro años y medio de prisión. Esta estrategia jurídica se alinea con las campañas desarrolladas conjuntamente con USPAC ante el Congreso de los Diputados para exigir reformas en el Código Penal que endurezcan las sanciones por "agresiones" a los policías.